Gabriela Bard Wigdor

Investigadora Adjunta del CONICET, Docente de la FCS de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Doctora en Estudios de Género, Diplomada en Feminismos indígenas y campesinos. Licenciada y Magíster en Trabajo Social por la UNC. CIECS-CONICET.

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gabrielabardwigdor@unc.edu.ar

https://orcid.org/0000-0002-3040-7819

 

María Florencia Aquino Cabral

Maestranda en Bioética, Docente de la Facultad de Psicología,
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Diplomada en Derechos Humanos. Licenciada y profesora en Psicología por la UNC.

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florencia.aquino@unc.edu.ar

https://orcid.org/0009-0009-2602-2471

 

Resumen

El presente artículo analiza la entrevista de admisión de una política pública de atención de la violencia por razones de género dirigida a varones, ubicada en la ciudad de Córdoba, Argentina. Se relaciona este dispositivo con las características predominantes de sus usuarios, como así también con el accionar de los/as profesionales que la implementan. En dicha entrevista, encontramos confluencias entre exigencias y discursos del sistema penal, junto a categorías y abordajes de la psicología cognitiva-conductual. Los usuarios asistidos por esta política pública son predominantemente varones de sectores populares, quienes se constituyen como público cautivo y, en cuya aplicación, identificamos prácticas de injusticias epistémicas y prejuicios de clase, lo que atenta contra la efectividad institucional para disminuir los casos de violencia por razones de género.

Palabras claves

Política pública; entrevista de admisión; violencia por razones de género;
varones cisgénero e injusticia epistémica

 

Abstract

This article analyzes the admission interview of a public policy to address gender-based violence aimed at men, located in the city of Córdoba, Argentina. This device is related to the predominant characteristics of its users, as well as to the actions of the professionals who implement it. In this interview, we found confluences between demands and discourses of the penal system, along with categories and approaches of cognitive-behavioral psychology. The users assisted by this public policy are predominantly men from popular sectors, who constitute themselves as a captive public and, in whose application, we identify practices of epistemic injustices and class prejudices, which threatens the institutional effectiveness to reduce cases of violence by gender reasons.

Keywords

Public policy; admission interview; gender-based violence; cisgender men and epistemic injustice

 

Introducción

Antes de iniciar el presente recorrido analítico, queremos advertir que las consideraciones que se vuelcan en este texto no ponen en duda la voz de las mujeres cuyas denuncias llevan a los varones a ser usuarios de la política que aquí analizamos. Es una realidad histórica y vigente que la violencia por razones de género contra los cuerpos feminizados es abrumadora y aún no cuenta con respuestas eficaces que protejan a sus víctimas directas. Asimismo, las autoras no compartimos un enfoque victimista sobre los varones involucrados en este trabajo, sino que intentamos analizar, profundizar y reflexionar sobre los paradigmas y estrategias de trabajo institucionales, de modo de contribuir a ofrecer una respuesta crítica frente a intervenciones que se distancian de un paradigma de derechos y debilita los alcances reparadores de esta política pública para todas las partes involucradas. En definitiva, intentamos comprender para aportar a la intervención sobre la violencia por razones de género, sin incurrir en operaciones victimizantes o culpabilizantes de la población sujeto de estudio.

En otro orden, si bien este trabajo no tiene como objetivo indagar sobre las condiciones laborales de los/as profesionales que intervienen en la política pública a analizar, resulta importante mencionar que estamos ante agentes estatales que perciben diferentes salarios de acuerdo a la modalidad de contratación, algunos/as por debajo de la canasta básica familiar, con relaciones de dependencia temporales y en el marco de un Ministerio que cuenta con escasos recursos para desempeñarse y abordar la demanda existente. En el caso concreto del dispositivo que analizaremos (CIV), recibe una demanda mensual de aproximadamente 280 turnos para ser atendidos por una planta de tan solo 14 profesionales, con metas institucionales y políticas de corto plazo. Por consiguiente, la lectura que se realice de este artículo precisa contemplar estas advertencias epistémicas y contextuales para situar los datos que ofrecemos.

En primer lugar, la violencia estructural del sistema capitalista heterocispatriarcal configura y es reproducida por las diversas instituciones estatales del capitalismo como son la cárcel, la escuela, la universidad, el hospital y cualquiera dispositivo estatal dedicado a producir subjetividad y cuerpo. Por tanto, las relaciones de poder y de violencia estructural, son fenómenos sociales que nos constituyen como sujetos a lo largo de nuestras vidas y que nos subjetivan en nuestra convivencia con las diversas instituciones. En segundo lugar, en el caso concreto de este artículo, abordamos el primer contacto que ofrece un dispositivo estatal para varones radicados en Córdoba y denunciados por violencia en razón del género, que consiste en una entrevista de admisión. En efecto, ponemos en diálogo los discursos que se expresan en esta entrevista con las relaciones de poder y los instrumentos que se aplican sobre los varones desde la institución, así como su relación con el contexto socio histórico y local del que partimos.

En ese sentido, las cifras recuperadas en torno a las violencias que son ejercidas por varones en el marco de sus relaciones de pareja heterosexual de diferentes edades y procedencias de clase, raza, religiosidad y generación (entre otras intersecciones); evidencian prácticas de violencia física, psicológica y económica, como las mayormente expuestas en comisarías y denunciadas en instituciones destinadas a tal fin. En el caso de la provincia de Córdoba (Argentina), durante marzo de 2020, se registraron más de 22500 situaciones de violencias por razones de género, las cuales fueron notificadas a través de la línea provincial de detección del problema durante la cuarentena. El Polo Integral de la Mujer dependiente del Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba, recibió 2346 denuncias de violencia familiar, 381 por delitos contra la integridad sexual y 76 por violencia física. Se entregaron 784 botones antipánico y 707 personas fueron detenidas por la policía debido a causas vinculadas a la violencia por razones de género. Hubo 602 intervenciones de la brigada de protección a la mujer por la activación de los botones antipáticos (Ministerio de la Mujer de Córdoba, 2020).

Para abordar esta realidad, la provincia de Córdoba cuenta con el Ministerio de la Mujer (en este 2024 desjerarquizado a secretaría) y en el marco de este con el Polo de la Mujer y el Centro Integral de varones (CIV) en situación de violencia de género. Estas, son políticas públicas destinadas al abordaje de las denuncias de violencia por razones de género y de atención de varones denunciados por diferentes tipos de violencias que contempla la Ley 9283 contra la violencia familiar de Córdoba1. Es esta ley la que impulsa la creación del Ministerio de la Mujer, junto con una batería de programas y políticas públicas para trabajar sobre violencia en razón del género.

Acerca de las políticas públicas, Cris Shore (2010) sostiene que son tecnologías políticas que funcionan como símbolos, estatutos de legitimidad y formas de gubernamentalidad. Pueden ser interpretadas en cuanto “a sus efectos (lo que producen), las relaciones que crean y los sistemas de pensamiento más amplios en medio de los cuales están inmersas” (2010, p. 31). En efecto, las políticas públicas inciden en la fabricación de personas (Hackin, 2007), a partir de narrativas de los/as propios/as agentes de implementación, las cuales son presentadas como científicas para dar validez a sus intervenciones y a las consecuentes acciones de administración que conlleve, como la regulación e injerencia sobre la vida de otras personas. Por eso, Shore (2010) plantea que uno de los aspectos más relevantes de las políticas públicas es la forma como se construyen categorías de subjetividad y tipos de sujetos políticos, así como los efectos de su implementación en la población destinataria. Son estas dimensiones de la política pública las que tendremos presente a lo largo del artículo para analizar el caso propuesto.

Por otro lado, es necesario evidenciar que el concepto de masculinidad que orienta las reflexiones de este escrito es el que ofrece Segato (2003), definido como aquella posición de género que “engloba, sintetiza y confunde poder sexual, poder social y poder de muerte” (p. 55). Así, la masculinidad es también una aspiración, un modelo y un dispositivo que atraviesa a los varones y que se expresa de modo diferencial según la clase, la racialidad, la edad y otras intersecciones que afectan al sujeto, así como a la sociedad y momento histórico del que se trate. A partir de estas diferentes posiciones, los varones se van a estratificar jerárquicamente entre sí, pero como colectivo van a sostener relaciones de poder y abuso para con las mujeres y cuerpos feminizados de cada sociedad.

En el caso que estamos indagando, la población masculina que asiste mayoritariamente a la institución de análisis proviene de sectores populares y trabajadores racializados. Cuando referimos a sectores racializados, estamos aplicando esta categoría teórica desde el enfoque de los Estudios Decoloniales (Espinosa Martínez, 2021; Lugones, 2008; Quijano, 2000; Segato, 2003), donde se comprende la raza como un emergente clave de la configuración económica y social de Nuestra América, luego del genocidio originario y a partir de la instauración de los Estado Nación. Es desde entonces que la raza se construye, al igual que el género y la clase, en una ficción útil a la nueva estratificación capitalista. En efecto, en nuestros contextos las clases populares tienen color, el de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, para Mignolo (2005), la raza no se ancla necesariamente en las diferencias fenotípicas sino en un mecanismo estructural para la inferiorización de la diferencia. De hecho, la población mayoritaria de la institución de análisis es aquella que despectivamente en Córdoba se nombra como “negrada”, para referir a grupos sociales de sectores populares. Esto reafirma lo que los Estudios Descoloniales y Margulis (1999) han nombrado como racialización de las relaciones de clase, que explica el desprecio a la pobreza en su cruce con el racismo. Así, la designación racista se acompaña de ciertos valores y atribuciones sobre este sector social, como estigmatizarlos de vagos y violentos (Bonvillani, 2019).

En consecuencia, “la negritud” se asocia con marcas de clase y no solo de piel, siendo las identidades de clase y los consumos culturales, un motivo de discriminación y de racismo. Por eso, existe una concordancia entre pobreza y color, especialmente en Córdoba, donde las poblaciones populares tienen una alta incidencia fenotípica afro e indígena y son los sectores más empobrecidos. En el caso de los usuarios del Centro Integral de Varones, no cuentan con cobertura de salud o asistencia sanitaria, como sí poseen quienes se encuentran en relación de dependencia laboral (estatal o privada). Son varones desempleados o que poseen empleos esporádicos y precarios, generalmente sin vivienda propia o ingresos para alquilar, quienes siendo excluidos judicialmente del hogar donde conviven con sus parejas, ahora radican con amigos y/o familiares, así como pueden encontrarse en situación de calle.

A partir de estas caracterizaciones generales y del caso concreto de análisis de este artículo, reflexionamos sobre un componente de la política pública destinada a la atención de varones que ejercen violencia por razones de género y que asisten a un dispositivo dependiente del Ministerio de la Mujer por oficio judicial. La demanda de oficio se genera cuando la policía, jueces, Ministerio Fiscal u otros organismos públicos, inician un procedimiento judicial o administrativo contra una persona. Esto significa el comienzo de una intervención estatal sobre la vida de la persona denunciada, que no requiere de su consentimiento o interés, sino que el Estado la obliga a presentarse y responder por sus presuntos actos de violencia ante las instituciones pertinentes. En este caso, el dispositivo que nos ocupa se denomina Centro Integral de Varones (en adelante CIV), el cual propone un camino de intervención con varones que inicia a partir de una entrevista de admisión, donde se valora la situación socio-psicológica general del varón que se trate, especialmente si demuestra motivación para el cambio y el riesgo potencial que representa para la persona que lo denunció y su entorno inmediato. Como efecto de esta primera y única entrevista, el varón puede ser derivado a terapia individual o psiquiátrica externa o a los grupos de varones que ofrece la institución, donde se trabaja en relación con la masculinidad y violencia por razones de género durante tres meses. A veces, los/as profesionales solicitan también una derivación de los varones a dispositivos de atención de consumo problemático de sustancias psicoactivas y alcohol.

A partir del trabajo de campo realizado durante dos años y aún en proceso (2021-2024) en el CIV, en este escrito nos abocamos al análisis de las entrevistas de admisión mencionadas, desde un enfoque feminista interseccional y de derechos humanos. Esta entrevista representa el primer encuentro que ofrece la institución con los varones y consiste en un formulario compuesto de interrogantes que debe ser aplicado por dos profesionales (psicólogos/as y trabajadora social), el cual se guía por preguntas de la prueba llamada S.A.R.A (Spouse Abuse Risk Assessment) para la valoración del riesgo, así como una serie de datos demográficos y de vida, sumado al cuestionario sobre distorsión cognitiva. Esta categoría es un concepto fundamental de las terapias cognitivo-conductuales, y remite a un mal procesamiento de la información (Ellis y Abrahms, 2005), si bien hay diferentes distorsiones cognitivas, la prueba mencionada busca representaciones patriarcales sobre las relaciones de género. Con esta información, los/as profesionales del CIV realizan una evaluación cualitativa sobre la predisposición al cambio del varón entrevistado y sobre el riesgo potencial que representa para la persona que denunció y su entorno, a los fines de decidir los pasos siguientes en la intervención.

 

Metodología

Desde un enfoque feminista interseccional, atendemos a las experiencias de vida de las personas, a partir de marcadores estructurales de diferencia y desigualdad como son la clase, la racialidad, la discapacidad y la generación, entre otras. Estas intersecciones configuran posiciones en la estructura social que varían según el contexto y el momento histórico. Así, las afectaciones sociales, físicas y emocionales que vivencian los/as sujetos, guardan relación con las experiencias de opresión y privilegio, así como con la singularidad de las trayectorias personales en un momento histórico y social determinado.

En ese sentido, desde un abordaje también interdisciplinario, que reúne a los feminismos, la sociología crítica y el psicoanálisis, proponemos focalizar en el proceso de producción de la entrevista de admisión que realizan profesionales del CIV, tomando registros sobre sus intervenciones como prácticas que implican opciones discursivas, las cuales se encuentran afectadas por la estructura social y por el rol activo de las personas en cuestión. En efecto, desde Costa y Mozejko (2001) la dimensión estratégica de las prácticas no niega que las condiciones del contexto fijan posibilidades y límites al discurso. Es decir, el sujeto se encuentra atravesado por su clase social pero también produce un discurso singular a partir de su trayectoria de vida. Por eso, según Costa y Mozejko (2002), los agentes hacen uso de los recursos disponibles como son el ideológico y el lingüístico, desde su posición de poder e intereses, necesidades y estrategias variables. De modo que las personas son comprendidas a partir de sus propiedades, sean estas valoradas positiva o negativamente por el espacio social donde se desempeñan y dependen de los recursos efectivamente disponibles, las orientaciones en la administración de tales recursos y la gestión que logran realizar con los mismos (Costa y Mozejko, 2005).

Para abordar los discursos como práctica, en el plano técnico-metodológico, tomamos fragmentos de 10 registros etnográficos de entrevistas de admisión a los varones que asisten a la institución ya mencionada y 10 entrevistas semiestructuradas al equipo profesional contratado para realizarlas, junto a registros del cuaderno de campo con relación a conversaciones informales con autoridades de la institución. En el CIV trabajan actualmente 14 profesionales, pero cuando realizamos las entrevistas eran 10. De esos 10, una es trabajadora social y salvo un hombre que es psiquiatra, el resto son psicólogos/as recibidos/as de una Universidad privada llamada Siglo XXI y de la Universidad Nacional de Córdoba. Generalmente estos/as trabajadores no se emplean únicamente en el CIV, sino que tienen que trabajar en otros sitios para completar sus ingresos. La edad predominante de los/as profesionales es entre los 30-40 años, con excepción de dos empleados/as, que tienen más de 50 años. El actual director es un varón, psicólogo de orientación psicoanalítica que trabajó en la institución en otra etapa de esta, por lo que conoce el lugar y su funcionamiento. Trabaja en cooperación con la directora de la brigada de Protección del Polo de la Mujer quien cumple funciones en el CIV. Previo a esta última autoridad, habíamos entrevistado a la directora de ese momento, una mujer que es psicóloga y que renunció a su cargo. Durante el trabajo de campo, la institución cambió tres veces de autoridades, por lo que hubo que realizar acuerdos de inserción y permanencia en la institución en cada ocasión.

En relación con las entrevistas en instituciones estatales, Perelmiter (2016) desarrolla que es un trabajo de reconstrucción de las estrategias de un organismo, donde es necesario examinar con detenimiento a sus “burocracias plebeyas”, cuadros medios y técnicos “rasos”, que son quienes generan las mediaciones claves para la traducción de las políticas públicas en prácticas cotidianas. Por eso, realizamos diez entrevistas a cuadros medios del CIV, siendo los ejes de la conversación con estos/as profesionales una reconstrucción histórica del CIV y de las condiciones laborales de cada profesional. También, les preguntamos acerca de su experiencia en este dispositivo/programa del Estado provincial; cuáles son sus tareas, a qué se dedican y qué espacios/áreas de trabajo existían. Luego indagamos sobre aspectos problemáticos y potencias del dispositivo; cambios y permanencias en el tiempo, qué y cómo se construían las demandas; así como descripciones de la población que asiste al CIV, una lectura política y teórica sobre masculinidad y violencias por razones de género.

También, realizamos 10 registros exhaustivos de observación de las entrevistas de admisión en diferentes días y horarios, asistiendo presencialmente al espacio donde dos profesionales, pueden ser psicólogos/as y trabajadoras sociales, entrevistan durante un rango que va de la media a una hora y media a los varones denunciados, desde un enfoque direccionado por la entrevista de admisión diseñada y estructurada a tales fines. A partir de este encuentro y en el mismo momento, se efectúa un diagnóstico para definir el grado de predisposición al cambio que demuestra el varón denunciado, así como el potencial riesgo que supone para las personas de su entorno.

Asimismo, recurrimos a fuentes secundarias como las cartillas que publica la institución e información disponible en la web, diarios y diferentes insumos de caracterización de este dispositivo2. El acceso a campo responde a que una de las autoras de este artículo es parte de un equipo de investigación3 que se inserta hace más de dos años en dichos espacios, el cual tiene por objetivo analizar el impacto de los dispositivos de atención de varones que ejercen violencia en razón del género en la transformación de la masculinidad hegemónica, financiada por el gobierno Nacional que perdiera las elecciones en el 2023.

 

Sobre quienes asisten a la institución

Las entrevistas de admisión que se implementan desde el CIV son desarrolladas por una dupla profesional entrenada en la lectura de esta y cuenta con dos grandes momentos: la prueba SARA4 y la ficha de datos generales sobre la vida del sujeto usuario. A partir de la cuantificación de los datos de ambas partes, se obtiene un resultado global sobre el riesgo del sujeto en cuestión para con la persona que lo denunció, así como su predisposición al cambio y se definen las derivaciones pertinentes. Entre las intervenciones posibles, la dupla profesional define si el varón irá a grupo interno socio-reflexivo sobre violencia por razones de género que se dicta en el CIV durante tres meses o será derivado a un espacio de terapia individual que costeará la obra social del titular. Por lo observado y conversado con profesionales del dispositivo, la decisión se ve especialmente condicionada por el hecho de que el varón cuente o no con obra social y con recursos económicos para abonar las prestaciones necesarias. Según nos explicaban en las entrevistas con los/as diferentes profesionales, el uso de la obra social comenzó en la pandemia cuando la demanda que administraba el CIV era mayor a 70 casos por día, con un equipo de 10 profesionales para atenderla. Por ello, se comenzó a derivar a los varones que contaban con obra social a terapia individual privada, decisión que está siendo revisada por las actuales autoridades del espacio (Comunicación personal con el director del CIV, noviembre del 2023).

En ese sentido, en la práctica, los usuarios que no cuentan con cobertura de salud son prioritariamente atendidos en el CIV, así como aquellos varones que evidencian posibilidades de ser agrupados y participar de los talleres internos; mientras que quienes poseen obra social suelen ser liberados a decidir con quién realizar tratamiento de modo privado, tomando profesionales de la cartilla de psicólogos/as con la que cuenta su cobertura de salud o de forma particular. La institución refiere como obstáculos para realizar las derivaciones a profesionales con formación y perspectiva de género; por un lado, la escasez de oferta de profesionales para la atención de la salud mental especializados en el tema; por otro lado, la dificultad para seleccionar a un/a profesional que trabaje con la misma perspectiva de la institución; además de los potenciales conflictos con los usuarios si se les impone un/a determinado/a profesional (Comunicación personal con el Director del CIV, noviembre del 2023). que aquellos que cuentan con dinero o formación académica de grado. Por ejemplo, hemos presenciado el modo en que aquellos varones que son abogados o tienen otra titulación universitaria, se resisten a permanecer en determinados componentes de la política como son los grupos socio reflexivos, anteponiendo estrategias legales y discursivas para evadir el espacio (Registro de campo de la autora, mayo del 2023).

En consiguiente, existe otro elemento a considerar como factor de fuga de la institución por parte de aquellos varones que cuentan con capital educativo certificado y se desempeña en ambientes laborales profesionalizados, quienes en general son resistentes a asumir procesos reflexivos en tornos a sus prácticas de violencias y generan conflictos en los grupos o los abandonan rápidamente: “me acuerdo cuando un abogado empezó a decir que era ilegal ser obligados a estar acá y otro que me hizo mucho lío en el grupo y se levantaron todos…era un médico me acuerdo” (Comunicación de la autora con una profesional del lugar, diciembre del 2023). De allí, si bien la violencia por razones de género no se encuentra anudada a una clase social, de hecho, existe una distribución territorialmente diversa de los casos y comprende diferentes situaciones sociales, sí es punida diferencialmente de acuerdo a la misma. El capital económico, cultural y simbólico, permite sortear ciertos mecanismos de control estatal y eso genera el predominio de varones de sectores populares en este dispositivo.

En ese sentido, inferimos que la decisión final de que los varones asistan o no a los grupos socio-reflexivos del CIV, guarda relación con al menos tres aspectos del conflicto. En primer lugar, con la distancia que existe entre la intensa demanda diaria con la que lidian y los escasos recursos profesionales, edilicios y económicos con que cuenta la institución. En segundo lugar, con la priorización de la población que queda fácilmente cautiva de este dispositivo y que es mayoritaria en el CIV, como son los varones de sectores populares y racializados, cuyos recursos defensivos y ofensivos son realmente escasos ante la obligatoriedad de estos dispositivos. Afectados por condiciones de vida de extrema precariedad económica y social, reflexiona una de las autoridades: “el varón que viene acá es un varón que viene enojado porque al entrar acá es el lugar “para los violentos” (...) Entran en una situación de enojo y a veces buscan prestaciones sociales o alguna ayuda monetaria” (Comunicación personal de la autora con profesional del CIV, octubre del 2022). Finalmente, los varones de sectores medios-altos son de difícil control por parte de la institución y generan dificultades al interior del funcionamiento estatal que es mejor evitar al fin de priorizar otras urgencias políticas-técnicas de la institución.

En consecuencia, los varones que asisten a la institución, además de estar obligados por el sistema judicial, en varias ocasiones procuran recibir alguna prestación estatal, lo que nos fortalece el análisis acerca de la relación cotidiana y necesaria para la supervivencia entre este tipo de población y áreas estatales de asistencia. Como explica Auyero (2016), aunque sean predominantemente las mujeres quienes gestionan recursos asistenciales del Estado, son los sectores populares en general un público cautivo de la espera de recursos públicos para la supervivencia cotidiana. Contradictoriamente, la denuncia y la derivación al CIV pueden afectar el acceso a otras prestaciones sociales y su no cumplimiento derivar en la cárcel, por eso los varones de sectores populares cumplen con la asistencia y son menos resistentes a permanecer en el dispositivo. Tengamos presente que los usuarios del CIV, en la mayoría de las ocasiones no cuentan con dinero para cubrir sus necesidades de alimentación, movilidad y telefonía móvil. Al respecto, la institución no cuenta con recursos para asistir estas situaciones de precariedad económica, ya que no se prevé presupuesto específico para este tipo de necesidad. Por tanto, son los propios varones quienes deben encontrar los medios para llegar a la institución y permanecer en los espacios a los que se los derive, incluso cubrir las nuevas necesidades que se generan del tiempo que se dedica a la institución y no a la generación de empleo, ya que un gran número de ellos viven de ingresos informales que se pagan por hora trabajada. Por ende, es necesario dimensionar el problema que esto significa, siendo un reclamo constante por parte de los varones el hecho de no disponer de dinero para costear su participación en los grupos socio-reflexivos y la asistencia durante los tres meses que supone este proceso.

 

La entrevista de admisión

El primer contacto de un varón denunciado con la institución es a través de los dos policías que custodian la puerta de ingreso, quienes van a derivarlo a la mesa de entrada y de allí se llamará a la dupla profesional que se encuentra de servicio en el tercer piso del lugar y que entrevistará a la persona. En general, los/as profesionales se toman entre 15 a 20 minutos antes de bajar, algunos/as leen el oficio (si es que lo tienen), otros/as prefieren bajar sin consultar información sobre la situación del varón para “no sentirse condicionados”. Sobre la espera de los usuarios, Bourdieu (1999) dice que es una de las maneras en que los sujetos experimentan los efectos del poder. Hacer esperar a la gente, que se encuentre a la expectativa de lo que puede pasar sin nunca saberlo del todo, es parte del funcionamiento de la dominación. Al respecto, Auyero (2016) sostiene que las experiencias de espera convencen a los sujetos de la necesidad de ser pacientes, en tanto es un requisito del Estado que los beneficiarios sean sumisos. Para el autor, esta dinámica sociocultural de la espera convierte a los usuarios en pacientes del Estado y no en ciudadanos.

Una vez que el varón se encuentra con la dupla de profesionales, se dirigen a un cuarto destinado a los fines de la entrevista, que son espacios pintados de blanco, fríos en invierno y poco iluminados durante todo el año. Allí, el varón se sienta de un lado del escritorio y frente a la dupla profesional, con quienes tendrá una entrevista que frecuentemente, consiste en una breve explicación de la situación que lo trajo a la institución y luego se procede rápidamente a preguntas estructuradas sobre trayectoria de vida, núcleo familiar de origen, antecedentes de consumo, salud, etc. Durante la entrevista no se ofrece bebida o alimento al varón entrevistado, sólo se realizan las preguntas pertinentes y se le comunica el proceso que deberá iniciar en la institución, así como alguna medida legal que se toma o podría tomar frente a su caso. La mayoría de los usuarios de esta política pública no pueden pagar pasajes de traslado a la institución que queda en el centro de la capital de Córdoba, más aún aquellos varones que son de barrios alejados o del interior provincial, donde no cuentan con propuestas locales de atención como el CIV. Esta situación ocasiona que la política reproduzca lo que dice querer asistir: varones en situación de ejercer violencia que se ven imposibilitados de cumplir con la asistencia a la institución, ya que no cuentan con medios que les permitan agenciar otras estrategias.

En consecuencia, en ocasiones, las personas usuarias llegan al CIV enojadas, desorientadas y sin recursos económicos. En general, llegan bajo la etiqueta de violento y se encuentra preventivamente sospechado o juzgado de ser mentiroso, de estar calculando estratégicamente cómo eludir medidas sancionatorias frente a sus actos. Frente a lo cual, son los/as expertos quienes concentran el poder de definir la credibilidad o no del sujeto, la legitimidad de sus palabras y el poder de hacer con ellas, lo cual dependen de los recursos previos con los que cuenta dicho varón. En numerosas ocasiones, los varones no cuentan con los recursos discursivos y expresivos necesarios para desarrollar sus ideas, particularmente crítico en un espacio donde deben hacer inteligibles y creíbles sus respuestas ante profesionales que hablan un lenguaje psicológico, psiquiátrico y jurídico. Al respecto, Costa y Mozejko (2001) sostiene que las propiedades y recursos que constituyen la competencia del agente social para la producción del discurso estratégico en cada momento, es efecto de un proceso de acceso y/o adquisición, no necesariamente creciente ni lineal de capitales. Estos capitales dependen del lugar social del agente y en base a lo que socialmente se considera valioso.

Al encontrarse sujetos con desiguales capitales, existe una clara asimetría de poder que Fricker (2017) analiza como habitualmente en concordancia con desigualdades que ya se encuentran controladas de forma netamente estructural. En el caso analizado estamos ante la presencia de ambos tipos de poder: agentes validados para controlar, que tiene el aval institucional para hacer de sus decisiones juicios legítimos, frente a otros que estructuralmente ya se encuentran en desventaja de clase, racial y social. En efecto, los grupos sociales son fabricados como objetivos de control por parte de las políticas públicas del Estado, como aquellos sectores que históricamente han sido estigmatizados como enfermos, peligrosos o delincuentes. En el caso de los varones que nos ocupan, son situados como objeto del discurso experto en violencia por razones de género y desde la psicología, la psiquiatría o el trabajo social, en un contexto general donde el heteropatriarcado recae con violencia sobre las poblaciones en condiciones de mayor precariedad. Por tanto, la entrevista de admisión se sostiene sobre el poder de los/as expertos/as para la coordinación de sus prácticas concretas y desde la existencia de una identidad común que les otorga legitimidad para ejercer el poder de definir quiénes son o no riesgosos, y quienes se muestran colaborativos o resistentes al cambio. Además, estos vínculos son atravesados por el imaginario social que gobierna los significados socialmente disponibles, como es el de especialista en salud mental y el del estereotipo de enfermo/violento, que operan independientemente del consentimiento de los/as sujetos involucrados/as. Decía un profesional en una entrevista: “es realmente trabajar con lo que la sociedad rechaza, con lo que la sociedad cordobesa nombra despectivamente como “la negrada” (Comunicación personal de la autora, septiembre del 2023).

Si tenemos presente que los discursos son efectos de opciones estratégicas que realizan los/as sujetos, condicionadas por una estructura social donde la clase, la edad, la etnia y religión, entre otras, intervienen en el repertorio de posibles respuestas, advertiremos que los diferentes y desiguales capitales y posiciones de poder desde donde parten los usuarios en la entrevista, cobra una relevancia analítica significativa. Es decir, la acción discursiva depende de presentarse ante la dupla profesional, informar sus historias; construir, negociar, resistirse o legitimar las propias prácticas y las ajenas, acciones que no son accesibles para todos/as, especialmente para varones de sectores populares con trayectorias de vida afectadas por la vulneración de todos sus derechos (acceso a la alimentación, vivienda, trabajo, educación, etc.).

Asimismo, Fricker (2017) sostiene que el poder identitario depende directamente de estas concepciones que se comparten en el imaginario social sobre las identidades sociales de los afectados en el ejercicio concreto del poder. Al mismo tiempo, el imaginario social para Castoriadis (2010), es un conjunto articulado de significaciones y emociones que operan como supuestos naturalizados para percibir, evaluar y sentir el mundo social. Implica procesos de clasificación social, de inclusiones o exclusiones y por tanto ordena y jerarquiza el poder social. Así, advertimos cómo a pesar de que la violencia por razones de género es un fenómeno que atraviesa la clase social, en el discurso mediático, judicial y psicológico, son los varones de sectores populares los siempre sospechados, captados y controlados como tales. Esto se sostiene en la autoridad de los portadores de poder estatal, quienes tienen la concentración del poder de nominación (Bourdieu, 1994). Las taxonomías estatales hacen y deshacen grupos sociales, produciendo representaciones que las corporizan y los hacen visibles para los demás. En ese sentido, Perelmiter (2016) explica que las burocracias introducen determinantes de clase, género y nacionalidad en el modo en que interpretan las necesidades de los usuarios, lo que evidencia que las nociones idealizadas de impersonalidad burocrática y autonomía estatal no responden a la dinámica afectiva de la política estatal. Por tanto, la entrevista de admisión no es una aplicación de un instrumento neutral, sino que tanto sus preguntas como el modo en que se ejecutan, tienen una alta carga de selectividad. De hecho, en las observaciones que realizamos de este componente de la entrevista, hemos advertido cómo operan las intersecciones y, por tanto, las diferencias de recursos discursivos y de estrategias testimoniales entre aquellos varones de sectores populares (que son la mayoría), frente a quienes provienen de sectores medios-altos o con formación académica; así como generacionales o geográficas, de acuerdo a lugar de procedencia, tiene efectos claros sobre las medidas que se toman. En ocasiones, en las entrevistas se silencia los relatos que hacen algunos varones y se procede con un trato hostil en la entrevista (Registro de campo de la autora, 11 de octubre del 2023). Se le solicita información personal al usuario, pero se le exige silencio cuando quiere explicarse en sus propios términos o tarda en desarrollar una idea (Registro etnográfico de la autora en la Entrevista de admisión, 24/07/23: 12:45).

Asimismo, no solo la clase es parte de la matriz de desigualdad que emerge en esta política, también operan otros prejuicios sociales y mecanismos diferenciales de distribuir la credibilidad como es el adultocentrismo. Por ejemplo, al entrevistar a un joven de 19 años, el trato de la dupla profesional puede categorizarse como adultocéntrica, porque direccionan su discurso, lo regañan y al mismo tiempo le aclaran sus derechos y obligaciones de modo constante. También lo corrigen cuando se equivoca en una palabra y formulan varias veces las mismas preguntas (Registro etnográfico de la autora en la Entrevista de admisión, 24/07/23: 12:45). Además, toman de manera inmediata la decisión sobre la derivación que requiere cada caso, lo que da como resultado que los/as profesionales propicien que los usuarios hablen sobre aspectos previamente estereotipados, de modo de ingresarlos en la tabulación institucional. En efecto, desde el ámbito jurídico es frecuente este tipo de prácticas, donde se incluye aquella información sobre las personas que justifica el accionar de las instituciones de control desde los parámetros teóricos y no a la inversa. A este tipo de sesgo, Bleichmar (1997) lo nombra candados ideológicos, haciendo referencia a los sistemas conceptuales de simplificación que se cierran ante posibles cuestionamientos.

 

Efectos de la entrevista: La valoración de riesgo, la predisposición al cambio y los grupos

La entrevista de admisión presenta un aspecto crítico: la dimensión de habilidades clínicas de los/as profesionales. La entrevista debería ser un momento de encuentro, intimidad y confianza, un espacio que habilite la transferencia, una alianza terapéutica. Por tanto, requiere de una escucha atenta, inherente a toda práctica de salud, donde se precisa empatía con la persona usuaria y un acto de hospitalidad para que se establezca un vínculo y no se ejerza un mero interrogatorio que eleve resistencias. Cabe señalar que el objetivo de esta entrevista de admisión es valorar la situación sociopsicológica general del varón que se trate, la motivación al cambio y riesgos potenciales, para ello es fundamental la recolección de información para elaborar los indicadores clínicos que puedan dar cuenta del estado actual de la persona. La recolección de información no es posible si las resistencias invaden la entrevista de admisión. Teniendo en cuenta lo mencionado es que valoramos que en este caso prevalece una clínica de la mirada, donde el saber lo posee la dupla profesional, por sobre una clínica de la escucha, donde el saber proviene de quién está hablando (Soler, 2009). En función de ésto es que inferimos que en esta instancia aparecen actitudes de intolerancia selectiva para con los varones que asisten al dispositivo.

Otro concepto fundamental para pensar en este caso, y en continuidad con lo que venimos exponiendo, es desarrollado por Fricker (2017), quien escribe sobre la sensibilidad testimonial, ésta consiste en sabernos como oyentes atravesadas/os por creencias prejuiciosas, estereotipos estructurales que nos conforman y que inciden en los modos en que juzgamos la credibilidad de quien nos habla. Es inevitable poseer prejuicios que influyen en nuestros juicios de credibilidad, más aún cuando trabajamos en instituciones especializadas en “tipos de sujetos”, en este caso con “quienes ejercen violencia de género”. En efecto, como advierte Fricker (2017), el discurso del prejuicio opera contra el hablante y puede tener capacidad de autocumplirse de tal manera, que el sujeto de la injusticia acaba socialmente construido de acuerdo con los estereotipos que lo representan. Dicho punto de vista social puede acabar en que el sujeto se parezca al estereotipo prejuicioso que opera contra él. Así, los estereotipos se dejan sentir en forma de expectativas, y las expectativas pueden ser un poderoso efecto sobre el rendimiento y la actuación de las personas. Cuando esto ocurre, estamos ante un caso de poder identitario que opera de forma productiva.

Un ejemplo paradigmático de esta limitación es la cuota alimentaria, ya que tanto las consecuencias de la denuncia penal como la institución caso de análisis, no contribuyen a que estos varones puedan emplearse u honrar sus contratos laborales; al contrario, se le exige que asistan a la institución en tiempos que deben cumplir con sus patrones o realizar algún tipo de trabajo informal. En las entrevistas, los usuarios plantean estas dificultades que les implica tener que asistir a la institución, especialmente reiterativo en aquellos que se emplean en la construcción y que se encuentran en períodos de obra. En este tipo de contratación no hay derechos laborales ni mucho menos licencia para asistir a este tipo de “tratamiento” como le llaman en el día a día a la asistencia a los grupos de reflexión. Nuevamente, como sucede con la dificultad de asistencia por no poder pagar pasajes de traslado, la asistencia a los grupos termina vulnerando el derecho al trabajo para estos varones y al mismo tiempo para las mujeres que deben cobrar la cuota alimentaria. El proceso termina convirtiéndose en un ciclo inacabado de violencias en todas las direcciones que no tiene el efecto reparador esperado.

La trama final de la entrevista de admisión es la valoración del riesgo (en adelante VCP) y la valoración de la predisposición al cambio que demuestre el varón. Dicha evaluación es realizada por la misma dupla profesional y consiste en una lectura cualitativa de los resultados cuantitativos aplicados desde los ítems de la entrevista, sumados al criterio de los/as profesionales involucrados/as. Es un juicio profesional no estructurado, es decir, basado en sus conocimientos y percepciones; tanto como con herramientas que se basan en métodos para la valoración estructurada del riesgo de violencia. Entre los métodos de VCP se encuentra la Guía SARA, la cual fue inicialmente diseñada para identificar el riesgo de violencia física y sexual contra la pareja en el contexto familiar y doméstico en el año 1995 en España. Fue una de las primeras guías de juicio profesional estructurado que se desarrolló para los agresores de pareja, siendo su segunda versión la más investigada hasta el momento (Nicholls et al., 2013). Se ha traducido al menos a 10 idiomas y se utiliza en al menos 15 países (Kropp y Gibas, 2010). En la institución analizada, sirve para asistir a los/as profesionales en la toma de decisiones pronósticas sobre los riesgos que presentan los varones denunciados por violencia de género para sus parejas y entorno. La guía consta de 20 factores de riesgo agrupados en cuatro secciones o subescalas (historia delictiva, ajuste psicosocial, historia de violencia de pareja y delito actual). La presencia de los factores de riesgo se codifica en una escala de tres puntos (0 = ausencia, 1= presencia parcial o moderada, 2 = presencia). Los primeros 10 ítems pueden combinarse para evaluar el riesgo de violencia general (parte 1) y los últimos 10 ítems pueden combinarse para evaluar el riesgo exclusivo de VCP (parte 2), de la suma de ambos resulta la puntuación total de la SARA (Kropp y Givas, 2000). Asimismo, es posible codificar cualquiera de los 20 factores de riesgo como crítico o relevante para indicar que el ítem está íntimamente relacionado al riesgo de violencia en el caso particular que se está evaluando. La relevancia de los ítems se codifica en una escala de 2 puntos (0 = no crítico, 1= crítico) (Arbach y Folino, 2021).

Junto con el resultado que arroja la guía SARA, la dupla profesional analiza lo que se denomina predisposición al cambio y distorsiones cognitivas. Esta última categoría nombra las representaciones machistas que atraviesan el discurso del sujeto, su grado de responsabilidad para con la denuncia que lo trajo hasta allí y su historia personal de consumo, familia, entorno social, entre otras variables. Estas lecturas psicologizante de las problemáticas sociales suponen para Anton (2019), una tendencia a atribuir patologías a aquello que no soportamos desde nuestros marcos de valores, que no comprendemos o sancionamos culturalmente. En el mismo sentido Stolkiner (2013) plantea un triple movimiento que se realiza desde las ciencias biomédicas como productoras de subjetivación y que genera patologización de conductas: en un primer momento, se produce una individualización de la conducta separándola de su contexto. Luego, se la reduce a una caracterización o cuadro psicopatológico y por último se ontologiza dicho cuadro; es decir, dicha patologización como constituye una parte del ser de la persona. No es novedoso entonces, que en el abordaje de la violencia por razones de género se filtren discursos de normalidad, donde no se advierten las condiciones estructurales que causan los padeceres singulares y las prácticas que esa misma sociedad sanciona, evaluando a predisposición al cambio cuando se el discurso del varón se aproxima a lo esperado por el discurso técnico de normalización.

Al mismo tiempo, al valorar el riesgo de un sujeto particular aplicando un instrumento homogéneo, se tiende a simplificar el problema y se establecen escenas ritualizadas, como la entrevista de admisión, que se vuelven una respuesta formal visible, contabilizable y publicable sobre el asunto. Además, se ignora el contexto social que inciden en las prácticas sancionables institucionalmente, especialmente crítico cuando se trabaja con sectores subalternos víctimas de la selectividad clasista del sistema judicial. Si no se trabaja sobre las condiciones materiales de los sujetos, se invisibiliza los padecimientos, privaciones y violencias institucionales que los atraviesan. En efecto, si bien la violencia por razones de género es un fenómeno transclasistas, la población que acaba siendo valorada en su riesgo es la que proviene de sectores populares.

Finalmente, nos detenemos en un ítem de la entrevista de admisión que fue incorporado en los últimos dos años de la política analizada, el cual consiste en preguntas sobre prácticas de maltrato animal, en tanto es considerado un indicador de violencia por razones de género. Si bien actualmente el CIV está revisando esta categoría y aparentemente será retirada de la entrevista de admisión, es habitual que desde los enfoques cognitivo-conductuales que aplican las instituciones, se plantee que maltratar a los animales se relaciona con trastornos afectivos, de relaciones interpersonales y especialmente con la ausencia de empatía. Estas conductas hacen alusión al ejercicio de poder sobre otro ser en desventaja para defenderse, Bernuz Beneitez (2015) entiende que el mecanismo de control y dominación se puede transpolar como un indicador fiable de violencia interpersonal. Cabe señalar que algunos manuales estadísticos internacionales como el DSM-IV y el CIE-10, sí tipifican a la crueldad hacia animales como una característica del trastorno de personalidad antisocial, lo que se considera psicopatía y otros trastornos de la conducta.

Si bien existen aspectos interesantes de esta lectura, como el hecho de que los varones que ejercen violencia suelen maltratar a los/as hijos/as y a los animales domésticos cercanos a las mujeres como una forma de castigarlas, consideramos que siempre es importante tomar recaudos al momento de plantear generalizaciones que puedan llevar a lecturas lineales y reduccionistas, éstas lecturas especialmente deben ser contextualizadas socio-cultural y geográficamente. Por ejemplo, en una de las entrevistas que presenciamos, la profesional se detuvo insistentemente en este aspecto e interrogó y afirmó que el hombre en cuestión era peligroso debido a su involucramiento con la doma. Este hombre provenía de una zona rural de Córdoba donde la práctica de domar caballos y carnear es cotidiana y naturalizada, es una forma de pertenencia a la cofradía masculina y una expresión identitaria, además de una fuente laboral. Es por ello que creemos necesario revisar esta perspectiva, porque proliferan pruebas, cuestionarios cerrados y sistematizaciones para la predicción de futuras conductas violentas, valorándose desde un posicionamiento teórico abstracto que es citadino y que desconoce la diversidad cultural y social de cada lugar.

 

Debates

A lo largo de este trabajo reflexionamos sobre la entrevista de admisión como dispositivo de poder que, por su diseño, modo de implementación y funcionamiento institucional, obtura sus propios objetivos institucionales de “motivar para el cambio” a los varones que asisten, desde un trabajo personal y grupal en torno a la violencia por razones de género. En dicha entrevista de admisión, encontramos confluencias entre exigencias y discursos del sistema penal, junto a categorías y abordajes de la psicología cognitiva-conductual. Además, un sesgo importante en términos de clase provoca que los usuarios asistidos por esta política pública sean predominantemente varones de sectores populares, en tanto público cautivo y sujetos de prácticas institucionales de injusticias epistémicas.

En ese sentido, a la lectura que hiciéramos sobre el modo en que el CIV y sus procedimientos institucionales acaban siendo selectivos en términos de clase, Pastor (1994) analiza que tener más estudios y un estatus social elevado no implica que no se ejerza violencia por razones de género, sucede que las mujeres de sectores sociales más altos, tardan más que mujeres de otros sectores en denunciar a los agresores. En parte la vergüenza por el “qué dirán” se constituye en una de las principales razones que las paraliza, sobre todo si advertimos que las estadísticas no muestran que la causa de la violencia sea el pertenecer a una clase social en concreto. Esto sustenta aún más el carácter estigmatizador de asumir la etiqueta de violento y de víctima de violencia, haciendo necesario pensar en lo delicado que resulta asistir a instituciones que abordan estos conflictos públicamente y permanecer en ellas.

Asimismo, en otros estudios como el de Echeburúa y Fernandez-Moltalvo (1997), se analizan medidas penales como las que obligan a muchos varones a asistir al CIV y se muestra que son insuficientes para disminuir y transformar la posición subjetiva de los hombres que ejercen violencia por razones de género. Para los autores, las tasas de éxito en varones que fueron derivados del juzgado y obligados a participar de “tratamientos” son muy bajas debido a la obligatoriedad, ya que en estos casos el varón no tiene una motivación genuina para que se produzca un cambio sustancial en su situación. Al contrario, la asistencia a espacios de tratamiento psicológico o socioeducativo, siempre que sea asumido voluntariamente, parece ser la intervención más adecuada en la actualidad. Además, analizan que es un instrumento útil en aquellos casos en los que “el agresor” es consciente del problema y se muestra motivado para modificar la situación. En el CIV, solo el 1% de sus usuarios son voluntarios, lo que ya nos dice que tendremos problemas para obtener intervenciones exitosas.

Insistimos en que para los varones que asisten al CIV, el solo hecho de cruzar la puerta, barrera simbólica que diferencia el afuera el afuera y el adentro de la institución, es para la mirada social y de quienes transitan ese espacio, constituirse en un sujeto sospechado de ser violento. Estas etiquetas sociales, funcionan según Hacking (2007), como procesos de fabricación de personas bajo clasificaciones sociales, donde se captura a tipos de individuos adjudicándose propiedades determinadas. Las etiquetas sociales van generando afectaciones diferenciales para cada grupo que las carga, entre ellas se puede mencionar el hecho de depender de tratamientos por parte de otros/as, el acceso efectivo o no a recursos, etc. En el caso que analizamos, las representaciones sociales sobre cómo son los varones violentos, desposee a los sujetos anticipadamente de credibilidad y al mismo tiempo los fabrica y encasilla como violentos. Es notable el modo en que el estigma de violento afecta la credibilidad de los varones denunciados, generando lecturas prejuiciosas y, de este modo, formas de injusticia testimonial y social. Decimos que también social, debido a que, a nivel estructural, desde la imaginación colectiva, las representaciones condicionan nuestras acciones pese a nuestras creencias explícitas en contra de ciertos estereotipos. Nos referimos a las concepciones sociales respecto a cómo sería un varón violento en este momento histórico. Además, el individuo se identifica con esta objetivización y tiende a experimentar como si dicha etiqueta fuera algo esencial, una forma de definición de quién es él, cuestión que advertimos en la relación con los otros/as.

Asimismo, estas etiquetas funcionan como obstáculo para conocer/intervenir sobre los problemas sociales, ya que como desarrolla y analiza Fricker (2017) existe una dimensión ética en las maneras en que ganamos o perdemos conocimiento con nuestras prácticas epistémicas (sean en el campo científico o profesional). Entre ellas, se encuentra cómo ofrecemos conocimiento a otros agentes con el testimonio y la de otorgar sentido a las experiencias sociales como dimensión hermenéutica. Especialmente, la autora se ocupa de los efectos éticos del poder identitario, el cual nace de las representaciones compartidas acerca de sujetos concretos y problemas sociales situados, que no en pocas ocasiones son estigmatizantes o carecen de recursos para ser nombradas y darles existencia. Pensemos en cómo funciona la etiqueta de violento al momento de la entrevista de admisión y el vínculo de escucha que allí debería generarse, cuando desde el inicio la palabra del otro está descalificada o sospechada. A esta situación, Fricker (2017) la conceptualiza como injusticia epistémica, dentro de ellas menciona la injusticia testimonial, que vinculamos con el caso de análisis de este artículo porque nos habla de los prejuicios que llevan a quienes oyen a otorgar a las palabras de quien habla un grado de credibilidad disminuido debido a su identidad social. Así, se produce una disfunción epistémica que tiene como consecuencia un desperdicio de conocimiento, una ceguera hacia elementos que desmientan la representación previa de quien escucha.

En efecto, Fricker (2017) explica que la injusticia testimonial produce menoscabo intelectual, hasta pérdida de confianza de los/as sujetos sobre sus propias historias. Incluso, puede que el sujeto actúe el prejuicio institucional, perdiendo conocimiento de sí mismo y de su realidad. De modo que es desposeído de su capacidad de reflexión crítica y encuentra obstáculos para obtener nuevos datos y saberes que contribuyan a repensar sus propias prácticas. Así, la imaginación social es un recurso poderoso que puede funcionar como opresión o como motor para el cambio social, debido a su capacidad para informar al pensamiento y confrontar los prejuicios de la época. Es en la disonancia y en la escucha que se abren las posibilidades de juicios más justos.

Además, en la injusticia testimonial, los/as oyentes inevitablemente desautorizan la capacidad del sujeto para dar razones sobre sus prácticas, lo que es también un modo de injusticia ética y epistémica. Recuperemos que la noción de injusticia epistémica es que un sujeto es agraviado específicamente en su capacidad como sujeto de conocimiento y para dar razones sobre su propia vida. De manera que ser objeto de un prejuicio nos vuelve susceptible no solo de la injusticia testimonial, sino de toda una gama de injusticias diversas como es la económica en el caso que analizamos, porque el sujeto encuentra dificultades para cumplir con sus horarios laborales debido a las exigencias de asistencia en horarios y días definidos unilateralmente desde la institución. Esta situación obstaculiza también el pago de la cuota alimentaria y constituye a los varones como legalmente deudores, vulnerando derechos de las víctimas de violencia por razones de género que debieran encontrarse protegidos por el propio Estado.

Por otro lado, si seguimos a Segato (2003) en su definición de la violencia por razones de género como relaciones sociales que se expresan de manera diferente en cada contexto histórico y cultural, en el caso concreto del capitalismo en su fase neoliberal, implica que la masculinidad se encuentra instrumentada por el orden social para la crueldad y la objetivación de los/as otros/as. Estamos ante sujetos socializados y entrenados para desarrollarse en la lógica de la guerra, en la distancia afectiva y en la explotación de los cuerpos feminizados. La masculinidad como dispositivo de poder, conduce a los hombres a la obediencia incondicional hacia las normas que la gobiernan y al sometimiento hacia quienes ocupan posiciones jerárquicas en la corporación masculina. Así, los cuerpos masculinizados se subjetivan en estos mandatos y construyen sus trayectorias de vida respondiendo a un amo que luego los castiga: El Estado y sus dispositivos de poder. Sin embargo, tal como fuimos desarrollando en el artículo, la entrevista de admisión se centra en aspectos conductuales y cognitivos, escasamente atento a los aspectos sociales y a los mandatos de masculinidad que podrían estar explicando las situaciones que se presentan en estos espacios y que sí responden al mandato, corporativo y por tanto colectivo, sea este imaginario o real. Mucho menos se indaga en las situaciones socioeconómicas de estos sujetos, el modo en que ellas condicionan sus trayectorias y actuales formas de vida y de vincularse.

En consecuencia, el componente de la política pública analizada tiende a implementarse desde una estrategia individualizante, concentrada en el plano psicopatológico del sujeto y al ser obligatoria, punitiva. Esto expresa un momento del estado de la intervención en el área, donde históricamente las políticas implementadas desde los Estado sobre la violencia por razones de género han sido interpretadas primeramente como asuntos individuales y vinculados únicamente a las mujeres cisgénero. Paulatinamente incorporaron datos y estrategias para con las poblaciones sexo-disidentes y posteriomente, han ampliado el foco hacia las masculinidades y su relación con la violencia por razones de género (Bard Wigdor, 2021, 2023). Entendemos que debido al escaso recorrido y a la complejidad del problema, los abordajes en el área se han mostrado poco exitosos para disminuir las cifras de violencias y siguen siendo motivo de análisis y debate arduo en la academia, en la organizaciones sociales y gobiernos que se ocupan de este fenómeno social.

 

Reflexiones

A lo largo de este trabajo, reflexionamos sobre un escenario donde la intervención del Estado es sobre aquella masculinidad identificada como violenta y que tiende a implementarse sobre varones de sectores populares y racializados, quienes asisten al CIV de modo obligatorio y por tanto, se percibe por parte de sus usuarios como una política de castigo y no de escucha o acompañamiento para mejorar reparar la situación. Sin embargo, la institución no define su intervención en términos de castigo y funciona en un doble registro: en lo discursivo como si fuese de reparación, escucha y cambio; en lo práctico con rasgos terapéuticos y cognitivos-conductuales, siendo una fusión de discursos que no evidenciaron éxito en otras experiencias de intervención.

En ese sentido, entre la indefinición institucional, el desafío profesional de intervenir para motivar al cambio y al contar con una población que asiste obligada al dispositivo, los/as profesionales deben aplicar la entrevista de admisión a varones que llegan previamente etiquetados como culpables, violentos y con escasos recursos económicos, sociales y muchas veces simbólicos. Así, los/as profesionales asumen inevitablemente una intervención que dice valorar la veracidad del discurso de los varones y la historia de quienes entrevistan, a los fines de determinar el riesgo que ellos representan para la sociedad y su voluntad para el cambio, pero que en verdad es aplicar una entrevista tabulada y estructurada, en el marco de una demanda abrumadora, que cuentan con recursos escasos para ofrecer respuestas integrales en el área.

En consiguiente, entre la demanda constante, la escasez de recursos y el poder de definir quién debe someterse a las pautas de la institución, el primer encuentro institucional con los varones que es la entrevista de admisión implica el requerimiento de que los sujetos hablen sobre “su violencia” y se responsabilicen por lo que sea que han sido acusados de manera rápida y comunicativa. Este es un dilema ético y experto, porque la violencia no ha sido ni es sencilla de ser hablada; al contrario, primero se la experimenta, se la siente, ejercita y padece. La otra cara de la violencia es el silencio, la impotencia y la tristeza. Como sostiene Weber (2009) la violencia violenta al individuo que la aloja, este es poseído o atravesado por ella, por ende, se necesita de la acogida, de la escucha para contener a sujetos desbordados, atropellados, reventados por los efectos de su propia violencia y de la que los configura como tales. Por tanto, precisa primero de ser comprendida y luego trabajada sin la insistencia de que desaparezca rápidamente. Supone sobre todo tiempo y escucha, aspectos que no son tenidos en cuenta en estas entrevistas de admisión. Intentar escuchar de qué habla el otro, que oculta sobre el sujeto aquel cuerpo que ha sido maltratado, violentado, desde la convicción profesional de que el sujeto tiene responsabilidad, pero no culpa y sobre todo es una persona con derechos humanos. Aunque resulte difícil asumir un lugar de escucha respetuoso para con quien vulnera los derechos de otros/as (en este caso de las mujeres involucradas), es necesario que los/as agentes estatales de las políticas públicas destinadas a la atención de estos problemas, vigilen sus propias creencias y registren sus prejuicios o estereotipos con los que previamente se informan sobre los sujetos que, por el contrario, debieran conocer a través de la escucha, el diálogo y la reflexión crítica en un proceso que no tiene tiempo predefinido.

Asimismo, podríamos pensar qué afectaciones producen las injusticias epistémicas que hemos analizado a lo largo de este trabajo, que son también afecciones al cuerpo, porque disminuyen o aumentan la potencia de obrar de los/as sujetos. Si entendemos que el afecto aumenta o disminuye el poder de acción del cuerpo, así como las ideas de estos efectos, entendemos que el conjunto de miedos, desconfianzas y ausencia de escucha en la entrevista de admisión, puede frustrar las posibilidades de cambio subjetivo de estos varones, cuyas posibilidades parecen discurrir entre asumirse violentos, malvados o pacientes, víctimas y culpables no estarían motivando para el cambio que se espera.

Finalmente nos interrogamos sobre las limitaciones de abordar la violencia por razones de género sin intervenir en la sociedad que la engendra y de la que los/as propios/as agentes de su atención, también son hijos e hijas. Desarmar el poder heteropatriarcal, el clasismo y racismo de las instituciones estatales, la lógica de la psicologización de lo social que tan impotentes nos deja ante este conflicto porque desconecta lo social del síntoma y vuelve a este último el problema, es un desafío histórico. Necesitamos analizar ese movimiento ideológico que torna al síntoma la causa y desresponsabiliza al Estado de su violencia estructural. El castigo y la psicologización de las prácticas son modos de violencia institucional, poco fértil para abordar la violencia en razón del género, en tanto síntoma constitutivo de los lazos sociales fracturados por la precariedad vital que nos impone el capitalismo heterocispatriarcal en el que vivimos.

 

Referencias bibliográficas

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1 Córdoba no ha adherido a la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales de la Nación Argentina.

 

 

2 Materiales e insumos sobre el Centro Integral de Varones en la siguiente página web: https://mujer.cba.gov.ar/recursos/

 

 

 

3 Programa IMPACTAR en Ciencia y Tecnología, proyecto financiado “Políticas públicas y género en Córdoba: análisis y recomendaciones para el fortalecimiento de la salud integral el rol de los medios de comunicación y el abordaje de la masculinidad hegemónica”, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), para dar respuesta al Ministerio de la Mujer del Gobierno de la Provincia de Córdoba (RESOL-2021-1148-APN- SACT#MCT).

 

 

4 S.A.R.A (Spouse Abuse Risk Assessment) es una guía de valoración creada en 1995 para evaluar el riesgo de violencia contra la pareja y diseñada para asistir en la toma de decisiones pronósticas que realizan los distintos profesionales que trabajan en el tema.