Horizontes de la intervención social con infancia migrante en Chile

Horizons of social intervention with migrant children in Chile

Fecha recepción: mayo 2020 / fecha aceptación: noviembre 2020

Iskra Pavez-Soto, Caterine Galaz Valderrama, Daniela Poblete-Godoy, Valeria Acuña y Natalia Sepúlveda

DOI: https://doi.org/10.51188/rrts.num23.403

Licencia CC BY 4.0.

 

Resumen

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre los paradigmas que subyacen en la intervención psicosocial con la infancia migrante y su familia. Se analiza en particular el modelo de competencias marentales/parentales y la noción de negligencia, así como los riesgos de atribuir causalidad a factores individuales y a un énfasis culturalista, por sobre las categorías sociales y estructurales. Mediante una metodología cualitativa, se entrevistó a profesionales y voluntariado de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales (ONG) de la Región Metropolitana. Se concluye que la intervención social generalmente está fundada en la visión del déficit de los sujetos intervenidos, en especial, si están situados en múltiples ejes de desigualdad; mientras que la persona interventora emerge como un sujeto que posee un saber experto. Se recomienda potenciar los recursos propios de la niñez migrante y sus familias, al tiempo, que las políticas públicas corrigen las desventajas estructurales.

Palabras claves: intervención psicosocial; infancia; migración; competencias marentales/parentales; negligencia.

 

Abstract

The aim of this article is to reflect on the paradigms underlying social intervention with migrant children and their families. In particular, the model of marital/parental competences and the notion of neglect are analyzed, as well as the risks of attributing causality to individual factors and a culturalist emphasis, over social and structural categories. Using a qualitative methodology, interviews were conducted with professionals and volunteers from public institutions and non-governmental organizations (NGOs) in the Metropolitan Region. It is concluded that social intervention is generally based on the vision of the deficit of the intervened subjects, especially if they are located in multiple axes of inequality; while the intervening person emerges as a subject who possesses expert knowledge. It is recommended that the resources of migrant children and their families be strengthened, while public policies correct the structural disadvantages.

Keywords: psychosocial intervention; childhood; migration; marital/parental competences; neglect.

 

Introducción

El objetivo de este artículo es analizar los paradigmas que subyacen a la intervención psicosocial que llevan a cabo organizaciones públicas y no gubernamentales, desde la visión de los profesionales. Se ha registrado que en la intervención prevalecen paradigmas del enfoque proteccional, modelos ecológicos, sistémicos y de competencias marentales/parentales, centrando los cuidados y protección de niños, niñas y adolescentes en la familia (Contreras et al., 2015; Departamento de Protección de Derechos, 2013; Servicio Nacional de Menores, SENAME, 2015).

Antes de entrar en materia, vale la pena reflexionar sobre el uso reiterativo en los discursos profesionales del sustantivo padres (en masculino y plural) para referirse a las personas adultas a cargo del cuidado infantil y el respectivo adjetivo parental (también en masculino) para las funciones derivadas de este rol. Sabemos que el lenguaje construye realidad y los discursos institucionales la prescriben o la transforman, también sabemos que en el idioma castellano existe una misoginia dominante, que impone el uso del masculino como pretendidamente universal y neutro. No es casual que en los discursos de las instituciones a cargo de la infancia también se refleje el paradigma masculinista, que invisibiliza el rol de las mujeres y madres en este asunto de vital trascendencia para nuestra sociedad. Por lo tanto, aclaramos desde ya que a lo largo de este artículo utilizaremos el sustantivo madres y el respectivo adjetivo marental por sobre o a la par de padres y parental, puesto que vivimos en familias y culturas patriarcales, donde el trabajo de cuidado y crianza ha quedado en manos de las mujeres madres, por sobre el rol que ejercen los hombres padres; la feminización del cuidado es un hecho histórico y político (Lagarde, 2007; Lamas, 2007). Ciertamente, hay un vínculo histórico entre la infancia y las mujeres, una relación micro y macro, un asunto que ha sido visto en ocasiones como oposición de intereses y, en otras, como alianza y cooperación mutua. El lugar que ocupan las mujeres en una cultura dirá mucho del lugar que ocupa la infancia, en tanto imaginarios y grupos sociales con poder y agencia (Pavez-Soto y Sepúlveda, 2019).

A lo largo de este artículo argumentaremos por qué la política pública de infancia en Chile está anclada en un enfoque de la irregularidad, donde predomina el uso de obtusos conceptos como “los “menores” y “las necesidades”; aunque se dice que al ratificar la Convención de los Derechos del Niño el estado chileno habría adaptado sus políticas hacia un enfoque de derechos. Sin embargo, esto es cuestionable, porque en el nivel institucional, el SENAME sigue siendo la principal instancia jurídica y proteccional de las niñas, los niños y adolescentes en el país. Se trata de una institución que lleva a cabo intervenciones focalizadas, llevando el principio de subsidiariedad al extremo, puesto que el 95% de la oferta de servicio es proveída por las llamadas instituciones colaboradoras, quienes deben realizar intervenciones psicosociales para restituir las vulneraciones de derechos (Schöngut-Grollmus, 2017).

Si bien se han aprobado una serie de leyes que ciertamente modifican la institucionalidad de infancia, como por ejemplo, la creación de la Defensoría de la Niñez y el proyecto de ley que se discute en el Congreso de la República para separar el SENAME en dos servicios (uno de justicia juvenil y otro de protección derechos y el proyecto de ley integral de derechos de la infancia). No obstante, debido a los paradigmas proteccionistas, salvacionistas, criminalizadores y punitivos que aún predominan en todo el sistema, se han dado situaciones de violencia extrema, como la muerte o explotación sexual al interior de las propias instituciones que deberían proteger y no (re) vulnerar los derechos de las infancias más vulnerabilizadas (Pavez-Soto, 2017).

La mayoría de las instituciones públicas y ONG que se ocupan del tema de la infancia en nuestro país siguen ancladas en un paradigma proteccionista-adultocéntrico que converge epistemológicamente con el enfoque de derechos, porque predomina una visión de los derechos más bien como deberes del mundo adulto (estado, familia o mercado) hacia la infancia; especial relevancia tienen los derechos sociales, redistributivos o reivindicativos, por sobre la idea de garantizar mayores cuotas de autonomía y libertad para las niñas, los niños y adolescentes, con énfasis en los derechos políticos o de reconocimiento (Pavez-Soto y Sepúlveda, 2019).

En ausencia de instrumentos legislativos actualizados y planes que articulen la respuesta del Estado, los programas de infancia quedan fragmentados y supeditados a los diferentes sectores de atención (salud, educación, justicia, etc.) y, por lo tanto, a sus particulares paradigmas y metodologías de intervención (Contreras et al., 2015). Esto lleva a que las intervenciones se realicen desde la sectorialización específica, privilegiando un vector de diferencia (como niña o como migrante o como pobre) (Galaz et al, 2019), lo que hace perder de vista las múltiples desigualdades con la respectiva complejidad simultánea de los procesos que cruza la infancia migrante.

La estructura del artículo es la siguiente: se revisa la perspectiva de intervención psicosocial para trabajar con las familias migrantes centrada en el déficit, otras que relevan los recursos acumulados en la trayectoria migratoria, el modelo de competencia o habilidad marental/parental y su aplicación en el contexto internacional; luego se aplican estos conceptos en el análisis y los resultados obtenidos en este estudio. Se concluye sobre las precauciones contextuales en la aplicación del modelo de competencias marentales/parentales y los desafíos institucionales para la intervención psicosocial con niñas, niños y familias migrantes en Chile.

 

Antecedentes

Las trayectorias de las familias migrantes se pueden interpretar en clave deficitaria, que acentúa la vulnerabilidad o, por el contrario, desde una perspectiva que también releva los nuevos recursos y habilidades que se desarrollan a partir del proyecto migratorio, como es la perspectiva de acumulación de activos (Moser, 2011). Respectivamente, se trata de poner énfasis en los riesgos que enfrentan las familias o en las formas de agencia y estrategias de resistencia que utilizan para subvertir dichos riesgos.

La migración, observada desde el funcionamiento del sistema familiar, abre ámbitos de estudio que tienen que ver con condiciones de vulnerabilidad dados los escenarios de pobreza, racismo y condiciones estructurales propias del país de recepción que dificultan su integración y que se agudizan en el contexto migratorio. Las familias migrantes en Chile deben enfrentar diversos estresores que implican dificultades para su salud mental, integridad física y bienestar para el grupo (García et al., 2017). Según Rodrigo et al. (2017), un contexto adverso no favorece en la familia una interacción y estimulación adecuadas, por lo cual las familias migrantes se encontrarían en una situación de riesgo psicosocial. El desarraigo, desempleo, precariedad laboral y habitacional son algunas características del contexto migratorio, y que significarían un factor de estrés importante para el grupo familiar (Pavez-Soto et al, 2020). Además, la falta de redes, tanto de contención como de articulación social, supone una dificultad para la relación entre las labores de producción y reproducción que deben llevar a cabo, lo que redunda en complejidades de inclusión al país. Lo anterior es relevante por cuanto define el contexto que rodea a los niños y niñas migrantes y sus grupos familiares.

Se observa que en la trayectoria de las familias migrantes, existe una mejoría progresiva de aquellos factores que en un primer momento pudieron ser vistos como deficitarios, y que dicen relación con ejes de inserción fundamentalmente asociados al trabajo, la familia y las redes sociales, representados en hitos como la obtención de una casa propia, el nacimiento de nuevos integrantes en la familia, la estabilidad laboral o la construcción de conexiones sociales (Stefoni y Bonhomme, 2014).

Los programas de protección a la niñez y adolescencia han puesto su acento en la familia como espacio de protección y cuidado, operando como sistemas normativos y de control del sistema familiar bajo modelos teóricos enfocados en los estilos relacionales y características de las cuidadoras, por sobre el espacio estructural y contextual en que se desenvuelve el sistema y las implicancias que dicho contexto genera (Castillo, 2015). Esto implica una falta de visión crítica sobre cómo se generan las condiciones de vulnerabilidad de las personas, o sobre cómo el propio sistema las vulnera (Galaz, et al., 2017a). En este sentido, asumimos que los modelos de intervención implican formas de clasificar, distinguir y construir a los sujetos como objeto de la propia intervención, imprimiendo sobre ellos significados particulares y distinciones jerárquicas (Agrela, 2004; 2009), lo que a su vez permite la supremacía de los conocimientos expertos -situados en una posición de poder y autoridad- por sobre los conocimientos de las personas intervenidas (Galaz et al., 2017a).

Precisamente desde el Estado se desarrollan prácticas de regulación y disciplinamiento de los sujetos a través de diversos dispositivos (Das y Poole, 2008). Esto supone “procesos desde arriba que son puestos en práctica en vinculación con los procesos desde el medio y desde abajo; lo que lleva a la resignificación de sus actuaciones y decisiones, a través de múltiples formas de réplica, influyendo o haciendo eco de sus lógicas y sus perversidades” (Barragán y Wanderley, 2009, p.23).

Por tanto, en la intervención social se verifican prácticas cotidianas, representaciones y performances (Montenegro et al, 2011) que muchas veces reifican de manera expeditiva identidades grupales culturales. Esto podría arriesgar “solidificar las diferencias asimétricas ya existentes entre los grupos” (Benhabib, 2006, p.9). Por tanto, reflexionar acerca de las intervenciones sociales implicará, necesariamente, una deconstrucción, tanto sobre cómo se solidifican matrices dominantes en torno a las familias migrantes, así como también, se deben visualizar sus encarnaciones y contingencias en la vida cotidiana (Barragán y Wanderley, 2009).

 

Marco teórico

El sistema familiar es permeable a variables históricas y contextuales, y no solo hace alusión al componente biológico de la marentalidad/parentalidad que tiene que ver con la procreación, sino que también con aspectos sociales de cuidado y protección de las niñas y los niños (Carballeda, 2008 en Aburo, Borquez, y Medina, 2013). De acuerdo con Salles y Ger (2011), la revisión teórica del concepto de marentalidad/parentalidad da cuenta en primera instancia de un sistema relacional complejo de prácticas y modos subjetivos, mediante los que hombres o mujeres crían a sus hijas e hijos en determinados contextos y con influencia de componentes transgeneracionales. Extrapolar el uso del concepto de “competencia” hacia el ámbito familiar genera un conflicto que se ha identificado en Chile y en el extranjero, su origen y consecuencias también se encuentran en la reflexión internacional. Para Sellenet (2009) el origen está en la ambigüedad ontológica del concepto de habilidades parentales. El concepto de competencia fue ampliamente difundido en el campo del trabajo y los recursos humanos en 1989, y posteriormente, fue introducido al campo de la familia en los años noventa sin considerar las variables diferenciales de los distintos contextos sociales y nacionales. De acuerdo a la socióloga francesa, “competencia” supone una acción y la internalización de conocimiento, que existe solo mientras sea reconocida y validada por una tercera persona que determinará qué tan útil o conveniente es el desempeño. Es decir, la validación de un sujeto experto. En el campo del trabajo se comenzó a utilizar el término competencia en un contexto de crisis del trabajo asalariado y el desempleo, bajo el supuesto liberal de que la integración al mercado laboral depende fundamentalmente de su capacidad para competir y mantenerse dentro del sistema. Análogamente, en un contexto donde aumentan las tasas de divorcio se introduce el término “competencia” al campo de las familias para evaluar qué tan competentes son los padres -y, especialmente las madres- para proveer bienestar a sus hijas e hijos (Sellenet, 2009). Sin embargo ¿es posible reducir la responsabilidad del bienestar infantil solo al actuar de las familias? Desde una revisión crítica, la introducción del término competencia en las familias no surge solo a propósito de una crisis de los sistemas familiares, sino que esconde una crisis del sistema educativo y también de los modos de intervención con familias (Sellenet, 2009). En coherencia con la complejidad del concepto “parentalidad”, el término “habilidades parentales” se torna polisémico. Por ende, su evaluación y estandarización se debe a la integración de variables cognitivas, afectivas y comportamentales que influyen bidireccionalmente entre las personas y sus contextos vitales (Rodrigo et al., 2009).

La literatura más difundida en Chile plantea como una función marental/parental la satisfacción de necesidades de las hijas e hijos, siendo estas necesidades múltiples y evolutivas, lo que requiere de plasticidad y adaptación por parte de los grupos familiares. A su vez implica una distinción entre las habilidades y las capacidades fundamentales (Barudy, J. y Dantagnan, M. 2005). Por eso, haremos una breve revisión de estas definiciones para intentar diferenciarlas y, así, analizar su pertinencia en nuestro estudio:

a.) Habilidades marentales/parentales: Barudy y Dantagnan (2005) relaciona el concepto con la plasticidad que presentan las familias, es decir, la respuesta ante el desarrollo dinámico de los niños y niñas. Por tanto, el concepto incluye factores adaptativos y de apoyo frente a situaciones de estrés. En esta línea Barudy y Dantagnan (2005) ha definido las competencias parentales como “una forma semántica de referirse a las capacidades prácticas que tienen las madres y los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos y asegurarles un desarrollo suficientemente sano” (Barudy y Dantagnan, 2005, p.77).

b) Capacidades marentales/parentales fundamentales: están vinculadas con aquello que es heredado e influenciado por la cultura y contexto: la capacidad para apegarse a los hijos, la empatía, los modelos de crianza, la capacidad de participar en redes sociales y utilizar recursos comunitarios. Se puede pensar que dichas capacidades están vinculadas con aspectos externos a las familias, teniendo estas un menor control para modificar dichas variables (Gómez et al, 2007; Barudy y Dantagnan, 2005).

c) Competencias marentales/parentales: Rodrigo et al. (2009) aportan una definición de competencias parentales que hace énfasis en el apoyo o recursos que brinde el contexto y los diferentes sistemas a las familias. Precisa la definición de competencias parentales como:

conjunto de capacidades que permite a los padres afrontar de modo flexible y adaptativo la tarea vital de ser padres, de acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas de los hijos e hijas y con los estándares considerados como aceptables por la sociedad, y aprovechando todas las oportunidades y apoyos que les brindan los sistemas de influencia de la familia para desplegar dichas capacidades” (Rodrigo et al., 2009, p.115).

En síntesis, de estas perspectivas se desprende una visión individualista de la crianza y el cuidado infantil, coherente con el enfoque de ver a las hijas e hijos como propiedad privada de sus madres, padres u otras personas adultas, siempre en el marco de una familia propietaria de esas vidas infantiles. De hecho, la propia Convención de los Derechos del Niño tiene este enfoque familista, por sobre una visión comunitaria o estatal. Las definiciones de Barudy y Dantagnan (2005) identifican, por una parte, las capacidades prácticas de adaptación propias de las familias y, por otra, las capacidades de adaptación heredadas del medio. Mientras que Rodrigo et al. (2009) enfatizan en la capacidad de aprovechar los apoyos del medio. Si analizamos las definiciones, el ejercicio de las capacidades de adaptación dependen fundamentalmente de los individuos. Ahora bien, bajo el supuesto que las personas tienen diferentes condiciones de adaptación al medio, cabe preguntarse: ¿todas las condiciones del medio dependen exclusivamente de la persona y sus capacidades? ¿en qué medida afectan factores estructurales y simbólicos que cruzan a las personas migrantes? Si hay diferentes condiciones ¿qué desafíos implican para la intervención psicosocial? Estas interrogantes introducen una revisión crítica del concepto de competencias marentales/parentales.

Se ha discutido si las acciones de intervención han tenido impactos sostenibles en el tiempo. Esto se atribuye a la influencia de diferentes variables relacionadas con características propias de los contextos y las condiciones estructurales en que viven las familias (Gómez et al.,2007). Vemos que no son incorporadas de manera suficiente en los enfoques de intervención psicosocial, porque acentúan una visión individualista y centrada en la “familia” (en singular, evidenciando un solo modelo de familia e influenciado por un concepto cristiano). Se piensa que las intervenciones psicosociales funcionan en un nivel reactivo, de manera individual y centradas en el déficit de las familias por sobre sus recursos. En consecuencia, genera una disonancia con la intervención, menor adherencia y, por tanto, baja efectividad (Gómez etal.,2007).

Una idea de marentalidad/parentalidad, desde los enfoques excesivamente individualistas, podría producir que la acción pública se torne fragilizada, porque se dirige la intervención hacia aquellas madres y padres que, supuestamente y bajo ciertos criterios específicos, han dimitido de su responsabilidad (Sellenet, 2007). Inicialmente el trabajo conceptual en torno a la marentalidad/parentalidad puso énfasis en la necesidad de contextualizar, tomando en cuenta las condiciones económicas, sociales y culturales donde se llevará cabo el ejercicio de esa función materna/paterna -porque no es una tarea aislada o realizada en un laboratorio- justamente, para evitar modelizar un concepto único e instrumentalizarlo; pero, al parecer, estas precauciones no fueron consideradas en la práctica. La autora (Sellenet, 2007) llama la atención sobre el contexto francés donde la acción pública de protección infantil se explica o justifica principalmente por alteraciones del rol de las personas adultas, con la curiosa coincidencia que la lupa recae más en algunas familias que en otras. Sabido es que la función materna/paterna más vigilada será aquella realizada en contextos de pobreza, exclusión y marginalidad.

Por su parte en Chile, de acuerdo a Contreras et al. (2015), existe la percepción de que la ausencia de una política de infancia que articule las diferentes miradas e intervenciones dificulta la identificación de una línea teórica, primando los mandatos institucionales y paradigmas de cada sector o dejando que cada profesional lleve a cabo la intervención según sus visiones personales o la formación que haya recibido en la universidad. En otras palabras, una política del estado de ánimo o de ventanilla, dejada al criterio del personal de turno, sin diseñar una política pública desde un paradigma liberador y empoderador de la infancia.

Asimismo relevamos que en la práctica aún existe una intervención y evaluación a las familias desde el déficit, por sobre los recursos que éstas puedan presentar en su contexto. Por ejemplo, en un estudio realizado por Galaz et. al (2017a), se registró en los discursos interventores la tendencia a considerar a la pobreza en sí misma como causa de una ausencia generalizada de habilidades marentales/parentales y declaran que debería enseñarse a las personas pobres y extranjeras, a convertirse en madres y padres que respondan a los estándares implícitos y latentes que están subyacentes en la intervención psicosocial con familias migrantes. En ese sentido, el modelo de habilidades marentales/parentales se importa y se aplica universalmente, sin considerar las especificidades de cada contexto de recepción, dejando las responsabilidades de los cuidados estrictamente reducidas a las familias e individuos. Otros estudios en Chile, como el de Gómez et al. (2007), sostienen la importancia de que las y los profesionales estén preparados para trabajar y/o evaluar a las familias desde una intervención con enfoques ecosistémicos, constructivistas, flexibles a cada contexto y a las particularidades del sistema familiar. Desde esta perspectiva se requiere un esfuerzo, tanto de la formación técnica profesional para comprender y organizar la realidad en que viven las familias, como el desarrollo de habilidades blandas que le permitan un acercamiento genuino y empático hacia ellas.

Sin embargo, la reflexión de Sellenet (2008) va más allá del esfuerzo de formación técnica o el desarrollo de habilidades blandas de cada profesional, ya que tensiona la posición epistemológica de su labor. Citando el trabajo de Saül Karsz (2004) distingue tres modalidades de trabajo profesional:

a) Trabajo “para” las familias: define sus problemas tomando su lugar o impone soluciones al margen de las expectativas o prioridades de las personas intervenidas.

b) Trabajo “en” las familias: guía a madres y padres desde una posición superior para que estos trabajen sus problemas y lleguen hasta donde, se supone, deben terminar.

c) Trabajo “con” las familias: esto significa cambiar la posición profesional, hacer alianza con la madre o el padre, exige renunciar a una solución rápida de los problemas a resolver. Se trata más bien de trabajar en conjunto en base a preguntas y posibles respuestas, las acciones no las impone el sujeto profesional que supuestamente posee los saberes expertos. El desafío es incómodo y liberador: reconocer los recursos existentes en las personas y renunciar a la posición de persona experta y, por lo tanto, compartir el poder y la autoridad, implica revisar los propios puntos de vista, conocimientos y certezas (quizás como se espera que suceda en la intervención psicológica clínica privada).

Por lo tanto, superar la perspectiva del déficit implica necesariamente un ejercicio de reconocimiento por lo menos en tres ejes. Sellenet (2008), inspirada en Axel Honneth, insiste en las consecuencias del no reconocimiento afectivo. Consecuencias que cada profesional no podrá modificar, pero sí ser sensible sobre ello. Se refiere a ser sensible, por ejemplo, a lo que no depende de los individuos, como son las condiciones de vida familiar, sociolaborales, el entorno donde viven o las redes de apoyo. Un segundo eje es el reconocimiento legal en el que profesional y familias se respetan mutuamente como sujetos de derecho, dado que las experiencias de discriminación legal derivan en sentimientos de vergüenza social limitantes. Por último, un tercer eje de reconocimiento es el contribuir a la sociedad, esto significa una intervención sensible sobre las condiciones de integración laboral y social, que no socave el valor de las personas como individuos que contribuyen a la sociedad (Sellenet, 2008). Este tipo de intervención no es nueva, de hecho el principio de autodeterminación y toma de conciencia de los sujetos ya estaba presente en la educación popular de Paulo Freire (2003) o en los grupos feministas radicales de los años setenta.

En síntesis se trata de un enfoque de cooperación, cuya conceptualización también ha sido explorada empíricamente en Bélgica, concluyendo sobre la importancia del reconocimiento de las experiencias de las madres y los padres, así como una postura más igualitaria por parte de los actores profesionales (Charlier, 2019). Mientras tanto en Chile, ha comenzado recientemente la problematización del concepto (Sanhueza y Cabrolié, 2017) de la mano de un proyecto que, en lugar de evaluar las competencias marentales/parentales, tiene en cuenta la dimensión sociocultural de la marentalidad/parentalidad (Mella y Cabrolié, 2019) y las condiciones para ejercerla (Cabrolié y Sanhueza, 2016).

Tras esta incipiente revisión crítica del concepto de competencias marentales/parentales, se presentan los resultados de la investigación que contribuyen a evidenciar cómo en la práctica se han pasado por alto las precauciones de contextualización de las trayectorias de las familias migrantes, que de otra forma, pudieran evitar sesgos estigmatizadores, generalizaciones y modelización del concepto de marentalidad/parentalidad.

 

Metodología

La metodología de esta investigación fue de carácter cualitativo con el objetivo de aproximarse a los significados que los propios actores participantes del estudio le otorgan a los fenómenos sociales que experimentan (Valles, 1997). Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a 30 profesionales (del área de la psicología, trabajo social, derecho, sociología y voluntariado) de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales (ONG) que realizan intervención con niñez migrante en la Región Metropolitana. Se aplicó un protocolo ético que garantizó el anonimato y el derecho a la información mediante la firma de Formularios de Consentimiento Informado. Los datos obtenidos se trataron con el software Atlas Ti, a través de la técnica de análisis de contenido y teoría fundamentada. Así, se estableció una codificación abierta de las principales temáticas tratadas en los discursos, para luego elaborar categorías que nos permitieran establecer algunos ejes centrales de análisis respecto de las narrativas (Valles, 1997).

 

Resultados

A continuación se exponen los resultados ordenados en tres ejes de análisis: 1) los vínculos familiares en el proceso migratorio; 2) la valoración profesional de competencias marentales/parentales para el cuidado; y 3) las nociones de maltrato y negligencia empleados en la intervención. Evidenciamos la conexión o contraste de estas nociones con la literatura ampliamente difundida en Chile y argumentamos sobre la necesidad de revisar críticamente algunos de estos paradigmas.

 

Los vínculos familiares en la migración

En algunas narrativas profesionales se interpreta el fenómeno de la migración familiar como una situación de crisis y ruptura, verificable en la tensión de los lazos y las relaciones intragrupales. El proceso de reunificación familiar -que muchas veces se concreta después de años- se reconoce como una experiencia de alto impacto para todo el grupo, pero se hipervisibiliza en las niñas y los niños, cuestión que los padres y las madres notarían en cambios a nivel comportamental, conductual y emocional.

Fresneda (2003) identifica procesos de fragmentación al interior de las familias producto de la migración, los viajes, las separaciones y la tensión del reencuentro, pero es preciso evitar una visión patologizadora de la experiencia migratoria. Ciertamente pueden haber casos donde las niñas, los niños y adolescentes vivan la experiencia como un trauma, una sensación de abandono y desapego con sus figuras nucleares; pero también se ha constatado (Pavez-Soto, 2011a; 2011b) que los distintos impactos en la vida infantil y familiar dependen de cómo las personas adultas gestionen el proceso migratorio. Por ejemplo, depende de la información que se le entregue o no a las niñas y los niños (o lo que oigan y entiendan de las conversaciones de las personas adultas, situación que es más común de lo que se supone); también si se pregunta o no la opinión infantil sobre el proceso migratorio y, en algunos casos, tomar o no en conjunto las decisiones migratorias, como parte de un proyecto de vida familiar. Obviamente las formas de gestionar la migración al interior de las familias y, por extensión, el rol y las experiencias que vivirán las niñas y los niños, dependerá de varios factores (escolaridad, valores, temporalidad, legislación, redes migratorias, etc.), los cuales actúan de modo complejo y cambiante, por lo tanto, no son determinantes.

Esta situación se verifica especialmente en migrantes de algunos países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Algunas narrativas de intervención enfatizan la distancia entre los modelos de crianza vigentes en el país de origen de la niñez migrante, donde en ocasiones, el cuidado infantil se comparte entre las redes familiares, de parentesco o vecinales. Esa experiencia de crianza colectiva se pone en tensión cuando las niñas y los niños se reúnen con sus madres y padres en el lugar de llegada, donde disminuyen las redes de circulación del cuidado, porque prima la visión nuclear-privatizada del cuidado de la infancia, tal como se especifica en la siguiente cita.

No siempre los niños viajan con su familia desde un principio, sino que a veces son los padres que viajan al país de destino. Pasa un año, dos años, tres años ¡y recién! Se produce al tercer año, digamos, el reagrupamiento familiar y hay un problema ahí de adaptación, digamos, dentro de las dinámicas familiares, que el hijo, el niño, digamos, se fue criando con, no sé, con otros parientes, otros familiares o vecinos (trabajador social, organización no gubernamental, Región Metropolitana).

Otros relatos profesionales hacen alusión a la separación de hijos e hijas de sus progenitores como desencadenante de problemas adaptativos que se intensifican en la relación familiar y escolar. Utilizan palabras como “abandono” con una connotación de importante merma afectiva, en directa relación con una tendencia hacia la culpabilización de las madres por los impactos de la distancia. Asimismo, se naturalizan procesos de comportamiento asignándole al periodo de la pubertad una especial connotación, como condición impropia para llevar cambios tan importantes como el traslado migratorio, tal como se muestra en la cita:

Por ejemplo, llegan las mamás, los dejan en Perú, medio abandono, por ejemplo, se vienen a trabajar acá a Chile y después regresan a buscarlos cuando ya están en la edad complicada, como a los doce, trece años y empiezan a tener problemas (…) hay muchos que se han venido desde esa edad, doce, trece años, vuelven con la mamá y como no se han criado… se han criado con la abuelita o los han dejado con los familiares (trabajadora social, institución pública, Región Metropolitana).

Dichas apreciaciones están atravesadas por juicios valóricos respecto de los marcos culturales de procedencia de las familias migrantes y de género (Paiewonsky, 2007; Montenegro et al., 2011) que se expresan en relación con las dificultades de restablecer los vínculos alterados por la migración. En general, se plantea la falta de adaptación en relación a los roles dominantes en torno a la maternidad, sin considerar otros factores contextuales y estructurales que inciden en cómo se desarrollan las familias en el nuevo contexto.

Entonces, empiezan a no reconocer la autoridad, digamos, de parte de los padres y… hay, cierto, a veces, también, resentimiento por el hecho de sentirse abandonados. Entonces, las relaciones se vuelven, ahí, complejas, entre los niños y los padres (trabajador social, organización no gubernamental, Región Metropolitana).

De acuerdo a la narrativa anterior, es evidente la necesidad de crear políticas públicas de acompañamiento a las familias migrantes que realizan procesos de reunificación familiar, apoyar el periodo de llegada y adaptación de la niñez migrante a las normas y costumbres de la cultura y sociedad chilena. Debemos considerar que la sola asistencia a la escuela o a los controles de salud no bastan, estos espacios deben estar preparados para acoger verdaderamente a la niñez migrante, reconocer sus trayectorias migratorias familiares, los roles de género y las relaciones intergeneracionales al interior de las familias. Por ejemplo, se podría revisar de un modo crítico el programa de apoyo a la reunificación familiar del Ayuntamiento de Barcelona (Rendón, 2010). En esa experiencia ya se había constatado que un eventual sentimiento de abandono podía ser sobrellevado de mejor manera si las niñas y los niños recibían información, opinaban e incluso decidían sobre el proyecto migratorio familiar, al ser asumido por todo el grupo, de modo colectivo, así, dejaba de ser una pesada carga que debía llevar un solo individuo, en este caso, una niña o un niño. Las personas adultas, entiéndase familias, organizaciones y estados deben facilitar el proceso migratorio a la niñez y no a la inversa, de tal manera de no hacer más complejo para la infancia, algo que también es complejo para las personas adultas; cuya complejidad se puede expresar, por ejemplo, en un problema de salud mental individual, como un trauma, o una situación de pobreza generalizada en las comunidades migrantes, creada por la irregularidad administrativa de las leyes vigentes en cada país.

Las niñas y los niños que participan en proyectos migratorios familiares deberían sentirse acompañadas por el mundo adulto; pero, en general predomina un discurso y una práctica proteccionista que considera como protección la exclusión total de la información, opinión y decisión migratoria, mientras, al mismo tiempo, se imponen deberes y responsabilidades de realizar el trabajo escolar de forma exitosa y adaptarse rápidamente a las normas y costumbres del nuevo contexto. Proponemos lo contrario, que el mundo adulto -familias, organizaciones y estados- miren los procesos migratorios desde la perspectiva de la infancia, entendiendo sus experiencias y trayectorias migratorias desde una epistemología de lo infantil. En lo concreto, cuando las niñas y los niños llegan al país de destino, tienen variadas experiencias según factores diversos como la personalidad, las dinámicas familiares, las redes migratorias del país de origen y de destino, la participación que se haya tenido en el proyecto migratorio e incluso las leyes que facilitan o no el ejercicio de sus derechos e inclusión en Chile.

Como ya se dijo anteriormente, se ha constatado (Pavez-Soto, 2011a; 2011b) que en los proyectos migratorios la participación infantil en torno a las decisiones migratorias son complejas, dinámicas y cambiantes, existiendo casos donde se informa y consulta la opinión infantil y otros, donde se prescinde totalmente de ella e incluso se miente. En las siguientes citas se coloca un énfasis en el impacto psicológico individual que comportaría la reagrupación de jóvenes adolescentes, sobre todo respecto del desarraigo que comporta y la falta de redes. El país de origen aparece enunciado como un espacio anhelado por los vínculos afectivos que allí se han forjado:

Y eso entra también en su… como su estado de ánimo, algunos, sí, todavía como [que] quieren [y] no quieren a Chile, quieren volver allá, porque allá tienen sus amigos; acá no tiene amigos, se siente solo, entonces, hay también como la nostalgia y el desarraigo, también (psicóloga, organización no gubernamental, Región Metropolitana).

Lo que echan de menos es como un poco eso, como la convivencia, como la vida familiar que era cotidiana. Me imagino que a lo mejor allá vivían como en espacios más grandes, pero, siempre con el apoyo de la abuela, de más tíos, primos, como que vivían más, como con una vida familiar, como bien enriquecida. No, yo creo que lo que extrañan más es a la familia, más que el lugar en sí (psicóloga, institución pública, Región Metropolitana).

En la cita anterior se visualiza esa idea de nostalgia del “allá”, que significa el país de origen idealizado frente al desarraigo que se vive “acá”, en un espacio concreto y complejo, que es el país de destino (Sayad, 2010); en esa idealización, incide la presencia de los vínculos y las redes familiares, amistades y locales que quedaron “allá” y que se deben empezar a construir -durante el proceso de adaptación-“acá”.

Ahora bien, el despliegue de las competencias de cada familia no necesariamente responderá de manera negativa a los estresores (Barudy y Dantagnan, 2005), lo que cuestiona la idea de algunos profesionales en relación a inducir una especie de correlación lineal entre la edad y la migración. Según Aparicio y Tornos (2006), pensar que si la migración se produce a menor edad será “más fácil” la adaptación en el lugar de destino es una interpretación reduccionista y adultocéntrico-evolutiva de una experiencia que se ve afectada por varios factores, entre los cuales podría estar la edad, pero también otras características individuales/familiares y sociales/estructurales. La presencia de una crisis en el sistema familiar -producto de la migración- no necesariamente determinará la aparición de problemáticas relacionales, de hecho, también puede ser la oportunidad de alterar dinámicas tradicionales o abusivas (Gregorio, 1998; Pedone, 2003; Bringiotti, 2005). Sin embargo, la narrativa de algunas y algunos profesionales participantes en nuestro estudio sobreperciben los déficits afectivos que conlleva el proceso migratorio para las niñas y los niños, las consecuencias desadaptativas y los juicios hacia las decisiones de madres y padres por sobre los recursos y las transformaciones que la trayectoria migratoria ha dejado en la infancia.

 

La valoración de las competencias marentales/parentales en las familias migrantes

Como hemos visto, en los discursos interventores aparece latente la noción de falta o déficit de habilidades marentales/parentales fundamentales para el cuidado infantil en las familias migrantes. La mayoría de las veces, se homogeniza en estas consideraciones de déficit a un grupo cultural y nacional específico y se establece comparación al marco cultural dominante chileno, un “acá” que aparece altamente idealizado y falto de autocrítica. Esta noción de déficit es la más extendida en las forma de evaluación de las competencias marentales/parentales, sobre todo considerando modelos como la “Guía para la Evaluación de Competencias Parentales” (Barudy y Dantagnan, 2010, p.175) donde se plantea que la migración genera una crisis en el ejercicio de la marentalidad/parentalidad. Así se puede ver en la siguiente cita:

Es inevitable que los implicados, en particular las madres y los padres, así como los hijos e hijas, vivan experiencias de duelo, soledad, desarraigo y una crisis de identidad. Todo esto puede afectar sobre todo las habilidades parentales y en los casos donde ya existían problemas de relación con los hijos o hijas, agravar las incapacidades parentales (Barudy y Dantagnan, 2010, p.175).

Sobre ello, el presente apartado aporta antecedentes en torno a la evaluación que realizan profesionales acerca de la marentalidad/parentalidad en las familias migrantes que, como se aprecia a continuación, profundiza en la perspectiva del déficit.

Existe una percepción ambivalente en el discurso profesional sobre el rol que juegan las condiciones y las dificultades estructurales que enfrentan las familias migrantes, en la configuración de sus relaciones más próximas. En este sentido, si bien en ocasiones se mencionan las implicancias de los factores externos sobre el sistema familiar que podrían obstaculizar los procesos deseables según estándares internacionales de crianza, tienden contradictoriamente a individualizar las problemáticas, culpando a las madres, mayormente y en menor medida a los padres, por la carencia de recursos y las consecuentes dificultades para ejercer el cuidado. Por ejemplo, esto se evidencia en la siguiente cita donde si bien se reconoce la explotación laboral y las desigualdades de género que en algunas familias se concretan, el problema luego se sitúa estrictamente en la falta de habilidades de padres y madres en términos personales.

Yo creo que los papás se sienten súper sobrepasados, como, con todo lo que tienen que hacer, como tienen poco apoyo o, muchas veces, hay mamás solas entonces… que tienen que preocuparse del niño, de la comida, de acostarlo, de bañarlo, del colegio y además trabajan todo el día y trabajan, muchas veces, en horarios, así, pero no sé… en turnos de doce horas, trabajan hasta los fines de semana, entonces, como complejo, yo siento que eso tensa harto las relaciones. Y bueno, como por las temáticas que trabajan acá hay harto maltrato y harta negligencia por parte de los padres (psicóloga, institución pública, Región Metropolitana).

Mientras que en otros casos, la clasificación para referirse a la falta de habilidad o competencia marental/parental, es directamente considerada como “incompetencia”. El paradigma de la “incompetencia” aparece subyacente al discurso institucional, convergiendo epistemológicamente con una visión estigmatizadora/patriarcal respecto a culpabilizar a las mujeres madres de esta carencia, en mayor medida que a los hombres padres.

Cuando las familias resultan estar en un nivel de incompetencia, por decirlo de alguna forma, que no es tan severo, puede ser de moderado a leve, nosotros empezamos inmediatamente a generar un vínculo con las redes de apoyo (psicólogo, institución pública, Región Metropolitana).

Reconociendo el contexto adverso donde se espera que padres y madres cumplan con sus responsabilidades y reconociendo en algunos casos, la incomprensión que pueden vivir, la labor de la intervención sería fortalecer las competencias marentales/parentales. Generalmente veremos que esta formación y capacitación, parte desde cierta visión etnocéntrica donde el marco cultural chileno emerge como preferente respecto de otros marcos culturales, señalando la necesidad de que se les re-eduque en competencias que supuestamente madres y padres de algunos países no dispondrían. Asimismo, también se reconocen algunas habilidades, pero en verdad, lo que se busca es normalizarlas bajo otras lógicas marentales/parentales, al señalar que se requiere formar “otras habilidades”. Se enfatiza en la necesidad de “habilitación”, como si las familias migrantes partieran desde cero respecto a las labores de crianza “adecuadas”, donde lo adecuado es considerado bajo parámetros universalistas sin especificaciones situadas. Asimismo, se explicitan ciertos procesos de violencia simbólica que recaen sobre las madres y los padres migrantes, al consolidar este imaginario de sujeto en falta (Montenegro et al., 2011).

Ahí, a ellos [madres y padres migrantes] se les invita, pero eso forma parte, como, del sistema de X, nada que ver con la escuela, que asistan a una serie de reuniones para que las mamás adquieran otro tipo de habilidades parentales. Al papá, que le permita relacionarse adecuadamente con el estudiante. Pero si es que eso no se cumple, se retira la tutela (psicóloga, escuela pública, Región Metropolitana).

En el discurso anterior se observa latente un juicio de valor sobre la necesidad de enseñar ciertas habilidades de crianza y cuidado a ciertas personas, es interesante notar cómo se visibiliza la figura de las mujeres madres como sujetos, pero se sigue enunciando en términos masculinizados (parentales) y aparece la figura de los hombres padres como un aditivo de enunciación. Esta función de educador que hace el estado con las familias empobrecidas, también implica una forma de control y vigilancia (Donzelot, 1979).

Por cierto, esta idea de un estado vigilante y, a la vez, educador de las familias empobrecidas también se puede observar en diferentes contextos. Por ejemplo, el exitoso programa Planet Youth (https://planetyouth.org) de Islandia, que ha sido replicado en nuestro país como una estrategia de prevención del uso de drogas (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2019). Dicho programa nórdico consta de diversas estrategias de intervención, tales como: realización de investigaciones y encuestas permanentes sobre la vida infantil a cargo de organismos especializados (que aportan datos y evidencia para el diseño de políticas públicas); la prohibición de publicidad y compra de tabaco y alcohol para adolescentes menores de edad; transferencia monetaria para financiar actividades deportivas y artísticas (subsidio de 250 euros por cada niña o niño, unos $200.000 pesos chilenos aproximadamente); la prohibición legal del libre tránsito de adolescentes entre 13 y 16 años de edad durante la noche (esta única medida se quiso implementar en algunas comunas de Chile y causó gran impacto en el debate público) y la participación obligatoria de las madres y los padres en las asociaciones de apoderados y, además, en charlas sobre crianza infantil que promuevan el acompañamiento y la conversación familiar (Pavez-Soto, 2019).

Yo creo que si la gente se siente incomprendida o se siente que en verdad no sé… no es que hagan las cosas porque son malos padres, sino, que porque no han tenido otras posibilidades, pero a la vez ofrecerles posibilidades distintas de actuar, de hacer las cosas de manera distinta (psicóloga, institución pública, Región Metropolitana).

Creo que hay situaciones en que efectivamente se logra el objetivo que es, por ejemplo, no sé, que el apoderado permanezca un tiempo en habilitación parental (psicóloga, escuela pública, Región Metropolitana).

Una de las formas de evaluar el ejercicio de la competencia marental/parental es a través de información que las y los interventores pueden recabar a través de los establecimientos escolares. Entre las redes de trabajo, la escuela representa una oportunidad no sólo para observar la supuesta integración social y el funcionamiento escolar, sino también para evaluar el rol marental/parental y sus resultados. En este sentido, ciertamente esta red funciona como un dispositivo de control y disciplinamiento de las familias migrantes (Donzelot, 1979; Foucault, 1975), evaluando la cercanía o lejanía de las lógicas comportamentales chilenas, estableciendo acciones directas sobre aquellas que se alejen de las normas no sólo legales, sino culturales y sociales. En esta cita se muestran los factores en que este dispositivo va centrando su atención:

Sí, con los colegios sí. Nosotros lo que hacemos es dirigirnos a los colegios, conversar con los orientadores, conversar con los profesores jefes, con los inspectores que nos den una referencia como de comportamiento de los niños, en términos de la relación con sus pares, en términos de si respetan o no las normas, cómo se llevan con los profesores, si existe participación de los adultos en el colegio, o sea, si son padres presentes. También el rendimiento escolar, es como un poco esas son nuestras… lo que nos importa un poco a nosotros es el tema de la participación del adulto, comportamiento, normas y límite más el rendimiento escolar (trabajadora social, institución pública, Región Metropolitana).

Resulta interesante cuestionarnos porqué el estado realiza estos procesos de educación y vigilancia con las familias empobrecidas y no actúa del mismo modo con las familias aventajadas, donde la vulneración de los derechos infantiles queda circunscrita a un ámbito eminentemente privado. La institución escolar sería uno de los mecanismos institucionales a través de los cuales el estado, además de educar, vigila las formas del cuidado y la protección infantil en determinadas familias. De acuerdo a algunos discursos interventores, la escuela sería un recurso efectivo de corte funcional y asistencial para la provisión de aquellos bienes y servicios que madres y padres están en dificultad de proveer, pero, a la vez, actúa como un elemento de control respecto de los límites de actuación de las familias. Aparece latente una especie de preocupación por lo que ocurriría fuera del horario escolar, en el contexto de la vida familiar y barrial, percibidos como espacios inseguros en contraste con la seguridad que ofrecería una escuela higiénica y encapsulada en sí misma, ajena del territorio y de las experiencias que niñas y niños viven en sus entornos familiares y barriales. Por ejemplo, se reconoce ausencia adulta y limitaciones de espacio en el hogar.

Van sagradamente, porque acá saben que la educación es gratuita y tienen además la alimentación gratuita… y además la mamá no tiene donde dejarlo, entonces, esto es un recurso de protección para ellos, mandarlos al colegio con jornada completa (trabajadora social, institución pública, Región Metropolitana).

En el siguiente discurso se aprecia la falta de un paradigma intercultural para intervenir con infancias que tienen trayectorias de vida circunscritas a diferentes territorios y temporalidades. El juego al aire libre, en jardines, patios, veredas o calles es una práctica que históricamente se ha realizado en nuestra región latinoamericana, con más o menos variaciones dependiendo de factores ecosocioculturales (Corona y Gülgönen, 2013). Interpretar el espacio público de la calle y el jugar en la calle como otro espacio más de esta sociedad del riesgo que sería altamente amenazante para la infancia es un reduccionismo etnocéntrico que deber revisarse. Una intervención con pertinencia intercultural debe conocer la construcción social del juego y del espacio público en los lugares de origen de las infancias migrantes.

Ellos juegan en la calle y según ellos juegan hasta las diez de la noche. En verdad, todo el día juegan y ellos pasan súper solos. Y ellos juegan todo el día en cualquier horario, juegan a la pelota, tienen como su grupo, claro, son más grandes y, en general, como, con los niños, con los vecinos (…) Los niños terminan haciendo su vida afuera, con otros niños, con otras niñas, que se sienten tan hacinados como ellos, entonces, empiezan a ocupar las calles y empiezan a ocupar las esquinas (…) están la mayoría del tiempo afuera de las casas, ocupan harto el espacio público, lo ocupan harto (psicóloga, institución pública, Región Metropolitana).

Otro aspecto que se puede apreciar en los relatos dice relación con la necesidad de una mayor profundización en el estudio de las familias y su funcionamiento, intentando puntualizar aquello que corresponde a aspectos culturales respecto de factores contextuales o aspectos socioeconómicos. En este sentido, en algunos relatos profesionales se reconoce la necesidad de incorporar un enfoque intercultural -con los desafíos metodológicos que ello implica- en la intervención con niñez migrante, especialmente sobre las distintas prácticas culturales en torno al cuidado infantil. En general, se observa latente una visión de cultura como algo cerrado y homogéneo respecto de cada colectivo nacional. La idea fundamental que se alberga es tomar en consideración eventuales diferencias culturales en cuanto a costumbres familiares y pautas de crianza, para poder comprender las formas de actuación de las familias migrantes y cómo poder acompañarlas desde las instituciones:

Tratar de ampliar un poquito la mirada respecto de la familia o de los niños migrantes. De repente, igualmente, tienen otro tipo de costumbres. Eso por lo menos como método, en especial, como método específico para hacer la diferencia no, no hay. Pero sí obviamente, la mirada tratar de ampliarla y que, quizás los niños vienen de otra cultura distinta, la forma de las pautas de crianza. Por lo menos esa es una forma de intervenir en esta oficina (abogada, institución pública, Región Metropolitana).

Este control de las prácticas de las familias migrantes, también se relaciona desde ciertas posiciones etnocéntricas respecto de las relaciones de género. En algunas ocasiones, los discursos interventores enfatizan una diferenciación culturalista respecto de las prácticas generizadas de ciertos colectivos, como si en Chile las expresiones de desigualdad de género fueran dinámicas superadas entre nacionales. En este sentido, se enfatiza constantemente un mayor machismo entre migrantes aludiendo a ciertas nacionalidades específicamente. De esta manera, las relaciones de género machistas sirven de explicación para señalar el porqué de un trato marental/parental autoritario y agresivo, así como una tendencia a la violencia intrafamiliar. Aunque no siempre se señala explícitamente la comparación con el marco chileno, esta comparación queda implícita, marcando a algunas familias desde un punto de vista cultural y generizado como menos aptas para la crianza sin violencia:

Al trabajar con familias que son migrantes mayoritariamente peruanos, que son con los que más hemos trabajado en términos de género, son como los papás, son como bien machistas, son como bien machistas, tienen este tema integrado, de, un poco, de la violencia intrafamiliar. Las mujeres, lo que tienen que hacer las mujeres y los hombres, lo que tienen que hacer los hombres (trabajadora social, institución pública, Región Metropolitana).

En algunos casos, esta vinculación a prácticas generizadas también se relaciona con la posición socieoconómica de las familias. Por tanto, la explicación de la violencia o bien se vehiculiza a partir de la nacionalidad de procedencia y su práctica cultural o desde las diferencias de género asociadas a ciertas culturas, o bien, como un factor que afecta principalmente a ciertos estratos socioeconómicos. En cualquiera de esas explicaciones, la contraparte no es analizada ni puesta en tela de juicio: es decir, el marco cultural chileno y sus prácticas de violencia, las relaciones generizadas de ese marco, ni las violencias que ocurren en diferentes estratos sociales y económicos. De esta manera, también se establece una relación entre la situación económica de la familia migrante y su funcionamiento. Lo anterior podría llevar a diagnósticos sesgados por parte del sistema proteccional, que muchas veces criminaliza y judicializa por razones de pobreza o exclusión (Fundación Infancia Chile, 2017).

Hay varias familias que tienen una situación económica un poco más estable, parece que hay mucha más colaboración, hay más cooperación entre los padres. Pero también el resto de las familias que son mucho más precarias, y aunque nosotros estamos en el cité, por, como, quizás, media hora en total, en la mañana y después devolviéndolo, parece que hay mucho conflicto, mucha falta de comunicación, muchos gritos. Cosas así, entonces parece que falta mucha cooperación (voluntaria, organización no gubernamental, Región Metropolitana).

 

Nociones de maltrato y negligencia en la intervención

El concepto de “maltrato infantil” ha evolucionado en la medida en que se ha ido conociendo y problematizando más del fenómeno. Inicialmente, hacía referencia a la explotación laboral y maltrato físico -según criterios médicos o clínicos-, mientras que actualmente se define en función de los derechos y las necesidades de las niñas y los niños, incluyendo componentes o manifestaciones como la negligencia y agresiones psicológicas (Larraín y Bascuñán, 2008; UNICEF, 2015).

Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS (2003), el descuido o la negligencia se produce cuando uno de los progenitores no toma medidas para promover el desarrollo infantil —estando en condiciones de hacerlo—, ya sea en el ámbito de la salud, la educación, el desarrollo emocional, cuidados diarios, la nutrición, el amparo o las condiciones de vida seguras. En este sentido, según el sistema de clasificación jerárquico -comúnmente utilizado para la clasificación y codificación del maltrato infantil (Muela, 2008)-, la negligencia se considera un tipo de maltrato “pasivo”, pues no implica el uso de la fuerza física y sus consecuencias serían menos visibles en el corto plazo. Es importante destacar que la aseveración “estando en condiciones de hacerlo” indica que el descuido puede ser catalogado como tal sólo en los casos en que la familia u otras personas a cargo dispongan de los recursos razonables para hacerlo. Por lo tanto, se excluiría de inmediato la situación de pobreza como una causa, ya que las madres y los padres no contarían con los recursos para proveer el cuidado infantil (OPS, 2003; UNICEF, 2015).

Es evidente que algunas familias se ven más expuestas que otras a caer en situaciones de pobreza, por ejemplo, cuando una mujer está sola a cargo de un grupo familiar requerirá mayores apoyos del estado o incentivos del mercado para llevar a cabo el cuidado infantil, proveer los bienes y servicios considerados adecuados y trabajar; las familias migrantes también tienen mayores factores de riesgo de caer en condiciones de precariedad, especialmente en la primera fase del proceso migratorio o en época de crisis, porque acceden a condiciones de vida precarias, tienen menos redes de apoyo y se enfrentan a mayores obstáculos para acceder a los apoyos públicos. La pobreza no puede ser vista como sinónimo de negligencia y menos aún criminalizarla y judicializarla, lo correcto sería apoyar la función materna/paterna en las familias altamente vulnerabilizadas.

Por lo tanto, una posible evaluación del fenómeno de la negligencia infantil debería considerar, por un lado, factores individuales/familiares, como la capacidad para responder a las necesidades infantiles, según los recursos disponibles (estudios, empleo, patrimonio, etc.), sus características personales y la dinámica relacional familiar; y, por otro lado, factores sociales/estructurales como las redes de apoyo (familia extensa, vecindad, amistades, etc.), políticas públicas y acceso a programas sociales; las prácticas y los valores culturales del medio en que vive la familia.

En resumen, para comprender el fenómeno de la negligencia y definirla adecuadamente, es necesario determinar qué constituye el cuidado adecuado de las niñas y los niños y cómo sus necesidades cambian de acuerdo a la edad, así como considerar el rol y las condiciones socioeconómicas de las madres, los padres o cuidadores (Jordan, 2007). A su vez, vale recordar que la concepción de negligencia surge en contextos sociales anglosajones, donde existe un Estado de Bienestar con recursos sociales y de protección dispuestos hacia el cuidado de la infancia, difiriendo de la realidad latinoamericana y especialmente de la realidad que enfrentan las familias migrantes en Chile, las que muchas veces se encuentran empobrecidas y excluidas del acceso a los servicios. Por lo tanto, las personas interventoras deberían aplicar críticamente las orientaciones técnicas para distinguir entre situaciones de negligencia y dificultades propias del proceso de integración migratoria (como el acceso a los servicios sociales) (Bringiotti, 2005).

Teniendo en cuenta estas definiciones, se distingue que los relatos interventores en este estudio establecen una correspondencia directa entre la negligencia marental/parental y la vulneración de derechos infantiles, atribuyendo una causalidad a las normas y prácticas culturales vigentes en los países de origen -a contrapelo de lo que supuestamente ocurre en Chile-. Las madres y los padres migrantes vulnerarían los derechos, mientras que el estado chileno y sus instituciones mitigan o restituyen tales vulneraciones. Aquí podemos preguntarnos sobre la responsabilidad del estado chileno en cuanto a facilitar o no las garantías necesarias para proveer el cuidado infantil adecuado. En este sentido, haría falta una lectura crítica sobre cómo las instituciones pueden ser vulneradoras en sí mismas, cuyo funcionamiento afecta tanto a la infancia migrante y nacional y a sus respectivas familias. En la siguiente cita, se puede visualizar latente una idea de esencialización y patologización al hablar de madres “dañadas” y, por tanto, problemáticas para la intervención, es decir, habría un desplazamiento de la responsabilidad hacia las familias y los individuos, por sobre la comunidad/sociedad y el estado.

En cuanto a los niños migrantes creo que el impacto es similar al que tenemos con los niños nacionales. Pero me parece que el impacto de las intervenciones no sólo está mediado por las estrategias o metodologías que utilizamos nosotros, como programa o como profesionales. Creo que también el impacto está mediado por cómo responden todas las instituciones o dispositivos que se encuentran en torno a estos procesos de intervención… que muchas veces generan procesos burocráticos de difícil acceso, de difícil comprensión, entendiendo que son personas dañadas también los adultos con los que estamos trabajando, generalmente también son personas muy dañadas, que poco logran retener, que poco logran accionar, que poco logran problematizar (psicólogo, institución pública, Región Metropolitana).

Al diagnosticar la incompetencia o inhabilidad, la y el sujeto profesional asume la función de ejercer acciones “para” la madre o el padre, a quien le “faltan” ciertas bases. Siguiendo las distinciones de Sellenet (2008), en una orientación de trabajo “para” o “en” habilidades marentales/parentales, las y los profesionales tomarían un rol activo para restablecer la marentalidad/parentalidad perdida o de la cual no se dispone, sorteando las demandas burocráticas del sistema de protección que impide vínculos más prolongados con las personas participantes de la intervención. En este sentido, a continuación se visualiza cómo la persona interventora pone especial relevancia en el rol de las instituciones para un cambio efectivo en las familias y cómo sin estas, supuestamente, los cambios no serían permanentes en las actitudes de los sujetos migrantes:

Entonces, se logra vincularlos, se logra que se inserten socialmente de alguna forma, pero como estos procesos están mediados también por demandas del sistema, que tienen que ver con lineamientos técnicos, que tienen que ver con temas de suspensión, etcétera… que obligan a realizar un trabajo mucho más rápido, se carece de las bases que permitirían desarrollar una actitud más permanente de estas personas hacia la vinculación o la vinculación social. Entonces se ven vinculados, pero les cuenta mantener esa vinculación, porque obviamente no se han fortalecido cosas previas, capacidades previas, que harían que esto fuera un estado más permanente en ellos, donde poder enfrentarse a esta incorporación social (psicólogo, institución pública, Región Metropolitana).

En el discurso previo se percibe latente la burocratización de la intervención del estado a través de plazos y la tecnocratización mediante las metas, como si fuera un trayecto lineal y objetivo, sin considerar las complejidades propias de las familias y agudizadas en contextos de movilidad. Asimismo, no sólo se pone acento en la dependencia y necesidad de la institución pública u organización no gubernamental (ONG) para el supuesto restablecimiento de habilidades, sino que, además, se reconoce que el trabajo se vuelve infructuoso cuando se trata de sujetos que están en condiciones socioeconómicas deficitarias. Se establecen relaciones entre la marentalidad/parentalidad y las condiciones económicas, de vivienda y alimentación y el hecho de que la sobrevivencia familiar está por sobre otras necesidades y preocupaciones:

Es muy difícil trabajar tanto con los niños chilenos como con los niños migrantes, pero con los niños migrantes aún más, dada la condición de vulnerabilidad en que están. Es muy difícil trabajar en competencias parentales o cualquier temática de psicología cuando no están las condiciones básicas de habitabilidad. No se puede garantizar que los niños coman, por ejemplo, que la madre tenga plata para darle en la noche, que tenga plata para trasladarse, que duerman en una situación cómoda. Es muy difícil poder trabajar estos temas, cuando ellos están preocupados como de sobrevivir, y las condiciones de sobrevivencia están así... al límite (psicóloga, institución pública, Región Metropolitana).

Como se puede apreciar en la cita anterior, se reconocen las condiciones de vulnerabilidad económica y cómo ese factor estructural afecta las trayectorias de las familias migrantes, mas es posible encontrar suspicacias en los cuales dichas condiciones se atribuyen estrictamente a la responsabilidad individual. Es sabido que algunas familias migrantes se ven obligadas a vivir en condiciones de pobreza y exclusión, especialmente durante la primera fase del proyecto migratorio o en época de crisis, puesto que se trata de una estrategia de sobrevivencia en circunstancias extremas, donde las opciones de vida son limitadas y las oportunidades, esquivas. Sin embargo, se releva el hacinamiento y muchas veces la insalubridad habitacional, así como la falta de espacios domésticos seguros, adecuados y suficientes para el desarrollo infantil y la intimidad familiar. El derecho al juego, esparcimiento, vida familiar y descanso serían frecuentemente vulnerados debido a las condiciones de la vivienda, lo que redundaría en maltrato o negligencia. Esta visión etnocéntrica también es aporofóbica (rechazo o desprecio por la pobreza en Cortina, 2017), ya que lamentablemente el maltrato infantil ocurre en todas las clases sociales, es transversal en nuestra región latinoamericana. Pocos relatos profesionales apuntan hacia los factores estructurales que afectan la vida infantil migrante, la mayoría sobredimensiona factores personales y familiares, atribuyendo la responsabilidad (única y exclusiva) a las madres y los padres por vivir en condiciones de pobreza, anteponiendo juicios de valor por sobre los hechos y homogenizando diferentes colectivos culturales y económicos bajo unas determinadas consideraciones. En los siguientes relatos se condensa claramente esta responsabilización individual:

Entonces, ahí también se están violentando mucho las condiciones mínimas que debiese tener un niño para su crecimiento (…) Hay, bueno, una responsabilidad, un poco de los padres, digamos, al tomar la decisión de estar ahí o de no prever todas estas cosas ¿No? De si voy a traer a mi hijo, dónde lo voy a tener, bajo qué condiciones, no sé o antes de viajar… De investigar, de averiguar bien cuáles serían los espacios donde podría estar con mi familia. Entonces, yo creo que ahí hay una responsabilidad también de los padres en… a veces, en… por qué terminan viviendo en lugares en esas condiciones. Yo sé que a veces no les queda otra alternativa, por el tema económico que no pueden acceder a otro tipo de vivienda, pero, digamos, se puede prever (voluntario, organización no gubernamental, Región Metropolitana).

Otro punto crítico presente en los discursos interventores se refiere a la sobre carga de trabajo doméstico o de cuidado infantil que deben realizar algunas hermanas y hermanos mayores de las familias migrantes, en esos casos se utiliza el término “parentalización” (en masculino), evidenciando una sobrecarga de responsabilidades en desmedro del derecho al descanso, por ejemplo. Aunque se reconocen condiciones macrosociales (como las largas jornadas laborales y la falta de redes de apoyo), es interesante notar que no se dice nada sobre la presencia o ausencia del estado en la responsabilidad del cuidado de las niñas y los niños más pequeños:

Hemos visto varias familias, principalmente de Bolivia, podría decir, pero aunque de Colombia y Perú también, donde los hermanos ejercen… las madres son solas y los hermanos mayores ejercen el rol de padres, están parentalizados, y entonces tienden a golpear, amenazar y maltratar a sus hermanos menores, como ellos han sido maltratados también, ya sea fuera del país o acá por su progenitora o por otras personas (psicóloga, institución pública, Región Metropolitana).

Según Mayall (2000), en las sociedades modernas, las niñas y los niños de todas las clases sociales realizan labores de trabajo reproductivo (doméstico y de cuidado), como por ejemplo, satisfacer las necesidades afectivas de las personas adultas, incluso se preocupan de cuidarlas (por ejemplo, durante la develación de situaciones de maltrato o abuso) y de mantener los lazos intergeneracionales, por ejemplo, en migración. Se trata de un trabajo gratuito no valorado en la sociedad capitalista e invisibilizado en la cultura adultocéntrica. En las familias con posición socioeconómica favorable estas labores se pueden externalizar (pagar por servicio doméstico, cuidado infantil o contención emocional terapéutica), no obstante, debido a la pobreza y los valores culturales, entre otros factores, en algunas familias migrantes las niñas, los niños y adolescentes deben realizar este tipo de trabajos sin tener opción de negarse. Resulta interesante observar cómo en los discursos interventores se ejerce una patologización de una problemática social, económica y cultural.

Pero sí, yo los observo y los he observado bien solos [a las niñas y los niños], además, porque [en] la mayoría de las familias, los adultos tienen que trabajar, por lo tanto, quedan solos, quedan los más grandes a cargo de los más chicos. Por lo general, se ven mucho más cansados, porque hay algunos que tienen que hacerse cargo de los hermanos o hacerse cargo de la casa. Pero eso no solamente pasa con los niños que son migrantes, sino que pasa con la niñez que vive en condiciones complejas (psicóloga, institución pública, Región Metropolitana).

La situación de vulnerabilidad que afecta a una parte de la niñez migrante, independiente de la nacionalidad, redunda en que deban destinar horas de juego, descanso o trabajo escolar para realizar tareas del hogar, cuando sus madres y padres no están en casa (UNICEF, 2012). En estos relatos, la alusión a la “parentalización” (en masculino) se presenta cargada de un profundo significado de “soledad”, comprendida como una vulneración de derechos que se asocia tanto a un elemento cultural en el caso de familias migrantes, como a la falta de redes de apoyo, debido a la pobreza. Mientras que en otros relatos se puede distinguir una apreciación homogeneizadora de los marcos culturales de las familias desde una visión etnocéntrica, se atribuye a una costumbre de las familias migrantes que supuestamente “chocaría” con la cultura nacional, invisibilizando que estas prácticas también son realizadas en las familias chilenas situadas en niveles socioeconómicos desfavorables, como decía la cita recién expuesta:

Tienen muchas responsabilidades dentro de la casa, como cuidar los hermanos, organizar la casa, limpiar, hacer las tareas de la casa. La única diferencia que he visto es más que los familiares grandes tienen que dejar a los niños, niñas, en este caso, solas por más tiempo. Porque no tienen tantas redes con quien dejar el niño o la niña, entonces tiene que quedarse sola (voluntaria, organización no gubernamental, Región Metropolitana).

El ejercicio de la marentalidad/parentalidad aparece mediado por las construcciones sociales de las y los profesionales, quienes establecen relaciones de poder al emitir juicios atribuidos a la dimensión cultural. Siguiendo a Anthias (2002) estas distinciones profesionales no son asépticas, sino relacionales y jerarquizadas privilegiando los propios marcos culturales. En la siguiente cita, la profesional indica que usar la categoría “abandono” y la tendencia a estigmatizar se debe al desconocimiento de “la cultura” de las familias migrantes. En ese ejercicio, por un lado, se reducen las causas a una cuestión meramente cultural, entendiendo la “cultura” como algo unívoco, cerrado y definitivo que las personas migrantes cargan y exponen fijamente en los nuevos marcos sociales:

A lo mejor como no estoy tan instruida, por ejemplo, en términos culturales y a lo mejor no logro ver tantas diferencias, pero yo creo que a lo mejor sí las hay. Y por eso principalmente que uno, a veces, tiende a decir ¡cómo! ¡no! ¡estos niños que están botados!.. que estaban como tan abandonados y todo eso, y claro, como, por desconocimiento, uno altiro tiende, como, a estigmatizar (abogada, institución pública, Región Metropolitana).

De aquí que la reducción a razones culturales representa un riesgo estigmatizador y homogenizador de los colectivos migrantes. La noción de que las niñas y los niños migrantes estarían “botados” es una metáfora cruel, porque ciertamente existe cierto abandono de parte del estado protector, considerando una apreciación contextualizada de las condiciones de vida de las familias migrantes en el país, tal como hemos tratado hacer en este estudio. Es delicada la idea de las supuestas diferencias entre los países, porque ineludiblemente remite a pensar en cómo se valoran esas diferencias creando posiciones de inferioridad y superioridad. Esta ficción jerárquica es la base del control que recaerá sobre los cuerpos de ciertos sujetos (individuales y colectivos) reproduciendo una justificación para ejecutar la intervención directa. La intervención, así, supondría una acción sobre un sujeto situado en posición de subalternidad, dado que el sistema político genera ciertas configuraciones sobre la “otredad” y, finalmente, inciden en las relaciones concretas que se establecen entre individuos (Galaz, et al. 2017a y Galaz et al. 2017b). A riesgo de majadería, reiteramos que en la intervención con infancia migrante y sus familias se deben considerar en el mismo nivel cuestiones tan diversas y complejas como las condiciones de vida familiar, las políticas públicas; y algo tan etéreo o banal como podrían ser los miedos y prejuicios que rodean a la propia intervención de un servicio público o de una institución chilena, aunque sea una ONG.

El siguiente relato permite captar cómo la idea de la negligencia y el abandono se vinculan con las habilidades marentales/parentales de la familia y se comprenden como la causa de las vulneraciones de derechos, por sobre la responsabilidad que puedan tener la institucionalidad, por ejemplo, o la política laboral que afecta a las personas migrantes. Llama la atención que si bien se reconocen las adversas condiciones laborales que se ofrecen a las personas migrantes (es decir, son factores estructurales que están fuera de su voluntad), igualmente se interpreta como negligencia exclusivamente la conducta marental/parental, obviando los posibles efectos que tengan políticas públicas claramente restrictivas, antes que protectoras. Como ya hemos dicho, la noción de negligencia es pertinente en aquellos casos donde, teniendo las condiciones para hacerlo, las madre o los padres no toman las medidas para promover el desarrollo biopsicosocial infantil. Por tanto, la misma interventora tiene claridad de porqué estas familias llevan a cabo ciertas acciones respecto de sus hijas e hijos y a la vez se sigue insistiendo en la noción de negligencia, aún cuando no corresponda exactamente a la situación particular de esas familias:

Entiendo que los niños peruanos que han llegado [a la institución] ha sido por negligencia parental, quizás porque los peruanos trabajan muchas horas y los niños pasan solos en la casa y por ahí se genera un abandono. Por ahí surgen otro tipo de vulneraciones, como abusos, entonces las habilidades parentales son el origen de muchas otras cosas que pasan a los niños (…) [ingresan] por negligencia parental, por esto que yo te decía que… que debe ser por esto de que sus padres trabajan mucho tiempo, o sea, todos sabemos que acá en Chile se ha explotado bastante a las personas migrantes, porque también son trabajos informales donde no se respeta mucho el tema de la hora (socióloga, institución pública, Región Metropolitana).

No obstante, existen algunas perspectivas minoritarias en la intervención que, desde una visión más autocrítica y reflexiva, enfatizan la importancia de las articulaciones con las mismas familias migrantes. La cita que se presenta a continuación es elocuente al señalar que la nacionalidad no determina conductas. La profesional es clara al identificar dos desafíos para el trabajo psicosocial: la falta de diálogo con los colectivos migrantes, así como reconocer el tratamiento diferencial que se hace a razón de la nacionalidad, pero que no distingue las diferentes respuestas sociales frente a un mismo hecho:

No hay un diálogo y no es algo que se haya trabajado explícitamente y también, el momento de abordarlo específicamente. También se cae en esto de `vamos a hacer un taller de habilidades parentales a los papás haitianos`… como `un taller de sexualidad para las haitianas`… cuando en realidad acá el papá chileno “le saca la mugre al cabro chico”, pero ni tonto va a mandarlo al colegio al día siguiente (abogada, organización no gubernamental, Región Metropolitana).

 

Conclusiones

Este estudio ha permitido profundizar en la intervención psicosocial con infancia migrante en Chile desde los discursos interventores de profesionales que trabajan en instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil (ONG), pudiendo así navegar en aquellos relatos que permiten ver aspectos que marcan la relación con las familias migrantes y sus prácticas, donde el uso y abuso del concepto de maltrato y negligencia reproduce estigmatización y una especie de violencia simbólica de corte etnocéntrica, adultocéntrica y aporofóbica.

Nos quedamos con inquietudes en torno al despliegue de competencias en cada familia frente al proceso migratorio y los factores que inciden en el desarrollo de ciertas problemáticas que afectan especialmente la vida infantil y su adaptación en el país de destino. La complejidad de la intervención con familias que enfrentan situaciones con alta carga de estrés se debe a que las dificultades ocurren de manera conjunta y crónica, sumando factores estructurales y relaciones (Gómez et al. 2007). Ciertamente, vivir en contextos de pobreza, migración y deprivación afecta la vida familiar, no obstante, consideramos que las familias migrantes en lo particular experimentan una auscultación más directa y permanente del Estado a través de los procesos de intervención. Por otro lado, desde el enfoque de la resiliencia podríamos decir que las situaciones de desplazamiento obligan a las familias y a todas las personas integrantes, incluidos bebés, niñas y niños, a desplegar estrategias de cuidado, apoyo en las redes y (re)generación de recursos propios para enfrentar las situaciones de crisis (Granada et al., 2012).

Los resultados presentados permiten evidenciar que la utilización de ciertos conceptos estigmatizadores en la intervención del Estado y las organizaciones no gubernamentales propicia la reificación negativa, estereotipada y culturalizada de las familias migrantes. No sólo homogeniza a todas las familias de ciertos colectivos migrantes en un todo y bajo categorías culturales fijas, sino que individualiza una problemática que suele tener variantes estructurales de los países de recepción. Por tanto, es importante que la intervención psicosocial con familias pueda considerar la influencia que el proceso migratorio genera en ellas en su diario vivir. Covarrubias et. al (2009) proponen distinguir entre una familia multiproblemática o bien una familia con dificultades en su reestructuración y/o adaptación. En ambas situaciones, es importante que los servicios sociales puedan orientar su intervención hacia el fortalecimiento de los recursos que las familias ya han desarrollado por sí mismas, frente a las dificultades del contexto, como la explotación laboral, expresada en extensos horarios laborales, falta de redes de apoyo que afecta la circulación de los cuidados familiares (Covarrubias et al. 2009).

Ahora bien, Sellenet (2007) advierte que dos lecturas son habituales al tematizar a las familias: la patologización de las situaciones que viven y la construcción identitaria de la irresponsabilidad parental. Se esquiva que algunas problemáticas sociales recurrentes se deben también a tratamiento políticos y sociales específicos sobre ciertas comunidades. El riesgo de patologizar o reducir causalidades aisladas sólo a ciertos vectores termina, por lo tanto, reproduciendo la estigmatización de estos colectivos. Recurrir a explicaciones individuales, étnicas o culturales, indica Sellenet (2007) propicia, además, el aumento del control social sobre las personas. Este control se concentra sobre un “otro” construido bajo la sospecha. De esta manera, los dispositivos de atención a la infancia, por donde cruzan niñas y niños migrantes, se convierten en dispositivos gubernamentales de control y disciplinamiento de las familias (Foucault, 1975), desde parámetros etnocéntricos culturales. La sospecha se fundamenta en que sus prácticas son situadas en una diferencia radical respecto del contexto de recepción, y de ahí, se brinda la justificación para una sobre-auscultación de sus relaciones, y se autoriza a una intervención directa para atraerlas a una supuesta normalidad dictada desde parámetros nacionalistas y bajo perspectivas dominantes y universalistas de las habilidades parentales. De esta manera, el control no es solamente un control social, sino que tiene un respaldo institucional que permite el ejercicio directo sobre estas familias. Al dirigir la atención sobre una otra (situada en el espacio de la llamada otredad o alteridad), se evaden las variables institucionales y estructurales que explican las condiciones desiguales en que estos sujetos habitan. Por eso hablamos de vulnerabilización, puesto que la niñez migrante atraviesa varias posiciones de desventaja estructural.

Las condiciones de vida de las familias migrantes -especialmente en la primera fase o para ciertos colectivos- se caracterizan por la precariedad socioeconómica que influye sobre las dinámicas familiares, la interacción entre sus miembros, la crianza y el cuidado. La defensa y protección de los derechos de la infancia no puede esconder discursos racistas, adultocéntricos y aporofóbicos; las instituciones y las organizaciones no gubernamentales que realizan intervención con la niñez migrante deberían estar en constante revisión de los paradigmas y las metodologías que subyacen en sus discursos y prácticas. La intervención puede ser opresora o liberadora, por eso, resulta fundamental reflexionar y asumir visiones empoderadoras de la niñez migrante.

Los relatos profesionales dan cuenta de factores contextuales y estructurales que repercuten sobre el cuidado y la protección infantil, mientras que en los discursos de intervención existen nociones tendientes a la sobre-responsabilización de las familias, individualizando una problemática social y, a la vez, eximiendo al estado en su responsabilidad como garante de derechos. En este contexto, el modelo teórico de competencias marentales/parentales, es dominante, validado y ampliamente utilizado en los lineamientos de intervención de las instituciones públicas y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la niñez y adolescencia en Chile, al ser aplicado sin consideraciones contextuales y situadas, atribuyen causalidad directa a razones étnicas y culturales, contribuye a estigmatizar y patologizar problemas altamente imbricados en variables estructurales e institucionales. Si bien este modelo teórico puede tener sus potencialidades y limitaciones, recomendamos que se complemente con enfoques que presten atención al contexto, de este modo, se puede aplicar la noción de competencia marental/parental de forma “situada”. No olvidemos que su aplicación original proviene del mundo del trabajo y el mercado laboral, por lo tanto, debemos mirarlo atenta y críticamente cuando se extrapola al campo de las familias, las infancias y las migraciones.

 

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