Menara Guizardi

Doctora en Antropología Social. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina) y Universidad de Tarapacá (Chile).

menaraguizardi@yahoo.com.br

https://orcid.org/0000-0003-2670-9360

 

Carolina Stefoni

Doctora en Sociología. Universidad de Tarapacá (Chile).

cstefoni@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-6949-2312

 

Eleonora López

Magíster en Sociología. Pontifica Universidad Católica de Chile.

eleonoralopezcontreras@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8195-3027

 

Resumen

Este artículo analiza las trayectorias migratorias de mujeres bolivianas aymara residentes en Arica (Chile). Se centra específicamente en los testimonios sobre sus relaciones con el Estado chileno a través de sus agencias y funcionarios locales. En sus narrativas, identificamos cuatro ejes temáticos que delimitan nuestra discusión: 1) los procesos de regularización documental migratoria, 2) la precarización laboral, 3) el acceso a la salud pública y 4) a la vivienda.

Palabras clave

Género, Fronterización, Interseccionalidad, Migrantes bolivianas, Aymara, Chile

 

Abstract

This article analyzes the migratory trajectories of Bolivian Aymara women living in Arica (Chile). It focuses specifically on their testimonies about their relations with the Chilean State through its local agencies and officials. In their narratives, we identify four thematic axes, which define our discussion: 1) the processes of migratory documentary regularization, 2) job insecurity, 3) access to public health and 4) to housing.

Keywords

Gender, Border, Intersectionality, Bolivian migrant women, Aymara, Chile.

 

Introducción

El año 2019, iniciamos un estudio de caso sobre la experiencia de mujeres migrantes y transfronterizas bolivianas en Arica. Dicha ciudad es la capital de la Región de Arica y Parinacota, territorio del extremo norte chileno donde se asienta la Triple-frontera Andina (encuentro limítrofe entre Chile, Perú y Bolivia). Con una metodología etnográfica, desarrollamos cuatro incursiones a la ciudad (en marzo, abril, mayo y septiembre), centrándonos particularmente en uno de sus valles agrícolas, Azapa; y en el Terminal Agropecuario de la ciudad, donde se vende la producción rural del extrarradio ariqueño. En el marco de esta incursión etnográfica, efectuamos registros sistemáticos de nuestras experiencias en diarios de campo. Además, realizamos 30 entrevistas de historia de vida con mujeres migrantes, dialogando específicamente con aquellas cuya inserción productiva estaba vinculada a la agricultura o a la comercialización de la producción rural. Entre ellas, 29 entrevistadas se reconocían como vinculadas a la etnicidad aymara y la mayor parte era originaria de comunidades rurales de los departamentos de La Paz y Oruro.

En este artículo, analizaremos una parte específica de las narraciones de estas mujeres: los testimonios sobre las relaciones que ellas sostienen con el Estado chileno a través de las agencias estatales y funcionarios locales. En estos relatos, identificamos cuatro grandes ejes de relaciones que delimitan temáticamente nuestra discusión: 1) procesos de regularización documental migratoria, 2) precarización laboral, 3) acceso a la salud pública y 4) acceso a la vivienda.

Nuestro objetivo es mostrar cómo los procesos de fronterización operados por el Estado inciden de forma particular sobre las mujeres debido a la interseccionalidad de su condición migratoria, de género y étnica. Como profundizaremos en el apartado teórico, asumimos que la frontera no es una cosa, sino un proceso social de producción y reproducción (De Génova, 2013). Esta mirada permite desterritorializar el análisis de la construcción de las fronteras, situando los focos en la gobernabilidad y en la biopolítica al interior del propio Estado-nación. Además, supone comprender que, si bien la configuración del Estado-nación determina la figura del migrante (al demarcar quien es ciudadano/a y quien no lo es), los procesos de fronterización determinan las condiciones bajo las cuales se produce el ingreso (de acuerdo con los tipos de visas disponibles) y las posibilidades de inclusión y movilidad que tendrán las personas migrantes en los países de destino.

Por otra parte, cuando hablamos de género aquí, aludimos a la construcción social de las diferenciaciones sexuales y sus consecuencias en la organización de las representaciones y simbolismos, de relaciones económicas y políticas, y de las formas como las personas experimentan estas realidades (corporal, mental o colectivamente) (Carrasco et al., 2021, Gavilán, 2019). La fronterización afecta de manera distinta a las mujeres, debido a una serie de factores.

En los estudios sobre migración de las últimas tres décadas, el giro analítico hacia las movilidades transfronterizas y el transnacionalismo viene contribuyendo a la constitución de una literatura específicamente centrada en los desplazamientos femeninos (Freznosa-Flot, 2021). La perspectiva de género permitió que estos estudios visibilizaran cómo las desigualdades de poder enfrentadas por las mujeres en sus movilidades se articulan con fenómenos multiescalares (micro, meso y macrosociales) (Freznosa-Flot, 2021). Ellos develaron que la adscripción de género de las personas es central para la forma como construyen sus decisiones, expectativas migratorias, rutas, itinerarios y trayectorias. Todo esto dota al proceso de movilidad transnacional y transfronterizo de dimensiones interseccionales (Freznosa-Flot, 2021). Es decir, la superposición de las diversas formas de límite social (y/o identitario) significa una exposición magnificada a experiencias de exclusión social que recaen sobre las mujeres de manera más cruda.

A partir del análisis de nuestros datos etnográficos, mostraremos que las migrantes también constituyen estrategias flexibles y adaptativas para superar las exclusiones y vulneraciones vividas. Estas estrategias son constituidas desde lógicas transfronterizas que implican la articulación permanente entre Arica (y desde sus zonas rurales) y los espacios sociales bolivianos con los cuales ellas están conectadas. Nuestro estudio observa una íntima relación entre las vulneraciones operadas por el Estado chileno al denegar o dificultar el acceso a derechos básicos a estas mujeres, sus movilidades y el desarrollo de formas de agencia femenina que encuentran en la circularidad transfronteriza la respuesta para problemas cotidianos de las familias. En términos teóricos, estos hallazgos convocan a aplicar una perspectiva interseccional al análisis del entroncamiento entre las fronterizaciones, movilidades humanas y el acceso a derechos ciudadanos de parte de la población migrante.

Para dar cuenta de estas discusiones, primero definiremos los conceptos de fronterización e interseccionalidad, discutiendo sus aplicaciones específicas en regiones transfronterizas. Luego, entregaremos informaciones sobre el contexto fronterizo de Arica, las migraciones bolivianas en esta localidad y el perfil de las mujeres que entrevistamos. El tercer apartado ofrece una revisión sintética de la normativa migratoria chilena centrándose en las reglas documentales aplicadas a la población boliviana. El cuarto recupera los relatos de las mujeres a cerca de las vulneraciones vividas debido a las dificultades de regularizar su condición documental. El quinto aborda cómo la irregularidad documental las empuja a procesos de precarización laboral, mientras el sexto discute los incumplimientos de sus derechos en los centros públicos de salud. El séptimo analiza la actuación de las mujeres en la lucha por la vivienda digna en los campamentos ariqueños. En las conclusiones, establecemos la relación entre fronterización, acceso a derechos e interseccionalidad.

 

Fronterización e interseccionalidad

Hay dos grandes campos de debate teórico que sitúan nuestro marco analítico. El primero refiere a la constitución de los procesos de fronterización por los Estados-nación y su incidencia particular en las regiones transfronterizas, territorios donde confluyen los límites de dos o más países (De Genova, 2013, Mezzadra y Neilson, 2013). El segundo refiere a la interseccionalidad de los factores de vulneración que magnifican las experiencias de exclusión vividas por las mujeres migrantes indígenas.

Hasta fines del siglo pasado las fronteras fueron comprendidas en las ciencias sociales casi exclusivamente desde su dimensión territorial, asumiéndose la existencia de líneas divisorias de carácter estático y circunscribiéndose las tensiones posibles a conflictos interestatales (Grimson, 2011a). Esta forma de comprender las fronteras jugó un rol importante en la construcción de los Estado-nación, configurando la existencia de un límite territorial concreto sobre el que se debía ejercer soberanía (Tapia, 2021). Sin embargo, en el contexto del giro espacial en las ciencias sociales, a partir de los años noventa, proliferaron críticas teóricas que permitieron observar estos lugares desde una perspectiva relacional (en términos sociales, culturales y económicos) y multiescalar (en términos de su articulación local, transfronteriza y con los Estados centrales) (Sum, 2003).

En estos desenlaces, la influencia de la teoría del sistema mundo, el desarrollo de la perspectiva transnacional en los estudios migratorios (Mezzadra y Neilson, 2013), y el análisis desde la dimensión cultural respecto del proceso de globalización permitieron comprender las fronteras como un elemento clave en el orden global, sustentado en dependencias y jerarquizaciones estatales herederas del mundo colonial (Mezzadra y Neilson, 2013). Además, se desarrollaron análisis de los significados simbólicos y subjetivos construidos por quienes viven en territorios fronterizos (Grimson, 2011a). El abordaje de las fronteras como un proceso conflictivo fomentó el interés analítico por las identificaciones sociales, transformando estos espacios en un locus privilegiado para analizar las diferencias y desigualdades articuladas en torno a las categorías de nacionalidad y etnia como juegos constitutivos del poder estatal (Kearney, 1991, 2004).

Estos giros críticos en los estudios fronterizos permitieron comprender que si bien la configuración del Estado-nación determina la figura del migrante (al demarcar quien es ciudadano/a y quien no lo es), los procesos de fronterización (De Génova, 2013) determinan las condiciones bajo las cuales se produce el ingreso (de acuerdo con los tipos de visas disponibles) y las posibilidades de inclusión y movilidad que tendrán las personas migrantes en los países de destino.

De Génova (2013) y Mezzadra y Neilson (2013) plantean que la frontera juega un rol central en la organización del orden global neoliberal al definir quiénes pueden movilizarse y en qué condiciones, distinguiéndose de aquellos que deberán ser mantenidos al otro lado de estos límites. A partir de estas lógicas, las movilidades humanas transfronterizas se convirtieron en algunos de los elementos más dramáticos de nuestros tiempos (Tapia, 2021, p.1).

Esta aproximación permite trascender la distinción binaria adentro/afuera, inclusión/exclusión propia de la comprensión lineal y territorial de la frontera (Sum, 2003, Kearney, 2004), planteando que se trata de una inclusión a través de la exclusión/ilegalización producida por las políticas de control que operan dentro de la herencia del sistema colonial (De Genova, 2015). El racismo y la xenofobia son mecanismos a través de los cuales se produce una inclusión de migrantes como trabajadores subordinados operada a través de una triple pérdida: de su hogar, de sus derechos y de su cuerpo (De Genova, 2015).

Estas perspectivas dilucidan las herramientas y mecanismos con que cuentan los Estados y mercados para diferenciar y jerarquizar los movimientos de personas (por ejemplo, como turistas, potenciales trabajadores, refugiados o víctimas de trata y tráfico) (Zapata, 2013). En estos debates, la frontera es comprendida como una práctica asimétrica, de carácter estatal y privado, que politiza el desplazamiento humano, definiendo quienes pueden moverse, arraigarse y pertenecer (De Genova, 2015).

Actualmente, asistimos a una articulación entre los procesos de fronterización, el orden económico y el sistema político. El incremento en las diferentes prácticas de violencia es la herramienta que permite asegurar esta articulación. Vemos también un discurso que legitima el fortalecimiento de este régimen de control y uso de la violencia en nombre de la defensa de los derechos de los propios migrantes, así como de la seguridad de los nacionales de los países receptores (Mezzadra y Neilson, 2013). Este régimen de control y de frontera se observa y dibuja no sólo en las interacciones producidas en los límites geográficos entre un Estado-nación y otro. Ellas se verifican a través de una serie de artefactos, discursos, políticas y medidas instaladas desde el centro nacional y aplicadas en diversas ciudades del territorio, en las regiones de fronteras e incluso más allá de estas zonas limítrofes (De Genova, 2013).

Por lo tanto, las políticas de cierre y control implementadas desde hace al menos dos décadas globalmente tienen efecto en dos dimensiones. Primero, producen sujetos migrantes en condiciones de vulnerabilidad extrema: candidatos perfectos para los mercados laborales precarizados, extensivos en mano de obra, y que no requieren trabajadores con calificación (Stefoni et al., 2018). Segundo, las políticas de control se presentan como una “solución” frente a la idea construida de amenaza que sostienen los discursos nacionalistas, ganando así importantes votos de la población local que vio como sus condiciones de vida disminuyeron progresivamente debido a los procesos de desindustrialización, apertura a los flujos globales del capital especulativo y la precarización laboral (Noel, 2021).

Los estudios cualitativos sobre la migración boliviana en el norte de Chile vienen demostrando que los/as migrantes de esta nacionalidad viven procesos de inclusión y exclusión de derechos que tienen un fuerte carácter transfronterizo, mezclando además prácticas sociales de carácter formal e informal (Ryburn, 2018). En estos procesos, el encuentro con la violencia estatal se materializa de diversas formas y con diferentes efectos sobre las personas migrantes, pero reincidiendo en la vulneración y marginación que tienen un efecto deshumanizante (Aedo, 2019). No obstante, esta producción fue tanto más enfática en el estudio de la migración femenina peruana en la Región de Arica y Parinacota (Guizardi et al., 2019), o de la migración boliviana en la de Tarapacá (Tapia y Ramos, 2013, Leiva y Ross, 2016; Leiva et al, 2017). Uno de los principales ejes conclusivos de estos estudios refiere a la dimensión interseccional de la experiencia de vulneración de las mujeres bolivianas, especialmente las indígenas (Ryburn, 2018).

Esto conduce al segundo eje teórico de nuestro debate, que alude a la aplicabilidad del concepto de interseccionalidad a las movilidades femeninas transfronterizas. Dicho debate reconoce que las personas están situadas de forma diferencial con relación a las fronteras [borders] definidas por los Estados-nación y a los límites [boundaries] establecidos por las jerarquías internas de cada espacio social (Fischer et al., 2020, p.6). Con esto, se apunta la importancia de considerar “el posicionamiento social o la situacionalidad de los agentes sociales cuyas experiencias, razonamiento y acción están moldeados y contribuyen a moldear la interacción de fronteras y límites” (Fischer et al., 2020, p.6. Traducción propia). Dicha perspectiva permite comprender cómo la interacción de diferentes categorías sociales impacta las articulaciones y repercusiones de las fronteras y de los límites que las personas viven o encarnan (por ejemplo, a través de comportamientos o posicionamientos socialmente aprendidos):

Raza, clase y género constituyen la tríada clásica de categorías incluidas en los análisis interseccionales (Crenshaw, 1994). Los estudios feministas más recientes ampliaron la lista de categorías que pueden contribuir a dar forma a la posición de un individuo en la sociedad (como la sexualidad, la edad, la migración, etc.) (Winkler y Degele, 2010). Amelina (2017) argumenta que una perspectiva interseccional destaca la interacción y la configuración mutua de varios tipos de límites. Por lo tanto, se presta a analizar múltiples sistemas de clasificación. Por medio de la categorización, las distinciones categóricas específicas se transforman en oportunidades de vida desiguales (McCall, 2005) (Fischer et al., 2020, p.6. Traducción propia).

En este estudio, veremos cómo las migrantes bolivianas sufren esta articulación o superposición de fronteras y límites; y cómo buscan estrategias para sobrellevar o solucionar las vulneraciones a las que están expuestas. Pero antes de adentrar en sus relatos, conviene que conozcamos el contexto de la investigación y el perfil de estas mujeres.

 

El contexto y el perfil de las entrevistadas

Arica es la capital regional más septentrional del Norte Grande Chileno1, un amplio territorio asentado sobre el ecosistema del Desierto de Atacama, anexado por Chile tras la Guerra del Pacífico (1879-1883)2. Los espacios ariqueños están cercados por dos grandes valles, Azapa y Lluta: dos importantes enclaves agrícolas en un desierto donde áreas así son escasas.

La región de Arica y Parinacota tiene sendas extensiones de frontera con Perú y Bolivia, en un área que desde hace milenios fue atravesada por rutas de movilidad humana. Se trata, asimismo, de un territorio históricamente diverso en términos de composición étnica, que fue integrado a diferentes dominios estatales3.

En el siglo veinte, la agricultura en los valles ariqueños fue impactada por las migraciones indígenas (predominantemente aymara) del altiplano y del sector cordillerano hacia las ciudades de la costa (Quiroz et al., 2011). La ideología vigente asumía que la urbanización de estas poblaciones las “modernizaría”, a través de un violento proceso de asimilación cultural (Gundermann y Vergara, 2009). Esto se yuxtapuso a la ideología de “chilenización”, solidificando la noción de que la chilenidad se oponía a la condición indígena. Estos procesos incidieron fuertemente en la categorización étnica de los pueblos originarios (como si no fueran parte de Chile) y en la constitución de procesos de diferencia hacia peruanos y bolivianos, enunciados como indígenas y, por ende, opuestos a los ideales de autorrepresentación nacionales chilenos.

Esta población migrante indígena se dedicó preferentemente a faenas rurales en los valles, protagonizando, luego, la creación del Terminal Agropecuario de Arica (a fines de los setenta), que fue crucial para su inserción comercial (González, 1998). Hoy en día, este mercado está conformado por una mayoría de comerciantes, propietarios/as y trabajadores/as aymara (de Chile, Perú y Bolivia). En sus tres patios se comercializan y distribuyen las producciones de las familias aymara dedicadas a la agricultura en Lluta y Azapa.

Estas circunstancias se intensificaron en la década de los noventa, cuando se inició un nuevo ciclo expansivo de la industria minera chilena, con la creciente demanda de mano de obra masculina en las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, al sur de Arica y Parinacota (Tapia, 2015). Parte de la población masculina chilena abandonó las labores rurales de los valles del norte para incorporarse en dicho sector, lo que redujo la mano de obra disponible para el cultivo agrícola del extrarradio de las ciudades mineras (como Calama, Antofagasta, Iquique). A ello se suma la pérdida de agua que alimentaba los valles de Antofagasta y Calama producto de la actividad extractivista en ambas regiones, lo que redujo la producción agrícola local. Dado que Arica y Parinacota no cuenta con proyectos mineros importantes, no sufrió la pérdida de terrenos agrícolas, cumpliendo con la función de abastecer el mercado de las demás ciudades. Esto intensificó la migración indígena (aymara principalmente) peruana y boliviana hacia los valles ariqueños, asentada desde la década del sesenta (Albó, 2000)4.

Fue la preeminencia de la migración boliviana en Arica y la feminización de este colectivo lo que nos llevó a centralizar nuestro estudio en las mujeres de esta nacionalidad. La inserción laboral de las bolivianas en los trabajos domésticos y del cuidado del Norte Grande chileno movilizó el interés de diversos/as investigadores/as en los últimos años (Leiva y Ross, 2016, Leiva et al., 2017, Tapia y Ramos, 2013, Tapia et al., 2017). Sus trabajos observaron los patrones de movilidad, los perfiles sociales, educacionales y laborales de las migrantes, visibilizando las vulneraciones que ellas enfrentan tanto en Bolivia, como en Chile (Ryburn, 2018). Pero, por lo general, las migrantes con inserción laboral rural en Arica fueron poco estudiadas, particularmente en lo que concierne a la dimensión étnica (aymara) de su experiencia.

A su vez, la literatura antropológica sobre las relaciones de género en las familias aymara viene visibilizando la persistencia de patrones de inequidad y desigualdad de poder que acompañan las trayectorias femeninas tanto en los pueblos rurales, como en las ciudades del norte chileno (Carrasco et al., 2021, Gavilán, 2019). En este estudio, consideraremos un tema de intersección entre estos dos campos investigativos: la forma en como la etnicidad, el género y la condición migratoria de las mujeres bolivianas aymara en Arica afecta sus relaciones con el Estado y su acceso a derechos básicos.

La selección de las 30 entrevistadas atendió a tres criterios, establecidos con base a nuestros propósitos: 1) Tener nacionalidad boliviana; 2) radicar y/o trabajar en la ciudad de Arica o en Azapa y 3) encontrarse en edad económicamente activa. La Tabla 1 proporciona una síntesis de sus perfiles.

Las entrevistadas tenían entre 22 y 70 años. Entre ellas, 21 tuvieron acceso a la educación formal, dos no asistieron a la escuela y otras siete no aportaron información sobre el tema. De las que accedieron a la educación formal, cinco no completaron la primaria, una poseía la primaria completa, seis no completaron la secundaria, cinco terminaron la educación secundaria y una alcanzó estudios universitarios incompletos. Dos contestaron haber estudiado, pero sin conceder mayores informaciones. Veintisiete mujeres tenían nacionalidad boliviana y tres tenían doble nacionalidad (boliviana y chilena).

La mayoría procedía de familias numerosas, con un promedio de seis hermanos/as. A su vez, ellas poseían una media de 2.6 hijos/as por mujer, representando una disminución de más del 50% en la Tasa Global de Fertilidad en comparación con el grupo generacional de sus madres. Diecinueve entrevistadas declararon estar casadas (63.3%) y cinco separadas (16.7%). Cuatro dijeron convivir en pareja (unión de hecho) (13.3%) y dos estar solteras (6.7%).

Sobre sus lugares de origen, 22 mencionaron haber nacido en comunidades rurales (73.3%) y tres en áreas urbanas (10%). Cinco no especificaron esta información. Diecisiete mujeres nacieron y crecieron en el departamento de La Paz (56.7%), específicamente en las Provincias de Aroma, Pacajes, Gualberto Villarroel y Pedro Domingo Murillo. Cinco en el Departamento de Oruro (16.7%), en las Provincias de San Pedro de Totora y Sajama. Tres eran del departamento de Santa Cruz (10%), una de ellas es de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Otras dos eran del departamento de Cochabamba (6.7%). Dos entrevistadas nacieron en Arica (6.7%). Finalmente, solo una entrevistada (Priscila) declaró no ser aymara.

 

Tabla 1.

Perfil de las mujeres entrevistadas

N°	Seudónimo/Iniciales	Nacionalidad	Edad (años)	Ocupación	Estado Civil	Residencia
1	Casimira	Boliviana	39	Vendedora de verduras, frutas y productos hogareños puesto callejero	Casada	Azapa
2	Joana	Boliviana	24	Atención en Locutorio	Soltera	Arica
3	Paloma	Boliviana	56	Vendedora de ajos en el Agromercado	Casada	Arica
4	Muñequita mía	Boliviana	22	Dueña de casa	Conviviente	Azapa
5	XFP	Boliviana	24	Agricultora	Conviviente	Azapa
6	Clavel	Boliviana	27	Agricultora	Casada	Azapa
7	Rosi	Boliviana	32	Agricultora	Separada	Azapa
8	Priscila	Boliviana	45	Peluquera	Separada	Arica
9	Shanita	Boliviana	49	Comerciante	Casada	Arica
10	Marcela	Boliviana	43	Vendedora de dulces	Casada	Arica
11	FAM	Boliviana	N/D5	Vendedora de humitas	Casada	Arica
12	MQM	Boliviana	38	Dueña de casa	Conviviente	Azapa
13	XCM	Boliviana	N/D	Comerciante	Casada	Arica
14	Basilia	Boliviana	32	Agricultora	Casada	Azapa
15	Neni	Boliviana	29	Agricultora	Casada	Azapa
16	EH	Boliviana	29	Peluquera	Soltera	Arica
17	Romualda	Chilena/Boliviana	45	Propietaria de parcela	Casada	Azapa
18	Jasmín	Boliviana	37	Agricultora	Separada	Azapa
19	Diana	Boliviana	34	Agricultora	Casada	Azapa
20	MB	Boliviana	61	Propietaria de locales de artesanía	Casada	Arica
21	Rosa	Boliviana	N/D	Trabajadora de fábrica de cajas para verduras	Casada	Azapa
22	Silvia	Boliviana	N/D	Trabajadora de fábrica de cajas para verduras	Casada	Azapa
23	Maira	Boliviana	N/D	Trabajadora de fábrica de cajas para verduras	Casada	Azapa
24	Maite	Boliviana	N/D	Trabajadora de fábrica de cajas para verduras	Casada	Azapa
25	JM	Boliviana	69	Propietaria de local de verduras	Casada	Arica
26	MMQ	Boliviana/Chilena	70	Vendedora de materialidades rituales	Separada	Arica
27	JMQ	Boliviana/Chilena	61	Vendedora de materialidades rituales	Separada	Arica
28	AMQ	Boliviana	37	Agricultora	Casada	Azapa
29	MMC	Boliviana	N/D	Vendedora en feria	Casada	Arica
30	Gladys	Boliviana	28	Agricultora	Conviviente	Arica

 

Fuente: elaboración propia con base al material etnográfico del Proyecto Fondecyt 1190056.

 

Marco normativo-documental

En abril de 2021 se publicó en Chile la Ley Nº21.325, de Migración y Extranjería, que reemplaza al Decreto Ley (DL) N°1.094 del Ministerio del Interior, publicado en 1975, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Dado que esta nueva ley aún no había entrado en vigor cuando realizamos nuestro trabajo de campo, nos referiremos brevemente a las categorías de visa que esta establece:

1. Visa de turismo. Sirve principalmente para fines recreativos y no permite el desempeño de labores remuneradas.

2. Visa de residencia sujeta a contrato de trabajo. Otorga un permiso por hasta dos años, prorrogables por períodos iguales, asociado a un contrato laboral específico. Cuando se acaba el contrato, caduca la visa: la persona debe presentar uno nuevo para renovarla.

3. Visa de residencia temporaria. Otorga permisos de residencia por un año, renovables por otro más. Permite realizar cualquier actividad remunerada y puede solicitarse en base a distintos argumentos (ser extranjero/a con vínculo familiar o unión civil con chileno/a, estar vinculado/a con familiar que posea permanencia definitiva, ser hijo/a de extranjero transeúnte, inversionistas y comerciantes, profesionales y técnicos de nivel superior, mujeres embarazadas, ciudadanos/as de Estados parte de Mercosur, etc.).

4. Permiso de permanencia definitiva. Contempla duración indefinida, permitiendo así el arraigo estable; es requisito para la naturalización. El paso de la residencia temporaria a la permanencia definitiva significa un cambio importante en el acceso a derechos sociales y laborales, como veremos6.

Entre todas las razones condicionantes del acceso a visas, dos se mostraron especialmente relevantes para las mujeres entrevistadas. La primera refiere al embarazo, fundamento establecido con base a los acuerdos internacionales firmados por Chile en materia de protección de las mujeres7. Fue a través de una acción conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior que se permitió a las mujeres migrantes, independientemente de su condición de entrada o documental en Chile, “acceder a una Visa Temporaria por embarazo, para tener así un documento nacional de identidad y poder ser atendidas en el sistema público de salud” (Rojas y Vicuña, 2015, p.131)..

Varios de los instrumentos jurídicos internacionales que Chile firmó y ratificó garantizan el derecho a la atención sanitaria gratis para las mujeres migrantes embarazadas8. Asimismo, el Convenio de Colaboración entre el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) con el Fondo Nacional de Salud (FONASA) (desde diciembre de 2014), posibilitó la incorporación como beneficiarios a todos/as los/as migrantes, independientemente de su situación documental, en Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), Centros de Salud Familiar (CESFAM) y Hospitales públicos. FONASA permite el acceso a atención médica de forma gratuita a las personas en situación de vulnerabilidad económico-social, poniendo especial atención en embarazadas y menores (hasta los seis años) (Cabieses et al., 2017, Guizardi et al., 2019). Estudios previos mostraron que dichas normativas no siempre son aplicadas en Arica: el personal de los centros sanitarios públicos se resiste a conceder a mujeres extranjeras los mismos derechos que se entregan a nacionales chilenos/as (Rojas y Vicuña, 2015, p.133, Guizardi et al., 2019, p.280).

Este tipo de conflictos, sobre los derechos de los/as hijos/as de extranjeras y de sus progenitoras persiste tras el nacimiento de los/as menores. En Chile, rige el principio del jus solis: todo/a hijo/a de extranjero/a nacido/a en el país tiene derecho a la nacionalidad chilena, independientemente del estatus documental de sus progenitores. No obstante, hasta agosto de 2014, algunos funcionarios del Registro Civil de Arica “interpretaban el concepto de transeúnte” como la situación de “todas aquellas personas extranjeras que se encontraban en calidad de turista, tripulante o bien no tenían –o no podían acreditar– una residencia regular en el país” (Rojas y Vicuña, 2015, p.133). A partir de esta interpretación, denominaban compulsoriamente como “transeúntes” a las madres migrantes que no estaban regularizadas documentalmente (porque no tenían visa, o porque estaba vencida) en el momento en que sus hijos/as nacían. Y, además, registraban a los/as menores como “hijo/a de extranjero transeúnte” (Rojas y Vicuña, 2015, p.133), denegándoles su derecho a la nacionalidad chilena.

La Corte Suprema de Chile señaló a través de diversos fallos la irregularidad de este procedimiento y obligó al Registro Civil a que los reconociera como niños/as chilenos/as (Rojas y Vicuña, 2015, pp.133-134). En 2018, Chile finalmente adhirió a la Convención sobre el Estatuto de Apatridia de 1954 y a la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. Veremos adelante que, más allá de estos precedentes e instrumentos de protección jurídica, la situación es compleja para las mujeres migrantes que se encuentran indocumentadas en el momento del nacimiento de sus hijos/as en Arica.

La segunda razón de acceso a la residencia temporaria relevante para nuestro estudio refiere a las salvaguardias estipuladas por el Mercado Común del Sur (Mercosur). Los Estados miembros plenos de este bloque regional, junto con los países integrados al tratado en la condición de asociados (como Chile, desde 1996), contemplan acuerdos de facilitación del tránsito humano, de mercancías y científico (Novick, 2010). Con este objetivo, se firmó en 2002 (en Brasilia, Brasil), el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados, que sigue siendo el principal instrumento con que cuenta Sudamérica para promover la movilidad de trabajadores. Se garantizan entre los países que integran el acuerdo modalidades relativamente simplificadas de tramitación de residencias migratorias (Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, 2014, Mercosur, 2018).

Empero, dicho acuerdo fue implementado con diferencias notables en cada Estado-nacional (Novick, 2010). Chile lo aplica solamente por acuerdo bilateral con Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay. En el caso específico de Bolivia, el convenio bilateral fue firmado en 2009, entrando en vigencia en territorio chileno en diciembre de este mismo año (Guizardi et al., 2015, p.82). A los/as bolivianos/as, se les permite solicitar residencia temporaria de doce meses en Chile, siempre y cuando no posean antecedentes penales y/o delictivos, y cuenten con un pasaporte válido. Existe una diferencia sustancial con respecto al resto de visas otorgadas a los/as migrantes en el país, ya que no es necesario acreditar sustento económico, vinculo parental con nacional chileno, ni cualquier otro requisito condicionante.

También debido a los acuerdos del Mercosur, los/as bolivianos/as pueden entrar como turistas a Chile portando solamente su cédula de identidad (sin presentar pasaporte) y sin tener que tramitar previamente una visa consular para estos fines (Guizardi et al., 2015)9. Al cruzar un paso fronterizo habilitado en posesión de la cédula de identidad, se les concede a los/as bolivianos/as visas turísticas que pueden durar hasta tres meses (dependiendo discrecionalmente del criterio de la autoridad fronteriza en el momento del cruce) (Guizardi et al., 2015).

La aplicación de estas dos modalidades de visa posibilitadas a través del Mercosur –la de residencia temporaria y la turística– no está exenta de complejidades que son potenciadas por las idiosincrasias circulatorias de las regiones fronterizas como Arica y Parinacota (Guizardi et al., 2015, p.83).

 

El estigma de la “ilegalidad” documental

Veintiocho entrevistadas (93.3% de la muestra) explicitaron que su migración a Chile se realizó de forma irregular. Algunas llegaron aún pequeñas acompañando la migración de sus madres, padres o tíos, y se mantuvieron sin documentos durante años. Pero la mayoría entró al país con una visa de turismo con la finalidad de trabajar en territorio chileno, pese a que dicha modalidad documental no lo habilita. Quienes llegaron así mantuvieron una circularidad transfronteriza (yendo y viniendo de Bolivia para renovar el permiso turístico) hasta lograr tramitar visas de residencia temporarias. También hubo mujeres que adentraron al país por pasos no habilitados y sin documentos.

Solo dos mujeres declararon haber ingresado al país de manera regular en términos documentales. Una de ellas señala que siguió la recomendación del marido respecto de que era mejor entrar legalmente:

Sí, hay de todo. Corriendo todos los riesgos venía la gente. Así que yo, más bien, no vine por paso no habilitado, no crucé a pie, ni nada. Yo como vine el 2004, más o menos, para ese entonces había movilidad. Yo saqué documento, todo. Vine legalmente porque, igual, a mi esposo no le gustaba que anduviéramos ilegales. A él le gustaba todo legal. Entonces ya me organicé y me vine acá (Marcela, 12.09.2019. Énfasis añadido).

Marcela y Priscila declararon que lograron tramitar sus documentos debido al acuerdo con Bolivia, en el marco del acuerdo de Mercosur. No obstante, las salvaguardias del Mercosur no implican que la regularización documental haya sido fácil para las demás mujeres. Siete entrevistadas, Muñequita Mía, Neni, Diana, Rosi, AMQ y Casimira (23.3%), narraron que, por falta de información o de recursos para tramitar sus documentos en el país de origen y/o los pagos de la visa en Chile, tuvieron que estar por varios años en situación documental irregular. Consecuentemente, habría que prestarles atención a los impactos heterogéneos que el derecho a la visa tiene en el caso concreto de estas mujeres y en este contexto fronterizo particular.

Sobre esto, Diana, JMQ y MMQ relataron que la posibilidad de entrar a Chile como turistas sin tener que tramitar una visa consular para estos fines, portando solamente el documento nacional de identidad boliviano, tiene efectos contradictorios. Por una parte, contribuye a consolidar una situación de irregularidad documental, puesto que muchas migrantes de esta nacionalidad desconoce que no podrán trabajar legalmente si entran así y que tampoco podrán tramitar la visa Mercosur sin un pasaporte.

Por otra parte, varias mujeres deciden hacer el cruce de fronteras con sus cédulas de identidad (a sabiendas de que trabajarán de forma irregular) porque la tramitación del pasaporte en Bolivia implica el pago de tarifas elevadas, inaccesibles para las trabajadoras rurales:

“cuando piden pasaporte es más difícil. Porque casi cien dólares [estadounidenses]10 vale el pasaporte en Bolivia. Y para ellos es mucho, mientras que acá pasan con carné [cédula de identidad] nomás”
(JMQ, 19.09.2019).

Así, entrar a trabajar de forma irregular por el periodo de tres meses (duración máxima de la visa turística) es una apuesta, una decisión. Lo hacen para ir juntando los recursos necesarios para financiar primero el pasaporte boliviano y, luego, el pago de la visa Mercosur en Chile.

Conforme se observa en los testimonios, esta sería la principal estrategia de los/as migrantes para capitalizarse y financiar su regularización documental. Muchas entrevistadas repitieron los ciclos de entrada y salida a cada tres meses hasta reunir los recursos necesarios. Pero ellas relataron también que, desde 2015, el incremento de las fiscalizaciones en la frontera chilena y en los espacios laborales en Arica y sus valles, fue dificultando de manera creciente estas prácticas.

Diana es una de las mujeres que optó por esta “apuesta”. Obtuvo toda la información sobre los procedimientos documentales con su primo. Así se enteró que podía entrar con la cédula de identidad, y que en los valles ariqueños se empleaba a trabajadores/as en estas condiciones:

Mañana mismo tomas el bus y llegas tranquila con carné [cédula de identidad]”, me dijo [su primo]. “Recién cambió, está el presidente mujer en Chile [Michelle Bachelet, 2006-2010] y decretó esto con el Evo [Morales]”, nos dijo. “Se van a juntar con Michelle Bachelet el Evo, por eso han logrado acuerdo. Anda, pesca tu carné y anda”. Le dije: “¿Verdad es?”. Y así, dudando, me he venido y pensando que “no quiero regresar”, “no quiero perder mi pasaje”. Justo vine así, con carné nomás (Diana, 17.09.2019).

Para mujeres con bajo perfil de remuneración en origen, no solo la tramitación del pasaporte en Bolivia y de la visa en Chile significan inversiones significativas. También el pago del pasaje de bus lo es. La elección de la migración transfronteriza conlleva, en estos casos, múltiples cómputos: poder ahorrar recursos para la regularización documental, poder trabajar mientras tanto e ir y venir cada tres meses, poder pagar el pasaje (relativamente más barato que hacia otros destinos prioritarios de la migración boliviana en Sudamérica, como las localidades argentinas).

Aquí se repite un patrón que encontramos también en la migración femenina peruana hacia Arica (Guizardi et al., 2019) y en la migración femenina paraguaya en la Triple-frontera del Paraná (entre Argentina, Brasil, y Paraguay) (Guizardi et al., 2020). Estos estudios previos demostraron que las mujeres más pobres son quienes prefieren iniciar una estrategia de acumulación de capitales en proyectos migratorios de movilidad transfronteriza. La migración transnacional de mediana y larga distancia no es una alternativa para ellas, porque demanda una acumulación inicial de recursos que les resulta inaccesible.

Estos hallazgos redimensionan una máxima que fue asumida en los estudios migratorios, y que viene siendo cuestionada en los últimos años, según la cual las personas más pobres de cada país no emigran (Grimson, 2011b, p. 36). Las mujeres bolivianas entrevistadas en Arica, muchas de las cuales trabajadoras rurales indígenas, establecen patrones de movilidad adaptados a sus capitales iniciales: no dejan de moverse, sino que anclan sus proyectos migratorios en las zonas fronterizas en las cuales, si bien las mujeres sufren mayor explotación laboral y sobrecarga entre funciones productivas y reproductivas (Sassen, 2003), también logran consolidar procesos incipientes de acumulación económica migratoria impensables en otros territorios. Contradictoriamente, la posibilidad de trabajar de forma indocumentada significó una mejoría general para las entrevistadas más pobres.

AMQ entregó otro ejemplo más de las problemáticas documentales. Ella y su marido cruzaron de Bolivia a Chile en pasos fronterizos inhabilitados, años antes de la aplicación de los convenios del Mercosur. Los motivos por los cuales decidieron hacerlo también se vinculan a la imposibilidad económica de regularizar su situación documental antes de salir de Bolivia. Pero, además, AMQ estaba embarazada y necesitaba reunir recursos:

Llegamos sin documentos, incluso caminando a pie, ilegal […]. En esa ocasión no había facilidades de entrar como ahora, que uno ingresa con carné [cédula de identidad] y puedes estar. En ese momento, tenías que tener pasaporte y dinero, por lo menos 200 mil pesos chilenos [254 dólares estadounidenses] para entrar [como turista]. Si no tenías esa plata, no podías entrar porque tenías que justificar si vas de paseo con qué te sostienes. Porque no podías decir: “tengo 15 mil pesos [19 dólares estadounidenses] y me voy a dar vuelta un mes por acá”. Esa era la razón: no nos daba la plata para sacar un pasaporte a mí, cuando vine la primera vez, embarazada a pie. Cuando yo vine no me dio el dinero para sacar pasaporte, que valía como 52 mil pesos [66 dólares estadounidenses]. No nos dio, como se dice, “el cuero”, para sacar el pasaporte […]. Por eso, optamos por venirnos a pie embarazada de mi hijo […]. Tratamos de juntar nuestra platita. En esa ocasión no se ganaba mucho, tampoco. Pero sí era una gran ayuda lo que se hacía (AMQ, 20.09.2019. Énfasis añadido).

En Chile, el paso por cruces fronterizos no habilitados se consideraba delito y la no tenencia de visa y documento migratorio se considera una infracción. No obstante, incurrir en estas dos prácticas no convierte las personas en “ilegales”. Esta expresión, que fue asumida por varias de nuestras interlocutoras, es de uso corriente en los medios de comunicación y por parte de funcionarios y autoridades del gobierno chileno.

Los procesos de violencia étnica involucran frecuentemente dos mecanismos simbólicos, la focalización y la transvaluación, que tienen efectos considerables para las relaciones entre sujetos y grupos mayoritarios y minoritarios internos o externos a los Estados-nación. La definición de estos conceptos remite a la propuesta de Tambiah (1999, p.750), para quien el primer término alude al “proceso de progresivo despojamiento de los incidentes y disputas de carácter local de sus particularidades de contexto, para luego ponerlos todos juntos, en una sola balsa, reduciendo de esta manera su riqueza concreta” (Traducción propia). La transvaluación, refiere al “proceso paralelo de asimilar lo particular a una causa o interés de mayor escala, de carácter colectivo y más duradero y, por lo tanto, menos dependiente del contexto” (Tambiah, 1999, p.750. Traducción propia).

En el caso que nos atañe, el uso de la expresión “ilegal” para designar a las personas migrantes ejecuta un doble procedimiento de focalización y transvaluación. Se trata de un mecanismo de condensación simbólica de significados políticos que transfiere una carga jurídica indebida a las personas, como si ellas pasaran a tener su identidad social, moral, personal y étnica definida por dicha carga. Esta operación generaliza procesos que no son generalizables. Además, también descontextualiza lógicas que son ininteligibles cuando despojadas de su carácter concreto, es decir, cuando no son analizadas considerándose las dinámicas históricas de movilidad del espacio transfronterizo chileno-boliviano. Y hace estas dos cosas simultáneamente a través de criminalizar a las migrantes, cuando, en realidad, lo que podría venir a recibir la etiqueta “ilegal” serían tan solamente sus prácticas y acciones. En este sentido, una persona que cruza un paso no habilitado y que no posee documentos migratorios está “en condición documental irregular”, pero en términos jurídicos, no puede ser denominada “ilegal”. Este tipo de mecanismos simbólicos contribuyen a una “progresiva polarización y dicotomización de temas y posiciones” (Tambiah, 1999, p.750), de forma que los actos de violencia de ciertos grupos en contra de los Otros “son rápidamente transformados en manifestaciones autocomplacientes, encarnaciones y reencarnaciones de divisiones comunales supuestamente ancestrales y sin solución” (Tambiah, 1999, p.750. Traducción propia).

Los testimonios apuntan que los impactos de la indocumentación serían menores para aquellas migrantes que pueden entrar como turistas. Mujeres que no tuvieron esta posibilidad relataron haber atravesado situaciones aún de mayor vulnerabilidad e incertidumbre en el trayecto migratorio y en la inserción laboral en Chile. AMQ cuenta, por ejemplo, que vivió años bajo un temor constante de ser detenida por las autoridades chilenas creyéndose una persona “ilegal”:

Veníamos a buscar trabajo “al aire”: sin tener ningún contacto, ninguna persona nos esperaba, nada de eso. Nosotros llegábamos al pueblito al interior en Chapiquiña11, por ejemplo, y preguntábamos si alguien necesitaba trabajador. Queríamos nosotros trabajar o pastorear ganado, lo que sea […]. Trabajamos para sembrar papa, todo lo que es agricultura, orégano, sacar pasto, de todo en general […]. Pero no nos veían porque todos estábamos escondidos. Nadie nos podía ver, ni la persona misma te podía ver porque si acusaban te llevaban altiro preso por ilegal (AMQ, 20.09.2019. Énfasis añadido).

Tras cuatro años en esta situación, AMQ decidió volver a Bolivia. Estando allá, recibió una propuesta: le ofrecieron un contrato de trabajo en Azapa, con un sueldo estable y la posibilidad de tramitar una visa temporaria por vínculo laboral formal. Esto cambió radicalmente su trayectoria y la de su familia, como detallaremos más adelante.

La experiencia de sentirse y de vivir de manera “ilegal” tiene efectos transcendentes. Neni y su marido, Cocas, reflexionan sobre los impactos transgeneracionales de la indocumentación en la vida de sus hijos/as:

Neni: Yo pienso así; yo quiero sacar mi papel de aquí, pero no tengo plata. Así pienso. Pero no tengo plata: ¿cómo lo voy a hacer? Tengo mis guaguas [bebés, hijos] también. Pero es bajo el tomate [remuneración por cosechar tomates], y quiero hacer estudiar más a mi hijito. Les apoyo con poesía, deletrear, gana medallas. Pero […] quiero sacar mi papel, para encontrar una ayuda y, así, seguir adelante; ayudar a mis guaguas.

Investigadora: ¿Y para usted?

Cocas: Me gustaría igual tener documentos, no estar ilegal. Que las autoridades entiendan: autoridades bolivianas y chilenas […]. Como un ratón andamos en el trabajo escondidos de PDI [Policía de Investigaciones de Chile], de las autoridades. En esa parte son drásticos: lastiman nomás, sin medir. Expulsar, expulsar. En cambio, ese rato que la gente que estamos así sufrimos. Y nos pone la vida más difícil. Yo quisiera que mis hijos no fueran como yo un día: que fueran más que yo. Quisiera que la Pachamama, Dios, nos dé esa bendición, pero va a salir el sol (Neni y Cocas, 14.09.2019).

Sus testimonios establecen una relación directa entre la situación documental, la precariedad del trabajo agrícola en Azapa, el temor de estar permanentemente escondidos de las autoridades chilenas y las proyecciones que realizan para su futuro y el de sus hijos/as. Profundizaremos la dimensión laboral en el apartado siguiente, pero aquí cabe señalar dos elementos más:

Primero, la consciencia por parte de los/as migrantes del rol que tienen los Estados en mantener una serie de impedimentos que dificultan el proceso de regularización. Ello denota la distancia que existe entre una normativa orientada a regular la generalidad de los movimientos migratorios en el país y la realidad específica de la zona de fronteras caracterizada por una movilidad local constante y de pocos recursos. Al imponer tasas para los trámites de regularización, estos países inhabilitan a las poblaciones más pobres el acceso a la visa Mercosur (es decir, se les deniega un derecho establecido por normativas vigentes). Aquí, la construcción de la frontera documental a través de un mecanismo de exclusión económica marca cuáles migrantes serán empujados/as a procesos de precariedad laboral y cuáles no. Dado que los/as más pobres son oriundos/as de áreas rurales y con origen indígenas, la acción del Estado reproduce su marginalidad económica, reproduciendo a la vez su carácter interseccional: su focalización en grupos marcados por una etnicidad y una condición de género específica (dicha marginalidad aparece acentuada en el caso de las mujeres). Como vimos, estos mecanismos aseguran la producción de trabajadores precarios que puedan suplir las necesidades y patrones de rentabilidad productiva que los mercados fronterizos demandan (Stefoni et al., 2018).

Segundo, el relato también evidencia que los/as migrantes tienen un claro plan de regularizarse documentalmente y que lo proyectan en términos intergeneracionales. El discurso distendido internacionalmente que busca culpabilizar a los/as migrantes de su propia situación irregular (Noel, 2021) se muestra aquí claramente falaz, constituyendo una inversión de aquello que explicitan los testimonios recopilados. Estos demuestran un enorme esfuerzo: entre uno y seis años de inversión familiar y ahorro comprometido con lograr la regularidad documental. Si las barreras económicas y burocráticas creadas por los Estados no fueran tan difíciles de traspasar, el número de personas indocumentadas entre los/as entrevistados/as sería mínimo. Cocas expresa claramente la fuerza de este deseo de documentarse, evocando la ayuda mutua de los poderes espirituales aymara (la Pachamama) y cristianos (Dios). Son los Estados los que crean mecanismos que, a través de las normas burocráticas, establecen fronteras y procesos de marginación. El cálculo parece ser sencillo: a sabiendas de que terminarán por regularizar su situación, se garantiza al menos cuatro o cinco años de trabajo infra-remunerado, sin acceso asegurado a salud pública, sin derecho a vacaciones, licencias, o aporte jubilatorio. El procedimiento de los Estados impone una paga vital para acceder a la condición documental regular. Pese a ello, tampoco podemos suponer que la gente no tiene agencia, ya que la mayor parte de las mujeres que estuvieron en la situación relatada por Neni y Cocas no dejaron de ahorrar hasta lograr la regularidad documental.

Esta es una situación que atañe a hombres y mujeres. Pero estas últimas compaginan estas precariedades con otras más, porque se asume que ellas son las únicas (o principales) responsables por el bienestar de hijos/as. Su sobrecarga reproductiva implica cadenas de desigualdad y precariedad que ellas arrastran de forma transfronteriza, pero que se transmutan en la condición migratoria. En esta circunstancia, incluso la consecución de los documentos de los/as menores se entiende como un cuidado exclusivamente femenino. Rosi relató, por ejemplo, que tuvo que ocuparse sola de resolver la situación de irregularidad documental de sus hijas:

No conocía mucho el centro [de Arica]. Ahí, pedí ayuda al papá de mis hijas: “¿Dónde lo has hecho?” [sus documentos]. Y no me quiso ayudar. Él me dijo: “Ese documento es para ustedes, no para mí”. Y le dije: “pero también son tus hijos, no son míos nada más”. Y, ahí, él me pegaba (Rosi, 11.09.2019).

Responsabilizadas por resolver solas las dificultades documentales familiares, las mujeres desarrollan diversas estrategias. Casimira y su pareja, por ejemplo, estaban indocumentados cuando ella se embarazó de su primera hija. Informándose, supo que tenía derecho a la visa por embarazo. Tras tramitarla, regularizó su situación documental. Su hija, nacida en Chile, fue registrada como chilena12. Estando las dos en condición regular, Casimira decidió casarse formalmente, para que su marido pudiera tramitar su visa (por vínculo con la hija chilena y, además, por criterio de reunificación familiar con extranjera residente).

A su vez, otras mujeres optaron por ahorrar recursos y esperar que Chile estableciera un nuevo proceso de regularización. Esta fue la decisión de Muñequita Mía que, tras años ahorrando, logró tramitar en 2018 su residencia temporaria en el marco del Proceso de Regularización de Permanencia de aquel año13. En sus palabras: “había la amnistía el año pasado, en julio. Ahí la saqué [la residencia]. Yo no sabía cómo y averigüé por la gobernación [de Arica y Parinacota], y ahí saqué el carné [cédula de identidad]” (Muñequita Mía, 11.09.2019).

 

Las experiencias de precariedad laboral

La irregularidad documental de las mujeres está fuertemente asociada a su experiencia de precariedad laboral. Entre las 30 entrevistadas, solo dos (MMQ y Muñequita Mía) indicaron dedicarse integralmente a las labores reproductivas, autoidentificándose como trabajadoras no remuneradas del hogar. Entre las 28 que desempeñaban actividades productivas, identificamos cinco nichos: trabajadoras agrícolas en Azapa (9), comerciantes (9), empresarias (2), obreras de manufacturas de productos rurales (5), servicios (3). No obstante, en todas estas ocupaciones, solo una mujer declaró contar con un contrato formal de trabajo.

Los/as empleadores/as y propietarios/as chilenos/as y también migrantes suelen sacar ventaja de la irregularidad al pagar salarios más bajos e incrementar las exigencias en el trabajo (Rojas y Bueno, 2014, Ryburn, 2018). La falta de un contrato laboral formal impide a su vez el acceso a la visa sujeta a contrato. Así, la irregularidad deja como única opción trabajos informales y con altos niveles de explotación. Esta situación arrastra otras vulneraciones, como es el acceso a seguros de accidente laboral, beneficios sociales (por ejemplo, una serie de bonos para sectores más vulnerables de la población), seguros de cesantía, entre otros. La ausencia de documentos también dificulta el acceso a la salud. Si bien la norma establece que todas las personas, independiente de su situación migratoria, tienen derecho a la salud, los/as funcionarios/as utilizan la ausencia del cédula de identidad chileno (popularmente conocido como “RUT”)14 como justificación para no entregar la atención a la que están obligadas a otorgar.

Diana explicita que, al estar trabajando de forma irregular, las mujeres temen acercarse a las autoridades en caso de requerir protección o apoyo. Un ejemplo de ello es la dificultad que implica acercarse a carabineros (la policía chilena) para realizar una denuncia por violencia de género. Otro caso es la dificultad para denunciar abusos laborales. La amenaza de la deportación significa que deben vivir en silencio múltiples situaciones de vulneración:

Las mujeres [bolivianas] son muy trabajadoras y sacrificadas, diría yo. Porque todos llegamos así; yo creo que a todos… Como me pasó a mí, porque al principio no tenemos nada. A veces tenemos que buscar trabajo por aquí o por allá. Y yo creo que no tenemos ni un techo donde estar, ni trabajo. Porque llegamos como turistas […]. Sin documentos y tenemos miedo hasta de los mismos carabineros, pensando que nos van a llevar y nos van a transportar a deportarnos a nuestro país (Casimira, 8.05.2019).

La indocumentación también las empuja a trabajar más horas de lo que deben: “Sí, a una siempre hacen esa explotación, porque vienen por primera vez, pues. Porque no sabe una cómo es el trato, cómo trabajan y ellos se aprovechan: te quieren hacer trabajar más horas” (Maira, 18.09.2019). Además, las hace más susceptibles a aceptar trabajos con peor remuneración: “Estoy ganando no tanto, por el tema de mi documento. Porque si no, hubiera buscado un trabajo donde me puedan pagar bien” (EH, 16.09.2019).

Varias entrevistadas relatan abusos aún más drásticos de empleadores que, teniendo en cuenta que las migrantes están indocumentadas, no les pagan sus sueldos. Esto les pasó a Diana y a su marido cuando recién llegaron de Bolivia. El solo hecho de tener que ir a cobrar el sueldo adeudado era un problema, porque les implicaba el recurso del pasaje del transporte público y la pérdida de la remuneración de una jornada (debían pedir un día libre a su nuevo empleador). Los empleadores saben de sus dificultades –que cualquier pérdida económica puede implicar no tener recursos para comer por un día o más– y juegan con esta situación, buscando que ellos desistan de ir a cobrar. Ahora bien, varias personas explicitaron que los/as bolivianos/as eran quienes más explotaban a sus paisanos y que, por ello, preferían trabajar para chilenos/as.

No obstante, las historias de vida muestran que, pese a tener que soportar los abusos laborales durante los primeros años en Chile, varias mujeres lograron resolver su situación documental. Ello les implicó una la larga espera por el proceso de regularización (cada vez más burocrático y lento en los últimos cinco años).

 

La salud pública como frontera

Páginas atrás contamos la historia de AMQ que vivió cuatro años indocumentada en Arica. En este periodo, dio a luz a su primer hijo sin poder atenderse en el sistema público de salud chileno. Tuvo, entonces, que viajar a Bolivia para el parto. Su testimonio muestra que no siempre la protección de las mujeres migrantes embarazadas prevista legalmente se cumple a cabalidad. Varias mujeres comentaron que el hospital público de Arica no cumple las disposiciones legales vigentes y busca cobrar la atención a migrantes embarazadas que tienen la visa temporaria y que están en situación de vulnerabilidad: “Pero en el hospital cuando eres temporaria [tienes la visa temporaria] te cobran. Como eres extranjera, igual cuando tienes [la visa] definitiva ya tienes FONASA, igual según nos informaron, te cobran” (Silvia, 18.09.2019).

Temiendo tener que pagar por su parto o no tener asistencia prenatal, AMQ decidió devolverse a Bolivia con su marido en su segundo embarazo. Pero faltaba mano de obra en Azapa y un empleador les ofreció un contrato laboral, posibilitando que tramitasen sus visas de residencia. Al estar documentada, AMQ pudo incluso tener atención médica regular para su segundo embarazo:

La persona que estaba con nosotros [el empleador] sabía que estábamos indocumentados y yo embarazada de tres meses, y me decía: “vente a trabajar aquí, entra legalmente a trabajar y te hago el contrato de trabajo para que hagas tus documentos acá”. Y nos pareció buena opción […]. Retorné de nuevo ahí y empezamos todo legal ya: saqué pasaporte, documento, todo lo que corresponde. Demoró como cuatro años y tuvimos los documentos como corresponde. Mi hijo con documento podíamos asistir a los controles, prácticamente sin ningún problema (AMQ, 20.09.2019).

El detalle aquí está en la expresión “prácticamente sin ningún problema”. Incluso estando documentada, la atención médica fue atravesada por conflictos que, como constataron otros estudios, aluden a la resistencia del personal médico y sanitario chileno de atender en igualdad de condiciones a los/as migrantes en los centros públicos ariqueños (Guizardi et al., 2019, p.277). Entre nuestras entrevistadas, Casimira, Clavel, Marcela, Jasmín, Rosa, Silvia, Maira y Maite declararon haber utilizado el sistema público de salud de Chile para tratar sus embarazos. Pero solo tres de ellas (Casimira, Marcela y Clavel) consideraban haber sido bien tratadas.

Ramírez-Santana et al. (2019, p.13) mostraron que la mala atención sanitaria también se debe a la falta de información por parte del personal de los centros públicos sanitarios chilenos sobre los derechos de la población migrante y, en otros casos, a la falta de conocimiento sobre cómo atender a grupos culturalmente diversos. En los últimos años, la mayor parte de los estudios realizados sobre el tema en Chile establecen que la población migrante enfrenta un cuadro generalizado desprotección sanitaria, así como atención no culturalmente sensible a sus necesidades (Bernales et al., 2017, pp. 167-168) y que son múltiples las barreras para acceder a este derecho (Cabieses et al., 2017).

Pero algunas mujeres, como Clavel, consideran que la atención en Chile es mejor que en su lugar de origen. Proveniente de una localidad rural boliviana, y de una familia que enfrentaba diversas situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, ella explicó que, en su pueblo, las salidas laborales remuneradas eran básicamente masculinas. Las mujeres trabajaban sin renta en las parcelas familiares y los recursos obtenidos por el núcleo familiar no eran suficientes para atender a las necesidades de los/as menores. Tampoco había recursos en los puestos de salud para garantizar el acceso a métodos de contracepción gratuitos. Los/as profesionales de la salud se restringían a decirle que no debía embarazarse:

Porque, en Bolivia, casi no hay mucho trabajo para ambos [su marido y ella] y pienso que él nomás va a trabajar [con remuneración]. Y yo en el campo [en la propiedad familiar]. Tampoco se puede vivir así. Y si voy a estar en el campo… Acá [en Arica] la matrona me dijo que me podía cuidar con algo. Y allá, en el campo, no hay. En Bolivia, te dicen así para no tener más guaguas [bebés], porque tenía seguidito. Y me daba una orientación para no tener tantos hijos, como mis padres. Entonces, me quedo mejor aquí, porque acá hay más apoyo (Clavel, 11.09.2019).

En Arica, la matrona del puesto de salud público de Azapa (que es aymara) la orientó de otra manera: informándole y dejándole a su elección el acceso a métodos para prevenir el embarazo (“me podía cuidar con algo”). Esta diferencia de posibilidades de elección reproductiva facilitada por el sistema público sanitario era tan importante para Clavel –permitiéndole controlar los procesos de natalidad y su trabajo reproductivo– que la hacían inclinarse a quedarse en territorio chileno (“Entonces, me quedo mejor aquí, porque acá hay más apoyo”).

Otras mujeres relataron también experiencias positivas. Rosa, Silvia, Maira, Maite y Jasmín indicaron que sus hijos estaban inscritos en el consultorio público de Azapa o que se habían atendido en el servicio público de salud en Arica. El hijo recién nacido de Jasmín se encontraba enfermo y recibió todo el apoyo necesario para su hospitalización y para su posterior traslado (financiado con recursos públicos) a un hospital de la capital, Santiago:

Acá [en Chile] me ayudaron mucho. Yo no puedo hablar mal de Chile, porque me han ayudado harto acá […]. Porque mi hijo, cuando tenía ocho meses de nacido, se me enfermó con un resfrío y estaba hospitalizado en UCI [Unidad de Cuidados Intensivos]. En el hospital me ayudaron harto (Jasmín, 17.09.2019).

Jasmín y otras entrevistadas también apuntaron que sus hijos/as nacidos/as en Chile sufrían discriminaciones cuando viajaban y tenían que atenderse en el sistema sanitario boliviano:

Más bien en Bolivia me han atendido mal. Como mi hijo nació aquí, es chileno […]. Allá, igual, fui [al hospital]. Le faltaba oxígeno a mi hijo en Bolivia. Yo fui al hospital de La Paz, a que le dieran una hora de oxígeno. Pero no me lo quisieron dar allá, porque es chileno. No me lo quisieron dar, tenía que traer el inhalador que me dan aquí [en Chile] para que respire (Jasmín, 17.09.2019).

Estas experiencias muestran que la atención sanitaria está tajantemente atravesada por las fronteras nacionales. Los/as hijos/as nacidos/as en Chile cuentan con nacionalidad chilena y esto es lo que les garantiza que tendrán una buena atención pública en Arica. Pero, lo que de un lado de la frontera les posibilita una protección, del otro les empuja a la vulneración: en Bolivia estos/as menores no son atendidos en los servicios de salud públicos.

Las mujeres computan estas desventuras fronterizas y buscan varias estrategias para solventar sus dificultades al proveer sus hijos/as de los cuidados que necesitan. AMQ, Rosi y Maira, por ejemplo, estaban indocumentadas en Chile cuando se embarazaron. Si bien los marcos jurídicos les garantizaban la atención pública y gratis, incluso indocumentadas, no la tuvieron. Las tres viajaron a Bolivia para evitar tener que pagar el parto en el hospital público de Arica:

Investigadora: ¿Por qué nació en Bolivia?

Maira: Por lo mismo, para no pagar. Me fui allá y me lo traje de vuelta acá y ya está inscrito y tiene doble nacionalidad.

Investigadora: ¿Y lo inscribiste como si hubiese nacido en Chile? ¿Cómo lo hiciste?

Maira: Por el papá.

Investigadora: Por el papá tiene la nacionalidad chilena (Maira, 18.09.2019).

Obsérvese que, para sortear las restricciones de un lado y del otro de la frontera, Maira buscó la doble nacionalidad de los/as hijos/as. La posibilidad de inscribir a los/as menores en diferentes registros de ciudadanía constituye una estrategia femenina; una opción para mejorar o expandir sus posibilidades de protección social en ambos países.

 

“Por una vida mejor”

Entre las entrevistadas, solo tres mujeres, AMQ, JMQ y MMQ (10%), narraron inserciones políticas en su experiencia migratoria ariqueña15. En todos estos casos, esta participación estaba vinculada a la lucha por el derecho a la vivienda digna. El aumento de la presencia de población migrante en barrios de toma es un fenómeno distendido por todo Chile. Responde a las crecientes barreras puestas a las personas extranjeras al acceso de la vivienda formalizada:

Si en 2015 solo 6% de los residentes de campamentos a nivel nacional eran de origen extranjero (CIS-TECHO, 2015), en 2018 esa cifra aumentó a 27,4% (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2019). De manera relacionada, dicho fenómeno converge con el aumento, en la última década, del número de familias habitando en campamentos: de 27.378 en 2011 a 47.050 en 2018 (Palma y Pérez, 2020, p.16).

Asimismo, este número pasó de “47.050 en 2019 a 81.643 en 2021 (CIS-TECHO, 2021)” (Pérez y Palma, 2021, p.7). Según Aedo (2019, pp.12-13), la presencia de las migrantes en la organización de los campamentos (barrios de toma) del extrarradio de Arica –adyacentes a los terrenos y mercados rurales donde trabajan– constituye un foco de visibilización política que les permite construir cierto protagonismo, pero exponiéndolas a las restricciones y abusos de parte de la población chilena y de funcionarios estatales (Aedo, 2020, pp. 2-3). Las tres mujeres de nuestra muestra activas en esta lucha integraron los comités de vivienda de dos tomas específicas: Coraceros y Areneros, ambas cercanas al Agro mercado de Arica y a Azapa. La negociación de estas pobladoras con el Estado chileno fue especialmente activa entre 2012 y 2015: lo acompañamos detenidamente en investigaciones previas (Guizardi et al., 2019, Valdebenito y Guizardi, 2015).

Estos campamentos estaban caracterizados por una enorme precariedad habitacional y por una mayoritaria presencia de población indígena aymara de tres nacionalidades: chilena, peruana y boliviana. En ellos, las casas no estaban abastecidas de agua potable corriente:

Son frecuentes los tambores y reservorios plásticos, de 10 a 30 litros, donde se guarda el agua para consumo. Se carece de red de alcantarillado, y se repiten las acumulaciones centrales de basura orgánica e inorgánica. Los pobladores suplieron la falta del suministro energético con la utilización de generadores a base de gasolina. Otra forma, denominada “colgarse a la luz”, consiste en conectarse (sin autorización) a la electricidad de las torres de alta tensión que rodean y cruzan los campamentos. Las viviendas son de material ligero, construidas con algunos retazos de madera que son retirados de los basurales de la ciudad […]. Una parte importante de la población es extranjera, predominando las mujeres peruanas y bolivianas. Son ellas quienes articulan las organizaciones para luchar por la vivienda digna: cuando no las lideran, son la mayoría entre el público que asiste a reuniones y entre quienes asumen labores. (Valbenito y Guizardi, 2015, p.14).

Pero en estos diálogos, las migrantes enfrentaban barreras jurídicas de difícil transposición. Por ejemplo, para que pudieran acceder a los programas de vivienda social chilenos, se exigía que tuvieran la residencia definitiva válida (y que la hubiesen tenido por al menos cinco años) y una libreta de ahorros con un monto que era muy elevado para las trabajadoras rurales que allí vivían (requisitos establecidos legalmente a través del Decreto Supremo 49) (Valdebenito y Guizardi, 2015, p.14). Además, se prohibía a las personas extranjeras adquirir terrenos en las zonas fronterizas del país16.

En Arenero y Coraceros la organización política de las pobladoras se articulaba bajo los comités de postulación a la vivienda social, los cuales tenían que ser reconocidos jurídicamente por el Servicio de Vivienda y Urbanización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (SERVIU) (Valdebenito y Guizardi, 2015). Al principio, las mujeres migrantes se vinculaban a un comité exclusivo de personas extranjeras. Pero el éxito en las negociaciones encabezadas por las migrantes y su compromiso en mantener los diálogos con las autoridades fue, progresivamente, atrayendo a pobladores/as chilenos/as a estos comités, que prontamente pasaron a ser mixtos en términos de composición nacional (Valdebenito y Guizardi, 2015, p.14). El rechazo de los/as pobladores/as chilenos/as hacia las migrantes como destinatarias del derecho a la vivienda fue complejamente articulado con el reconocimiento de sus capacidades como líderes comunitarias y políticas.

En estos diálogos, la población chilena se desplazó entre actitudes de colaboración y solidaridad (sumándose a los logros de las lideresas migrantes e invocando para ello la pertenencia común a la identidad étnica aymara), y el rechazo y exclusión de estas mujeres (invocando nociones identitarias nacionales y clamando que solo los/as ciudadanos/as chilenos/as deberían recibir una vivienda social). La articulación entre estas dos modalidades era desconcertante: observamos situaciones en que las mismas personas parecían desplazarse entre una y otra en el marco de un mismo diálogo (Valdebenito y Guizardi, 2015).

Las tres mujeres de nuestra muestra, que participaron de la lucha por la vivienda, reiteraron la violenta resistencia de sus compañeros/as chilenos/as, para quienes ellas resultaban ser no un apoyo, sino una competencia por un recurso escaso:

En lo personal, pasé demasiadas cosas porque empezaron a discriminar, a insultar. Me decían que yo no tenía nada que hacer acá […]. Que yo era extranjera, que no tenía derecho a pedir nada. Que con todo lo que me daban, era suficiente. Y que era mucho lo que pedía, y no podía estar (AMQ, 20.09.2019).

Estudios previos mostraron, además, que los/as funcionarios/as del Estado chileno establecían negociaciones asimétricas con estas mujeres, reproduciendo así procesos de exclusión social de carácter xenófobo. Las autoridades chilenas “prohibían las opiniones y argumentos jurídicos de las migrantes en los debates, afirmándoles la inexistencia de derechos de expresión de la opinión para ellas a causa de su condición de nacionalidad” (Valdebenito y Guizardi, 2015, p.14). Una de las lideresas bolivianas de estos campamentos (que, por temor a represalias, pidió no vincular su identidad ni a un seudónimo o a una inicial) explicitó haberle dicho a la autoridad chilena que la expresión de la opinión política es un derecho humano. Recibió como respuesta que “aquí no rige esta cosa de los derechos humanos. Y si rigiera, tú no eres de las personas que tienen derecho a tener derechos humanos”.

En circunstancias de tan abierta animosidad en contra de ellas, lo que impulsaba estas mujeres a posicionarse frente al Estado y a los/as pobladores/as chilenos/as era la percepción de que la seguridad vital de sus familias no podía concretizarse en términos intergeneracionales sin que ellas accedieran a una vivienda digna. AMQ describe el motor de su lucha como “el sueño de la vida, de la casa propia”. Su primer desafío fue lograr obtener un espacio para asentar su casa improvisada de material ligero en uno de los campamentos del extrarradio ariqueño. Estando allí, pasó a integrar el comité de político por la vivienda y, a través de esta organización comunitaria, postuló a acceder a una vivienda social que fue construida por el Estado chileno en los mismos terrenos donde estaban localizados la toma. Contándonos este proceso, ella dilucida que la obtención de un espacio para habitar fue lo que la impulsó a cruzar la frontera desde Bolivia:

En esas ocasiones, llegamos al campamento a través de un familiar. Llegamos como allegados, en una pieza chiquita, un espacio bien pequeñito, incómodo. Llegamos para allá y estuvimos como cinco meses metidos ahí, con el niño en el colegio y mi hija ya tenía como dos años ya, y nada. Ahí empezó mi lucha, de que quería una mejor vida y no podíamos conseguir. Llegué a tener un sitio en el campamento, alcancé a tener un sitio que armé propio como el espacio mío en el lugar. Claro, el terreno no es de nosotros, pero espacio sí era de nosotros. En esa ocasión empezamos ya con la finalidad del sueño de la vida, de la casa propia, pero la lucha fue muy dura a través de tres años de lucha […]. Mira, nosotros veníamos por una vida mejor. Trabajábamos, teníamos nuestros hijos, pero todavía estábamos ahí. Entramos al campamento y era la vida más difícil aún, porque no había agua, luz, ni un pozo ciego, por lo menos, para hacer un baño. No había prácticamente nada. Esa fue más vivir en el más abandono que se podía vivir. Pero si estábamos en Bolivia, era la misma cosa en nuestro país. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Tratábamos de juntarnos, de hacer lo mejor posible. Tratábamos de ver si nos podían ayudar, buscar ayuda, que nos echaran una mano. Más que nada, fue por la casa. Y después, de a poco, fuimos un poquito más soñando, soñando que se podía lograr y pensándolo. O sea, teniendo presente que nos podíamos encontrar con todas estas cosas en el camino. Pero la lucha era fuerte. A pesar de todo el sufrimiento, si podíamos lograr una cosa, era porque podíamos conseguir otra cosa y seguir soñando, seguir soñando. Y fue así como llegamos un poco más allá. (AMQ, 20.09.2019. Énfasis añadido).

Este relato ilustra algo fundamental que también fue encontrado en las etnografías realizadas en otras localidades chilenas –particularmente en la Gran Santiago–. Estas investigaciones observan que, para los/as migrantes involucrados en organización política y comunitaria de campamentos, el acceso a la vivienda digna permite subsanar tres cuestiones apremiantes para su vida cotidiana: “1) necesidades habitacionales, 2) aspiraciones de permanencia en el país de destino y 3) deseos de imaginar formas distintas de integración urbana y social” (Palma y Pérez, 2020, p.15). Complementariamente, el relato de AMQ denota que la precariedad habitacional es una experiencia transfronteriza: que las mujeres también vivían en Bolivia. Pero es del lado chileno, donde encontraron de la mano de la solidaridad de otros/as migrantes, un canal para construir una lucha colectiva.

En el desarrollo de sus gestiones políticas, AMQ encontró complicaciones dado que tenía menos de cinco años de permanencia definitiva en Chile:

A mí me bajaron [del listado de beneficiarios de vivienda social] por los documentos porque no tenía la permanencia definitiva […]. Yo tenía la permanencia definitiva, pero no lo que me pedían, los cinco años. Yo iba para los cuatro años, me parece, en esa ocasión. Fue en el primer mandato del Sebastián Piñera [2011-2015]. Entonces nos bajaron por eso. Fue muy terrible cuando nos bajaron, porque tenían que sacarnos del lugar, teníamos que retirarnos de ahí [del campamento], pero no sabíamos dónde irnos. Ese era el problema, porque nosotros estábamos claros. Nos bajaron a como ocho familias. (AMQ, 20.09.2019).

Simultáneamente a estos conflictos con el Estado al ser desalojada de su vivienda en el campamento, ella enfrentó el ataque de los/as pobladores/as chilenos/as del campamento que, tras sumarse a ella y otras lideresas migrantes en sus negociaciones, remarcaron que estas mujeres debían ser excluidas del listado de beneficiarias. Sin embargo, al cumplir el prerrequisito de cinco años de residencia definitiva, inició un nuevo diálogo con las autoridades y consiguió un subsidio que le permitió obtener un departamento:

Fue terrible la discriminación que me hicieron a mí por lo menos, y yo creo que también con otras personas. Psicológicamente quedé muy afectada. Con decirle que yo no me quería acercar al SERVIU […]. Al final llegó el subsidio, hasta el momento me dieron mi departamento y estoy bien. (AMQ, 20.09.2019).

Las mujeres también remarcan que la doble nacionalidad de sus hijos/as nacidos en Chile no asegura el acceso al derecho a la vivienda social en igualdad de condiciones con las personas que no tienen origen migratorio:

Yo tengo una casita. Yo postulé catorce años para tener una casa. ¡Catorce años postulé! Pero a mis hijos, a ninguno le tocó casa, imagínese, a ninguno. Mi hijita ya tiene 21 años. Mi hijo, desde que nació su hijo mayor, postuló a casa. Su hijo ya tiene cuatro años, los cuatro pues. Mi otra hijita compró la casa. Mi hijo mayor también compró. Mi hija menor postuló y le va a salir el año que viene recién. Su hijo tiene diecisiete años, mire, diecisiete años esperó para tener la casa. Mis hijos son chilenos los cuatro, imagínese, muchos años. Y hay personas que les sale a los dos años o tres años. ¡No entiendo! Y hay personas que yo conozco y tienen tres casas y tienen camión; esos camiones, excavadora. Yo digo que no son tan rigurosos en ese sentido [el SERVIU]; postula el marido, postula la mujer. (MMQ, 19.09.2019).

El relato de MMQ señala las diferencias de rigurosidad en la fiscalización del cumplimiento de los criterios legales por parte de los beneficiarios a la vivienda social. Para las migrantes y sus hijos/as (incluso siendo chilenos/as) dichos criterios son revisados detenidamente por las autoridades y técnicos del SERVIU. El incumplimiento de cualquier mínimo aspecto constituye un impedimento inamovible para la finalización de los trámites. La inflexibilidad burocrática crea barreras insolubles, ralentizando por décadas el acceso a la vivienda (como en el caso de la hija de MMQ que llevaba 17 años esperando). Pero, simultáneamente, no se aplican los mismos criterios de rigurosidad a las personas chilenas sin origen migratorio, lo que termina por concederles de forma más célere la vivienda. Para unos la rigurosidad, para otros la flexibilidad.

Pese a estas dificultades, algunas entrevistadas evaluaron positivamente su contacto con el SERVIU. De acuerdo con JMQ la experiencia de postulación a vivienda fue positiva, gratificante y tranquila:

Nosotros tenemos una…En nuestro comité somos pocos. Entonces, la presidenta del campamento ella hizo los trámites, todo eso. Y hemos postulado para casa y todo tranquilo. Nosotros no peleamos, todo tranquilo. A nosotros nos tocaron buenos funcionarios del… ¿Cómo se llama? ¡Del SERVIU! Que Dios los bendiga, porque muy buenos son, todo tranquilo. (JMQ, 19.09.2019).

En el proceso de asentamiento en la vivienda de JMQ junto con la organización política a la que pertenece, con la ayuda de autoridades policiales, gestionaron la expulsión de vecinos chilenos que se asentaron irregularmente en el barrio de viviendas sociales recién construidas:

A los estos los sacamos. Les dijimos que no se podían poner ahí. Y no hicieron caso. Y cuando ellos no estaban, pedimos a los carabineros. Y ahí recién nos dijo [el comandante de carabineros]: “¡Agarre y quémele!”. Y quemamos [sus pertenencias] y tampoco no tenían nada: solo unas sábanas viejas y ahí se fueron. Pero les dijimos, conversamos con ellos: “ustedes no se pueden poner ahí. Si se ponen llamamos a carabineros”. ¡Entonces no! Y a otras personas le sacamos, porque era demasiado. Todas las noches no podíamos ni caminar. Ellos eran chilenos. (JMQ, 19.09.2019).

Obsérvese que, una vez que las migrantes reciben el reconocimiento del Estado a través del otorgamiento de la vivienda social, su estatus frente a las autoridades cambia. Su condición de beneficiarias de un derecho estatal les otorga legitimidad y pasan a ser (al menos parcialmente) protegidas por la violencia fronterizadora. Esto queda claro en la intervención del carabinero que aconsejó las migrantes a “quemar” las pertenencias de chilenos que tomaron espacios públicos del barrio. Así, la construcción de los límites y fronteras entre quienes se consideran propios o ajenos; pasibles de ser protegidos o destinatarios de acción violenta no se establece únicamente de acuerdo con criterios de nacionalidad. Responde a un compendio complejo de elementos entre los cuales el tiempo de arraigo, el acceso a otros derechos reconocidos por el Estado, y la consecución de documentos migratorios juegan un factor fundamental. Para muchas mujeres entrevistadas, el tránsito hacia los derechos fue difícil, pero posible, tras años de lucha y tras atravesar un sinfín de barreras.

 

Conclusiones

Este artículo discutió los efectos de los procesos interseccionales de fronterización en las trayectorias de mujeres aymaras bolivianas migrantes en Arica. Las leyes migratorias del Estado establecen una serie de requerimientos para autorizar la permanencia de una persona extrajera en el país. Estos requerimientos, si bien consideran ciertas especificidades como, por ejemplo, vínculo con un nacional o contar con un trabajo formal, no están pensados para la realidad de cientos de mujeres para quienes la migración constituye una opción de vida.

Los cambios en la política migratoria de los últimos años incluyen mayores controles fronterizos y mayor riesgo de deportación. El alto costo para obtener un visado y la escasa (y confusa) información disponible para estas mujeres hacen que la opción más viable para ellas sea la migración irregular, arrastrando con ello toda una serie de implicancias en términos de acceso a derechos y ejercicio de la ciudadanía. La irregularidad en este caso se produce por una sobreestadía consciente después de que termina la visa de turismo (ya que el objetivo es trabajar), o bien porque ingresan por pasos no habilitados, algo que es frecuente dado que el cruce fronterizo es literalmente un hito en medio del desierto.

Ahora bien, la irregularidad es una categoría mucho más compleja que la sola ausencia de papeles. Tal como vimos, se traduce en una serie de situaciones que precarizan la vida en múltiples dimensiones: las imposibilita de optar a un trabajo formal, las excluye de prestaciones y beneficios sociales, las deja en un riesgo constante a ser detenidas y deportadas por la autoridad, y las expone a múltiples formas de discriminación, xenofobia y racismo. Las mujeres indican que esta situación puede extenderse fácilmente por años. No se trata de una circunstancia momentánea frente a la pérdida o demora en obtener una visa, sino de una opción de vida que afecta la cotidianeidad y las múltiples decisiones que las mujeres deben tomar. La irregularidad implica, por tanto, denegación de una serie de derechos, genera nuevas formas de precariedad y silencia la voz de quienes padecen la exclusión producto del temor a ser expulsadas.

Sin embargo, el estudio demuestra que lejos de esta invisibilidad, las mujeres se apropian de ese tiempo de espera y lo transforman en un proyecto de vida, en una estrategia para legitimar, a los ojos del Estado y la sociedad chilena, su existencia y su presencia. Así, la ausencia a la que las somete la ley la convierten en una estrategia de mediano y largo plazo para adquirir aquello que la propia ley les niega: el derecho a tener derechos.

 

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