Eduardo Mauricio Solis Alvarez

Trabajador Social, académico del Dpto. de Ciencias Sociales de la Universidad del Bio Bio, Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales y candidato a Doctor en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, miembro del colectivo Memorias Colectivas del Bio Bio y de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos.

esolis@ubiobio.cl

https://orcid.org/0000-0001-5403-129X

 

 

Resumen

Este artículo revisa las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar chilena, a partir de la información publicada en las revistas Análisis, Apsi y Cauce, entre los años 1983 y 1988. Para el análisis y estudio de las revistas se han considerado tres categorías principales: a) estructura temática y contenidos, b) portadas y formatos de información, y c) información específica sobre violaciones a los derechos humanos.

Palabras claves

dictadura cívico-militar; violación de derechos humanos; prensa; denuncias; negacionismo

 

Abstract

This paper reviews the complaints about human rights violations that occurred during the Chilean military civic dictatorship, based on information published in the magazines Análisis, Apsi and Cauce, between 1983 and 1988. For the analysis and study of the magazines, three main categories have been considered: a) thematic structure and contents, b) covers and information formats, c) specific information on human rights violations.

Keywords

military civic dictatorship; human rights violation; press; complaints; denialism

 

 

Introducción

Sobre las violaciones de los derechos humanos

En primer lugar, hay que considerar que cuando se habla de derechos humanos se alude principalmente “a la idea cada vez más influyente de que los derechos humanos se refieren realmente a la protección de la dignidad humana” (Clapham, 2020, p.24). En el mismo sentido, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación1 (CNVR), consigna que:

“los grandes valores que las normas sobre derechos humanos procuran defender, son el respeto a la vida, la dignidad y la integridad física y psíquica de las personas, así como los ideales de libertad, tolerancia, respeto por la diversidad y apoyo mutuo entre todos los seres humanos” (CNVR, 1991, p.16).

Por lo tanto, la violación a los derechos humanos, si bien es cierto se aplica sobre las personas, sus efectos trascienden a los individuos, de tal suerte que “los derechos humanos son un elemento constitutivo de la política y que, por consiguiente, la violación de los derechos humanos es una agresión a la sociedad” (Lechner, 2007, p.232)

A propósito de la violación a los derechos humanos, un debate complejo y controversial se plantea en torno a quiénes son, en definitiva, los que cometen las violaciones a los derechos humanos. El Informe Rettig reconoce que la posición tradicional de los organismos internacionales de derechos humanos es que las normas sobre estos derechos “regulan principalmente las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y que, por tanto, no es apropiado llamar violaciones de derechos humanos a los actos cometidos por particulares” (CNVR, 1991. p.18). Esta posición se sustenta principalmente en el hecho de que quienes han proclamado la Declaración Universal de Derechos Humanos y han suscrito todos los pactos internacionales, son, precisamente, los Estados y no los particulares. En segundo lugar, se sostiene que, si un particular comete un crimen, incluso por razones políticas, el Estado dispone de un conjunto de herramientas e instituciones que posibilitan su persecución y castigo. En cambio, cuando es el propio Estado quien comete crímenes o atenta contra los derechos de los ciudadanos, éstos quedan en la mayor indefensión. (CNVR, 1991, p.18) Sin embargo, la Comisión redactora del Informe, incorpora una visión más amplia y acoge delitos terroristas cometidos, con pretextos políticos, por particulares, amparada en el hecho de que la opinión pública “mayoritariamente condena todo forma de buscar o mantener el poder, o de dirimir conflictos políticos, mediante abusos o atrocidades” (CNVR,1991, p.18). Sin perjuicio de incorporar esta visión más amplia sobre la violación de derechos humanos, la Comisión reconoce que esto no significa “proclamar una validez general de esta interpretación más amplia ni desconocer la fuerza de las razones por las cuales prevaleció, en su oportunidad, un empleo más restringido del término” (CNVR,1991, p.19). Más allá de esta discusión y de la decisión que adoptó en Chile la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el presente estudio asume los argumentos que sustentan la interpretación tradicional, en el entendido de que las violaciones a los derechos humanos, para ser catalogadas como tal, deben ser cometidas por agentes del Estado y no por particulares, más aún cuando durante el período que comprende este estudio (1983-1988), el país estaba gobernado por una dictadura cívico-militar, que no escatimó en recursos para aplicar políticas represivas contra la población civil, contando para ello con todas las herramientas e instituciones emanadas de su propia autoridad, lo que le permitió incluso, crear agencias represivas que se encargaron exclusivamente de cometer abusos, atropellos y violación sistemática de los derechos humanos.

 

Dictadura, represión y resistencias

El día 11 de septiembre de 1973, la democracia chilena fue interrumpida de manera abrupta y violenta a través de un Golpe de Estado propiciado por una junta militar, que, desde ese mismo momento, y hasta comienzos del año 1990, gobernó el país bajo la forma de una dictadura, en los términos en que es concebida por Bobbio (2008), es decir, como un gobierno “absoluto, exclusivo, personal, moral y jurídicamente reprochable” (p.182). La junta militar encabezada por Augusto Pinochet asumió plenamente el poder ejecutivo, amparada en el Decreto Ley N° 12, de 1973, y también el poder legislativo a través del Decreto Ley N°1283, de 1973. El poder judicial mantuvo sus atribuciones, no obstante, en los hechos, existían, según consigna el Informe Rettig, dos aspectos fundamentales que condicionaban dichas atribuciones y autonomía del poder judicial, a saber: a) la simpatía hacia el régimen militar por parte de gran parte de los jueces de la Corte Suprema, b) la junta militar podía, en los hechos, cambiar la legalidad a su arbitrio. Como consecuencia, la cooptación y concentración de los distintos poderes del Estado, permitió la instalación de un sistema altamente represivo y con enormes atribuciones políticas, jurídicas y legislativas. Tal como se señala en el Informe Rettig, el régimen militar chileno, y por ende las Fuerzas Armadas y de Orden, nacían con “una amplitud de poder extrema, desconocida en Chile salvo para los períodos en que ellas mismas (aunque en menor escala) habían desempañado un rol parecido: 1924-1925 y 1927-1931”. (CNVR, 1991, p.42) Esto derivó en el ejercicio de una violencia extrema, durante los 17 años en que la junta militar detentó el mando del gobierno, lo que se entiende no solo por el marcado ideologismo de los militares, sino también por una civilidad conservadora que “desde el momento mismo del golpe demandaron de la dictadura medidas fuertemente represivas” (Del Pozo, 2018, p.23). Para Rebolledo (2020), “la base y sustento del mismísimo golpe de Estado radica en los intereses económicos de los grandes grupos o familias empresariales” (p.14). Por cierto, la complicidad incondicional y la participación progresiva de civiles en las altas esferas de poder del régimen militar, va a ser el fundamento para sostener que estamos frente a una dictadura cívico – militar.

Sobre la violación sistemática a los derechos humanos cometida por la dictadura, cabe recordar la existencia de un tipo de dominación total propuesto por Arendt (2019), según el cual es posible organizar “la infinita pluralidad y diferenciación de los seres humanos como si la humanidad fuese un individuo” (p.125). Los regímenes totalitarios van hacia la búsqueda de una dominación total, para lo cual atraviesan algunas fases consecutivas, y la fase inicial se caracteriza por la aplicación de un terror “extraordinariamente sangriento”, el que, junto con tener la finalidad de vencer al adversario, no permite la aparición de resistencias o fuerzas de oposición. (Arendt, 2019, p.128)). En el caso de la dictadura chilena, el Informe Rettig distingue dos sub-fases en materia de represión, la primera, desde el año 1973 hasta 1983, y la segunda, desde 1983 a 1990. En términos generales, se puede aseverar que, durante la década de los setenta, la represión se focalizó principalmente hacia los partidos y organizaciones políticas que habían sido parte, o habían simpatizado, con el gobierno de la Unidad Popular y su proyecto de transformación social. Tal como señala Groppo (2016), la represión post golpe, tenía por objeto “eliminar físicamente los cuadros y los militantes más activos de los partidos de izquierda, y utilizó para ellos las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada” (p.34). Esto es refrendado por Alvarez (2007), quien precisa: “todos los partidos, los militantes y simpatizantes de izquierda quedaron proscritos en las primeras horas del 11 de septiembre de 1973” (p.258) El Partido Socialista, el MIR y el Partido Comunista fueron fuertemente golpeados a través de las agencias represivas de inteligencia, y muchos de sus militantes sufrieron la muerte, la desaparición, la tortura o el exilio. Según afirman Winn y Stern (2014), los primeros años, entre 1973 y 1976, “fueron de una represión feroz, que incluyó asesinatos y desapariciones permanentes, sin rastro oficial” (p.207) La política represiva de la Junta Militar va a quedar insinuada en el Bando N°264, el que señalaba expresamente la necesidad de “limpiar nuestra patria de elementos indeseables que nada tiene que ver con nuestra tierra y nuestro origen común”. La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dirigida hasta su disolución por el coronel Manuel Contreras, se va a convertir en el principal organismo de violación de los derechos humanos durante esta primera etapa, pues “tenía facultades para detener y torturar a las personas consideradas opositores peligrosos dirigiendo sus operaciones sobre todo hacia los militantes del MIR, del PC y del PS” (Del Pozo, 2018, p.182). Tal como señala Salazar (2014), “en sus cuarteles secretos las diversas brigadas de la DINA torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a decenas de prisioneros” (p.11)

La década del ochenta, en tanto, se caracterizó, por la existencia de un sistema represivo más indiferenciado, menos focalizado, y con énfasis en los movimientos sociales y las organizaciones políticas. La principal agencia represiva durante este período va a ser la Central Nacional de Informaciones (CNI), creada el 13 de agosto de 1977, mediante el Decreto Ley N° 1.876 y que, en la práctica, va a reemplazar a la DINA, derogada el mismo día en que se crea la CNI. Su dependencia directa del Ministerio de Defensa, “hacía que sus actividades fueran conocidas no solamente por Pinochet, sino por otras autoridades militares” (Del Pozo, 2018, p.177). Para su funcionamiento, la CNI dispuso de diversos inmuebles y casas que sirvieron como centros de tortura, destacando las de calle San Román 1290, en Copiapó, calle Santa María 2936, en Arica, calle Agua Santa 980, en Viña del Mar (Del Pozo, 2018, p.177). Tal como indica Salazar (2014), a la CNI se le entregaron atribuciones “para arrestar, en virtud de una orden judicial, para allanamientos a locales habitados o deshabitados en que se presumiera la existencia clandestina de armas de fuego, explosivos, sustancias químicas, etc., o la comisión del delito de organización de milicias privadas” (p.20). En este contexto, durante el período 1983-1988, se desató una encarnizada represión hacia los movimientos y organizaciones sociales. La aplicación de tortura, violaciones, relegación y desaparición de personas, fueron parte de las prácticas represivas utilizadas. Sin embargo, y pese al marco represivo que imponía la dictadura, un amplio sector de la población optó por el camino de la protesta, el enfrentamiento y la resistencia. En efecto, durante ese período, la protesta popular va a alcanzar su mayor expresión en masividad y en organización, y va a movilizar a miles de personas en todo el país. El año 1983, marca el inicio de una serie de protestas nacionales, que se van a suceder en los años siguientes, y que culminarán el año 1988, con la realización de un plebiscito nacional que va a definir el llamado a elecciones libres para el año siguiente. Durante estos cinco años se desarrolló un proceso de resistencia popular masiva, que tuvo como actores relevantes, al movimiento poblacional, el movimiento estudiantil, los artistas, los partidos políticos, los gremios y a los sectores más progresistas de las iglesias católica y evangélica.

Las jornadas de protestas nacionales iniciadas en 1983 “fueron la expresión más evidente y masiva de la oposición en dictadura” (Del Pozo, 2018, p.319) y van a copar los espacios públicos, las calles, las poblaciones, las universidades. Según señala Hertz (2017) en sus Memorias, la primera protesta masiva en dictadura se realizó el 11 de mayo de 1983, “convocada por la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre, tras una huelga en El Teniente, de una magnitud y diversidad sorprendentes”. (p.197). Al respecto, Salazar (2014) señala que esta primera protesta nacional estuvo acompañada por una merma en la asistencia de trabajadores en varias industrias y la realización de mítines en algunas universidades, y que a la postre dejó como resultado un total de dos muertos, decenas de heridos y más de 600 personas detenidas (p.174). Hertz (2017), en tanto, agrega que entre los años 1983 y 1986 se realizaron quince jornadas de protestas nacionales, “sin perjuicio de las que sucedían todos los 8 de marzo (día internacional de la mujer), el 1° de mayo, el 4 y 11 de septiembre, y las masivas protestas estudiantiles” (p.207). Gabriel Salazar (2006), por su parte, señala que entre los años 1983 y 1987 se realizaron veintidós jornadas de protesta contra la dictadura, las que “concluyeron por tipificarse no como una protesta nacional, sino como una protesta popular” (p.295)., enfatizando que los pobladores, en tanto movimiento social, tuvieron un rol principal en la lucha contra la dictadura durante aquellos años. La decisión de la población de protestar no requería de grandes elucubraciones teóricas ni ambages, pues las condiciones materiales de la vida cotidiana eran más que suficientes. Tal como señala Salazar (2006): “la predisposición a la protesta y a la acción directa constituían por entonces, tal vez, el más común de los sentidos históricos de todos los chilenos, especialmente de los más jóvenes”. (p.298). Para la dictadura, en cambio, las protestas populares eran la evidencia palpable de una “conspiración del mal, de los comunistas, de los terroristas, que confirmaba la necesidad de vigilancia y represión ´permanente” (Loveman, Lira, 2000, p.471). Sobre el período en estudio, el Informe Rettig consigna lo siguiente:

“Las manifestaciones masivas se concentraron en las catorce Jornadas de Protesta Nacional (1983 – 1985). Las movilizaciones sociales, huelgas, jornadas y Paros continuaron con cierta constancia hasta el Paro Nacional del 2 y 3 de Julio de 1986. En los años siguientes se registraron manifestaciones menos intensas y organizadas” (CNVR, p.703)

El Informe Rettig concluye que durante todo este período “131 personas fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o bien cayeron víctimas de la situación de violencia política en el contexto de manifestaciones colectivas” (CNVR, 1991, p.709). El ejercicio de la represión y la violación a los derechos humanos, sin embargo, va a ser negado permanentemente por los personeros de la dictadura frente a los medios de prensa nacionales e internacionales. La negación y la tergiversación de hechos serán dos prácticas recurrentes como parte de una estrategia de comunicación política por parte del régimen militar. La censura fue otra forma de represión utilizada desde las primeras semanas de dictadura y se institucionalizó “a través de la creación de Dinacos5, a partir de 1974, la cual aplicaba el bando N°107, más la circular 451, aplicando la censura previa a los medios impresos” (Del Pozo, 2018, p.125).

 

La desinformación y el negacionismo de la prensa oficialista

Los medios informativos y la prensa se transformaron en importantes campos de disputa para los actores políticos y sociales que se constituyeron en torno a la defensa de la dictadura y para quienes se constituyeron en oposición. De esta manera, a través de la prensa oficialista, se legitimó y se justificó la represión contra la población, y también se desinformó, tergiversó y manipuló información deliberadamente. El diario El Mercurio es un caso emblemático al respecto, “desempeñando un papel político, ideológico y comunicacional importante durante los 17 años del régimen de Pinochet” (González, Monsálvez, 2019, p.5) La llamada “Operación Colombo”, conocida también como el “caso de los 119”, y establecida en el marco de la llamada Operación Cóndor6, representa quizás el caso más paradigmático en materia de desinformación y distorsión de la realidad, con participación de la prensa. En rigor, la Operación Colombo consistió en un montaje organizado por la DINA, cuyo objetivo era “hacer creer al público que los detenidos desaparecidos eran una ficción y que las supuestas víctimas de la dictadura se habían exterminado entre ellas, en Argentina” (Del Pozo, 2018, p.268). Para el cumplimiento de dichos objetivos, la Operación Colombo contó con la complicidad de los diarios El Mercurio, La Tercera, y la Segunda, a través de la entrega noticiosa que reafirmaba el mensaje de la dictadura, distorsionando, ocultando y negando la ocurrencia de los hechos históricos. Esa función de manipulación y negacionismo va a tener su mayor expresión con un titular aparecido en el diario La Segunda, el 24 de julio de 1975, que señalaba “Exterminados como ratones. 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”. Esta labor de manipulación y desinformación produce ciertamente confusión en la población y genera condiciones apropiadas para prácticas y discursos negacionistas. Tal como sostiene Rojas (2022) “la negación total o parcial de las violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, o con su aquiescencia, durante la dictadura cívico militar chilena, que constan en documentos oficiales del mismo, constituirían un discurso negacionista” (p.3). En términos generales, el negacionismo se entiende como un fenómeno cultural, político y jurídico que se expresa en “comportamientos y discursos que tienen en común la negación, al menos parcial, de la realidad de los hechos históricos percibidos por la mayor parte de la gente como hechos de máxima injusticia” (Rojas, 2022, p.3) En el mismo sentido argumenta Marchiaro (2021), para quien el negacionismo se caracteriza básicamente por “la impugnación de toda evidencia historiográfica y jurídico-procesal” (p.339)

Fuente: https://museodeprensa.udp.cl/la-segunda-exterminados-como-ratones

 

La prensa que denuncia

Sin embargo, otro sector importante del periodismo, concentrado principalmente en algunos medios escritos y radiales, resistió los embates de la censura y la persecución, y se volcó a la tarea de informar y desafiar el bloqueo informativo impuesto por la dictadura. Estos proyectos periodísticos ejercieron un rol importante como parte del proceso global de resistencia política y social durante la década de los ochenta, principalmente en el período 1983- 1988. Tal como se establece en el Informe Rettig, “la labor de promoción y defensa de los derechos humanos se materializó fundamentalmente por medio de las revistas opositoras, tales como Hoy, Cauce, Análisis, Apsi, Mensaje, Solidaridad, Pluma y Pincel, La Bicicleta y otras” (CNVR, 1991, p.761). Entre las revistas con mayor presencia y con mayor distribución a nivel nacional destacan las revistas Análisis, Cauce y APSI, las que, junto con denunciar los abusos y atropellos a los derechos humanos, van a propiciar espacios de debate y discusión política e ideológica, entre los actores políticos y sociales que apostaban al retorno de la democracia. Tal como señalan González y Monsálvez (2019) “fue un espacio que congregó a distintos intelectuales de la época, que, por la censura anteriormente señalada, vieron en estas revistas un medio para generar oposición y critica desde sus especialidades” (p.10). Hubo también otros proyectos periodísticos importantes, pero su distribución fue más reducida y sus temáticas más focalizadas. Tales fueron los casos de las revistas Mensaje, Pluma y Pincel y La Bicicleta, por ejemplo. La información que se publicaba sobre violaciones a los derechos humanos refiere, por lo general, a situaciones de la contingencia nacional, y que involucraban a miembros de las distintas agencias represivas de la dictadura durante esos años. Pero también se daba cuenta de acontecimientos y hechos represivos ocurridos durante la década anterior, entre los años 1973 y 1980, y que referían a casos emblemáticos. Hay que consignar que la dictadura aplicó sobre estas revistas, diversas medidas de censura, desde la prohibición total de circulación, hasta censuras parciales, como la prohibición de publicar fotografías.7 Sin duda, la persistencia en informar en un contexto de prohibiciones y censuras significó un alto costo personal y profesional para un número importante de periodistas, que sufrieron encarcelamientos y juicios arbitrarios. El caso más extremo fue el asesinato del periodista José Carrasco Tapia, editor internacional de la revista Análisis, dirigente nacional del Colegio de Periodistas y militante del MIR. Carrasco fue asesinado por agentes de la CNI el 8 de septiembre de 1986, quienes después de secuestrarlo desde su propio domicilio, lo acribillan a balazos y posteriormente abandonan su cuerpo a un costado del cementerio Parque del Recuerdo.8

 

Metodología

El estudio se plantea como una investigación documental a través de la utilización de datos secundarios, que, en este caso, han sido publicados por las revistas Análisis, Apsi y Cauce durante la década del ochenta. Tal como sostiene Valles (1999), los datos secundarios que se obtienen no han sido publicados con fines específicos de investigación social, “sino con otros fines muy variados, fundamentalmente, proveer de información o documentación a los órganos del Estado o al público” (p.121). En el caso de este estudio, se explora en la búsqueda de contenidos e información sobre violaciones a los derechos humanos aparecidas en las tres revistas señaladas, durante el período 1983 – 1988. Ese período resulta importante porque, a partir de 1983 la protesta social se masifica y los medios de prensa escritos van a jugar un rol importante en la socialización de información. Para el análisis y estudio de las revistas se han considerado tres categorías principales: a) estructura temática y contenidos, b) portadas y formatos de información, c) temáticas sobre violaciones a los derechos humanos. En total se analizaron 538 números, divididos de la siguiente manera: revista Análisis 181 números (desde N°53 al N°233); revista Apsi, 168 números (desde N°117 al N° 284) y revista Cauce, 189 números (desde N°1 al N° 189). Todos los números fueron publicados entre el 01 de enero de 1983 al 31 diciembre de 1988. Cabe indicar finalmente que las revistas analizadas fueron descargadas en versión digital desde el sitio: www.memoriachilena.gob.cl

 

Resultados

Estructura temática y contenidos de las revistas

Revista Análisis.

La revista Análisis nació bajo el patrocinio de la Academia de Humanismo Cristiano, en 1977, el que se mantuvo hasta el año 1983, cuando asume como cardenal, Juan Francisco Fresno. Sin embargo, tres años antes, en 1980 se había hecho cargo de la revista la Sociedad Periodística Emisión. Va a tener una circulación permanente hasta el mes de abril de 1993, año de su desaparición. Será prohibida su circulación entre el mes de noviembre de 1984 (N° 94) y junio de 1985 (N° 95). Su director fue Juan Pablo Cárdenas, la subdirectora María Olivia Mönckeberg y tuvo como colaboradores y periodistas a María Eugenia Camus, Patricia Collyer, Mónica González, Pamela Jiles, Fernando Paulsen y José “Pepe” Carrasco, periodista asesinado por la CNI el 8 de septiembre de 1986.

En relación con los temas y contenidos de la revista, se ordenaban de la siguiente manera:

a) Opinión: comentarios sobre política y actualidad

b) Nacional: destacan las crónicas de Irene Geis y María Olivia Monckeberg

c) Noticias nacionales e internacionales, principalmente América Latina, EEUU, Europa

d) Momento económico: análisis y comentarios sobre la actualidad económica

e) Reportajes: política, iglesia católica, violaciones a los derechos humanos)

f) Entrevistas

g) Columnas de opinión política. Algunos columnistas fueron J.J. Brunner, Jorge Hourton, Oscar Pinochet de La Barra, Jaime Inzunza, Tomás Moulian

h) Sección Arte y Cultura: información y análisis sobre teatro, música, cine, literatura, publicaciones, televisión, pintura, danza

i) Humor: Dedican algunas secciones al humor, aunque en cantidad bastante menor a las otras dos revistas. Destacan las secciones “El cuarto Reich” y “Humor en serio” ambas del dibujante Palomo.

j) Deportes: Información sobre ciclismo, atletismo, generalmente noticias referidas a la situación estructural del deporte y el manejo dirigencial

 

Revista APSI.

El primer número de la revista APSI es publicado en julio de 1975, como un Informe Quincenal de la Agencia Publicitaria y de Servicios Informativos (APSI). Sus primeros números están dedicados al análisis de la actualidad internacional y llega a venderse en los quioscos a partir de 1981. Circuló en quioscos hasta 1995, año de su desaparición, y llegó a publicar 511 números, siempre bajo la dirección de Marcelo Contreras. La dictadura prohibió su publicación entre el mes de noviembre de 1984 (N° 155) y Julio de 1985 (N°156). Durante toda la década del ochenta mantuvo casi su misma estructura temática e informativa, la que se desplegaba a través de noticias, reportajes, columnas de opinión, crónicas y entrevistas. Estas últimas destacan por su cantidad y profundidad. Entre sus periodistas se encontraban Andrés Braithwaite, Sergio Marras, Nibaldo Mosciatti, Francisco Mouat, Elizabeth Subercaseaux y Milena Vodanovic.

Sus principales temas y contenidos son los siguientes:

a) Política y actualidad nacional: análisis de la coyuntura nacional

b) Economía: reportajes y crónicas sobre la situación económica del país, la situación de los trabajadores y posición del empresariado

c) Deportes: información sobre situación estructural del deporte chileno e incluye boxeo, fútbol, atletismo, ciclismo, etc.

d) Sociedad: se publican estudios y reportajes sobre diversos temas, como la marginalidad, la drogadicción o la prostitución.

e) Cultura: la revista publica gran cantidad de información sobre temas de arte y cultura. Existe una cartelera cultural permanente sobre teatro, cine, conciertos, y eventos. Se analizan y comentan libros, se realizan entrevistas a actores, escritores, pintores y otros artistas. Se publican extractos de libros y películas en “partes”, quizás la más emblemática, la publicación completa del libro “Missing” de Thomas Hauser, el año 1984, que dio origen a la película del mismo nombre.

f) Humor Gráfico: se destina una cantidad importante de páginas al humor gráfico y destacan las caricaturas del dibujante Guillo y una sección denominada “Resumidero”

g) Investigaciones y denuncias: noticias y reportajes que denunciaban los atropellos a los derechos humanos, como desapariciones, persecuciones, torturas, y asesinatos. Destacan los reportajes sobre La Isla Dawson y el asesinato de Orlando Letelier, a los que se le dedicaron varios números

 

Revista Cauce:

Su primer número sale a circulación en el mes de noviembre de 1983, y en su portada titula: “Juventud poblacional: el origen de la Ira” la que es ilustrada con una fotografía que grafica la represión por parte de Carabineros. Publican gran cantidad de información sobre las violaciones a los derechos humanos, pero también sobre contingencia política y social. Durante todo el período 83-88 mantuvo casi la misma estructura y el mismo contenido editorial, aunque se fue diversificando con los años. Al igual que las otras revistas de oposición, tuvo prohibida su circulación entre noviembre de 1984 (revista N°31) y julio de 1985 (revista N°32). Según informa el sitio memoriachilena la revista Cauce llegó a vender 60 mil ejemplares. El último número, como tal, aparece en diciembre de 1988 (N°189) y desde 1989 comienza a aparecer como “quincenario de política, economía y sociedad”, pero sólo hasta diciembre del mismo año. Tuvo como directores a Carlos Neely, Gustavo Boyé y Francisco Herreros. Entre sus periodistas se encontraban Mónica González y Claudia Lanzerotti, y como columnistas al escritor Jorge Edwards y el poeta Enrique Lihn.

La información se desplegaba, principalmente, en torno a noticias (breves y ampliadas), crónicas, reportajes, entrevistas, debates, columnas de opinión, e incluía los siguientes temas:

a) Política y actualidad nacional: Información sobre los partidos políticos, alianzas, acuerdos, conflictos, protestas, movimientos sociales.

b) Actualidad internacional: análisis y noticias sobre América Latina, EEUU y Europa principalmente

c) Economía: noticias, reportajes, entrevistas

d) Cultura: música, teatro, plástica, museos, poesía, literatura, televisión, pintura, cine, artes visuales. En torno a esas disciplinas se muestra la cartelera cultural de Santiago, se entrevista a sus protagonistas, y se critica.

e) Humor gráfico: ocupa también un lugar importante, y destacan secciones como “Historiogramas” “Sin diez años no es nada” “Sub-verdiversión”, “El Kiosko”, “Por los tejados”

f) Investigaciones y denuncias: a través de reportajes y entrevistas. Entre los temas de reportajes aparecen las propiedades de Pinochet en el Melocotón y Lo Curro, el asesinato de Tucapel Jiménez y decenas de denuncias de tortura y secuestro por parte de la CNI.

A partir de 1988, se incluye un espacio que debate en torno al feminismo, al género y a las mujeres. El espacio se denomina “Mujer” y se compone de entrevistas, noticias, reportajes, crónicas y artículos de opinión sobre teoría feminista, movimiento feminista y demandas de las mujeres

 

Formatos de información y portadas

Tabla 1

Formato	Revista ANÁLISIS	Revista CAUCE	Revista APSI	total
Columna Opinión / Crónica	4	19	11	36
Entrevista	35	58	50	143
Reportaje	83	137	69	289
Reportaje especial	8	10	15	33
Noticia	124	207	73	404
Noticia breve/Nota	33	89	116	238
Portada	32	68	47	148
Inserción/Separata	6	2	45	54
Total	325	590	433	1.341

Fuente: elaboración propia

 

La tabla N° 1 muestra un número total de 1.341 noticias, opiniones, entrevistas y reportajes sobre violaciones y atropellos a los derechos humanos por parte de la dictadura, en sus distintos formatos, incluyendo las portadas. La revista Cauce destaca concentrando gran cantidad de información. Los formatos que se utilizaron para entregar y analizar la información sobre violaciones a los derechos humanos evidencian la variedad de recursos periodísticos que utiliza la prensa para estos efectos, y permiten acceder a la información con distintos grados de profundidad y acercamiento. La forma más utilizada para entregar información fue a través de las noticias, algunas como noticias breves o notas, y otras más nutridas y desarrolladas. En total se publicaron 642 noticias sobre violaciones a los derechos humanos, destacando con un mayor número la revista Cauce con 296 noticias y concentrando el 46% del total. En segundo término, se totaliza un número de 322 reportajes, destacando la revista Cauce. En general, los reportajes profundizan sobre alguna temática en particular a través de una exhaustiva labor periodística, la que puso en riesgo a muchos y muchas periodistas y significó que muchos/as de ellos/as sufrieran la cárcel, los apremios ilegítimos, los amedrentamientos y hasta la muerte, tal como le ocurrió al periodista José Carrasco Tapia. Por otro lado, se realizaron un total de 143 entrevistas vinculadas a distintos personajes políticos y artistas, relacionados con la violación de derechos humanos y la situación política del país. Aquí también destaca la revista Cauce con 58 entrevistas, pero con similar número la revista Apsi, con 50 entrevistas y la revista Análisis con 35 entrevistas.

 

Las Portadas.

Mención aparte merecen las portadas de las revistas. El sentido de la portada es atraer al lector o lectora sobre algún tema que se profundizará al interior de la revista, la mayor parte de las veces a través de un reportaje en particular. La portada, con todo su efecto visual, expresa la línea editorial de la revista y genera un efecto simbólico importante en los lectores. En el caso de las revistas en estudio, cada una publicó portadas importantes y emblemáticas en materia de violaciones a los derechos humanos, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

Revista Análisis: la edición N° 157, publicada el 13 de enero de 1987, titula en su portada: “Exclusivo: Habla miembro del comando “11”. Asesinatos en Estado de Sitio”. La portada se complementa con una fotografía del periodista José Carrasco y otra fotografía que muestra el lugar donde fue encontrado su cuerpo, convertido por entonces en un sitio de memoria. Entre las páginas N°26 y N°30 se extiende un nutrido reportaje basado en las confesiones de Francisco Fuentes Ciscutti, jefe operativo del comando “Septiembre Once”, agrupación criminal compuesta por militares, que se adjudicó las muertes del periodista José Carrasco, Abraham Muskatblit, Gastón Vidaurrázaga y Felipe Rivera, perpetradas en septiembre de 1986. El reportaje incluye entrevistas a las cuatro viudas de las víctimas, quienes entregan una semblanza personal de sus maridos y dan detalles de sus asesinatos.

Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0030695.pdf

 

Revista Apsi: el número 144 de la revista salió publicado el 22 de mayo de 1984, y en su portada titula: “¿Quién quiso matar a Leighton? Nuevas revelaciones” y muestra una antigua fotografía de Bernardo Leighton, ex parlamentario de la democracia cristiana, postrado después de haber sufrido un intento de asesinato junto a su esposa Ana Fresno, en la ciudad de Roma, donde vivían en exilio. La investigación periodística que profundiza sobre el caso es expuesta en un reportaje al interior de la revista, entre las páginas N° 2 y N° 6. Tal como se anuncia en la parte inferior de la portada, este número trae adjunto una separata con la publicación de la segunda parte del libro Missing, de Thomas Hauser, que relata la historia del periodista Charles Edmund Horman, quien fue detenido y desaparecido el 17 de septiembre de 1973.

Fuente: http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:81999

 

Revista Cauce: En la edición N°2 de la revista, publicada con fecha 6 de diciembre de 1983, la portada titulaba “Tortura. Todos somos culpables”, con letras rojas y blancas sobre el fondo de una fotografía oscura que cubría toda la portada, donde se aprecia un hombre sentado en una silla y otro de pie, en una recreación evidente de una sesión de tortura. En su interior se despliega un extenso reportaje, entre las páginas 27 y 33, sobre la tortura en Chile que incluye los métodos más utilizados, los agentes involucrados, las víctimas y opiniones de expertos. La introducción al reportaje señala: “un completo reportaje a las reiteradas violaciones que se cometen en Chile a los derechos humanos, a través de apremios ilegítimos y crueles prácticas abusivas por los servicios de seguridad en lugares secretos y amparados en la impunidad otorgada por la autoridad”. En la misma portada, en la parte inferior, se pregunta: ¿Cuánto queda de dictadura?, tema que es desarrollado en una crónica política que da inicio al contenido de la revista, entre las páginas 3 y 5, y que está centrada en una concentración política ocurrida el 18 de noviembre en el Parque O’Higgins, y que convocó a un gran número de personas, principalmente jóvenes, tal como se señala en la crónica.

Fuente: http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:84096

 

Información específica sobre violaciones a los derechos humanos

Tabla 2

Temas	Revista ANÁLISIS	Revista CAUCE	Revista APSI	total
Exilio	18	44	33	95
Represión y vulneración de derechos	82	213	107	402
Organismos y agencias represivas	32	112	39	183
Presos/as Políticos/as	30	27	7	64
Libertad de expresión	14	55	40	109
Ejecutados y detenidos desaparecidos	37	33	50	120
Caso Prats	5	2	2	9
Caso Letelier	18	19	20	57
Caso Sebastián Acevedo	2	1	1	4
Caso Randolph	2	2	1	5
Caso Mario Martínez	3	3	1	7
Caso Leighton	0	2	0	2
Caso Karin Eitel	3	7	4	14
Caso Degollados	31	29	6	66
Caso Quemados	11	27	8	46
Caso Desparecidos 87	6	7	4	17
Caso Calama	21	14	11	46
Caso Corpus Cristi (Operación Albania)	1	9	3	13
Caso Alice Meyer/Delfín Díaz	0	7	3	10
Caso Nunciatura	2	0	1	3
Caso María Paz Santibáñez	4	2	0	6
Caso Tucapel Jiménez	0	12	8	20
Caso Alfa Carbón	1	3	1	5
Colonia Dignidad	6	8	0	14
Otros Casos	13	22	0	35
Total	342	660	350	1.352

Fuente: elaboración propia

 

Tal como aparece en la tabla 2, la información relacionada con abusos y violaciones a los derechos humanos por la dictadura cívico militar incluye temáticas como el exilio, los/as detenidos/as desaparecidos/as y ejecutados/as políticos/as, y una diversidad de casos emblemáticos: caso Prat, caso Letelier, caso Tucapel Jiménez, caso “degollados”, caso “quemados”, entre otros. De estos emblemáticos destacan el caso “degollados”9, con un total de 66 menciones, el caso Letelier 10, con 57 apariciones, el caso “quemados”11, y el caso “Calama” 12, estos dos últimos con 46 apariciones cada uno. En el caso Letelier, la cantidad de información es similar entre las tres revistas. Sobre cada uno de estos casos se informó a través de noticias, entrevistas y reportajes, principalmente por parte de las revistas Cauce y Análisis. Con relación con organismos y agencias represivas, se despliega una gran cantidad de información (183 apariciones) a través de noticias, entrevistas y reportajes que pusieron en evidencia sus formas de actuación, sus aspectos orgánicos, y todo el entramado de opacidad e impunidad con el que operaban la CNI, Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas en general. La revista Cauce aparece como la más activa en materia de información. Se informa también sobre la situación de los detenidos desaparecidos, casos que principalmente ocurrieron durante la década del setenta. Esta información tiene un total de 120 apariciones, y destaca con mayor cantidad de información la revista Apsi, preferentemente bajo el formato de reportajes, donde se daba cuenta de las historias de los detenidos desaparecidos, los principales responsables y los avances y dificultades de las investigaciones judiciales. Otra información relevante es la que se refiere a la libertad de expresión, con un total de 109 apariciones, donde destacan las revistas Cauce y Apsi. Cabe precisar que la información se relaciona principalmente con las medidas de censura y prohibición de informar aplicadas sobre la prensa y las medidas de encarcelamiento a las que fueron sometidos algunos periodistas de las tres revistas analizadas, incluido el director de la revista Análisis, Juan Pablo Cárdenas. El tema del exilio también va a estar presente en la información, aunque con menos frecuencia (95 apariciones) y generalmente se informa sobre la situación de los/as exiliados/as y también sobre el regreso de muchos/as de ellos/as durante la segunda mitad de la década de los ochenta. El tema que concitó mayor nivel de información, en sus distintos formatos, se relaciona con la represión y vulneración de derechos a través de detenciones arbitrarias, aplicación de torturas, medidas de relegamiento, allanamientos a poblaciones, abusos, violaciones y otras acciones represivas aplicadas directamente sobre la población civil. Se registra un total de 402 apariciones informando sobre el tema, destacando la revista Cauce.

Estos resultados sostienen puntos de coincidencia y similitud con lo planteado por Lira y Loveman (2000), quienes elaboran un listado cronológico de los sucesos de represión entre 1973 y 1990 que demandaron mayor publicidad por parte de la prensa en general (tabla 2). Tal como sostienen los autores, esta tabla resume “los sucesos de represión más conocidos, sin pretender exhaustividad” (p.436)

 

Tabla 3

Sucesos de represión 1973-1990 de mayor publicidad

11 de septiembre 1973-1974
Caravana de la muerte	1973
Operaciones del "Comando Conjunto"	1974-1976
Operaciones de la DINA	1974-1976
Asesinato del General Prats en Buenos Aires	1974 (30 sept.)
Caso de los 119	1975 (22-23 junio)
Intento de asesinato B. Leighton y su esposa Anita Fresno en Roma	1975 (6 oct.)
Asesinato de Orlando Letelier, Washington, DC	1976 (21 sept.)
Hornos de cal de Lonquén	1978 (1 dic.)
Yumbel	1979 (2 oct.)
Asesinato de Tucapel Jiménez	1982 (25 febrero)
Autoinmolación de Sebastián Acevedo	1983 (11 nov.)
Caso de los degollados	1985 (29 marzo)
Carmen G. Quintana y R. Rojas	1986 (2-3 julio)
Secuestro y asesinato de José Carrasco, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga, Abraham Muskabit	1986 (8 sept.)
Operación Albania	1987 (15-16 junio)
Asesinato de Jecar Neghme dirigente del MIR	1989 (4 sept.)

Fuente: Loveman y Lira (2000)

 

Conclusiones

Cabe destacar, en primer lugar, la utilización de diversos formatos y recursos periodísticos para denunciar y entregar información sobre violaciones a los derechos humanos. Cada revista, por separado, o en conjunto, informan a través de un reportaje en profundidad, denuncian a través de una noticia y educan a través de un reportaje o una entrevista. Importante es consignar además que, junto con la diversidad de recursos y contenidos, cada información que se entrega va acompañada con documentos de verificación (actas, decretos, cartas, resoluciones judiciales, etc.) y registros fotográficos cuando es pertinente, lo que otorga mayor consistencia y credibilidad a las fuentes.

En segundo lugar, queda en evidencia el importante rol que desempeñó la prensa opositora en el proceso global de resistencia política y movilización social contra la dictadura. Esta labor periodística contribuyó a la construcción de memorias en torno a hechos y sucesos ocurridos durante la década del setenta y comienzo de los ochenta, y sobre los cuales, hasta ese momento, la opinión pública no tenía suficientes antecedentes e información documentada, principalmente porque la dictadura cívico militar ejecutó una política comunicacional sustentada en la desinformación, la tergiversación y la manipulación de la información, para lo cual contaba con dispositivos de prensa aliada, con enormes medios y recursos. En este contexto, las tres revistas aportaron antecedentes importantes sobre la situación de los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, exiliados, torturados, así como del funcionamiento y las estructuras orgánicas de los organismos que estaban a cargo de ejecutar la represión directa. Sobre este punto, la labor informativa de la prensa opositora se debe entender en relación con los movimientos sociales y políticos que resistían a la dictadura. En materia de derechos humanos, desde muy temprano, varias organizaciones cumplieron un rol fundamental para denunciar e informar sobre las violaciones a los derechos humanos, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) o el Comité Pro-Paz, vinculado a la iglesia católica y conocido posteriormente como Vicaría de la Solidaridad. Se debe agregar además el rol que cumplió durante la década del ochenta, el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo.

En tercer lugar, hay que considerar que la labor periodística de estos medios fue ejercida en condiciones de máximo riesgo, tanto por las medidas de censura y prohibición de informar aplicada a las revistas en estudio, como por las medidas represivas aplicadas directamente contra algunos periodistas. Sin embargo, la aplicación de estas medidas represivas no impidió que los medios de prensa opositores persistieran en su labor de informar y denunciar. De hecho, las tres revistas analizadas mantuvieron sus publicaciones de manera inalterable, a excepción del período noviembre de 1984 y julio de 1985, donde pesó sobre ellas la prohibición total de circular. Gracias a esto, se colige que, durante gran parte de la década del ochenta, la opinión pública contaba con antecedentes suficientes y acreditados, sobre violaciones a los derechos humanos, como la aplicación de torturas, abusos, exilio, censura, detenciones arbitrarias, asesinatos y desaparición de personas, así como información acreditada de los principales organismos represivos del régimen, sus estructuras orgánicas, sus dependencias administrativas y sus cuerpos de mando. Esto viene a cuestionar las posturas que aducen desconocimiento sobre la situación de violación de derechos humanos en Chile durante la dictadura cívico militar y refrendan la tesis de que durante la década del ochenta ya existía información suficiente para que todos los sectores políticos asumieran la defensa de los derechos humanos como un fundamento ético político, independiente de sus posiciones ideológicas.

En síntesis, la convicción y decisión de las tres revistas por informar y denunciar las violaciones a los derechos humanos, así como de educar y formar conciencia sobre su respeto e inviolabilidad, constituye un desafío que traspasa la labor periodística y se instala en todos aquellos espacios donde se producen procesos de intervención y acción social: escuelas, instituciones públicas, territorios y comunidades.

 

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