Transformación, reescalamiento y desigualdad urbana contemporánea en Arica (Chile): la toma de Cerro Chuño como caso de (in)justicia espacial

Transformation, rescaling and contemporaneous urban inequality in Arica (Chile): The Cerro Chuño shantytown as a case of spatial (in)justice

 

Fecha recepción: septiembre 2018 / fecha aceptación: junio 2019

 

Felipe Valdebenito Tamborino1 y Katherine Navarro Páez2

 

Resumen

Presentamos un análisis antropológico-jurídico sobre el devenir de la toma de terreno Cerro Chuño en Arica (Chile), considerando que sintetiza procesos contemporáneos de transformación, reescalam iento, desigualdad e (in)justicia espacial urbana en Arica. Describimos etnográficamente tres situaciones sociales de conflicto que reflejan dicha síntesis en Cerro Chuño. Luego relevamos desafíos y posibilidades que presenta el caso de estudio para la intervención académico-profesional.

Palabras clave: Arica, urbanismo, toma de terreno, situación de conflicto, antropología jurídica.

 

Abstract

We introduce a legal anthropology analysis about the becoming of Cerro Chuño shantytown in Arica (Chile); considering it as a synthesis of contemporaneous processes of urban transformation, rescaling, inequity and spatial (in)justice in Arica. We ethnologically describe three conflict situations that reflects this contemporaneous synthesis in Cerro Chuño. Then we point out the challenges and possibilities that presents the study case for academical-professional intervention towards the future.

Key Words: Arica, urbanism, shantytown, conflict situation, legal anthropology.

 

 

Introducción

Las problematizaciones teóricas y datos cualitativos abordados en este artículo tienen su origen en un trabajo de campo etnográfico que se viene realizando desde agosto de 2016 en la toma de terreno de Cerro Chuño en la ciudad de Arica (Chile). Durante las labores de terreno hemos podido dar cuenta que el caso de Cerro Chuño, muy lejos de tratarse de un mero asunto “específico”, “excepcional” o “particular” dentro de la ciudad en que se emplaza, se constituye más bien como una síntesis y “extensión” de procesos contemporáneos de transformación, reescalamiento3, desigualdad e (in)justicia espacial urbana que se están desarrollando en Arica, la frontera norte de Chile, durante los últimos años. Y que, precisamente por ello, debe abordarse como un caso de estudio provechoso para comprender aquellos procesos de mayor complejidad socioespacial. Desde nuestras adscripciones disciplinarias, la antropología y el derecho, aquí nos proponemos mostrar, entonces, en qué sentido el caso de Cerro Chuño es una síntesis de aquellos procesos y cómo es que ello revela nuevos desafíos y posibilidades para la intervención académico-profesional en casos de estudio similares al aquí abordado.

La toma de terreno Cerro Chuño se ubica al noreste de Arica, circundada por un contexto urbano marcado en sus orígenes por la segregación urbana y la contaminación medioambiental. Originalmente concebido como una solución de viviendas sociales construidas por el Servicio Nacional de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), -entre los años 1989 y 1995-, el conjunto habitacional Cerro Chuño fue ordenado con demolición durante el primer mandato del presidente Sebastián Piñera (2010-2014), el año 2012, puesto que su edificación fue emplazada frente al denominado “Sector F” en Arica: localización donde, -a finales de 1980-, fueron depositadas más de 20.000 toneladas de metales tóxicos como plomo, cadmio y arsénico por la empresas sueca y chilena BOLIDEN METAL y PROMEL (Baeza y Valdebenito, 2013).

 

 

No obstante, desde que fue ordenada la demolición, los habitantes de Cerro Chuño sólo se han retirado parcialmente del lugar, debido a la demora en entregas de soluciones habitacionales definitivas; o bien también, debido a la propia insatisfacción que han tenido respecto de la soluciones parciales4 que les han sido ofrecidas para retirarse. A pesar de ello, con la llegada del segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018), la demolición retomó su curso jurídico y fueron acelerados los procesos institucionales conducentes al desalojo definitivo: el Gobernador Provincial de la época, Ricardo Sanzana Oteíza, ordenó el desalojo formal con fecha 22 de febrero del año 2017, la empresa constructora Loga se instaló en el lugar para proceder a la demolición y la presencia policial se hizo cada vez más recurrente para garantizar la realización del proceso. El motivo seguía siendo el mismo: la alta contaminación del sector era un riesgo latente para los propios pobladores de Cerro Chuño. Y la negativa de los pobladores a retirarse también seguía siendo la misma: no lo harían sin sus respectivas soluciones habitacionales garantizadas.

Pero no todo seguía siendo exactamente lo mismo en Cerro Chuño desde la fecha en que se ordenó su demolición hasta el año 2017. Muy por el contrario, entre 2010 y 2017 todo Arica desarrolló un nuevo contexto urbano marcado por el progresivo aumento del tránsito fronterizo, -que incrementó en más de 2.857.293 de cruces de personas de acuerdo a datos extraídos de Aduanas Chile (2018)-, la recepción de nuevas migraciones internas e internacionales (particularmente indocumentadas y solicitantes de refugio) y el encarecimiento generalizado de precios inmuebles producto de la llegada de nuevos capitales inmobiliarios a la ciudad (Valdebenito, 2018) En este particular contexto contemporáneo, la desocupación parcial de Cerro Chuño -sumada a la creciente necesidad habitacional de los nuevos migrantes que llegaron a vivir a la frontera durante aquellos años-, terminaron por originar la toma de terreno en su aspecto y composición actual: una particular concentración de nuevos migrantes internos (provenientes de regiones chilenas mineras) e internacionales (provenientes de Latinoamérica y el Caribe) que se han visto obligados a tomar las casas desocupadas de Cerro Chuño al verse impedidos de acceder a los nuevos y elevados precios inmuebles de Arica (Valdebenito, 2018, p. 300-301). Y originándose también con ello, por lo demás, una nueva y particular contraposición sociocultural y jurídica entre los pobladores de la toma de terreno y las autoridades regionales de vivienda: por un lado, aquellos que reclaman su derecho a permanecer en Cerro Chuño al no tener cómo acceder a otra opción habitacional en Arica y, por otro, aquellos que, apelando a la cierta contaminación polimetálica del sector, argumentan el pronto desalojo de los primeros.

Con todo, la toma de Cerro Chuño se había complejizado socioespacialmente en el transcurso de cinco años, pero ello se debía a que todo Arica lo había hecho también en el mismo lapso de tiempo. En los próximos apartados nos abocamos a la tarea de analizar este fenómeno desde un punto de vista “extendido”: analizando un conjunto de procesos sociales contemporáneos que lo explican. Con este objeto, primero sustentaremos teóricamente nuestro trabajo desde el campo de los estudios sobre la relación entre desigualdad urbana y migraciones; argumentando la pertinencia del concepto de justicia espacial (Harvey, 1977), y la tradición metodológica “extendida” del análisis situacional de conflictos (Gluckman, 1958), para comprender dicha relación. Luego, -siguiendo esta tradición metodológica-, describiremos etnográficamente tres situaciones sociales de conflicto socioespacial que explican,- de manera debidamente “extendida”-, el devenir y especificidad contemporánea de la toma de terreno Cerro Chuño en Arica. Después, analizaremos desde un enfoque antropológico-jurídico los desafíos y posibilidades que presenta el caso de Cerro Chuño para la intervención académico-profesional. Por último, ofreceremos comentarios que enfatizarán lo que consideramos una urgente necesidad investigativa en el campo de los estudios urbanos sobre la frontera norte de Chile: actualizar tópicos y enfoques analíticos para visibilizar nuevos fenómenos de desigualdad socio-espacial que se están generando en ella.

 

Desigualdad urbana y migraciones: extender analíticamente la justicia espacial

Lejos de tratarse de un asunto reciente en la historia, la desigualdad en contextos urbanos tiene una larga data en términos de registro y estudios de las causas que la explican. A mediados del siglo XIX, por ejemplo, en un contexto de creciente urbanización asociada con la industrialización, Friedrich Engels (1845) ya describía el paisaje desigual de las ciudades inglesas y lo explicaba como una consecuencia del progreso tecnológico-industrial capitalista a costa de miles de campesinos emigrados desde sectores rurales. La urbanización se trataba, ya entonces y en general, de un proceso social de migraciones masivas que, una vez en destino, encontraban un devenir marcado por la pauperización, la hambruna, la segregación espacial y el hacinamiento (Engels, 1845). A lo largo del siglo XX, la tendencia generalizada a la aparición de ciudades asociadas con procesos industriales-migratorios se mantuvo; expandiéndose a escala planetaria. Hoy en día, de acuerdo a datos de las Naciones Unidas, se ha confirmado ya que la población mundial se concentra mayoritariamente en las ciudades (United Nations, 2014); cuestión que se corresponde con el hecho de que las migraciones internas e internacionales se tratan, cada vez más, de un asunto de carácter mayoritariamente urbano (Organización Internacional para las Migraciones, 2015). Las ciudades (su aparición, crecimiento y transformación) y procesos migratorios, por tanto, -y como ilustraremos debidamente en el tercer apartado etnográfico-, van de la mano.

En este último sentido, y al menos desde finales de la década de 1970, -con la irrupción de la geografía marxista en el campo del urbanismo-, existen variadas discusiones que apuntan a comprender la cuestión urbana como una particular relación entre procesos sociales y formas espaciales (Harvey, 1977); y que, en el particular marco contemporáneo de las intensas migraciones globales, apuntan a complementar dicha comprensión de lo urbano desde el concepto de re-escalamiento en términos geográficos y socioculturales (Glick-Schiller y Caglar, 2011). Es decir, entendiéndolo como un fenómeno de complejización progresiva en lo referido a los procesos sociales que definen sus formas espaciales y viceversa (Brenner, 2011); surgiendo así la necesidad de construir o “extender” nuevos/viejos parámetros analíticos para su estudio. De manera que, lejos de reducirse a una escala discreta de análisis, el estudio de lo “urbano” hoy en día escapa de la mera equivalencia a tratar problemas que ocurren “en” o tratan “sobre” la “ciudad” (Wachsmuth, 2013). Así, desde los todavía influyentes trabajos de Lefebvre (2013) sobre la producción del espacio urbano como una función reproductora del capitalismo, pasando por las problematizaciones que comprenden ulteriormente la producción del espacio como una reproducción del desarrollo geográfico desigual capitalista (Smith, 2008), y hasta las discusiones contemporáneas sobre simultáneas expansiones y contracciones que se presentan allí donde lo urbano se desarrolla (Lefebvre, 2014 [1970]; Brenner, 2011; 2014), el consenso actual indica que lo urbano escapa por lejos a la mera escala de lo “local”. Muy por el contrario, se trata de un fenómeno multi-escalar, con diversos niveles de complejidad geográfica y sociocultural que determinan, influyen o afectan sobre su desarrollo.

Un fenómeno que en síntesis, y particularmente en el contexto de las intensas y múltiples migraciones y desigualdades urbanas del mundo contemporáneo, exige ser analíticamente “extendido” en cuanto a los procesos sociales que lo explican. Es precisamente éste desafío el que en definitiva asumimos y queremos discutir aquí desde un enfoque antropológico-jurídico; específicamente concentrados en el caso de la toma de terreno Cerro Chuño en Arica. Y nos interesa hacerlo desde uno de los conceptos más atingentes al problema de la desigualdad urbana: el concepto de justicia espacial. Originalmente propuesto por Harvey (1977), este concepto asume la desigualdad en la distribución del espacio urbano como un reflejo de procesos sociales que organizan o administran de manera política y económica aquella distribución desigual; entendiéndose, entonces, que la justicia espacial equivale a justicia social y que una no puede ser conseguida sin la otra. Por extensión, esta idea se traduce también, en última instancia, como la emergencia de una disputa sociopolítica y cultural sobre un tipo específico de derecho, el derecho a la ciudad, consistente en la idea de democratizar los procesos deliberativos que son atingentes a la administración social del espacio en las ciudades, o lo que es finalmente igual, a la administración del cómo y bajo qué términos se quiere habitar en ellas (Álvarez, 2013, p. 275-276).

Aplicado a los propósitos específicos de este artículo, consideramos que este concepto presenta una particular utilidad para comprender, desde la antropología, cómo es que los procesos sociales migratorios del Arica contemporáneo están desarrollándose en nuevos y multi-escalares contextos desiguales del espacio urbano y cómo es que, desde el derecho, estos nuevos contextos desiguales están originando también nuevas contraposiciones socioculturales y políticas entre las ideas de “justicia” y del “derecho” a la vivienda y a la ciudad en Arica. Asimismo, consideramos que, en cuanto comprendemos la situación urbana de Cerro Chuño de manera multi-escalar, -como una síntesis de nuevos procesos sociales migratorios y formas espaciales urbano-desiguales ariqueñas-, resulta necesario proceder al análisis de esta situación de manera “extendida”; comprendiendo que lo que sucede en Cerro Chuño es también el reflejo de una nueva transformación y re-escalamiento geográfico-urbano de la frontera norte de Chile. Es decir, el reflejo de cómo esta frontera está adquiriendo también otras escalas de complejidad geográfica más allá de la mera escala de lo “local”, “regional” o “nacional” de la “ciudad-frontera”; transitando hacia un progresivo proceso de complejización geográfica que la está conectando también con la escala urbano-migratoria de lo latinoamericano y lo global (Valdebenito, 2018).

Metodológicamente, justificamos este tratamiento analítico de Cerro Chuño como un caso de estudio “extendido” siguiendo las recomendaciones teórico-metodológicas de Max Gluckman (1958). Precisamente originadas desde reflexiones antropológico-jurídicas referentes a la pertinencia de analizar conflictos para comprender la continuidad y el cambio de fenómenos normativos en contextos marcados por el cambio social (Gluckman, 2009), la metodología del caso extendido o extended case method asume que el seguimiento espacio-temporal de situaciones sociales conflictivas (desavenencias o discordancias entre ideas de “justicia” y “derecho” a la vivienda y la ciudad, entre pobladores de Cerro Chuño y autoridades políticas que promueven el desalojo de la toma), puede dar luces sobre procesos conflictivos de mayor escala y complejidad sociocultural (Lube-Guizardi, 2012). De manera que el extended case method se constituye así como un acceso analítico efectivo en lo que refiere a la comprensión de contraposiciones normativas estructurales y agenciales en contextos marcados por el cambio y el conflicto, contribuyendo así a una apreciación dinámica del propio fenómeno de la normatividad sociocultural. En este sentido, fijaremos nuestra atención en describir etnográficamente tres situaciones sociales de conflicto que hemos registrado durante nuestro trabajo de campo en Cerro Chuño y que son el reflejo de procesos mayores de transformación y reescalamiento urbano generalizado en Arica y el contexto geográfico fronterizo en el que se inscribe.

Así comprendido, nos proponemos en última instancia delinear los nuevos desafíos y posibilidades que presenta el caso de Cerro Chuño para la intervención académico-profesional en el futuro.

 

 

La toma de Cerro Chuño: síntesis de nuevos procesos urbanos en Arica (Chile)

Como en Latinoamérica y el mundo, la desigualdad en los espacios urbanos del norte chileno no es ninguna novedad. Lo que sí resulta novedoso, sin embargo, es constatar el tipo de desigualdad urbana que se está desarrollando en Arica, la frontera norte de Chile, durante los últimos años. Esto, porque a diferencia del resto del norte chileno, Arica no está directamente inscrita dentro de lógicas productivas de la minería cuprífera contemporánea, que explican el desarrollo de variadas desigualdades urbanas en ciudades y regiones centrales de aquella economía, lideradas o producidas contemporáneamente por el rubro del sector inmobiliario (Thodes, 2016). Pero esto no quiere decir, en lo absoluto, que Arica no esté transitando hacia una relación cada vez mayor y más estrecha con las lógicas urbano-migratorias desiguales del norte chileno minero. En efecto, hoy puede decirse con certeza que la frontera norte de Chile se está “extendiendo” geográficamente hacia aquellas lógicas del desarrollo urbano desigual en diversas escalas de complejidad (Valdebenito, 2018).

A nivel “macro”, en Arica las inversiones inmobiliarias que ha incentivado el Plan Espacial para el Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE5) han producido un paisaje urbano desigual con múltiples contrastes y contradicciones espaciales capitalistas (Valdebenito, 2018, p. 305) mientras que los sugerentes llamados del alcalde Gerardo Espíndola a la inversión del sector privado, entre ellos del rubro inmobiliario, anuncian, cuando menos, la venidera reproducción de aquéllos contrastes6 en la ciudad. A nivel “micro”, un progresivo incremento del tránsito fronterizo ha venido también de la mano con un preocupante aumento de los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas; generando un nuevo perfil migratorio internacional (de Latinoamérica y el Caribe), caracterizado por el ingreso por pasos no habilitados, la indocumentación y la proveniencia de contextos con alta violencia política y sexual. Por otro lado, una nueva y llamativa migración interna, proveniente de ciudades y regiones chilenas centrales de la minería, ha encontrado destinos variados en Arica: algunos migrantes pueden acceder a los nuevos condominios de la inversión inmobiliaria: pero otros se han visto arrastrados a la pauperización habitacional al haber perdido sus inestables trabajos de sub-contratación minera, al verse impedidos por ello de acceder a los nuevos y caros condominios, y al verse, inclusive, también impedidos de acceder a los elevados precios de los arriendos de inmuebles en Arica que, -como un efecto “rebote” del ingreso del sector inmobiliario en la ciudad-, se han encarecido a valores inéditos dentro del mercado inmobiliario ariqueño (Valdebenito, 2018, p. 295-301).

Con todo, los conflictos sociales por el futuro del suelo urbano en Arica se están acrecentando cada vez más, alcanzando diversos ribetes que escapan por ahora de nuestro propósito en este artículo. Pero ningún otro sector de Arica sintetiza actualmente aquéllos conflictos como el sector de Cerro Chuño. Ningún otro sector aúna dentro de sí los múltiples niveles escalares de la nueva complejidad urbana de Arica: es el sector donde se están concentrando los nuevos migrantes internos e internacionales que han llegado hasta la ciudad y es el sector más postergado respecto al nuevo y auspicioso auge urbano-inmobiliario de la ciudad norfronteriza de Chile.

Como adelantábamos en la introducción, Cerro Chuño devino en toma de terreno tras años de intentos fallidos de demolición y desalojo de su población. Algunos se retiraron por su voluntad y otros tomaron la opción de quedarse por no tener soluciones habitacionales garantizadas. Desde que iniciamos nuestro terreno, hacia agosto del año 2016, hemos sido testigos directos de la rapidez con que ocurre aquél proceso. Es común ver familias completas de migrantes internacionales que llegan recurrentemente hasta Cerro Chuño en búsqueda de una vivienda. Venidos mayoritariamente de Colombia, -pero también en número creciente de República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Cuba e inclusive Haití-, este grupo comparte itinerarios migratorios caracterizados por la violencia político/sexual en sus países de origen, por el desplazamiento interno en aquéllos países como producto de ello, por un empobrecimiento estructural durante su tránsito con destino hasta Chile (dados los largos viajes que esto significa y el recurrente rechazo de sus ingresos por el paso fronterizo Chacalluta), por el ingreso por vías no habilitadas que ofrecen redes de tráfico de migrantes y, en consecuencia, por la esperable situación de indocumentación que resulta de todo ello. También es común ver, asimismo, nuevos migrantes internos chilenos que provenientes de contextos urbanos empobrecidos,7 de ciudades y regiones con marcada impronta minera, como Tarapacá y Antofagasta, llegan a Cerro Chuño buscando una vivienda.

La convivencia cotidiana de ambos grupos migratorios construye un paisaje socialmente diversificado o multicultural en la toma de terreno. Al ingresar a ella, viniendo por el oeste a través de la calle Capitán Ávalos, y entrando por la calle Morrillos, el panorama diverso no se anuncia de inmediato; pero una vez que se alcanza el pasaje N°3, doblando a la derecha con dirección hacia el sur, múltiples musicalidades, colores, olores, costumbres y modismos lingüísticos son los encargados de hacer saber al visitante de su llegada a un espacio impregnado de identidades variadas: tonadas de salsa, reggaeton y trap se combinan o suceden a medida que se camina el pasaje; palabras como cachai8 y vea pues9 también se dejan oír de manera mezclada a medida que uno avanza; algunas casas han sido adornadas con diversas banderas latinoamericanas y caribeñas, mientras emanan de ellas los apetitosos aromas de patacones10 y arepas11; niños de múltiples nacionalidades juegan con sus pelotas, bicicletas, muñecas y demases; y los adultos, también de múltiples nacionalidades, pululan el sector saludando intermitentemente y haciendo una notoria vida comunitaria, en la calle, en los kioscos, las esquinas y las entradas de las casas. La mayoría interactúa, se conoce, se saluda e intercambia opiniones entre sí; y no existe tal cosa como la segregación espacial entre nacionalidades o proveniencias: migrantes internos e internacionales alternan residencias sin ninguna distinción o preferencia identificable.

Más allá de lo anterior, la cotidianidad del pasaje 3 gira en torno a recurrentes conversaciones vecinales sobre el eventual desalojo y demolición del sector. Migrantes de todos lados saben de esta situación y cada cierto tiempo se muestran más o menos preocupados de acuerdo a las certezas e incertezas de las nuevas informaciones y rumores sobre el tema. En este aspecto, algunos vecinos han tomado la iniciativa de organizar a los pobladores para estar preparados frente al escenario de que los rumores se hagan finalmente ciertos: FAD12, por un lado, organizando a chilenos y migrantes con residencia definitiva para que puedan optar a alguna solución habitacional mediante su ingreso en comités de vivienda; y DALA13, por el otro, orientando a un número cada vez más creciente de migrantes indocumentados sobre las tramitaciones que deben realizar para regularizar su condición migratoria en Chile.

 

 

Además de esto, FAD y DALA también cumplen labores dirigenciales fundamentales para la organización vecinal del sector. Cada cierto tiempo llaman la atención o apelan a la rectificación de conductas impropias de vecinos chilenos y extranjeros que disturban la vida social de la toma: solicitar que se bajen los volúmenes de la música y que no se consuman drogas como el alcohol, la pasta base14 o el creepy15 en momentos de esparcimiento infantil, pedir que las fiestas en viviendas tengan horarios definidos y se restrinjan a los fines de semana, o inclusive instar a los vecinos para que se integren en la comunidad de la iglesia evangélica que se ubica en medio del pasaje. Todo para evitar, asimismo, que las estigmatizaciones delincuenciales, que recurrentemente se hacen sobre Cerro Chuño no den pie para nuevas justificaciones del desalojo y la demolición del sector. Pues, si bien es cierto que han ocurrido delitos violentos en la toma -y si bien podría decirse que en Cerro Chuño la violencia se encuentra de alguna manera normalizada por los diversos contextos culturales también violentos desde los que provienen sus habitantes- las imágenes que ha construido la prensa sobre este sector de Arica, comúnmente asociada con el narcotráfico, han dado lugar a la aparición de complejos sentimientos de postergación y guetificación por parte de sus habitantes.

Habiéndonos compenetrado de todo este complejo panorama, sin embargo, más pronto que tarde caímos en cuenta de que todo aquello que sucede en Cerro Chuño (las nuevas migraciones, los contextos violentos de los que provienen estos migrantes, la necesidad habitacional de los mismos, la reproducción de la violencia en destino, la constante incertidumbre habitacional y los sentimiento de guetificación que se anidaban entre los pobladores) no es en verdad un mero asunto “específico” o “particular” de esta toma de terreno por sí misma. Sino más bien, como detallaremos a continuación, el “reflejo” o “extensión” de nuevos procesos urbanos y migratorios de Arica y, aún más, del propio contexto geográfico fronterizo en el que se inscribe esta ciudad. En concreto, fueron tres situaciones sociales que registramos en terreno las que nos permitieron, con la inigualable ayuda de FAD y DALA, pensar de esta manera la toma de Cerro Chuño.

 

La situación del desalojo como gatillante de una nueva identidad urbana

Cuando llevábamos un par de meses de trabajo de campo, en Cerro Chuño se vivían momentos de alta tensión social, alarma generalizada y desesperación frente a la entonces inminente amenaza del desalojo y consecuente demolición de la toma de terreno. El Gobernador Provincial había oficiado ya a principios del año 2017 la orden para el retiro de los pobladores con la fuerza pública y los dirigentes demandaban una reunión de carácter urgente con la alcaldía desde principios del mismo año. Querían saber cuál era exactamente la posición del alcalde Gerardo Espíndola respecto a la toma de terreno de Cerro Chuño y reclamaban fervientemente que el municipio, la gobernación y las autoridades regionales de vivienda se hicieran presentes en el campamento. para conocer de primera fuente lo que pasaría si se desalojaba la toma: muchas familias que habían llegado, y seguían llegando al sector, quedarían en situación de calle al no tener ninguna alternativa certera o satisfactoria de solución habitacional. Aclaraban con ahínco que querían retirarse del sector, que nadie quisiera vivir en una toma, mas no tenían ningún medio o posibilidad de hacerlo frente a los encarecidos precios que habían adquirido los arriendos de Arica durante los últimos meses. Pero no había respuesta, la presencia policial se hizo cada vez más recurrente y los pobladores se preparaban para lo peor. Con los días, comenzaron a llegar más y más camionetas que cargaban muebles de vecinos que optaban por retirarse.

El día álgido fue exactamente el 10 de marzo de 2017, cuando el rumor de que venía el desalojo se hizo predominante. FAD y DALA comenzaron entonces a organizar a los vecinos: había que tener especial cuidado con los niños, los ancianos y los enfermos frente a la posibilidad de que el desalojo se desarrollara de manera violenta; y también había que tratar de calmar a ciertos vecinos migrantes, internos e internacionales, que ya anunciaban a viva voz tomarían la opción de resistir por la fuerza un eventual desalojo. Se decía que correrían balas; FAD y DALA en efecto lo creían (y por cierto nosotros también). Jóvenes de todas nacionalidades comenzaron entonces a agitar las manos, a pasearse aceleradamente por el pasaje 3, ingresando y saliendo de casas, buscando cosas o gentes, eufóricos por la combinación del creepy, la pasta base, el alcohol, el inminente desalojo y la histeria colectiva. De pronto los llantos y calamidades: las madres se quebraban, un vecino siente fuertes dolores en el pecho y una niña gritaba (recordamos nítidamente): “¡mami, no quiero que me lleven los pacos16, por favor no!”. Nosotros, en tanto, cooperando en otros pasajes informando a los vecinos más calmos, dentro de sus respectivas casas, para que estuvieran preparados al desalojo y resguardaran al menos sus objetos de valor. En las casas fuimos testigos del miedo frente a la posibilidad de perder lo poco obtenido después un largo camino. Conocimos entonces casos de migrantes que viajaron hasta dos semanas en bus, con sus familias completas, escapando de la violencia política, la extorsión o la guerrilla para ver finalizado su tránsito migratorio en una inminente situación de desalojo como esta.

Sin embargo, a nuestro regreso al pasaje 3, y con innegable sorpresa, nos encontramos de pronto con la calma. Se había formado un círculo en medio del pasaje donde se nos invitó a hacernos parte. FAD pronunciaba un discurso de agradecimiento a quienes habíamos cooperado en la situación. Se argumentaba que, más allá de lo que pudiera llegar a pasar, habíamos estado todos juntos en esto. Algunos de los jóvenes más tempranamente enardecidos la escuchaban con atención y, sorpresivamente, cambiaron del todo su actitud. Algunos comenzaban a cooperarse entre sí, -chilenos y extranjeros-, a reordenar muebles en las casas, otros consolaban niños que lloraban y otros incluso a FAD o DALA, agradeciendo públicamente su labor organizativa en la toma. Chilenos y extranjeros, que en otras ocasiones habíamos escuchado se referían entre sí en términos xenófobos o peyorativos, se reían ahora juntos con jocosidad. Nos enteramos entonces, y en paralelo a todo esto, que la oficina local de Derechos Humanos había logrado interponer un recurso de protección17 frente al desalojo que en efecto estaba ordenado a realizarse ese día. El escrito presentado argumentaba que el Gobernador Provincial se excedía en su autoridad al ordenar el desalojo de la toma de terreno: solo un juez de la República tenía las facultades para ordenar un procedimiento como éste.

La situación del inminente desalojo de Cerro Chuño marcó, sin lugar a dudas, un antes y un después en el devenir urbano de la toma de terreno. Habíamos presenciado, en un solo día, -y ahora tomamos mucho más conciencia de esto-, una forma de reafirmación, modificación y reorganización identitaria de los pobladores de Cerro Chuño. Primero, la reacción violenta de diversos migrantes internos e internacionales, entendible, si se quiere, en los propios términos culturales de la violencia vivida en sus propios países o ciudades de origen. Luego, la caída en cuenta del haber estado juntos viviendo una misma situación, más allá de sus respectivas nacionalidades o proveniencias. Y después, un cambio de actitud generalizado, mostrando cooperación y jocosidad entre sí. Habíamos visto entonces, en una sola situación social, la emergencia de algo así como una nueva identidad urbana en Cerro Chuño; caracterizada por el mutuo reconocimiento entre los pobladores -aunque no explícitamente enunciado- de sus comunes proveniencias de contextos urbanos violentos/empobrecidos y por el reconocimiento de que aquellos contextos no habían variado en Cerro Chuño. Se trataba, en fin, de una situación aparentemente “particular” que se mostró en verdad como el reflejo de una situación estructural: las nuevas migraciones y desigualdades urbanas del Arica contemporáneo se habían sintetizado en un solo lugar. Pero venían más y nuevas complejidades.

 

La situación de acceso desigual al derecho a la vivienda en Arica y Cerro Chuño

Luego del casi desalojo, nuestras visitas a la toma de terreno comenzaron a hacerse más recurrentes, prolongadas y amistosas. Nuestra presencia en el pasaje 3 era notoriamente más bienvenida y había más libertades y confianzas mutuas entre nosotros mismos y los pobladores. Conocimos más activamente a los nuevos migrantes internos e internacionales que con frecuencia seguían llegando y nos interiorizamos mucho más sobre sus proveniencias, actividades cotidianas y expectativas futuras sobre la toma de terreno. En gran parte, creemos que esto fue un resultado de haber compartido con ellos un momento álgido de la toma de terreno como lo fue el casi desalojo. Pero también en gran medida porque, con el pasar del tiempo, fue inevitable comprometernos cada vez más con el problema y demanda que subyacía en el fondo de todo el asunto: el derecho a la vivienda. Comenzamos entonces a estudiar con detenimiento las múltiples aristas y niveles de complejidad que estaban interrelacionadas en el caso de la toma de terreno. Katherine Navarro Páez, estudiando la judicialización del desalojo, constató que, en efecto, la ordenanza emanada por el Gobernador excedía por completo las atribuciones de su cargo y haciendo un detenido seguimiento de las etapas judiciales del caso, comunicó a los pobladores que tras haberse apelado el recurso de protección presentada por la oficina local de Derechos Humanos por parte de la Gobernación Provincial, la Corte Suprema de Justicia había ratificado que el desalojo no procedía18: la toma por ahora estaba a salvo.

No obstante, pese a las formalidades jurídicas clarificadas, una entrevista realizada por Felipe Valdebenito Tamborino a FAD abrió nuevas interrogantes y aristas sobre la percepción que los pobladores tenían en torno a las variadas complejidades de la toma:

“(...) Aunque a muchas autoridades les moleste, ellos se han olvidado que somos pobres, pero los pobres somos los que hacemos Chile, somos los que les hacemos el sueldo a todos esos políticos que están allí arriba y que nos menosprecian y nos apuntan y nos califican de delincuentes sin conocernos... (...) El ver a los extranjeros buscando un refugio, buscando tener seguridad y tranquilidad para sus hijos, y verlos que son tratados como delincuentes... (...) Y llegaron a tratarnos [las autoridades regionales de vivienda]... [hay un silencio largo]... nos humillaron, nos maltrataron física, psicológica y emocionalmente [se refiere a días previos y posteriores a la situación del casi desalojo]... (...) Entonces ellos vienen y nos dicen que nosotros no tenemos derecho, ¿por qué no tengo derecho? ¿por qué? ... (...) Entonces, yo pienso que el problema radica en que las autoridades no tienen una visión más allá [se refiere a una mayor y mejor comprensión] del pueblo... (...) Discúlpenme porque no puedo adquirir una casa privada, porque para tener una vivienda privada tengo que tener mínimo un año de contrato, me exigen cotizaciones, un pie y mínimo 700.000 mil pesos... (...) [cuando es consultada por quiénes piensa entonces que pueden vivir en nuevas viviendas privadas de Arica] Yo pienso que en esos departamentos viven las mismas autoridades, los que trabajan en el sector público, que están acomodados, gente que realmente pueda pagar eso porque yo no puedo, no puedo, ojalá pudiera... (...) Las autoridades no quieren ver más allá de sus narices, no quiere ver más allá de lo que les conviene ver... (...) Muchas veces [nos dijeron], no hay terreno para viviendas sociales, pero sí para privados, para nosotros no hay terreno... (...)”.

(FAD, 57 años, chilena, agosto 2017).

La entrevista, y este extracto de ella en particular, fue reveladora en varios sentidos. Primero, porque si bien hasta entonces sólo habíamos especulado teóricamente sobre la interrelación de lo que pasaba en la toma de terreno, con fenómenos más grandes y complejos, como las nuevas desigualdades urbanas de Arica, FAD nos hizo comprender que los pobladores asociaban y contraponían discursivamente la negación sistemática de sus derechos habitacionales, con la cada vez creciente otorgación de terrenos para el nuevo rubro de las inmobiliarias en Arica. Segundo, porque pudimos constatar que, interrelacionado discursivamente con lo anterior, los sentimientos de guetificación de los pobladores se acrecentaban preocupantemente, llegando al punto de cuestionar si, como se lee en el relato, el hecho de ser pobres o migrantes era acaso interpretado como una sinónimo de ser delincuentes o de no merecer derecho a la vivienda, por parte de diversas autoridades regionales. Y tercero, porque ambas constataciones nos impelieron a reflexionar que, además de ser Cerro Chuño una síntesis de nuevos procesos sociales migratorios y urbanos del Arica contemporáneo, la toma de terreno se constituía también como una especie de depositorio urbano contemporáneo de la “otredad”; es decir, como un espacio que -ya sea por parte de los pobladores al sentirse guetificados, o ya sea por parte de las autoridades, que lamentablemente contribuían a reforzar dicho sentimiento- también sintetiza las nuevas diferencias identitarias urbanas que se están formando contemporáneamente en Arica y que están de alguna u otra manera asociadas con el hecho de habitar en la toma de terreno Cerro Chuño.

 

Con todo, la entrevista realizada a FAD nos permitió pensar de una nueva manera la multi-escalaridad de las causas y consecuencias habitacionales involucradas o visibles en el caso de Cerro Chuño. Se trataba de un espacio que, una vez más, demostraba ser una “parte” de un “todo” mucho más complejo que lo directamente observable; adquiriendo incluso ribetes socioculturales asociados con la construcción de nuevas alteridades urbanas que -a pesar de concentrarse o “sintetizarse” en la localización específica de la toma de terreno- exigían comprenderse también de manera “extendida”, en contraste con los nuevos privilegios que adquiría en Arica el rubro inmobiliario. Y que lo exigía así, no porque nosotros forzáramos tal análisis -queremos recalcar-, sino más bien, porque los propios pobladores así lo entendían, sentían y hacían notar.

De manera que el acrecentamiento del sentimiento de guetificación que nos sugería FAD en la entrevista, por ejemplo, no podría comprenderse sin reparar que los pobladores mismos asocian discursivamente dicho sentimiento con el menoscabo habitacional en que se encuentran frente a los privilegios del rubro inmobiliario en Arica. Del mismo modo que no podría entenderse completamente la negación de derechos habitacionales a los pobladores de Cerro Chuño sin “extender” el análisis de aquella negación; contrastándolo con los terrenos que se habían entregado, ya en ese entonces, para el desarrollo inmobiliario (y se siguen entregando, como detallaremos en el próximo apartado). En resumen, la entrevista realizada a FAD nos hizo ver el caso de Cerro Chuño de una nueva y desafiante manera: las complejidades habitacionales que se presentaban en la toma de terreno se encontraban inscritas dentro de una nueva situación de acceso desigual a la vivienda en todo Arica. Mientras se otorgan cada vez más espacios locales para el desarrollo inmobiliario, disminuyen de manera inversamente proporcional los espacios locales otorgados para soluciones habitacionales de quienes realmente lo necesitan. El tener o no tener derecho a la vivienda por parte de los pobladores de Cerro Chuño, en este sentido, sólo podría entenderse en el contexto de aquella relación inversamente proporcional.

 

La situación de castigo habitacional a los pobladores de Cerro Chuño

Con el pasar del tiempo, entrando al verano del año 2018, varios nuevos acontecimientos se fueron desarrollando en la toma de terreno. Por un lado, la presencia barrial de nuevos jóvenes migrantes internos se hizo cada vez más intensa y problemática, dados sus modos de vida asociados con actividades ilícitas. Por otro, la llegada de algunos nuevos jóvenes migrantes internacionales, también practicantes de actividades ilícitas, comenzó a generar un malestar vecinal generalizado. Pero, más allá de los modos de vida particulares de ambos grupos, un nuevo y creciente fenómeno económico-espacial de Cerro Chuño nos llamó fuertemente la atención: el inicio de la compra-venta y arriendo de las casas tomadas. Sucedía que, precisamente relacionado con la aparición de grupos específicamente dedicados a actividades ilícitas, algunos de los nuevos jóvenes migrantes estaban comenzando a utilizar diversos medios como la amenaza, la extorsión y la violencia física o verbal, para intimidar a nuevos vecinos del sector, cobrándoles precios entre los 150.000 y 500.000 pesos, para dejarles ocupar una casa, o en su lugar, arrendárselas. Asimismo, se daban casos en los que, al viajar o ausentarse durante un tiempo algunos vecinos de sus respectivas casas, éstas eran rápidamente tomadas por nuevos migrantes que llegaban al sector, no sin antes ser respectivamente re-vendidas o re-arrendadas por otros vecinos. Fuimos testigos directos de un par de casos como éste, observando el desarrollo de una discusión vecinal cuando una migrante boliviana regresó a la toma después de un viaje a La Paz (Bolivia). A su llegada, la casa había sido ocupada por otras personas y todos sus muebles habían sido reducidos sin que nadie pareciera enterarse19 de lo que pasó realmente con ellos.

Más allá de la “ilegalidad” que recae sobre el acto de vender, comprar o arrendar casas de una toma de terreno, al margen de todo procedimiento jurídico formal, lo que verdaderamente nos interesó reflexionar de este nuevo fenómeno habitacional fueron tres cuestiones. Primero, la propia emergencia de un mercado de la vivienda que indicaba una nueva etapa en la complejización socio-económica, política y cultural interna de la toma de terreno: la compra-venta y arriendo de las viviendas era una nueva forma social de generar y circular dinero en la toma; y ello era el resultado de nuevas formas culturales de construir jerarquías y ejercer la violencia en Cerro Chuño. Segundo, que más allá de haber sido iniciado este mercado por cierto grupo de gente, con el paso del tiempo observamos también que la práctica de compra-venta y arriendo de las casas se fue normalizando y validando como vía legítima de hacer dinero por parte de varios pobladores de todas las nacionalidades. Y tercero, que considerando ambas cuestiones anteriores, nos pareció necesario volver a pensar las causas y procesos que explicaban la emergencia del mercado ilícito de compra-venta y arriendo de las casas, además de comprender cómo es que ello podría llegar a normalizarse, validarse o legitimarse, como modo de generar dinero y circularlo en la toma de terreno.

Precisamente, en los momentos que nos interrogábamos estas cuestiones, supimos de un nuevo antecedente de complejidad habitacional que FAD y DALA nos hicieron saber sobre la toma de terreno. Los pobladores denunciaban que no se les estaba aplicando el instrumento conocido como Registro Social de Hogares,20 que se pide como requisito formal a la hora de postular en Chile a una solución habitacional y otros beneficios del Estado, atingentes a la vivienda y otras cuestiones. Más allá de esto, los pobladores eran también plenamente conscientes de que ello era improcedente, puesto que aquél instrumento debe aplicarse de manera imparcial más allá de la situación habitacional en que una persona se encuentre, su situación migratoria (incluyendo el refugio), nacionalidad, sexo, género, edad, etnia o clase social. Los pobladores, entonces, exigían una explicación y para ello solicitaban nuestra ayuda y orientación, argumentando que no encontraban ninguna lógica en que no les fuera aplicado el instrumento, siendo que ya previamente, por ejemplo, habían sido encuestados en la misma toma de terreno durante el proceso censal del año 2017. ¿Por qué si les fueron reconocidas por viviendas las casas tomadas de Cerro Chuño en el proceso del Censo 2017 ahora no se les consideraban válidas para efectos del Registro Social de Hogares? ¿Por qué invalidar la condición de ser pobladores de Cerro Chuño sin mayor explicación por parte de las autoridades regionales involucradas en el caso?

Durante varios meses los dirigentes de Cerro Chuño y nosotros mismos tratamos de responder estas preguntas sin mayor éxito. Entre todos sólo habíamos conseguido por respuesta algunos rumores relacionados con una pretendida orden informal, emanada desde la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, que mandataba no proceder con la aplicación del instrumento en Cerro Chuño a modo de “castigo” por mantener las casas tomadas. Sin embargo, ni nosotros ni los pobladores terminábamos de convencernos de que ello fuera totalmente cierto; ¿Cómo podrían las autoridades actuar de tal manera, al margen de toda legalidad? Hacia finales de diciembre del 2018, nos enteramos junto a los pobladores que los rumores eran lamentablemente ciertos. Aquél día asistimos a una reunión organizada por la oficina local de Derechos Humanos, para resolver varias dudas que tenían los pobladores sobre su situación habitacional: había incertidumbre por rumores de cortes de agua y luz como medidas de presión para fomentar el desalojo.

Luego de que las representantes de la oficina local de Derechos Humanos explicaran que aquellos rumores afortunadamente no eran ciertos -puesto que lo habían corroborado directamente con las empresas que suministran el agua y luz- DALA instó a Felipe Valdebenito Tamborino, para que preguntara por el asunto específico del Registro Social de Hogares. Cuando preguntó, la sorpresa: la oficina de Derechos Humanos confirmaba que, tras una averiguación propia, se había podido constatar que la orden de no aplicar el Registro Social de Hogares había sido efectivamente mandatada por la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y que, aún más, había sido comunicada esta ordenanza a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Arica para ser replicada.

Lo comunicado por la oficina de Derechos Humanos no era menor, era la confirmación de algo que, aun habiendo sido explicado, nos dejaba igualmente atónitos que al comienzo de nuestras dudas colectivas respecto a la no aplicación del Registro Social de Hogares. Era la confirmación de un castigo habitacional, por el solo hecho de residir en una toma de terreno, por el solo hecho de residir en Cerro Chuño. Pero, además era la confirmación, de que varias cosas que sucedían en Cerro Chuño tenían, nuevamente, explicaciones multi-escalares. Y es que, habiendo tomado conocimiento de lo informado por la oficina local de Derecho Humanos, varias dudas que teníamos respecto a los fenómenos socioculturales, políticos y económicos que observamos desarrollarse en Cerro Chuño de pronto nos parecían todos conectados.

Era ya inevitable pensar en este punto que -desde los sentimientos de guetificación que se acrecentaban cada vez más entre los pobladores de Cerro Chuño, hasta la aparición de un violento mercado de compra-venta y arriendos de viviendas- estaba todo entrelazado con fenómenos simultáneamente “internos” y “externos” de la toma de terreno en cuestión. Los sentimientos de menoscabo habitacional de los pobladores, así, no podrían entenderse si no era en relación con el nuevo escenario urbano ariqueño, marcado por el acceso desigual a la vivienda, reflejado en el sistemático otorgamiento de terrenos para empresas inmobiliarias que construyen caros condominios privados y la paralela negación de derechos habitacionales para quienes no tienen ninguna posibilidad de acceder a ellos. Ni tampoco podía entenderse la aparición de un violento mercado de compra-venta y arriendos de viviendas tomadas en Cerro Chuño, si no era en relación a una política local de castigo a los pobladores por el hecho de vivir en situación de toma; puesto que, más allá de todo juicio moral, resulta verdaderamente lógico y entendible -en el marco del violento contexto sociocultural que aquí hemos ilustrado- que frente a un escenario marcado por el relegamiento habitacional, surjan y se reproduzcan mercados tan complejos como aquél. Frente a un nuevo fenómeno de migraciones internas e internacionales en Arica, y frente a un nuevo escenario local marcado por nuevas desigualdades urbanas, Cerro Chuño se nos presenta, entonces, como una nueva síntesis multi-escalar de todo ello.

 

(In)justicia espacial y espacios “otros”: Cerro Chuño por “dentro” y por “fuera”

El día 16 de mayo del año 2018, mientras caminábamos por el centro de la ciudad, leímos el titular del diario local de Arica que enunciaba “CERRO CHUÑO CRECE EN MEDIO DEL MISTERIO21”. El encabezado y la noticia misma, bajo esta llamativa y mística rúbrica, sugerían que no se podía explicar exactamente cómo seguía creciendo la cantidad de gente residente en Cerro Chuño. ¿Cómo sucedía si aquélla localización había sido ordenada con desalojo y demolición hace bastantes años ya? ¿Cómo si, además, era de conocimiento público que Cerro Chuño había sido ordenado con desalojo por motivos de su contaminación polimetálica? ¿Por qué la gente se pondría entonces en riesgo habitando allí, viviendo allí? Reflexionando en torno al titular, nuestra experiencia de trabajo nos condujo a reformular las preguntas que se extraían de la noticia. ¿Cómo era posible que las autoridades de vivienda, o los propios periodistas del diario local, no pudieran tener ni una pista de los fenómenos que inciden en el progresivo crecimiento poblacional de la toma de terreno Cerro Chuño, inclusive hasta el ridículo de calificar el asunto como un “misterio”? ¿Cómo era posible que no se comprendiera la creciente necesidad habitacional de nuevos migrantes que han llegado a la frontera y que, pauperizados en sus itinerarios, no tenían más opción que residir en Cerro Chuño, aún conscientes del eventual desalojo y demolición?

Por supuesto no pretendemos ni suponemos aquí, en lo absoluto, que las autoridades locales de vivienda o los periodistas del diario local estén encomendados a labores investigativas de corte académico, que les permitan profundizar en la respuesta a aquellas preguntas, pero de ahí a afirmar que existe un “misterio” en el crecimiento de la población en Cerro Chuño hay un gran y largo trecho. ¿Cuál es, entonces, este “misterio”, dónde radica y, más importante aún, cómo llegó a constituirse como tal?

Pues bien, en gran parte, y como hemos insistido, consideramos que este “misterio” se debe a una consideración limitada de lo que sucede en la toma de terreno Cerro Chuño; es decir, se trata de una comprensión parcial de los fenómenos que ocurren pretendidamente sólo “dentro” de Cerro Chuño y que se asumen como “propios” y “particulares” de allí. A contracorriente de esta idea, nosotros en cambio, estamos plenamente convencidos de que aquél “misterio” sólo puede ser resuelto “extendiendo” la visión limitada con la que se ha tendido a comprender la toma de terreno Cerro Chuño; entendiendo este caso de estudio como el “reflejo” de algo mucho más grande y complejo que la toma “en sí”.

Aquello mucho más grande que la toma en “sí”, de acuerdo a lo que nos indica la experiencia etnográfica, está compuesto de tres fenómenos socioespaciales que se vienen desarrollando en Arica, la frontera norte de Chile, en los últimos años. 1) La conversión de la frontera en una nueva zona de recepción/atracción migratoria interna e internacional, manifiesto en una nueva oleada de chilenos provenientes de regiones mineras y extranjeros provenientes de Latinoamérica y el Caribe. 2) La conversión de la frontera en una zona de progresiva complejización urbana, manifiesta en el surgimiento de nuevos paisajes e identidades urbanas asociadas simultáneamente, por un lado, con la aparición de espacios urbanos de privatización inmobiliaria y, por el otro, con la aparición de espacios urbanos guetificados, como en el caso de Cerro Chuño. 3) Con ambas cuestiones anteriores, la conversión de la frontera en una nueva y “favorable” zona para el desarrollo urbano desigual, particularmente manifiesto, en la creciente disparidad de acceso a la vivienda, que se está generando de manera simultánea a la recepción de nuevas migraciones en Arica.

Ahora bien, desde el punto de vista antropológico-jurídico con el que nos propusimos articular el análisis de lo aquí expuesto, consideramos además que aquellos tres fenómenos socioespaciales -en imbricada relación con el caso de estudio específico que aquí hemos abordado- son también al mismo tiempo, la apariencia y antesala de una serie de nuevos parámetros socioespaciales y culturales que están redefiniendo contemporáneamente lo que se entiende o entenderá por “ciudad fronteriza”, por “espacio urbano” y por “derecho a la ciudad” en toda Arica. Y que precisamente, lo harán a partir de nuevas desigualdades urbanas e (in)justicias espaciales, de las cuales la toma de terreno Cerro Chuño es, dialécticamente por decirlo así, su principal síntesis socioespacial y cultural. A continuación desagregamos analíticamente los motivos que nos permiten sostener y proyectar este particular diagnóstico urbano-fronterizo ariqueño.

Sobre el primer fenómeno socio-espacial más arriba mencionado -la conversión de la frontera en un nuevo destino migratorio interno e internacional- varios estudios de los últimos años, en efecto, nos permiten aseverar la existencia de un nuevo y notorio proceso de transformaciones espaciales fronterizas, como resultado de un también novedoso proceso migratorio -por su carácter transfronterizo y/o transnacional- protagonizado por mujeres peruanas y bolivianas (Guizardi y Garcés, 2012; Lube-Guizardi, Heredia, Muñoz, Riquelme y Valdebenito, 2013; Valdebenito y Guizardi, 2015; Guizardi y Valdebenito, 2016; Valdebenito, 2017). No obstante, también creemos que nuestra experiencia etnográfica en Cerro Chuño nos permite ahora abundar cualitativamente aquella constatación y darle un giro analítico en lo que respecta a la novedad que la caracteriza propiamente como tal.

Y es que, como hemos ya insistido, nuestro trabajo de campo nos ha permitido dar cuenta que, como hace un par de años lo fueron protagónicamente migrantes de Perú y Bolivia, actualmente están entrando en la escena del protagonismo urbano fronterizo nuevos/as migrantes internacionales provenientes de Latinoamérica y el Caribe, además de nuevos/as migrantes internos provenientes de regiones mineras del norte de Chile. Sin embargo, lo auténticamente novedoso del proceso en cuestión no radica únicamente en la evidente diversificación de los flujos migratorios, sino en la constatación de que esta diversificación viene acompañada de nuevas cualidades que, desde un análisis antropológico-jurídico, consideramos del todo llamativas y meritorias de ser calificadas como efectivamente novedosas: el que migrantes internos e internacionales de Cerro Chuño interactúen conjuntamente en la búsqueda por una solución habitacional efectiva, posibilitándose esta interacción sobre la base de un mutuo reconocimiento como personas igualmente postergadas respecto al nuevo auge urbano de Arica, y contraponiendo críticamente a ello, la reivindicación de sus respectivos derechos habitacionales más allá de sus adscripciones nacionales.

Si bien es cierto que ya se ha podido constatar con anterioridad el desarrollo de similares fenómenos de reivindicación habitacional migratoria en otros sectores urbanos precarizados de Arica, como los campamentos Areneros y Coraceros (Valdebenito y Guizardi, 2015), queremos recalcar que la novedad de este proceso no viene dada por la mera diversificación de los flujos migratorios, sino por la diversificación de todo un contexto urbano-migratorio fronterizo que hoy no es el mismo que el de hace un par de años y que, más aún, se encamina progresivamente hacia nuevas y más complejas diversificaciones contextuales. La creciente presencia de migrantes internacionales indocumentados, de migrantes internos pauperizados, y de nuevos auges/postergaciones urbanas en Arica, en este sentido, están construyendo una situación urbano-migratoria fronteriza efectivamente novedosa; una en la que la reivindicación de derechos habitacionales para migrantes de todas proveniencias deja de ser una mera constatación etnográfica sobre Cerro Chuño u otros sectores urbanos precarizados por “sí mismos”, y pasa a ser más bien, una compleja contraposición socio-espacial y cultural, en los términos que definen o definirán lo que para unos y otros actores del ámbito habitacional fronterizo, significará el derecho a la vivienda y a la ciudad.

Y es que, con términos variados, que van desde el sentimiento de guetificación que se está generando en Cerro Chuño, hasta la emergencia de mercados violentos de la vivienda, que hoy están articulándose dentro de aquella toma de terreno, la etnografía nos impele a considerar que más allá de lo que ocurre únicamente “dentro” de aquélla toma de terreno, existe un “afuera” urbano-fronterizo, que está marcando la pauta contextual de nuevas formas y experiencias del habitar y el hacerse parte de la ciudad fronteriza contemporánea. Unas, en las que el tener o no derecho a la vivienda -como nos relató FAD- depende tanto de ser migrante interno o internacional (recordemos que FAD afirma sentirse extranjera dentro de Chile por su condición de migrante interna), como del habitar en una toma de terreno que se siente postergada frente al auge urbano contemporáneo de otros sectores de Arica, y también del que autoridades políticas regionales consideren que es meritorio recibir un castigo habitacional, por el solo hecho de residir en una toma de terreno.

De manera que la novedad del asunto expuesto, insistimos otra vez, supera por lejos el mero hecho (aunque sí es una parte importante) de constatar diversificaciones en los flujos migratorios que protagonizan contemporáneamente ciertas luchas sociales por la vivienda; se trata más bien de una novedad articulada por un proceso abierto y en curso de reescalamiento/complejización urbana en todo Arica, y del cual Cerro Chuño es una síntesis socio-espacial: son los propios términos del habitar urbano-fronterizo los que se están complejizando/reescalando progresivamente y que -vistos desde un punto de vista antropológico-jurídico- avizoran también la aparición de nuevas contradicciones urbanas en Arica -espacios para quiénes y derechos a esos espacios para quiénes- dentro de las cuales el tener o no tener “derecho” a la ciudad, podría llegar a constituirse en una de las principales y más problemáticas situaciones en los años venideros del Arica urbano-fronterizo.

Estas nuevas contradicciones urbanas que referimos, nos conducen precisamente al análisis del segundo y tercer fenómeno socioespacial que más arriba delineábamos: la progresiva complejización urbana de la frontera y lo “favorable” que es esta complejización, para el desarrollo urbano desigual de la propia frontera. Es decir, al análisis de, por un lado, la progresiva diversificación contextual de los términos que hoy están redefiniendo el habitar “urbano-fronterizo” en Arica (con nuevos flujos migratorios internos e internacionales, nuevos tránsitos fronterizos y nuevas identidades urbanas, asociadas con sentimientos de guetificación, como constatamos en Cerro Chuño) y, por el otro, de lo propicias que son aquéllas progresivas diversificaciones contextuales, para la aparición de fenómenos asociados con nuevas “otrificaciones” o alteridades socioespaciales urbanas, reflejadas por ejemplo, en los imaginarios ariqueños contemporáneos sobre Cerro Chuño, como un espacio de concentración delictiva-migratoria, tal como se expuso más arriba.

Pues bien, nuevamente en el afán “extendido” que aquí pretendemos instalar en torno al análisis del caso, ambas aristas nos impelen a considerar las nuevas contradicciones urbanas de Arica de manera simultánea, tanto de forma “interna” como “externa”, para comprenderlas en su totalidad; y a considerarlo así, precisamente, porque es de esta manera como aquellas contradicciones saltan más a la vista, en su vasta complejidad urbano-migratoria-fronteriza: al mismo tiempo que la inminente situación de desalojo de la toma de Cerro Chuño se viene arrastrando hace ya varios años y no tiene aún solución habitacional concreta, y al mismo tiempo que, en general, se observa una situación global de preocupante precarización socio-habitacional en todo Arica (con un déficit de viviendas que alcanza la cifra de 7.000, a lo que se suma un preocupante incremento de los delitos como el tráfico de migrantes, más de 13.000 habitantes que hoy viven en situación de pobreza y más de 3.000 en situación de pobreza extrema22), se observa también una progresiva privatización de la vivienda, liderada por la entrada del rubro inmobiliario en Arica, como ya lo hemos mencionado a lo largo de este artículo.

El diagnóstico, por lo tanto, y precisamente sólo cuando es visto de esta manera “extendida”, es claro y rotundo: las contradicciones urbanas de Arica se están acrecentando preocupantemente tanto “dentro” como “fuera” de Cerro Chuño por igual. Pero también, y más desafiante de analizar aún, lo están haciendo hasta el punto que de ellas están emergiendo nuevas cualidades urbano-migratorias-fronterizas que superan por lejos el ya notorio impacto que causan por sí mismas las cifras más arriba presentadas y que, sea en Cerro Chuño o en otras localizaciones urbanas de Arica, tienen una misma, singular e inconfundible impronta: la de la desigualdad socioespacial.

Pues bien, considerado así el escenario, nos parece ahora que la entrada antropológica-jurídica al problema que aquí hemos tratado toma incluso la apariencia de ser más necesaria que opcional: el tópico aquí discutido concerniente al derecho a la ciudad aparece, en efecto, como uno de los más actuales y contingentes en lo relativo desarrollo urbano de Arica. Y nos parece así no sólo porque tengamos y queramos recalcar aquí nuestro ánimo por instalar la urgente necesidad de abrir líneas de investigación urbana en la frontera norte de Chile, sino porque se revela todo un nuevo contexto urbano-fronterizo, repleto de nuevas y complejas contradicciones socioespaciales; porque el derecho a la ciudad hoy, en efecto, se está debatiendo como nunca antes en Arica: desde los imaginarios urbanos contemporáneos que “otrifican” a Cerro Chuño y con ello promueven su desalojo o castigo habitacional, por parte de autoridades regionales (como constatamos etnográficamente), pasando por el plan PEDZE, que ha promovido la progresiva privatización de la vivienda en Arica, a través de beneficios tributarios a la industria inmobiliaria, sumado a las sugerentes reuniones del alcalde Espíndola con aquél sector empresarial, hasta la inédita demora de más de 10 años en la confección de un nuevo plano regulador23 para Arica. Se abren, entonces, cada vez más las preguntas, precisamente referentes al asunto del derecho a la ciudad.

¿Quiénes están teniendo derecho a la ciudad y quiénes no? ¿Quiénes están definiendo o liderando los criterios selectivos que definen o definirán ese derecho? ¿Cuáles son o serán los enfoques que hoy y en el futuro permitirán resolucionar esa contraposición de derechos en el devenir urbano-fronterizo de Arica? ¿Quiénes serán los convocados a resolucionar esa compleja contraposición? ¿Serán los pobladores de éste u otros Cerros Chuños, o serán programas como el PEDZE y sectores como el inmobiliario, que hasta ahora son los que, en efecto, lideran la agenda urbana de Arica?

Si bien estas preguntas, que derivan del enfoque antropológico-jurídico que aquí nos hemos propuesto utilizar, no son de fácil respuesta -y que reconocemos aún no somos capaces de responder cabalmente- nos contentamos, por ahora, con su formulación para venideros debates sobre materias similares y, sin embargo, también nos atrevemos a proponer algunos criterios mínimos sobre los cuales consideramos que, tomando como referencia nuestra experiencia etnográfica en Cerro Chuño, podrían comenzar a responderse. Estos criterios precisamente nos remiten al propio título de este artículo.

1. 1. Reconocer que hoy por hoy existe un proceso multidimensional de transformaciones socioespaciales que está redefiniendo los términos de lo “urbano” y lo “fronterizo” en Arica; y que tiene en la progresiva complejización/composición/diversificación sociocultural de la ciudad su manifestación más clara, con nuevos tránsitos fronterizos, nuevos paisajes urbano-fronterizos de simultáneo auge y desigualdad, nuevos flujos migratorios internos e internacionales y nuevas precarizaciones de aquéllos tránsitos/flujos: desde los crecientes delitos de tráfico de migrantes y trata de personas, hasta la pauperización habitacional de los nuevos migrantes, como se observa particularmente en la toma de terreno Cerro Chuño.
2. 2. Reconocer aquél proceso de transformaciones multidimensionales como uno que se expresa en variadas escalas de complejidad urbana, a la vez que se expresa, simultáneamente, como un proceso de reescalamiento urbano en curso, y que tiene en la diversidad de localizaciones desde/hacia las cuales se producen/reflejan aquellas transformaciones, su manifestación más clara, con nuevos fenómenos socioculturales, espaciales, políticos y económicos, que no podrían entenderse -en atención a como lo indica nuestra propia experiencia etnográfica- sin considerar sus contextos “internos” y “externos”. Al mismo tiempo, desde la conformación de una nueva y multicultural identidad urbana mancomunada por sentimientos de guetificación en Cerro Chuño, pasando por la estrecha relación que guarda aquella conformación identitaria con nuevos imaginarios urbanos de la “delictividad-migrante” de Cerro Chuño, el propio exceso en sus atribuciones políticas por parte del Gobernador Regional, al ordenar el desalojo de Cerro Chuño, o el propio castigo habitacional que la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social cree que merecen los pobladores de Cerro Chuño, por el sólo hecho de vivir en una toma de terreno, hasta la aparición de un violento mercado de compra-venta y arriendos de viviendas tomadas en Cerro Chuño, que bien podría interpretarse etnográficamente, como el resultado de una sistemática postergación socio-habitacional hacia sus habitantes.
3. 3. Reconocer que aquellos procesos de transformación y reescalamiento están contribuyendo, en síntesis y en conjunto, a la construcción de un nuevo contexto urbano-fronterizo ariqueño, marcado por la impronta de la desigualdad y la (in)justicia espacial y que -aunque teniendo en el caso específico de la toma de terreno Cerro Chuño una de sus expresiones contemporáneas más crudas- se manifiesta más claramente con la subyacencia del tópico del derecho a la ciudad, que emerge y circunda toda una nueva serie de contradicciones urbanas que se están desarrollando actualmente en todo Arica (desde el hecho que el plan PEDZE esté beneficiando y promoviendo la progresiva privatización habitacional en toda la ciudad, pasando por el hecho paralelo de que exista un déficit habitacional que hoy afecta a más de 20.000 personas, hasta los variados cuestionamientos antropológico-jurídicos que derivan de esto). Como ya hemos formulado más arriba, vale la pena reforzar una vez más a la luz de lo recientemente reflexionado: la cuestión mayor gira en torno al cómo -tanto hoy como en el futuro- toda una nueva serie de transformaciones y reescalamientos urbano-fronterizas del Arica contemporáneo, están marcando la pauta contextual de actuales y venideras formas, en las que el tener o no derecho a la ciudad, pasan o pasarán por re-definir cuáles son y serán las venideras formas de pensar la propia justicia en clave socioespacial; esto es, las formas en que las múltiples expresiones de (in)justicia en la distribución del espacio urbano-fronterizo de Arica, son y serán el propio reflejo de procesos sociales de desigualdad social, de progresiva y contradictoria privatización/pauperización habitacional, y de nuevas formas de diversificación/alterización del espacio urbano.

En síntesis, es sólo sobre las bases de estos criterios mínimos que consideramos, que será posible resolver aquél curioso misticismo que circundaba al titular del diario que leíamos en el centro de Arica el día 16 de mayo de 2018. Es decir, sobre la base de una detenida reflexión antropológica y jurídica, en este caso particular, acerca de los contextos “internos” y “externos” que explican y dan sentido a un hecho tan misterioso para el diario local, como el que la población de una toma de terreno siga y siga creciendo. Y es que las razones del fenómeno no están únicamente “allí dentro”, sino más bien, en una especie de compleja localización espacial intermedia: una en la que -al decir de Lefevbre- Cerro Chuño es la “implosión” de toda una nueva serie de “explosiones” urbano-fronterizas del Arica contemporáneo.

 

Comentarios finales

En este artículo hemos querido mostrar, a partir de la “extensión” de nuestra experiencia etnográfica en la toma de terreno Cerro Chuño, cómo es que, hoy por hoy, los términos que definen lo “urbano”, lo “migratorio” y lo “fronterizo”, en todo Arica se están complejizando progresivamente, hasta el punto de redefinirse en variadas escalas de complejidad socioespacial, inclusive hasta el punto de avizorar la emergencia de nuevos tópicos de discusión, que subyacen y circundan a dicha redefinición: la desigualdad urbana, el derecho a la ciudad que le está directamente asociado y las variadas injusticias espaciales, que hoy son el reflejo precedente/resultante de aquella misma desigualdad. Tratándose de injusticias que son, entonces, necesarias de discutir a través de nuevas interrogantes sobre la propia idea de justicia, en términos socioespaciales/habitacionales y, por supuesto, también en términos socio-culturales. Consideramos que nuestro análisis antropológico-jurídico sobre el devenir tanto “interno” como “externo” de la toma de terreno Cerro Chuño nos deja una sola pero importante reflexión para seguir explorando y debatiendo.

Esta reflexión tiene que ver con lo que consideramos más importante (para dejar de considerar, -como lo hizo el diario local hace algún tiempo-, que existan “misterios” que no pueden resolverse en el ámbito de lo urbano-migratorio-fronterizo): es necesario que los parámetros de comprensión que hoy se tienen en Arica, sobre lo “urbano”, lo “migratorio” y lo “fronterizo”, comiencen a cuestionarse críticamente, a la luz de los hechos cualitativos y cuantitativos que hoy los están redefiniendo. Se trata de una tarea que, en caso de no ser atendida con la debida seriedad que merece, podría traducirse en la pérdida de una valiosa, decisoria y muy trascendente oportunidad, para el devenir urbano-migratorio-fronterizo de todo Arica. Esto es, discutir abiertamente qué tipo de ciudad fronteriza se quiere en adelante, con qué tratamientos se abordará el progresivo incremento del tránsito fronterizo, las situaciones de precarización habitacional, la precarización migratoria interna e internacional, o el exceder las atribuciones políticas y administrativas que tienen las autoridades regionales. Desde el sentimiento de guetificación y de los fenómenos violentos de compra-venta o arriendo de casas tomadas que se están acrecentando en la toma de Cerro Chuño, hasta la compleja relación que ello guarda con la desatención política y el castigo habitacional que hoy se experiencia en el habitar aquél espacio “otro”, la cuestión de fondo aquí es que sólo será la discusión seria y reflexiva sobre el derecho a decidir lo que se quiere para la ciudad -el derecho a la ciudad- lo que abrirá el camino que conduzca a re-pensar y, eventualmente, solucionar las injusticias socioespaciales que hoy se dan en Arica.

Dicho esto, queda bastante claro que una serie de nuevos desafíos y posibilidades se abren para el campo de la intervención académico-profesional, en casos y contextos de estudio similares a los que aquí hemos tratado. Dentro de ellos -y siempre de acuerdo a los que hemos reflexionado a partir de nuestra experiencia etnográfica en Cerro Chuño- consideramos que son tres los más importantes a tener en cuenta:

1. 1. Asumir que la utilización de enfoques teóricos y metodológicos multidisciplinarios o transdisciplinarios, se hace cada vez más necesaria para la doble tarea de comprender e intervenir contextos urbanos en procesos contingentes de transformación socioespacial y cultural. Al mismo tiempo, reconocer que este desafío puede asumirse como una oportunidad para explorar caminos de mejor comprensión e intervención en aquellos contextos; por ejemplo, el complemento que se da al enfocar una investigación desde adscripciones disciplinarias distintas (antropología y derecho en este caso), o los debates comunes a ciertas disciplinas (el del derecho a la ciudad que aúna la antropología y el derecho en este caso), o métodos y técnicas variados (etnografía “extendida” y análisis de tipo escalar/multiescalar, en este caso).
2. 2. Aceptar que la comprensión e intervención de contextos urbanos, como los que aquí hemos tratado, también requiere una necesaria “extensión” de las localizaciones “internas” y “externas” desde/hacia las cuales se producen/reproducen variados procesos de transformación socioespacial y cultural (“extensión” que aquí hemos asumido o caracterizado como un proceso simultáneamente provocado y reflejado por una nueva complejización multiescalar de lo “urbano”, lo “migratorio” y lo “fronterizo” en Arica). Y la simultánea oportunidad de reconocer que asumiendo esa necesaria “extensión”, se aperturan también múltiples alternativas analíticas y campos de estudio que aquí se ha optado por poner en relación constante con lo abordado: desde planes gubernamentales que incentivan la progresiva privatización habitacional, en detrimento de soluciones habitacionales para quienes más lo necesitan (como en el caso del plan PEDZE en Arica), hasta fenómenos de gobernanza política regional que se caracterizan por transgredir, desatender o castigar socio-habitacionalmente a quienes viven en situaciones de toma de terreno (como en el caso del gobernador regional de Arica y Parinacota, que excedió sus atribuciones al ordenar el desalojo de Cerro Chuño, o como en el caso de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, que optó por no aplicar el registro social de hogares a los habitantes de Cerro Chuño).
3. 3. El desafío de reconocerse como una parte activamente involucrada en la producción de conocimientos críticos y eventuales alternativas de solución para los múltiples problemas socioespaciales que se detectan a través de la investigación o intervención en campo (como de hecho fuimos relatando, se nos hizo cada vez más inevitable, a medida que fue avanzando nuestra relación humana con los pobladores de Cerro Chuño). Las posibilidades que se despliegan con este reconocimiento son en verdad variadas y provechosas: el tomar parte activa en el esclarecimiento de fenómenos de desigualdad socioespacial con finalidades loables (dando a entender contextos y procesos que explican la habitación y resistencia al desalojo de tomas de terreno como la de Cerro Chuño en Arica, por ejemplo), la posibilidad de construir nuevas líneas de investigación y estrategias de intervención o retribución, en torno a los problemas de desigualdad socioespacial que se enfrentan en terreno, pero también, y sobre todo, la importante posibilidad de imaginar nuevas formas de pensar y ejercer las propias disciplinas a la que cada quien adscribe al momento de investigar o intervenir problemas de desigualdad socioespacial: nuevas formas en las que nuestras investigaciones e intervenciones no pasen desapercibidas, tanto “dentro” como “fuera” de los contextos que decidimos estudiar.

Con todo -y fuera de la clave conclusiva que ha predominado en este último apartado-, quisiéramos terminar diciendo, en clave propositiva, que el conjunto de los problemas aquí tratados, sólo podrán resonar más allá de este artículo en la medida en que la teoría y la práctica académico-profesional contemporánea giren hacia una cada vez mayor visibilización, discusión y difusión de temáticas de estudio similares a las aquí expuestas. En este sentido, es la intención de quienes suscriben este artículo, el promover la replicación de estas experiencias por parte de los posibles lectores, en sus respectivos espacios y contextos de producción intelectual e intervención social, ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional, apuntando siempre hacia el mutuo enriquecimiento y retroalimentación académico-profesional, que hoy versa sobre desigualdades socioespaciales en Arica, Chile, Latinoamérica y el mundo.

 

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