Damir Galaz-Mandakovic

Centro de Estudios Históricos y Humanidades,
Universidad Bernardo O’Higgins, Avenida Viel 1497, Santiago, Chile.
Código postal: 8370846
Autor para correspondencia.

damirgalaz@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0312-6672

 

Resumen

El artículo examina el rol de la Intendencia de Antofagasta como un centro estratégico de gestión represiva durante los primeros meses de la dictadura militar chilena, iniciada el 11 de septiembre de 1973. A partir de un enfoque tanatopolítico, se analiza cómo este edificio institucional, proyectado bajo los lineamientos del Movimiento Moderno, fue resignificado como un nodo clave en la estructura represiva del régimen. Albergó prácticas sistemáticas de persecución, detención arbitraria, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada. A través de una metodología cualitativa y documental, se triangulan testimonios de víctimas y familiares, fuentes periodísticas y documentación judicial para reconstruir cronológicamente los hechos ocurridos en este espacio y su impacto en la memoria histórica regional. Asimismo, se abordan las iniciativas contemporáneas de organismos de defensa de los Derechos Humanos y de la sociedad civil para reconocer la Intendencia como un Sitio de Memoria, subrayando la importancia de la justicia, la preservación de la memoria histórica y la garantía de la no repetición de crímenes de lesa humanidad. El análisis revela cómo la represión militar se articuló con políticas de control ideológico en una época de reestructuración socioeconómica, consolidando una lógica de dominación y exterminio en el marco del neoliberalismo emergente en Chile.

Palabras clave

Tanatopolítica; represión; dictadura chilena; Intendencia de Antofagasta; sitios de memoria; Derechos Humanos

 

Abstract

The article examines the role of the Antofagasta Intendancy as a strategic center for repressive management during the first months of the Chilean military dictatorship, which began on September 11, 1973. Using a thanatopolitical approach, the study analyzes how this institutional building, originally designed under the guidelines of the Modern Movement, was redefined as a key node in the regime’s repressive structure, hosting systematic practices of persecution, arbitrary detention, torture, extrajudicial execution, and enforced disappearances. Through a qualitative and documentary methodology, testimonies from victims and their families, journalistic sources, and judicial documentation are triangulated to chronologically reconstruct the events that took place in this space and their impact on regional historical memory. Additionally, the article addresses contemporary initiatives by human rights organizations and civil society to recognize the Intendancy as a Site of Memory, emphasizing the importance of justice, historical memory preservation, and the guarantee of non-repetition of crimes against humanity. The analysis reveals how military repression was intertwined with ideological control policies during a period of socioeconomic restructuring, consolidating a logic of domination and extermination within the framework of Chile’s emerging neoliberalism.

Keywords

Thanatopolitics; repression; Chilean dictatorship; Antofagasta Intendancy; sites of memory; human rights

 

Introducción

El golpe de Estado ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973 dio inicio a una larga dictadura, cuya instauración implicó transformaciones profundas y duraderas en las estructuras sociales y políticas del país.

Desde la citada fecha, el edificio de los Servicios Públicos e Intendencia de Antofagasta, ubicado en calle Arturo Prat n.º 384, se convirtió en el epicentro del control militar, imponiendo un estricto dominio sobre la población a través de diversos bandos militares. Se implementaron medidas como el toque de queda, la censura a los medios de comunicación y una represión sistemática de las personas opositoras al régimen. Pero, por sobre todo, el edificio fue un centro de planificación, organización y ejecución de políticas represivas, que incluyeron la persecución, la delación, la tortura, la ejecución y la desaparición de ciudadanos sometidos a procesos judiciales irregulares y fuera del marco jurídico.

Este artículo examina la inauguración de la gestión de la dictadura en la ciudad de Antofagasta, con un enfoque en las medidas represivas implementadas desde la Intendencia y su impacto en la comunidad. Se documentan, además, violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en este edificio, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. Cabe señalar que, por un largo período, predominó una narrativa negacionista orientada a invisibilizar o relativizar la función que desempeñó la Intendencia como centro de represión, interrogatorio, tortura y asesinato.

Finalmente, el artículo explora los esfuerzos de diversas organizaciones y familiares de víctimas por reconocer la Intendencia como un Sitio de Memoria, destacando la importancia de la justicia y la preservación de la memoria histórica para evitar la repetición de estos crímenes y vejámenes.

Así, queremos plantear como hipótesis que la Intendencia de Antofagasta no solo desempeñó un rol administrativo dentro del régimen militar, sino que también operó como un nodo estratégico en la estructura represiva del Estado, albergando prácticas sistemáticas de detención, tortura, ejecuciones extrajudiciales y delación. A pesar de los intentos históricos por minimizar o negar su papel en la represión, las iniciativas contemporáneas de Derechos Humanos y las luchas por la justicia han impulsado su resignificación como un Sitio de Memoria, subrayando su relevancia en la reconstrucción del pasado, la preservación de la memoria histórica y la garantía de la no repetición de crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, comprendemos el edificio de la Intendencia no solo desde su dimensión arquitectónica y funcional como inmueble institucional —un hito destacado de la Arquitectura del Movimiento Moderno en el norte de Chile (Galaz-Mandakovic, 2025)—, sino también como una estructura que, por sus características espaciales, simbólicas y técnicas, facilitó la gestión autoritaria del régimen dictatorial. En este sentido, la racionalidad moderna que había orientado su diseño —basada en la transparencia funcional, la jerarquía espacial y la eficiencia administrativa— fue reconfigurada por el poder militar para optimizar el control, la vigilancia y la represión, convirtiendo la arquitectura en un instrumento operativo de la tanatopolítica (Foucault, 1976; Agamben, 2004).

Bajo este marco, el régimen, encabezado por las Fuerzas Armadas y respaldado por grupos políticos de derecha, implementó un modelo de gestión de la muerte sustentado en la subjetividad violenta de los agentes del Estado, quienes decidían sobre la vida y la muerte de los habitantes de Antofagasta. Amparados en una supuesta “razón de Estado” (Agamben, 2004), estos actores llevaron a cabo la eliminación sistemática de sectores populares, consolidando un dispositivo de poder fundado en la violencia, la sobreracionalización ideológica y el control absoluto de la existencia. De ese modo, la Intendencia se transformó en un dispositivo arquitectónico de racionalidad homicida, donde la materialidad moderna, pensada originalmente para el progreso institucional, devino en infraestructura de represión, tortura y muerte: expresión concreta del lumpen militar y del sadismo burocrático.

En el caso de la dictadura chilena, el gobierno de los militares asumió una función tanatopolítica al ejercer la soberanía sobre la vida de los vecinos de Antofagasta, una “decisión soberana sobre esa vida suprimible impunemente” (Agamben, 2004, p. 180), identificando a ciertos grupos como “enemigos internos” en el marco de una estructuración paranoica de la (bio)política (Galaz-Mandakovic, 2023; Galaz-Mandakovic y Rivera, 2021), condenándolos a la tortura, el homicidio y la desaparición forzada.

En otras palabras, este enfoque tanatopolítico constituye la dimensión inversa de la biopolítica: el punto en que el poder, en lugar de proteger la vida, la subordina, la instrumentaliza o la convierte en objeto de cálculo político. En ese contexto, el cuerpo del otro emerge como el territorio primordial del poder: el espacio donde se materializan las tecnologías del dominio y donde la soberanía inscribe sus marcas. Lejos de ser un simple soporte biológico, el cuerpo se convierte en una superficie política y simbólica, un campo de operaciones donde se ejercen, registran y perpetúan las formas materiales de la violencia y el control.

Para la elaboración de este artículo, se empleó una metodología cualitativa y documental con un enfoque histórico-analítico para reconstruir los hechos ocurridos en la Intendencia de Antofagasta y su impacto en la sociedad regional. Se recopilaron fuentes primarias y secundarias, incluyendo entrevistas a testigos y miembros de organizaciones de Derechos Humanos, lo que permitió obtener testimonios sobre los procesos represivos. También se analizaron registros periodísticos de la época para identificar las narrativas oficiales y las reacciones sociales.

Desde una perspectiva sociopolítica, se examinaron iniciativas de la sociedad civil para reconocer la Intendencia como Sitio de Memoria, analizando estrategias de incidencia y demandas de justicia. Finalmente, los datos fueron sistematizados y triangulados mediante un análisis crítico-discursivo, lo que garantizó su validez y permitió construir un relato fundamentado sobre la importancia de este sitio en la memoria histórica y los Derechos Humanos en la costa del desierto de Atacama.

 

Sadismo burocrático: la gestión de la dictadura en la urbe costera

Por efecto de un bando militar emitido el 11 de septiembre de 1973, se estableció que el edificio de la Intendencia Provincial de Antofagasta sería la Jefatura de la Zona en Estado de Sitio de Antofagasta, la cual estaría bajo el mando de Joaquín Lagos Osorio, general de brigada (Archivo Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta [AAMHPA], Bando nº 1, Jefatura en Estado de Sitio de la Provincia de Antofagasta [JESPA], 11 de septiembre de 1973).

En los hechos, desde la Intendencia se estableció un férreo control sobre las manifestaciones públicas, los órganos de difusión de informaciones y el control de contenidos en diarios y periódicos; además, se decretó la prohibición de portar armas y se impuso un control inflexible sobre el tránsito de personas y vehículos, entre otras determinaciones propias de una tiranía (AAMHPA, Bando n.º 1, JESPA, 11 de septiembre de 1973).

A través del bando n.º 3, publicado el 11 de septiembre de 1973, se ordenó estrictamente que un grupo de personas debía presentarse en la Intendencia el miércoles 12 de septiembre a las 8:00 h. El bando establecía la amenaza de que, ante la no presentación en la Intendencia, “será considerada por esta jefatura como un acto de manifiesta rebeldía” (AAMHPA, Bando n.º 3, JESPA, 11 de septiembre de 1973).

Otra de las medidas que afectó profundamente la vida cotidiana de Antofagasta y la provincia fue la instauración de un toque de queda, establecido desde el 12 de septiembre. Dicha restricción operó desde las 18:30 hrs. hasta las 6:00 h. De ese modo, si el bando nº 7 explicitó que el golpe era “en defensa de ese pueblo que ama la libertad” (AAMHPA, Bando n.º 7, JESPA, 12 de septiembre de 1973), el bando n.º 9, del mismo día, señalaba contradictoriamente: “Se prohíbe absolutamente el tránsito de personas, las que deberán permanecer en sus hogares y hasta nueva orden” (AAMHPA, Bando n.º 9, JESPA, 12 de septiembre de 1973).

Los bandos emitidos desde la Intendencia, por orden del general Joaquín Lagos Osorio, se alinearon con políticas violentas y de amedrentamiento. Estas disposiciones incluyeron el nombramiento de autoridades, como la designación de Santiago Gajardo Peillard como alcalde de Antofagasta, así como la asignación de jefaturas en diversas empresas estatales y servicios públicos. Además, se implementaron llamados a reservistas del Ejército, se realizaron destituciones de funcionarios en distintos ámbitos laborales, se dio la orden de quemar libros considerados “marxistas” y se ejerció el control de las comunicaciones, en particular sobre los radioaficionados. También se impusieron regulaciones en el comercio, el control de precios y la organización de los recorridos del transporte público.

En dichas circunstancias, más de mil personas fueron detenidas y trasladadas en camiones militares al Estadio Sokol de Antofagasta, bajo acusaciones infundadas de delincuencia o extremismo. Allí fueron sometidas a torturas, tratos degradantes y privación de asistencia jurídica, en un contexto de suspensión de garantías constitucionales.

Según el testimonio de Héctor Maturana, la Intendencia de Antofagasta, encabezada por el general Joaquín Lagos Osorio, organizó estos operativos militares sin ofrecer explicaciones públicas ni justificar legalmente sus acciones: “Tales procedimientos se desarrollaron bajo una lógica de ‘guerra interna’ dirigida contra un enemigo difuso e indefenso; fue la expresión del estado de excepción que caracterizó a los primeros años del régimen autoritario chileno” (H. Maturana, comunicación personal, 13 de noviembre de 2023).

Asimismo, en el contexto del mesianismo refundacional impulsado por los militares, el 2 de octubre de 1973 se ordenó el cambio de nombre de varias poblaciones. Por ejemplo, la población Luis Emilio Recabarren pasó a llamarse Capitán José Dávila; la población Elías Lafertte fue renombrada como Diego Portales; la población Venceremos adoptó el nombre de General Manuel Bulnes; y la Villa Salvador Allende fue reemplazada por la denominación Mayor Osvaldo Núñez. Igualmente, la población Forjadores de Chile pasó a llamarse Presidente Carlos Ibáñez, entre otras modificaciones (AAMHPA, Bando n.º 88, JESPA, 02 de octubre de 1973).

Además, la nueva gestión de la Intendencia dispuso un aumento de cuatro horas semanales en la jornada laboral de todas las empresas, tanto privadas como estatales. De igual forma, se ordenó la confiscación de bienes y propiedades pertenecientes a partidos políticos (AAMHPA, Bando nº 117, JESPA, 20 de octubre de 1973). (Véanse Figuras 1, 2 y 3).

Esa decisión de aumentar la cantidad de horas de trabajo se inscribió en la relación entre tanatopolítica y neoliberalismo, que comenzaba a consolidarse. La dictadura de Augusto Pinochet no solo ejerció represión, sino que también implementó políticas económicas neoliberales, instaurando un modelo de exclusión en el que el Estado priorizó el mercado y marginó a los sectores más vulnerables, condenándolos a una suerte de “muerte social” (Patterson, 1982).

La conexión entre violencia política y reestructuración económica puede entenderse como parte de una biopolítica de control y sacrificio del cuerpo en función de la producción. En este sentido, el neoliberalismo, que coloniza todas las dimensiones de la existencia, deja de ser solo una racionalidad económica para convertirse en un dispositivo de apropiación y gestión de la vida en todas sus dimensiones, lo que resulta especialmente significativo en un territorio marcado históricamente por el extractivismo minero, siendo Antofagasta el principal puerto cuprífero del país (Galaz-Mandakovic, 2018; 2024).

De este modo, se hizo evidente lo que podríamos denominar sadismo burocrático: una forma de crueldad estructural institucionalizada, ejercida mediante procedimientos, normativas y dispositivos administrativos que operan bajo la apariencia de neutralidad e impersonalidad. Se manifiesta mediante la aplicación mecánica, formal y jurídicamente legitimada de reglas que producen sufrimiento, humillación, exclusión social y muerte.

Este tipo de violencia, inscrita en la racionalidad administrativa dictatorial, se sostiene en el goce y la legitimación del acto de hacer sufrir a través de la tramitación del vejamen. Esto constituye una negación sistemática de los derechos y una expresión de indiferencia ante el dolor humano, todo ello en nombre del “orden”, la “eficiencia”, la “racionalidad” o incluso la “libertad”. Este último significante —con frecuencia apropiado por regímenes autoritarios— actúa como un dispositivo ideológico que oculta la violencia simbólica y material inherente al aparato burocrático, mientras naturaliza la obediencia y anula toda sensibilidad ética frente al sufrimiento del otro.

 

Figura 1

Edificio de los Servicios Públicos e Intendencia de Antofagasta, una arquitectura proyectada en lenguaje del Movimiento Moderno por Edwin Weil, fue inaugurado en 1963. El inmueble combina volúmenes horizontales y verticales bien definidos, amplias superficies lisas y una modulación de vanos que favorece la iluminación y ventilación natural, siguiendo los principios de eficiencia climática adaptados al desierto. En conjunto, la Intendencia representa un ejemplo paradigmático de la traducción local del ideario modernista —inspirado en la transparencia funcional y la racionalidad técnica— que, paradójicamente, terminaría sirviendo como escenario material de la gestión autoritaria y tanatopolítica durante la dictadura militar.

Fuente: Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura.

 

Figura 2

Diversos reportes de la prensa local publicados entre septiembre y octubre de 1973.

Fuente: Archivo de la Agrupación de la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta. Esquema: elaboración propia.

 

Figura 3

El diario El Mercurio de Antofagasta en septiembre de 1973 publicó los bandos militares y participó activamente en la gestión comunicacional de la dictadura.

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Fuente: Archivo de la Agrupación de la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta. Esquema: elaboración propia.

 

Caso de violaciones a los Derechos Humanos en la Intendencia

La Intendencia, concebida como una estructura institucional del terror en curso, constituyó el escenario donde se ejecutaron de manera sistemática múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales. De este modo, se integró en un entramado de violencia estatal a escala nacional, quedando registrados y analizados diversos episodios de criminalidad castrense que evidencian la articulación entre aparato burocrático, represión política y criminalidad militar.

El impacto de estos acontecimientos continúa resonando en la sociedad chilena contemporánea. La persistencia de juicios en curso y la ausencia de respuestas sobre el paradero de las personas detenidas desaparecidas mantienen activo el debate y la reflexión sobre este periodo. En este contexto, diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y de la sociedad civil han trabajado incansablemente para documentar y condenar estos crímenes, así como para preservar la memoria de las víctimas y exigir justicia.

A continuación, se documentan una serie de hechos ocurridos en las dependencias de la Intendencia, los cuales dan cuenta de la vulneración sistemática que sufrieron hombres y mujeres.

 

Homicidio de Joaquín Espinoza Ojeda

En su edición del 17 de septiembre, el diario El Mercurio de Antofagasta informó sobre el homicidio de Joaquín Espinoza Ojeda, de 36 años de edad, ocurrido el día 15 del mismo mes en dependencias de la Intendencia. Según el propio medio, el hecho se vinculó a presuntas imputaciones en su contra, las que nunca fueron verificadas ni demostradas. La cobertura periodística —particularmente la de dicho diario— se limitó a reproducir las versiones oficiales proporcionadas por las autoridades militares:

Un activista político que provocó el volcamiento de un vehículo militar en el sector de El Trocadero . . . Al ser llevado para un interrogatorio a la Intendencia de Antofagasta, agredió al jefe que inquiría algunos antecedentes. Ante el ataque del activista la escolta militar le disparó. Con Joaquín Espinoza aumentó a cinco el número de muertos entregadas por la jefatura de zona en Estado de Sitio. Tres corresponden a funcionarios de las fuerzas de orden y dos extremistas políticos. (El Mercurio de Antofagasta, 17 de septiembre de 1973, p. 6)

Según la versión de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de la familia de Joaquín Espinoza, que contradicen la versión de El Mercurio de Antofagasta, el automóvil de Espinoza sufrió un desperfecto mecánico, lo que lo obligó a detenerse para realizar una reparación. Cerca del lugar donde estaba estacionado, un jeep militar colisionó con una camioneta y los militares responsabilizaron a Espinoza por el accidente. Como consecuencia, fue detenido y trasladado a la Intendencia.

Al tener conocimiento de los hechos, la familia de Joaquín Espinoza Ojeda se presentó inicialmente en la Intendencia y, posteriormente, en el hospital local, donde constató la existencia de sus restos mortales, que les fueron entregados el 17 de septiembre. Según el testimonio familiar, la versión oficial que atribuía su muerte a un accidente habría constituido un pretexto o montaje destinado a justificar su detención y posterior asesinato.

Según el testimonio proporcionado por Héctor Maturana, integrante de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta, este señaló:

El 15 de septiembre de 1973 fue asesinado por funcionarios del Ejército Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, de 36 años de edad, marinero de cubierta, militante socialista . . . en el segundo piso de la Intendencia Regional de Antofagasta. Según el proceso judicial, la muerte fue ordenada por Adrián Ortiz Guttman y ejecutada por Patricio Ferrer Ducaud, su asistente, quien hoy cumple condena por otros crímenes en Punta Peuco. (Comunicación personal, 13 de noviembre de 2023)

De acuerdo con el testimonio de María Espinoza Barraza, hija de Joaquín Espinoza, en el certificado de defunción se indica: muerte por desprendimiento de masa encefálica:

La primera versión fue que el disparo fue en la frente. Pero después . . . supimos que el disparo fue en la boca. Fue hecho con el arma dentro de la boca. Lo que yo escuchaba en ese tiempo es que él tenía marcas como que le quemaron con cigarro. Después también pensamos que podían haber sido las esquirlas del disparo. Pero de que estaba amarrado, que fue torturado en una pieza, eso lo supimos con el tiempo. (El Regionalista, 11 de septiembre de 2019)

La revista Ercilla, de circulación nacional, cuyos corresponsales visitaron Antofagasta en septiembre de 1973, comentó el caso reproduciendo la versión de los militares:

La primera visita fue a la Intendencia. Pero momentos antes, en la puerta principal que mira a la Plaza Colón, el extremista Joaquín Espinoza Ojeda, de 36 años, detenido por causar el volcamiento de un vehículo militar, atacó a golpes y mordisco al oficial que debía interrogarlo. Fue muerto en el lugar por la guardia. Acción suicida y hecho aislado. (Ercilla, 26 de octubre de 1973, p. 29)

De esta manera, la revista Ercilla, en un contexto marcado por la ausencia de rigor periodístico y por un tratamiento negligente de la veracidad factual, abordó el caso del homicidio desde una perspectiva claramente tendenciosa. En la nota elaborada por el periodista Rodolfo Gambetti, el hecho fue presentado con un tono de burla y trivialización, lo que contribuyó a despojarlo de su gravedad y a distorsionar su significado dentro del marco de los Derechos Humanos y la ética informativa.

La versión judicial de los hechos, según lo investigado por el Ministro en visita extraordinario Vicente Hormazábal Abarzúa, indica que, tras la detención de Joaquín Espinoza por efecto de un accidente vehicular, en el segundo piso del edificio de la Intendencia, en una de las dependencias situadas en las proximidades de la oficina del intendente,

el coronel Adrián Ortiz Gutmann se abalanzó sobre el detenido, que en ese momento era custodiado por personal militar provisto de armas de guerra (carabinas Garand), propinándole golpes de puño. Junto a Ortiz Gutmann se encontraba el mayor Patricio Ferrer Ducaud, quien a la sazón se desempeñaba como jefe del Departamento II de Inteligencia Militar del Cuartel General de la Sexta División del Ejército, quien portaba una pistola, oportunidad en que se procedió a ejecutar a la víctima con tres disparos de arma de fuego, resultando con dos heridas transfixiantes en la cabeza, que produjeron estallido de cráneo y destrucción de masa encefálica, y un tercer impacto en la región intercostal izquierda, con salida de proyectil por el centro del tórax a nivel del cuerpo del esternón, ocasionándole la muerte por destrucción de masa encefálica, fracturas múltiples de cráneo y lesiones debidas a proyectil de arma de fuego, según se deja constancia en el certificado médico de defunción. (Archivo del Poder Judicial [APJ], Pro. 1800, resolución, Rol 8-2011, procesamiento 16 de noviembre de 2017, Ministro en Visita Vicente Hormazábal, p. 6)

Cabe señalar que la causa por el homicidio del militante socialista ingresó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta en 2011. En octubre de 2017, se realizó una reconstitución de escena en la Intendencia, incluyendo la exhumación del cuerpo. (Véase Figura 4).

 

Figura 4

Publicación del diario El Mercurio de Antofagasta del 17 de septiembre de 1973, en la que se informó sobre el asesinato de Joaquín Espinoza Ojeda. Este medio de prensa regional operó como un dispositivo comunicacional del régimen, actuando en coherencia con su estructura de propaganda política. A través de la difusión de versiones no verificadas y de un lenguaje alineado con la semántica oficial de la dictadura militar, El Mercurio contribuyó a la construcción de un imaginario de legitimación de la violencia estatal, reproduciendo discursos orientados a naturalizar la represión y a invisibilizar las violaciones a los Derechos Humanos.

Fuente: Archivo de la Agrupación de la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta. Esquema: elaboración propia.

 

El inmueble como cárcel provisoria

Con base en los numerosos testimonios recogidos en esta investigación, existe consenso en que dentro del inmueble hubo tres lugares que atestiguaron violaciones a los Derechos Humanos: el subterráneo y las oficinas del segundo y cuarto piso. Cabe indicar que el edificio era relativamente nuevo, pues tenía apenas una década de funcionamiento y constituía un inmueble considerado funcional, eficiente y representativo del progreso (Galaz-Mandakovic, 2025).

En 1963, a pocos meses de su inauguración, se comentó que era un edificio “ . . . de elegantes líneas arquitectónicas [que] ha sido admirado en todas sus perspectivas por el público” (El Mercurio de Antofagasta, 07 de agosto de 1963, p. 1).

Con el inicio del régimen militar, el inmueble —que hasta entonces había simbolizado la modernización institucional del Estado— comenzó a desempeñar nuevas funciones asociadas a la represión política. Uno de los primeros antecedentes de ello se encuentra en el Bando nº 3, donde figura el nombre de Eugenio Ruiz-Tagle, ingeniero de 26 años, gerente de INACESA y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Atendiendo al llamado a presentarse en la Intendencia el 12 de septiembre, Ruiz-Tagle acudió voluntariamente; sin embargo, una vez en el lugar, fue detenido y recluido en el mismo edificio.

A los pocos días, Eugenio Ruiz-Tagle fue trasladado a la Base Aérea de Cerro Moreno, donde permaneció hasta el 23 de septiembre, sometido a brutales torturas. Posteriormente, fue llevado a la Cárcel de Antofagasta. Pocos días después, fue asesinado por la denominada Caravana de la Muerte, una comitiva encabezada por Sergio Arellano Stark que, por orden de Augusto Pinochet, recorrió el país en 1973 con el propósito de ejecutar a personas vinculadas a la Unidad Popular.

Según el testimonio de Herman Zuljevic, chofer de INACESA que acompañó a Eugenio Ruiz-Tagle hasta la Intendencia:

“Entró en la Intendencia y quedamos esperando en la plaza; nadie pensaba mal, éramos tan ingenuos que pensamos que iban a salir caminando rápidamente, cosa que no sucedió” (Zuljevic, 2004).

Otro caso remite a Mario Silva Iriarte, quien encabezaba la lista de los llamados a la Intendencia por parte de los militares. Era un abogado de 38 años de edad, gerente en CORFO y secretario regional del Partido Socialista. Al momento del golpe de Estado, se encontraba en Santiago. Ante el llamado a presentarse en la Intendencia, viajó desde la capital nacional hasta Antofagasta. Al presentarse, fue apresado en el edificio institucional. Seguidamente, fue enviado a la Base Aérea de Cerro Moreno y luego llevado a la cárcel. A los pocos días, también fue asesinado en la Quebrada del Way de Antofagasta por los militares de la Caravana de la Muerte.

Otro caso significativo corresponde al proceso de detención y posterior asesinato del trabajador minero de la empresa Mantos Blancos, Gumercindo Álvarez Pizarro, quien fue aprehendido en su domicilio y trasladado a las dependencias de la Intendencia Regional de Antofagasta. La detención de Álvarez se efectuó el 28 de agosto de 1974, y su fallecimiento fue consignado el 2 de septiembre del mismo año, inicialmente descrito por las autoridades como un supuesto “suicidio”. No obstante, peritajes posteriores y testimonios de familiares de la época evidencian la existencia de quemaduras, contusiones y otras lesiones.

Según la confesión de un agente del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), Juan Arturo León Hernández, quien declaró haber participado únicamente en el traslado de Gumercindo Álvarez Pizarro, indicó:

En esa oportunidad yo me encontraba en el Grupo de Instrucción y el sargento Ovando me ordenó que lo acompañara a un procedimiento . . . En el trayecto manifestó que era a la Intendencia, que había una orden en la Intendencia de llevar a una persona para que le tomaran declaración. Me parece que la orden provenía del coronel Ortiz y del comandante Salazar Lanterry. (Declaración de J. León, Antofagasta, 18 de abril de 2018, Archivo AAMHPA)

Tras ser presentado en la Intendencia, Gumercindo Álvarez fue trasladado al Grupo de Instrucción de Carabineros, donde, cuatro días después de su detención y secuestro, fue torturado y asesinado.

 

El subterráneo de las torturas

El edificio, concebido bajo los principios de la arquitectura moderna, destacaba no solo por su volumetría racionalista y el uso de materiales contemporáneos, sino también por la envergadura de sus instalaciones subterráneas. En 1959, cuando aún se encontraba en proceso de construcción, la prensa local resaltaba la magnitud de dicha obra: “. . . 450 metros cuadrados para el estacionamiento de vehículos de uso fiscal y bodega. Se estima que ese subterráneo será el más grande que tendrá un edificio en Antofagasta . . .” (El Mercurio de Antofagasta, 17 de septiembre de 1959, p. 1).

Este espacio subterráneo —inusual para la infraestructura pública de la época— respondía a las nuevas necesidades funcionales del Estado y a una concepción moderna del edificio administrativo.

Héctor Maturana manifestó:

“En los subterráneos del edificio, la mayoría de los detenidos que se entregaron voluntariamente el 11 de septiembre de 1973 y en los días posteriores fueron sometidos a torturas” (Comunicación personal, 13 de noviembre de 2023).

Por su parte, María Espinoza Barraza complementó sobre aquellas instalaciones en la Intendencia: “. . . también supimos que bajo la Intendencia hay un tipo de bodegas que tienen unas mirillas, unos ventanales chicos. Es como un tipo de lugar de detención . . .” (El Regionalista, 11 de septiembre de 2019).

Uno de los tantos hechos de tortura ocurridos en el inmueble fue reseñado por Jorge Plaza Henríquez, militante del Partido Socialista y secretario de organización del Núcleo INACESA, además de funcionario del Instituto CORFO Norte en el proyecto Fábrica de Cemento INACESA.

Según su testimonio:

A fines de septiembre fui detenido en mi casa por efectivos de civil; fui llevado a la Intendencia, al subterráneo; allí fui golpeado y torturado. Luego de haber estado una noche en la Intendencia, me trasladaron a la Prefectura de Carabineros, ubicada en calle San Martín; allí estuve otros tres días siendo torturado. Luego me llevaron de vuelta a la Intendencia, donde un capitán del Ejército que estaba a cargo de las detenciones me entregó un salvoconducto donde decía que este ciudadano se había presentado voluntariamente a esta Intendencia, dando cumplimiento a lo ordenado por el jefe de plaza, general Joaquín Lagos . . . (AAMHPA, Testimonio de J. Plaza, 09 de septiembre de 2019)

Jorge Plaza señaló también que eran numerosos los detenidos:

Durante esos días pude constatar que había varias personas detenidas y nos trasladaban entre la Intendencia y otros lugares de detención. Pude escuchar los gritos de los prisioneros que estaban siendo torturados. No puedo recordar exactamente la fecha, pero esto ocurrió a fines del mes de septiembre y primeros días de octubre de 1973. (AAMHPA, Testimonio de J. Plaza, 09 de septiembre de 2019)

Es importante destacar que, en 1975, Jorge Plaza fue nuevamente detenido en su oficina de INACESA y trasladado al centro de detención La Providencia, donde volvió a ser torturado con golpes y descargas eléctricas. Posteriormente, fue juzgado por la Justicia Militar y compareció ante el Consejo de Guerra los días 26 y 27 de octubre de ese mismo año.

El testimonio citado no solo confirma la Intendencia como un centro de tortura e interrogatorios, sino que permite observar cómo el espacio adquiere un rol clave dentro de un aparato represivo que opera de manera sistemática y organizada, reflejando el carácter burocrático y planificado de la represión. La centralización de estas prácticas en un lugar específico permite comprender la institucionalización del terror como un mecanismo de control social y político, característico de los regímenes totalitarios.

Según el testimonio de Héctor Maturana, tras el golpe de Estado, la Intendencia de Antofagasta se convirtió en el primer centro de detención y tortura de la ciudad1. En la actual región de Antofagasta se han identificado al menos 42 sitios utilizados como centros de detención, de los cuales 20 estaban en la ciudad de Antofagasta, y solo cuatro no pertenecían a recintos de las fuerzas armadas y de orden (Suárez, 2021, p. 86). A partir de noviembre de 1973, la antigua salitrera de Chacabuco fue transformada en un importante centro de detención y tortura, operando hasta abril de 1975 (Vilches, 2011; Rivera y Galaz-Mandakovic, 2025).

El edificio gubernamental de Antofagasta operaba como una fortificación estratégica, rodeada de vehículos artillados y tropas apostadas en la Plaza Colón y en edificios cercanos. Desde allí se coordinaban operativos represivos, y numerosos detenidos fueron trasladados a sus instalaciones, donde fueron sometidos a interrogatorios y suplicios. Este lugar se transformó en un símbolo del inicio de la represión en la región, marcando el comienzo de una etapa de persecución y violencia sistemática.

Héctor Maturana complementa:

Testigos o sobrevivientes relatan que en el subterráneo de la Intendencia fueron dispuestos espacios para la detención masiva de prisioneros y prisioneras . . . El grupo de comando del Ejército, a cargo de Tomás Gutiérrez Rodríguez, se ensañó con los detenidos a golpe de puños, patadas, palos y yataganes. (Comunicación personal, 13 de noviembre de 2023)

En ese contexto, después de las torturas, las personas prisioneras eran trasladadas en caravanas militares a la cárcel pública o a la base militar de Cerro Moreno (Caneo, 2015) para ser juzgadas en Consejos de Guerra:

hubo detenidos que fueron ejecutados camino a Cerro Moreno: Elizabeth Cabrera Balagueritz, Luis Muñoz Bravo y Nenad Teodorovic Sertic, aunque los comunicados de prensa del Ejército indicaban haber sido ejecutados por intentar escaparse o por aplicación de la Ley de fuga. (Comunicación personal, 13 de noviembre de 2023)

El subsuelo, por definición oculto y marginal respecto a la superficie pública, adquirió un carácter liminar entre lo visible y lo secreto, entre el orden racional del edificio y el desorden moral de la tortura. En esta inversión semántica del espacio moderno, la funcionalidad se transfiguró en confinamiento, y la transparencia —uno de los valores centrales del racionalismo arquitectónico— fue sustituida por la opacidad del terror. Así, el subterráneo de la Intendencia dejó de ser un ámbito técnico para convertirse en un estrato oscuro del poder, donde la modernidad arquitectónica se enfrentó a su propio reverso: la administración del cuerpo y del miedo.

 

Detención, tortura, traslado y triple asesinato

Otro caso importante de violaciones a los Derechos Humanos, que involucra directamente a los gestores situados en la Intendencia, fue el asesinato de Nenad Teodorovic Sertic, Elizabeth Cabrera Balarriz y Luis Muñoz Bravo, un aciago hecho perpetrado el 15 de septiembre de 1973 en la Base Aérea Cerro Moreno de Antofagasta.

Cabe señalar que, durante los días 13 y 14 de septiembre de 1973, personal de la Fuerza Aérea procedió a la detención de Luis Alberto Muñoz Bravo. Simultáneamente, fueron apresados el matrimonio compuesto por Nenad Teodorovic Sertic y Elizabeth del Carmen Cabrera Balarriz, quienes residían en calle Los Almendros nº 8468, en Antofagasta.

Los tres detenidos fueron trasladados al edificio de la Intendencia, donde permanecieron bajo custodia militar y fueron sometidos a torturas. El 15 de septiembre, desde la misma repartición pública, se ordenó su traslado a la base militar de Cerro Moreno, perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile.

Hasta la Intendencia llegó un subteniente, acompañado de suboficiales y tropa, quienes procedieron al traslado de las personas prisioneras en una comitiva formada por tres vehículos: dos jeeps y un camión, al que se ordenó mantenerse a distancia. En el trayecto, los jeeps se detuvieron a la altura de la empresa de detonantes, ubicada en el sector La Portada, actual emplazamiento de la Planta de Explosivos Orica Chile S.A. Por instrucciones de los oficiales, los suboficiales procedieron al fusilamiento de los detenidos, causándoles la muerte:

Posteriormente, cuando llega el camión con los conscriptos que los acompañaban, a éstos se les ordena subir los cuerpos al camión para trasladarlos a la morgue de la ciudad, momento en que se dan cuenta que la mujer estaba viva, procediendo uno de los suboficiales a dispararle nuevamente. (Timeline, 19 de octubre de 2016).

La versión oficial emanada desde la Intendencia indicó que se había aplicado la Ley de fuga, explicación que fue desmentida por la Corte Suprema, la cual condenó por homicidio calificado a Sergio Tomás Gutiérrez Rodríguez, Ricardo Antonio Álvarez Jalabert y Carlos Segundo Contreras Hidalgo, imponiéndoles penas de 15 años y un día de presidio como autores de los asesinatos de Nenad Teodorovic Sertic, Elizabeth Cabrera Balarriz y Luis Muñoz Bravo.

 

Centro de delación y de interrogatorios

Al caracterizar el edificio como un centro de delación, se alude a su función como espacio de aglutinación y tramitación de denuncias formuladas por diversas jefaturas de empresas privadas e instituciones locales. En dicho lugar convergían acusaciones dirigidas contra trabajadoras y trabajadores identificados como simpatizantes de la Unidad Popular, las cuales eran posteriormente canalizadas hacia los organismos represivos.

A partir de estas denuncias, las personas señaladas eran citadas al cuarto piso de la Intendencia, donde eran sometidas a interrogatorios, amedrentamientos y, en algunos casos, amenazas directas.

Uno de los gremios que sufrió una intensa persecución fue el de profesores y profesoras. En aquel escenario, se ha constatado que, en diciembre de 1973, específicamente entre los días 18 y 20, un grupo de 14 profesores y un auxiliar del Liceo de Hombres fueron citados al cuarto piso de la Intendencia para ser interrogados. Este tipo de acciones opresivas se enmarcaban dentro de estrategias de disciplinamiento social y eliminación de disidencias, prácticas recurrentes en contextos de represión estatal.

El sistema educativo no solo fue objeto de censura y reestructuración, sino también de depuración ideológica, afectando a quienes se consideraban opositores o potenciales focos de resistencia intelectual. Esta situación dialoga con otros hechos represivos:

tales como los allanamientos de las universidades, además del despido y, en algunos casos, detención de funcionarios del ámbito de la educación” (Cifuentes y Maturana, 2022, p. 1).

Uno de los nombres más recordados en relación con aquellos interrogatorios corresponde al oficial de la Fuerza Aérea, Carlos Desgroux Camus.

Un ejemplo claro de delación ocurrió en la Escuela n.º 16, situada frente a la Iglesia de la Divina Providencia. Allí, el director elaboró una lista de docentes acusados de simpatizar con el gobierno de Allende, la cual fue entregada en la Intendencia:

Uno de los nombres era el de Zulema Córdova Margall, quien . . . fue citada al cuarto piso del edificio del gobierno provincial para ser interrogada, junto con otros profesores y profesoras. Cuando Zulema llegó a la Intendencia y entró a la oficina en donde sería interrogada, reconoció a su interrogador, el comandante Carlos Desgroux. (Cifuentes y Maturana, 2022, p. 1)

Una vez que Zulema Córdova fue interrogada, reconoció a lo lejos la voz de un colega que también había sido citado a declarar:

Con los gritos del profesor, mezclados con palabras que pudieron ser garabatos o frases de angustia, Zulema salió de la oficina de Desgroux y bajó las escaleras hasta la salida. Durante el trayecto escuchó otras voces y otros gritos, pero Fanny no pudo darnos más detalles sobre esa situación. Cuando salió del edificio, se encontró con su esposo, que la esperaba en la Plaza Colón y se fueron. Al llegar a su casa, Zulema estaba tan afectada que vomitó como nunca antes lo había hecho. Según Fanny, a raíz de esta experiencia su mamá desarrolló una gastritis que la acompañó durante toda su vida. (Cifuentes y Maturana, 2022, p. 1)

Los interrogatorios y torturas fueron moldeando una nueva semiótica del poder, generando una imagen siniestra tanto del inmueble como de quienes allí coordinaban las políticas de represión y persecución.

En el caso de los profesores, muchas y muchos docentes fueron citados incluso por los contenidos pedagógicos que impartían en sus clases, y varios de ellos fueron acusados de hacer proselitismo político.

Con base en la revisión de los archivos de la Agrupación La Providencia, se ha podido confirmar que el 15 de diciembre de 1973 el Liceo de Hombres n.º 1 notificó a varios profesores y personal auxiliar para que asistieran obligatoriamente a la Intendencia en diferentes fechas y horarios. Las presentaciones estaban programadas para los días 18 y 20 de diciembre.

El 18 de diciembre, a las 17:30 h, debían presentarse Gustavo Becker Neira, Aurora Parda Pinto y Mirna Hales Funes; mientras que a las 17:00 hrs. lo harían Nelson Silva Triviño, Máximo Gajardo Espinoza, Eliana Moy Plaza y Cora Navarrete Bravo.

Posteriormente, el 20 de diciembre, a las 17:00 hrs., estaban citados Juan Rubio Moraga, Raúl Ortega Lobos y Tomislav Misetiv Yurac. Ese mismo día, pero a las 16:30 hrs., debían presentarse Alfredo Carrizo, Roberto Benavides Tornini (auxiliar), Rosa Guerrero Contreras y Vilma Cerda Huerta. Todas las citaciones fueron firmadas por Heriberto Jiménez San Juan. (Véase Figura 5).

 

Figura 5

Ejemplo de citaciones obligatorias enviadas a profesores para comparecer en interrogatorios realizados en el edificio de la Intendencia durante los primeros meses de la dictadura.

Fuente: Archivo de la Agrupación de la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta. Esquema: elaboración propia.

 

La nueva semiótica asociada al inmueble se consolidó mediante una serie de rituales conmemorativos que emergieron en el contexto de la reconfiguración política de la provincia. En efecto, el espacio no solo adquirió un significado simbólico dentro del nuevo orden impuesto, sino que también se convirtió en un escenario para la ejecución de performances, liturgias militares y promoción de diversos disciplinamientos nacionalistas.

Específicamente, a tan solo un mes del golpe de Estado, el sitio fue resignificado como un centro de conmemoración y reafirmación del régimen dictatorial. Un ejemplo de ello se encuentra en la conmemoración del 11 de octubre de 1973, evento del cual El Mercurio de Antofagasta reportó que se llevó a cabo una celebración en las afueras de la sede de la Jefatura de la Zona en Estado de Sitio:

Un soldado del Ejército chileno iza el pabellón patrio en la Plaza Colón y frente al edificio de la Intendencia, donde está instalada la Jefatura de Zona en Estado de Sitio. Fue en el acto que se realizó ayer con motivo de cumplirse un mes de la liberación de la patria de las garras del marxismo por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros . . . En la Intendencia, el jefe de plaza, general de brigada Joaquín Lagos Osorio, saluda a la bandera junto a los jefes máximos en Antofagasta de la Aviación, Armada Nacional y Carabineros. (El Mercurio de Antofagasta, 12 de octubre de 1973, p. 1)

Este tipo de rituales refuerza la noción de que los espacios físicos e institucionales pueden ser transformados discursiva y mediáticamente a través de prácticas simbólicas y performativas, las cuales finalmente contribuyeron a la materialización del poder mediante la instauración de un régimen de visibilidad y control sobre la memoria colectiva (Foucault, 1975; Nora, 1989).

En este marco, el inmueble no solo adquirió un valor estratégico dentro de la estructura de dominación militar, sino que también se transformó en un espacio de legitimación ideológica, donde la memoria oficial del régimen se consolidó a través de actos simbólicos y ceremoniales (Jelin, 2002). Este proceso responde a una lógica en la que la memoria histórica se disputa constantemente en el ámbito público, siendo moldeada por discursos hegemónicos y contrahegemónicos.

 

Agencia comunitaria por la memoria histórica

Durante la dictadura en Chile (1973–1990), las Fuerzas Armadas, inmersas en una profunda sobreideologización política, manifestaron una pulsión securitaria que derivó en la brutalización hacia los sectores subalternos a nivel regional. En este contexto, numerosas dependencias militares y gubernamentales fueron transformadas en cárceles y centros de tortura, consolidando la institucionalización de un sadismo militar.

Se produjo así una intensificación biopolítica de la vulneración de derechos, donde la apropiación de los cuerpos y la gestión de la muerte se pusieron al servicio de intereses políticos y económicos específicos. Hoy, muchos de esos espacios de tortura y asesinato han sido reconocidos como Sitios de Memoria.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2019), los Sitios de Memoria corresponden a espacios donde se perpetraron graves violaciones a los Derechos Humanos y que, por iniciativa de las víctimas y las comunidades locales, son resignificados como lugares de homenaje, reflexión y transmisión histórica. Su función principal radica en preservar la memoria colectiva frente a procesos de violencia estatal, promoviendo la reparación simbólica y la educación cívica mediante la reconstrucción de los acontecimientos traumáticos.

En esta perspectiva, los Sitios de Memoria constituyen instrumentos fundamentales de justicia transicional, al operar como plataformas para la visibilización del pasado represivo y la consolidación de una cultura de Derechos Humanos. Asimismo, cumplen un rol esencial en la disputa contra el negacionismo, entendido como la práctica discursiva que busca negar, relativizar o distorsionar hechos históricos comprobados, mediante la manipulación selectiva de datos o la construcción de falacias argumentativas destinadas a deslegitimar procesos de verdad y justicia (Diethelm y McKee, 2009). De este modo, la preservación de estos espacios se configura como una estrategia epistemológica y política frente a la erosión de la memoria y la impunidad.

En este contexto, la Agrupación por la Memoria Providencia de Antofagasta, encabezada por Héctor Maturana Bañados, ha sostenido durante varios años un trabajo persistente orientado al reconocimiento de la Intendencia de Antofagasta como Sitio de Memoria. Esta acción colectiva, de carácter político y ciudadano, se fundamenta en un conjunto de antecedentes judiciales y testimoniales que respaldan y legitiman la solicitud de declaratoria.

El principal propósito de esta gestión es fomentar la reflexión histórica sobre los hechos ocurridos, con el objetivo de garantizar la no repetición. Igualmente, se busca visibilizar estos acontecimientos y brindar reparación simbólica a las víctimas.

Tal como afirma María Celeste Perosino sobre la problemática del “cuerpo muerto” —que como objetivo militar buscó cerrar procesos políticos y funcionó como dinámica comunicativa y represiva de la violencia—:

“. . . Lejos de invisibilizarse, el cuerpo muerto emerg[e] como lo no desaparecido para transmitir un mensaje explícito a la sociedad sobreviviente” (Perosino, 2011, p. 1).

En ese sentido, en su extensión tanatopolítica, la “muerte anuncia sus múltiples presencias” (Perosino, 2011, p. 1).

Para ello, la agrupación ha desarrollado constantes gestiones ante el Gobierno Regional y el Consejo de Monumentos Nacionales, complementadas con acciones públicas de visibilización, entre ellas intervenciones simbólicas en la fachada del edificio, orientadas a reivindicar su valor histórico y memorial.

Una de ellas tuvo lugar el 11 de septiembre de 2019, en conmemoración de los 46 años del golpe de Estado. En la ocasión, uno de los pilares del edificio fue intervenido con una sombra antropomorfa acompañada de la inscripción: “Aquí se torturó”, rodeada de velas y rosas. Esta acción contó con el respaldo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta. Además, la agrupación ha difundido, a través de diversos medios de comunicación, el valor histórico y el atributo de memoria que posee el inmueble.

En el marco de estas mociones, el Gobierno Regional, durante la gestión de Ricardo Díaz, y la Delegación Presidencial Regional, encabezada por Karen Behrens, en septiembre de 2022, inauguraron una placa recordatoria con la siguiente inscripción:

En conmemoración de todas las personas que en este recinto fueron detenidas y torturadas durante la dictadura cívico-militar de 1973. Que el ejercicio de recordar se nos haga recurrente, para no volver a permitir la violación a los Derechos Humanos, tanto en esta región como a lo largo de todo Chile.

El Diario de Antofagasta señaló:

La instancia, que contó además con la participación de consejeros regionales y secretarios regionales ministeriales, es un esfuerzo de las máximas autoridades de la región por reconocer que en un recinto público ocurrieron graves violaciones a los Derechos Humanos, una demanda sentida por las organizaciones ligadas a la temática, quienes han solicitado declarar a la ex Intendencia como Sitio de Memoria. (Diario de Antofagasta, 11 de septiembre de 2022, p. 1)

Los familiares de las víctimas de la dictadura también estuvieron presentes en el acto. Héctor Campos señaló a un medio de comunicación local:

La memoria de repente es un poco frágil, pero nosotros tratamos de conmemorar todos los años estos hechos para que nunca más se olviden. Yo fui preso político, estuve tanto en Pisagua, Iquique y Antofagasta como en otros sitios, y tengo conocimiento de cómo fueron los hechos. Es importante hoy hablar de las compañeras que fueron sacadas de la Intendencia y de Joaquín Espinoza Ojeda, que fue asesinado en el segundo piso. Estas cosas no deben olvidarse; estuvimos un tiempo en que personas no creían en esto, pensaban que eran mentiras, y aún falta que encontremos a los desaparecidos. Debemos seguir encontrándolos . . . (Diario de Antofagasta, 11 de septiembre de 2022, p. 1). (Véase Figura 6).

Igualmente, ante la certeza jurídica del asesinato de Joaquín Espinoza Ojeda, el 11 de septiembre de 2023, al cumplirse medio siglo de la instauración de la dictadura y del homicidio de Espinoza, el Gobierno Regional, a través del gobernador Ricardo Díaz, instaló una placa conmemorativa en el segundo piso del edificio, con el siguiente mensaje:

“En memoria de Joaquín Espinoza Ojeda (1973), asesinado en este edificio por aparatos represivos estatales, y de todas las víctimas de los delitos de lesa humanidad ejercidos en Chile durante la dictadura cívico-militar.”

 

Figura 6

Intervención de la Agrupación por la Memoria Providencia de Antofagasta en las afueras del edificio de la Intendencia, 11 de septiembre de 2019.

Fuente: Archivos de Héctor Maturana. Esquema: elaboración propia.

 

Comentarios finales

La dictadura chilena representa un caso paradigmático de poder tanatopolítico, donde la soberanía se ejerce mediante la administración de la muerte y el miedo. Además de eliminar físicamente a las personas opositoras, instauró una lógica de control total sobre la sociedad, orientada a disciplinar cuerpos y subjetividades. En este marco, el terror operó como una tecnología política que produjo obediencia, silenciamiento y fragmentación social, expresando la capacidad del poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir.

En ese contexto, la arquitectura del Movimiento Moderno puede entenderse como una tecnología política, en la cual el diseño, la materialidad, la distribución y el control de los cuerpos se articulan en función de la racionalidad del poder. En contextos dictatoriales, esta dimensión se radicaliza: el edificio deviene en un dispositivo tanatopolítico, en tanto su estructura material se integra a una economía de la muerte y del miedo. La arquitectura misma colaboró en la producción del silencio, la invisibilización y la obediencia.

Durante este período, la Intendencia de Antofagasta se convirtió en un centro clave para la gestión represiva a nivel provincial, alineándose con las directrices nacionales. Desde el 11 de septiembre de 1973, los militares tomaron el control absoluto, imponiendo el orden por la fuerza y redistribuyendo el poder. Además, este edificio funcionó como el primer centro de detención provisional de ciudadanos y ciudadanas entre septiembre y octubre de 1973. También fue escenario de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por militares y de torturas contra personas acusadas de ser “extremistas”.

Asimismo, operó como un punto de intermediación, donde las personas prisioneras eran retenidas temporalmente antes de ser trasladadas a otros centros de detención, tortura y ejecución. Finalmente, la Intendencia sirvió como un espacio de delación, donde simpatizantes de la dictadura denunciaban a ciudadanos vinculados al gobierno de la Unidad Popular.

Exponer estos antecedentes busca superar las omisiones y las narrativas que presentan versiones depuradas de la historia de la arquitectura y de los edificios institucionales, más aún en un territorio donde, hasta el presente, cohabitan víctimas y victimarios.

Estos procesos de ausencia de historización y difusión de memorias fueron posibles gracias a la herencia cultural de la dictadura, que efectuó intervenciones en espacios culturales y promovió el control intelectual. En particular, se intervinieron universidades, se clausuraron carreras —especialmente en el ámbito de las Ciencias Sociales— y se ejerció control sobre la prensa escrita (Vera, 2025).

En algunos casos, los medios fueron censurados; en otros, se convirtieron en aliados fervientes del régimen, especialmente los diarios El Mercurio de Antofagasta y La Estrella de Antofagasta.

Más allá de sus consecuencias directas en la vida de las personas y en la promoción del exilio, la dictadura también impuso una semántica propia. Como señala Núñez (2023), “la forma de hablar se transformó en una gramática de metáforas para evitar ser detenido…” (p. 43). Este uso del lenguaje codificado no solo fue una estrategia de supervivencia, sino que también reflejó el clima de represión y miedo que imperaba en la sociedad.

Sin embargo, a pesar del intento de silenciar o soslayar el pasado, las agencias sociopolíticas contemporáneas han impulsado la recuperación de la memoria histórica, permitiendo visibilizar y esclarecer los crímenes en los que estuvo implicado el Ejército de Chile. Este proceso no solo busca justicia para las víctimas, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más reflexiva y comprometida con la defensa de los Derechos Humanos.

 

Agradecimientos

El autor agradece a la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta, en especial al Sr. Héctor Maturana Bañados, por su generosa colaboración y compromiso con la preservación de la memoria histórica de la región y de Chile.

 

Archivos consultados

• Archivo Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta (AAMHPA)

• Jefatura en Estado de Sitio de la Provincia de Antofagasta (JESPA)

• Archivo del Poder Judicial (APJ)

 

Referencias bibliográficas

Agamben, G. (2004). Homo sacer II. Estado de excepción (F. Costa y D. Falconí, Trads.). Pre-Textos.

Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta. (2020, septiembre 15). La Intendencia no fue solo un centro de detención y tortura, sino uno de los enclaves de la represión en Antofagasta. El Regionalista. https://regionalista.cl/la-Intendencia-no-fue-solo-un-centro-de-detencion-y-tortura-sino-uno-de-los-enclaves-de-la-represion-en-antofagasta/

Caneo, O. (2015). Cerro Moreno. Editorial Latinoamericana.

Cifuentes, J. y Maturana, H. (2022). Represión a profesores y profesoras tras los primeros meses del golpe de Estado: Seis composiciones para reinterpretar el mes de diciembre. El Regionalista. https://regionalista.cl/memoria-represion-a-profesores-y-profesoras-tras-los-primeros-meses-del-golpe-de-estado-seis-composiciones-para-reinterpretar-el-mes-de-diciembre/

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2019). Principios sobre políticas públicas de memoria en las Américas (Resolución 3/2019). Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/resolucion-3-19-es.pdf

Diario de Antofagasta. (2022, 11 de septiembre). A 49 años del golpe: Gobierno Regional y DPR inauguran placa conmemorativa en el edificio de la ex Intendencia. Diario de Antofagasta, p. 1. https://www.diarioantofagasta.cl/regional/antofagasta/167082/a-49-anos-del-golpe-inauguran-placa-conmemorativa-en-el-edificio-de-la-ex-intendencia-de-antofagasta/

Diethelm, P. y McKee, M. (2009). Denialism: What is it and how should scientists respond? European Journal of Public Health, 19(1), 2-4. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckn139

El Mercurio de Antofagasta. (1959, 17 de septiembre). Construcción del edificio para las oficinas públicas puede quedar paralizada. El Mercurio de Antofagasta, p. 1.

El Mercurio de Antofagasta. (1963, 7 de agosto). Le retiraron el cierro. El Mercurio de Antofagasta, p. 1.

El Mercurio de Antofagasta. (1973, 17 de septiembre). Activista muerto en la Intendencia. El Mercurio de Antofagasta, p. 6.

El Mercurio de Antofagasta. (1973, 12 de octubre). Un soldado del Ejército chileno iza el pabellón patrio en la Plaza Colón. El Mercurio de Antofagasta, p. 1.

El Regionalista. (2019, 11 de septiembre). A 46 años del Golpe: Los lugares del horror en Antofagasta donde se torturó y asesinó a prisioneros políticos. El Regionalista

Ercilla. (1973, septiembre 26 – octubre 2). Norte y sur. La asombrosa tranquilidad. Ercilla (1991), 29-36.

Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.

Galaz-Mandakovic, D. (2018). La deschilenización en el desierto de Atacama durante la postguerra. Fuentes, 57(12), 7-17. https://hal.science/hal-01943582v1

Galaz-Mandakovic, D. (2023). Regímenes sádicos en la historia necropolítica de Chile. En D. Wyskiel (Ed.), Ley reservada (pp. 64-77). Colectivo Se Vende. https://shs.hal.science/halshs-04031036/document

Galaz-Mandakovic, D. (2024). Bergbauhoheit in einer globalisierten Peripherie: Technologien, Gesellschaft und Subjektivitäten in der Atacama-Wüste. En C. Chavez (Ed.), Weißes Wüstengold: Chile-Salpeter und Hamburg (pp. 154-184). Museum am Rothenbaum. https://hal.science/hal-04662519

Galaz-Mandakovic, D. (2025). Modernización y racionalismo de la arquitectura institucional: El caso del edificio de los Servicios Públicos e Intendencia de Antofagasta, Chile (1889-1963). Arquitecturas del Sur, 43(67), 114-137. https://doi.org/10.22320/07196466.2025.43.067.07

Galaz-Mandakovic, D. y Rivera, F. (2021). Anti-communism, labour exploitation, and racism at the thermoelectric plant of the world’s largest copper mine (Tocopilla, Chile, 1948–1958). Labor History, 62(5-6), 614-631. https://doi.org/10.1080/0023656X.2021.1925639

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI Editores.

Nora, P. (1989). Between memory and history: Les lieux de mémoire. Representations, 26, 7-24. https://doi.org/10.2307/2928520

Núñez, L. (2023). Algunos testimonios arqueológicos sobre el impacto de la dictadura sobre nuestra universidad. En E. Tello (Ed.), La Universidad Católica del Norte y los 50 años del golpe militar (pp. 41-72). Pastoral UCN.

Patterson, O. (1982). Slavery and social death. Harvard University Press.

Perosino, M. C. (2011). Tanatopolítica: Una aproximación a la administración de la muerte: De Foucault a Agamben. Observaciones Filosóficas, 12, 4.

Rivera, F. y Galaz-Mandakovic, D. (2025). Oficina Salitrera Chacabuco: Hito salitrero, hito del sadismo militar (1924-1975). En Conservemos Chacabuco: Ex oficina salitrera y campo de prisioneros políticos (pp. 28-39). Fundación Altiplano (Ed.). https://hal.science/hal-05253283v1

Suárez, R. (2021). Memorias subterráneas: El caso del ex centro clandestino de detención, política y torturas Providencia en Antofagasta. Revista Némesis, 15, 77-101. https://revistanemesis.uchile.cl/index.php/RN/article/view/61726

Timeline.cl. (19 de octubre de 2016). Condenan a 10 años de presidio a militares en retiro por homicidios Cerro Moreno año 1973. Timeline. https://www.timeline.cl/condenan-10-anos-presidio-militares-retiro-homicidios-cerro-moreno-ano-1973/

Vera, H. (2025). Huellas de un enemigo interno: Acontecimientos y reflexiones sobre 51 años de historia de Chile 1973–2024. Mago Editores.

Vilches, F. (2011). From nitrate town to internment camp: The cultural biography of Chacabuco, Northern Chile. Journal of Material Culture, 16(3), 241-263.

Zuljevic, H. (2004). Testimonio en documental. En F. Casas y Y. Labarca (Dirs.), La memoria herida [Documental]. Producción de Adela Cofré.

 

 

 

 

 

 

1 Los otros centros de detención y tortura fueron: la Base Aérea Cerro Moreno; la Cárcel de Antofagasta; la Cárcel de Mujeres Buen Pastor; la casa-habitación de calle Latorre n.º 2192; la Comisaría de Carabineros n.º 1 (actual Comisaría n.º 2) y la Comisaría de Carabineros n.º 2 (actual Comisaría n.º 3); el ex Cuartel de Investigaciones de calle Maipú; los departamentos B y G en Bellavista 3676, B y C en Bellavista 3656, y C, D y H en Bellavista 3616; la Escuela Blindados de Antofagasta; el Estadio Regional Sokol; la iglesia ex Divina Providencia; las instalaciones denominadas Linch; el recinto del Grupo de Instrucciones de Carabineros; el Regimiento de Infantería n.º 7 Esmeralda; el Regimiento de Telecomunicaciones n.º 1 (actual Batallón Logístico); el Regimiento El Loa; la Intendencia y Gobernación Regional; y el Hipódromo de La Chimba, todos ellos ubicados en la ciudad de Antofagasta.