Punitivismo, producción de subjetividad y Trabajo Social en Uruguay

Introducción

El presente artículo recoge resultados de mi tesis doctoral defendida a fines de 2023 (Pérez de Sierra, 2023) e intenta reflexionar desde ese punto, sobre algunos desafíos profesionales en el contexto actual. Para ello se realiza una exposición en tres partes. En primer lugar, un acercamiento al concepto de punitivismo y su deriva en crueldad naturalizada, procesos de deterioro creciente de la trama vincular a escala global con diferentes dimensiones (psíquica, social, ambiental) y efectos (bélicos, muertes violentas, prisionización, aumento de la pobreza y la desigualdad). El capitalismo del norte blanco, masculino, colonial y senil, amenaza en su deterioro la supervivencia de toda la humanidad, mientras intenta imponerse como nueva razón del mundo el “realismo capitalista” (Fisher, 2018).

En segundo lugar, a partir de una breve cronología analítica del creciente punitivismo durante el ciclo de gobierno progresista en Uruguay (2005-2019) intentamos mostrar líneas profundas de continuidad con gobiernos de distinto tono, marcadas por el crecimiento en la tipificación de delitos, penas con prisión y número de personas presas así como el uso creciente de castigos extralegales en instituciones estatales.

En tercer y último lugar se analiza la pregunta sobre qué hacer desde la dimensión socio-pedagógica del Trabajo Social crítico, su relación con las otras dimensiones de la profesión, sus desafíos actuales para actualizar el “trabajo con otros” y no “sobre otros”. Un trabajo social atento a realizar una lectura propia sobre la producción de subjetividad y la dimensión política de nuestra intervención. Por último, se realizan algunas reflexiones finales en torno a las posibilidades de creación profesional en esta perspectiva.

Vivimos un tono epocal de inminencia de amenazas bélicas, de catástrofes ambientales, de deterioro del lazo social y los cuidados, de aumento de las desigualdades y de instituciones desfondadas. La posibilidad de un radical colapso bélico y ambiental, coloca en debate la posibilidad del fin de la humanidad, al menos como la hemos conocido por miles de años en un entorno climático estable y como especie sedentaria (Broffoni, 2024). La imagen de futuro se parece más a una pesadilla que a un sueño de coloridos porvenires. Las noticias que nos llegan del mundo actual son angustiantes y angustiante es la aparente imposibilidad de oponer resistencias propositivas y otras imágenes colectivas de futuro. La violencia y la crueldad son espectacularizadas, la desigualdad creciente y sus expresiones más duras como la situación de calle y las personas encerradas en vidas apenas biológicas están en aumento en casi todas las ciudades del mundo “occidental y civilizado”.

La reciente masacre en Río de Janeiro con sus al menos 121 personas muertas fue televisada con orgullo por el gobierno de la ciudad¹. Las amenazas de golpe de Estado y conquista de Venezuela por parte de Trump desafiando todo principio multilateral acordado, también. El genocidio en Gaza, las guerras silenciosas en diferentes ciudades, las deportaciones masivas en EE. UU., los recortes con motosierra, los drones mortíferos también son mostrados en redes sin pudor. Más cerca, sabemos de infancias obligadas a hacer cuerpo a tierra o manejar un arma antes de aprender a leer o escribir a apenas 20 minutos del centro de Montevideo. Los grandes y pequeños ecocidios del extractivismo y su modelo de desarrollo insostenible así como el cambio climático ya no son una abstracción, los vemos diariamente en los noticieros.

Aunque no parece haber una salida a la altura y escala de la situación, es en ese preciso punto de anclaje, en la situación y la trama que nos tocó, ahí en el borde, allí donde nuestras prácticas y nuestra profesión, ocupan un quehacer profundamente político y se hace urgente reinventar con orgullo nuestros linajes críticos.

Las contradicciones inherentes al capitalismo en su fase actual están mostrando la sombra que emana del supuesto progreso y desarrollo que prometió el capitalismo. Supimos creer —como un dogma— que el crecimiento del intercambio de bienes y servicios bajo la lógica de la ganancia y el lucro a escala global era necesario para el desarrollo. Ahora vemos el resultado con una nitidez paralizante: dejar al mundo librado a la lógica de la ganancia, los algoritmos, el consumo y el lucro de los poderosos nos dejó frente a una sensación de abismo colectiva.

Negar el abismo solo parece profundizar la crueldad. Encontrar formas de fugarse se nos impone y el propio sistema nos ofrece variadas anestesias: el consumo (de juegos, shorts, videos en plataformas, relaciones, niñas para explotar sexualmente, ropa, drogas legales o ilegales). El llamado “realismo capitalista” (Fisher, 2018) y sus instituciones nos dificultan ver una salida más allá de este sistema. El desafío es cómo escapar de los confines del realismo capitalista y de su impotencia aprendida que nos mantiene sumisos e indolentes o en una angustia nihilista. Pero todos esos procesos evidencian al unísono la necesidad imperiosa de alternativas. Y ellas se multiplican en todos los rincones si logramos prestarle atención.

Parece que toda idea de progreso o evolución que Occidente hubiera engendrado se encuentra en profunda revisión². La sombra del futuro neoliberal de los fundantes años 70 y sus dictaduras en el Cono Sur, ya está aquí. Somos hijas e hijos de democracias incompletas nacidas de dictaduras sangrientas cuyo programa de desarrollo impuesto ha sido el del extractivismo irracional que nos ha dejado en una policrisis civilizatoria (Svampa, 2025). Pero nos toca ser la generación a cargo, el futuro llegó y aunque no es precisamente prometedor, nos toca responder:

Llegaron, trajeron esperanza. Mal que bien, vivimos unos años mejor, pero se fueron y nos dejaron un pueblo roto, un río contaminado, decenas de gurises sin padre, drogas y trata. Se fueron y el pueblo quedó peor que hace tres años (diálogo con taxista en Paso de los Toros, fines del 2024³).

El realismo capitalista, para Fisher, es como “la cosa” que todo lo absorbe y procesa, impidiendo la transformación de lo existente. Fisher se pregunta si el capitalismo puede funcionar sin algo ajeno que colonizar y de lo que apropiarse (Fisher, 2018, p. 30). Al mismo tiempo no puede deglutir todo pues necesita lo viviente. La mercantilización neoliberal precisa del trabajo reproductivo no reconocido e invisibilizado que sostiene las vidas devastadas por su forma de producir riqueza y escasez al unísono.

El capitalismo se apropia de la potencia de aquello que expropia y lo utiliza para su provecho subsumiendo, dice Fisher, “todas las historias previas” en el “sistema de equivalencia general” en el que el “valor” de las cosas está medido por el “dinero” o el “capital”. El “realismo capitalista” tiene carácter expansionista y por ello requiere, en su afán expansivo, identificar espacios, cosas, sujetos o todo aquello que contenga una “potencia” reproductiva del capital invertido, aunque dicho proceso pone en riesgo la reproducción de “la vida”. Las crisis se expresan de diversas formas, por ejemplo en las diversas afectaciones en la salud mental, las consecuencias de su proceso de “privatización” existente en los últimos 40 años han sido nefastas (Fisher, 2018, p. 45). El proceso individualizador de los problemas refuerza las estrategias tendientes a abordajes médicos y tratamientos individuales que olvidan el carácter colectivo, interdependiente y relacional del bienestar.

La reproducción del capital se valoriza a partir de la subjetivación en la crueldad y el sufrimiento humano, y ya no solo a partir de su “fuerza de trabajo” (Marx, 2021). El tiempo presente es un tiempo asaltado por el miedo y la crueldad espectacularizada: pandemias, guerras, genocidios, migraciones, eventos climáticos extremos, crisis de salud mental, de consumos, de fertilidad y nacimientos, pobreza racializada, escasez de tiempo, aumento de ciberataques y de metrópolis cada vez más policiales. La derecha electoral asciende explotando el miedo y aumentando el rigor penal, la criminalización creciente de personas, organizaciones y protestas. La represión es directa y se espectaculariza sin pudor. Toda una racionalidad en la lógica de amenazas y castigos.

Los gobiernos progresistas en la región no lograron imponer otro paradigma más allá de consagrar importantes derechos civiles, y mejorar aspectos de la salud, la educación y la protección social. Pero la lógica de los binomios jerarquizados, el lucro y el llamado “individualismo posesivo” siguieron operando y se produjo un notorio giro punitivo.

El gobierno “a través del delito” (Simon, 2011) es un fenómeno mundial que no se impone solo desde arriba, sino que forma parte de nuestra subjetivación actual (Gago, 2015; Laval y Dardot, 2013). Entonces las personas, organizaciones y movimientos críticos tenemos cada vez más dificultades para colocar en agenda la discusión por las luchas de reparación, redistribución y desmercantilización de la existencia, incluso durante los llamados progresismos. El miedo activa la simplificación y el pedido de creciente securitización.

Macaya llama “reaccionarismo de la alternativa” a una forma sutil de blindaje del orden vigente que exige a toda crítica estar ya acompañada de una solución empaquetada, viable, evaluable y, a poder ser, homologable por la ley. Pero ¿y si lo que urge no es sustituir una herramienta por otra, sino desactivar el marco entero que define lo que es normal, lo que es violencia y lo que puede o no ser deseado? (Macaya, 2025, p. 82). Estamos en una posición bifurcada. No sabemos qué deviene de la bifurcación. Pero podemos politizar el malestar y re-apropiarnos de la fuerza del dolor compartido.

Dubet define a los profesionales del trabajo social como parte de aquellos que realizan un “trabajo sobre los otros” e incluye una amplia gama de prácticas profesionales ligadas a la salud, la educación, la psicología, el trabajo social, la recreación, la rehabilitación y los cuidados (Dubet, 2006). Este artículo se propone reflexionar desde y hacia el trabajo social latinoamericano crítico. Si la barbarie ya está aquí, entonces, ¿qué hacer cuando el sentido común parece haberse vuelto punitivo? ¿Tenemos soluciones para aportar? ¿Cómo vencer el “reaccionarismo de la alternativa” y el “goce de castigar” (Macaya, 2025)?

Pero también sabemos que existe un trabajo social crítico que acompaña muchas de las resistencias que se multiplican en todos los rincones y en diversos temas. La organización de personas en situación de calle Colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP)⁴, las ollas y comedores populares organizados en la Coordinadora popular y solidaria (CPS)⁵, la radio Vilardevoz⁶, el movimiento por salud mental, desmanicomialización y vida digna, la Nave de los Loques⁷, son ejemplos de esas insistencias por encontrar otros caminos y mostrar que son posibles. Se trata de un trabajo social con otros y no sobre otros.

Parte I. El punitivismo

El punitivismo puede ser entendido “como los niveles de dolor o sufrimiento producidos por el sistema penal” (Sozzo, 2016, p. 10). Se trata del poder de castigar, que determina a quién, por qué, cuánto y cómo se debe infligir dolor intencionadamente (Christie, 1984). Pero el sistema penal, aunque fundamental, solo es una parte. Nos interesa ampliar la mirada y pensar cómo la sociedad extiende el castigo sin existir delito y fuera del sistema penal. Se trata de considerar los usos del castigo “extralegal penal” para el gobierno de la desigualdad y el llamado “gobierno a través del delito” (Simon, 2011).

Según Fassin (2018, p. 9), vivimos desde hace más de cuatro décadas y a escala mundial una época del castigo que no es correlativa a la evolución de la criminalidad y la delincuencia. Esta tendencia, aunque con variaciones, es observable en todos los continentes y en diversos países, con el caso emblemático de Estados Unidos (Fassin, 2018, p. 11). Más allá de las singularidades históricas y nacionales, es posible hablar de un momento punitivo de escala planetaria.

Este momento punitivo coincide con la precarización de las relaciones laborales y el desempleo masivo y persistente que se instalan en el mundo del trabajo a partir de 1970. El trabajo adquiere forma mediante contratos temporarios y sin garantías de seguridad social, se precariza y crece el desempleo. En ese contexto la “cuestión social” es convertida en la cuestión de la inseguridad y de la pobreza. “Asistimos a un deslizamiento del Estado social hacia un Estado de la seguridad” (Castel, 2004, p. 73), un retorno del Estado liberal del siglo XIX, dedicado a garantizar el orden social a través del ejercicio de la autoridad, la caridad y el despliegue de “homicidios sociales” en las ciudades, como llamaban los obreros ingleses a la privatización y ocultamiento de los efectos de la explotación y la desigualdad, según atestiguara Engels en 1845.

Presenciamos un retorno de las llamadas “clases peligrosas” (Castel, 2004), donde la cuestión de la inseguridad se instala en la problematización de las nuevas manifestaciones de la cuestión social, reeditando un nuevo nudo entre peligrosidad y pobreza. Junto al desmonte de los Estados de bienestar (o su torsión neoliberal), se desarticula el complejo penal-welfare que combinaba “legalismo liberal” en el proceso penal y un “compromiso correccionalista” centrado en la idea de rehabilitación del llamado delincuente. Estamos presenciando una nueva cultura de control del delito (Garland, 2005). En ella, las estrategias de control y prevención del delito, ya no se adoptan porque resulten “prometedoras” o “eficaces”, sino porque ofrecen una definición de los problemas e identifican unas respuestas en términos que encajan con la cultura dominante y la estructura de poder sobre la que descansa, afirma Garland (2005). Respuestas cada vez más represivas —y cada vez más extendidas— frente a algunos delitos no son producto de una situación coyuntural o excepcional, sino que responden a profundos cambios en las relaciones sociales.

Junto a un mayor intervencionismo jurídico-penal, más sanciones y aumento de los castigos, ha aparecido un nuevo aparato de control del delito que ha ampliado enormemente el control formal y, sobre todo, informal del delito. Sostiene Garland que las respuestas actuales se caracterizarían por una serie de transformaciones: 1) el declive del ideal de la rehabilitación de los delincuentes; 2) el resurgimiento de las sanciones punitivas y de la justicia expresiva; 3) cambios en el tono emocional de la política criminal; 4) el retorno de la víctima; 5) el énfasis en que lo fundamental es la protección de los (buenos) ciudadanos; 6) el nuevo populismo; 7) la reinvención de la prisión; 8) la transformación del pensamiento criminológico; 9) el desarrollo expansivo de las infraestructuras de la prevención del delito y la protección de la comunidad; 10) la sociedad civil y la comercialización del control del delito; 11) los nuevos estilos de gerencia y prácticas de trabajo; y 12) una sensación permanente de crisis (2005).

Desde otra perspectiva, Wacquant establece que existe un nuevo gobierno de la inseguridad social que se ejerce a través de una creciente red carcelaria asistencial; red que apunta, bien a volver “útil” al precariado⁸, “conduciéndolos a la vía del empleo no cualificado, bien a depositarlos en el centro devastado del ‘cinturón urbano negro’ o en las penitenciarías que se han convertido en los satélites distantes, aunque directos, de éstos” (2010, pp. 40-41). Migrantes del sur global, negros y pobres serían el objetivo de las nuevas luchas contra el “delito”.

Si bien la combinación entre asistir y castigar no es nueva, sí lo es su nueva capacidad productiva, es decir, los efectos que busca, los que logra y los procesos que la explican en su forma actual y la hacen al menos parcialmente inédita. Sostiene Wacquant que la lucha contra el crimen no es sino un pretexto conveniente y una plataforma propicia para una redefinición más amplia del perímetro de las responsabilidades del Estado que opera simultáneamente en el plano económico, en el asistencial y en el penal (2010, p. 60).

La creciente punitividad se expresaría en algunos valores que orientan el diseño de la acción pública actual: actitud pragmática en la gestión de los riesgos, punitividad populista, responsabilidad individual por encima de la colectiva, énfasis en las obligaciones de ciudadanía por encima de los derechos, alto contenido moral en las propuestas sociales y penales, priorización de la protección contra el delito por encima de otras interpretaciones de seguridad y protección. Y es que el delito puede ser una manera de gobernar. No se trata del gobierno del delito sino del gobierno a través de él (Simon, 2011). El delito se habría convertido así en algo fundamental para el ejercicio de la autoridad a nivel local y regional:

1) el delito se convierte en una cuestión estratégica significativa, de modo que si cualquier institución actúa para prevenir delitos o comportamientos semejantes, es visto como que actúa de modo legítimo; 2) el delito se utiliza para legitimar intervenciones de distinto tipo que en realidad tienen otras motivaciones; y 3) las tecnologías y discursos sobre el delito y la justicia penal se han convertido en la imagen visible de otras instituciones, donde pueden transformarse en nuevas oportunidades de gobernanza (Simon, 2011, p. 15).

No solo se privilegia un tipo de delitos ante otros problemas sociales, sino que algunos de estos llegan a reconocerse a través del delito (consumado o no) y, consiguientemente, también es el delito el modelo de respuesta a esos otros problemas: “El resultado no ha sido menos gobierno, sino un poder ejecutivo más autoritario, un poder legislativo más pasivo y un poder judicial más a la defensiva” (2011, p. 17). El delito estaría siendo utilizado “como una excusa para llevar a cabo otras cosas que son más difíciles de hacer o que sencillamente están prohibidas” (2011, p. 271). Este gobierno a través del delito produce una reducción democrática, profundiza la polarización social y alimenta una cultura del miedo y el control (Simon, 2011)⁹.

Si gobernar es estructurar un campo posible de acción de los otros (Foucault, 1996, p. 15), el gobierno a través del delito puede leerse como un intento (siempre parcialmente infructuoso e incompleto) de dirigir, conducir y gestionar la vida de los otros y de uno mismo utilizando la amenaza (poco importa si real o imaginaria) a la seguridad civil y su castigo expresivo como clave interpretativa de variados efectos de la desigualdad. La gubernamentalidad excede a la cuestión del Estado como búsqueda de modelar conductas mediante la intervención de los deseos, aspiraciones, intereses, creencias y hábitos, ya que el Estado es el efecto móvil de un régimen de gubernamentalidades múltiples (Foucault, 2007, p. 96).

Pero un límite absoluto se impone en esta lógica pues la gubernamentalidad se ejerce sobre lo vivo. Este sigue siendo el límite insuperable del capitalismo y su creciente crueldad.

Parte II. El aumento del punitivismo durante el ciclo de gobierno progresista

Sozzo plantea que “en las últimas dos décadas, se ha producido un crecimiento extraordinario del encarcelamiento en América del Sur, con algunas variaciones a través de los contextos nacionales pero en el marco de una misma tendencia” (2016, p. 9). La tasa de encarcelamiento creció durante los diferentes períodos en los que gobernaron alianzas políticas llamadas “posneoliberales” (aun cuando no en el mismo grado y partiendo de distintos niveles precedentes) (Sozzo, 2016). Según datos del World Prison Brief, la población carcelaria en nuestro continente se duplicó en los años 2000. Si tomamos nuestro país, durante el ciclo progresista de gobierno, la tasa de encarcelamiento en Uruguay creció un 62%.¹⁰

En este apartado profundizamos en el ascenso punitivo en Uruguay. Por una parte, las cifras nos ubican como el país con la tasa de prisionización más alta de América Latina y 15º del mundo. En 2024, Uruguay alcanzó la cifra de 16.624 personas presas. La figura 1 y la tabla 1 muestran este avance.

Uruguay transitó a partir de 2010, un giro punitivo con amplio consenso interpartidario (Pérez de Sierra, 2023). Este apartado mapea antecedentes e hitos de este ascenso y cómo penetraron las racionalidades hegemónicas del campo penal en el diseño y ejecución de políticas del campo asistencial. El control social dirigido al precariado en el país se ha metamorfoseado profundamente. Por una parte, una creciente racionalidad punitiva en la asistencia de la extrema pobreza se expresa en concepciones responsabilizadoras de la vulnerabilidad de las personas y hogares, en sofisticados y robustos niveles de identificación, seguimiento y monitoreo poblacional, en la refocalización, que deviene en una focalización territorial punitiva, y en prestaciones ínfimas ancladas en lógicas de incentivos y castigos a comportamientos en clave de prevención del delito. Por último, el estrechamiento del vínculo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social ha llevado a que el Ministerio del Interior se instale como un actor prioritario en la arena de las políticas asistenciales (Pérez de Sierra, 2023).

La bibliografía especializada sobre el punitivismo en general, enfatiza la tasa de prisionización, pero este no es el único indicador del ascenso punitivo, sino que se combina con la extensión del dominio de la represión o el castigo como recurso privilegiado ante el conflicto social y un agravamiento del régimen de sanción: se criminalizan nuevos hechos que no eran objeto de sanción, se agravan las sanciones por los mismos hechos (como veremos, se establecen penas mínimas más duras para algunos delitos, se condena más a menudo a la privación de libertad y por más tiempo) y se cristaliza una cierta intolerancia selectiva que habilita prácticas punitivas en otros campos, dando como resultado una mayor severidad y selectividad del castigo.

La creación en 2013 de la llamada Ley de Faltas es un ejemplo. Es la policía —a partir de la portación de cara y apariencia de indigencia— quien decide si una persona se encuentra haciendo o no uso indebido del espacio público (Ley de Faltas, 2013 y 2020). Esta evaluación que la Policía realiza al desalojar los espacios públicos por la falta que configura el “uso indebido”, no cuenta con las mínimas garantías jurídicas, ni apelación posible, pero sí configura un antecedente en el registro judicial. Desde 2013 se realizan operativos de limpieza urbana de cientos de personas en situación de calle que son trasladadas coercitivamente a refugios o centros de contingencia en la periferia pobre.

El artículo 368 de la Ley de Faltas aprobada en 2013 refiere en particular a la ocupación llamada “indebida” de espacios públicos, estableciendo que aquel que pernocte o acampe en dichos espacios será sancionado con horas de trabajo comunitario (luego de haber sido intimado en dos ocasiones y en caso de incumplimiento podrá ser penado con prisión). Dicho artículo fue reformulado con la Ley de Urgente Consideración, n.º 19.889,¹¹ en el año 2020. El artículo original establecía:

(Ocupación indebida de espacios públicos).- El que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República, ocupare espacios públicos acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de prestación de trabajo comunitario, si habiendo sido intimado 2 (dos) veces de que desista de su actitud, por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente, persiste en la misma. Siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al Juez competente. (Uruguay, Poder Legislativo, 2013)

La Ley sobre Faltas y Conservación de Espacios Públicos definía cómo sería castigada la falta (con pena de 7 a 30 días de trabajo comunitario) para quien “deteriore instalaciones, monumentos o semáforos, a quienes defequen u orinen en espacios que no estén destinados a tal fin y a quienes acampen o pernocten indebidamente en los espacios públicos”, luego de que se los haya intimado dos veces por parte de la autoridad competente y en el caso de que el condenado no cumpliera la pena de prestación de trabajo comunitario, “cumplirá un día de prisión por cada día de trabajo comunitario no cumplido”. Llegado el caso, la ley establece que es posible procesar con prisión a personas sin techo que duermen en la vía pública ya que “el espacio público muestra signos crecientes de vandalismo” (ministro del Interior, citado en Uruguay, Cámara de Representantes, Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, 2015).

Un equipo policial (Grupo de Reserva Táctica de la Policía)¹² es el encargado de realizar diariamente un recorrido desde la mañana desalojando coercitivamente espacios públicos (en general céntricos). Las personas son identificadas y notificadas de que están infringiendo una norma y son conducidas a dependencias del MIDES para que se les ofrezca, como prevé la ley, “una alternativa adecuada”, que, en los hechos, es la posibilidad de ingresar a un refugio nocturno, siempre y cuando existan cupos o a un centro de contingencia.¹³

Según datos de prensa, durante el primer año y medio de vigencia de la Ley de Faltas (setiembre de 2013-abril de 2015), el equipo especializado del MI realizó 6.735 intervenciones y detectó a más de 2.450 personas en situación de calle (El País, 2015). Fuentes oficiales del Poder Judicial¹⁴ señalan que los procesos concluidos por ocupación indebida de espacios públicos registraron 258 casos en 2014, 426 en 2015 y 37 en 2017, con un registro intermedio de 76 casos en 2016 (Poder Judicial, 2015, 2016, 2019).

A partir de un pedido de información pública realizado en el marco de la presente investigación,¹⁵ se nos informó de que un total de 4.898 personas (638 mujeres y 4.252 varones) fueron conducidas por Ley de Faltas entre 2014 y 2022. En la figura 2, es posible ver la evolución del total de personas conducidas, que muestra en 2015 y 2019 (años electorales) picos máximos alcanzados en el período de estudio.

Una de las últimas declaraciones públicas del colectivo organizado de personas en situación de calle (NITEP), ante el llamado Operativo Calle¹⁶, es el siguiente poema:

“Operativo calle”

no nos callarán.

No nos llamen plan.

No nos llamen ayuda,

no nos llamen cuidado

cuando lo que hacen es barrer personas

para que la ciudad no se vea a sí misma.

La calle es una falta.

La falta es del Estado

que llega con ómnibus y custodia

después de haber llegado tarde

con derechos

Son múltiples los testimonios de colegas que plantean que, ante la descompensación de una niña, un niño, adolescente o persona adulta bajo custodia del Estado (en un hogar de amparo, clínica de padecimientos psiquiátricos, salas de hospitales, refugios nocturnos para personas en situación de calle, puertas de emergencia), lo primero que suele hacerse es llamar a la policía, incluso antes que al personal especializado. Durante 2025 fueron dos las personas con padecimientos de salud mental en crisis que tras la intervención policial resultaron asesinadas a manos de la policía¹⁷. Otros indicadores de ascenso punitivo pueden enumerarse: rituales de hostigamiento y degradación que la Policía aplica a los jóvenes pobres en las periferias urbanas y en la expulsión de las zonas centrales sin orden judicial, las muertes en calle por hipotermia o enfermedades asociadas a la situación de calle (en 2025 fueron siete las personas fallecidas en estas condiciones), el alto número de suicidios de personas privadas de libertad (la tasa de suicidios fue cinco veces mayor que la tasa nacional en 2024), los homicidios en cárceles, el aumento de la letalidad policial en Montevideo, incluso la tasa de suicidios de efectivos policiales¹⁸. Las condiciones de reclusión implican también una duplicación del castigo legal ya que según datos del Informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario, el 46% de las personas privadas de libertad en 2024 vivían en condiciones crueles y fueron cincuenta y siete las muertes bajo custodia del Estado en cárceles ese año (Comisionado Parlamentario Penitenciario de Uruguay, s. f.). La tasa de homicidios en cárceles es once veces mayor que la nacional para el año 2024.

La institución de amparo de la infancia, en general pobre (INAU), ha visto también crecer las muertes de NNA y situaciones de trata y explotación sexual de las niñas, niños y adolescentes bajo su custodia.¹⁹

Estos indicadores, que son solamente algunos de los tantos posibles, permiten pensar en prácticas de degradación y sufrimiento que no surgen de una sentencia del sistema judicial: se castiga fuera del sistema penal sin existir delito y el castigo se extiende a veces a barrios enteros y categorías de población.

Distintos tipos de castigos asociados a la situación de pobreza y vulneración producen una red potente, que atrapa, y promueven personas concretas con pocas posibilidades de no ser parte de esta activa selección y categorización. Las personas en situación de calle, las niñas, adolescentes y jóvenes pobres o con padecimientos de salud mental, son tratadas como clases peligrosas que detentan, por su condición, una peligrosidad propia y que, pese a que no medien procesos legalmente sancionados, parecen ya poseer una ciudadanía suspendida o directamente una condena de muerte u homicidio social al decir de Engels (1845/1946).

Crece la racionalidad punitiva en la gestión asistencial de la desigualdad, la criminalización de la pobreza y el tratamiento cada vez más policial de sus efectos, afirmando una subjetivación en la crueldad neoliberal. Desde esta lógica, la neutralización de estos “enemigos internos” requiere activar todos los mecanismos de autodefensa de la sociedad (concebida como un nosotros integrado a partir de la amenaza), una sociedad que parece haber declinado la aspiración a la integración social y la problematización pública de la desigualdad. A pesar de que todas las violencias se retroalimentan y no son del todo independientes, hay un tipo específico de violencia: la violencia institucional. A esta la definimos como un tipo de violencia donde quienes la ejercen tienen instituciones detrás; son violencias sistemáticas, naturalizadas y a veces ritualizadas. Implican degradación y ausencia de garantías. Se trata de usos indebidos del poder institucional o, como se dijo en una reunión, “cuando el Estado es violento”. Se basan en la desigualdad de género, clase y raza (aunque claramente se suma la vulnerabilidad por consumo o salud mental, etc.) (NITEP, 2021). Son, en general, encubiertas y desestimadas desde las autoridades. Y se repiten en el tiempo y con diferentes personas a uno y otro lado. Estas violencias se dan en el espacio público, en los barrios degradados, en hospitales, refugios, cárceles y muchas otras instituciones. Esto hace posible una mirada sistémica sobre las pedagogías de la crueldad, al decir de Segato (2019).

La expulsión de los espacios céntricos de la capital y la neutralización selectiva de grupos sociales marginales de algunas zonas del espacio urbano son operaciones sistemáticas (más cosméticas que eficaces) que poseen un alto precio, no solo económico, sino también por las inevitables violaciones de los derechos humanos y la pérdida de las más elementales garantías jurídicas (Pavarini, 2009). La legitimación de estas prácticas se basa en un creciente temor al contacto con la miseria, al contagio y la difusión descontrolada de las infecciones morales que afectan las relaciones con los excluidos (Pavarini, 2009, p. 236).

En la guerra se hacen enemigos y prisioneros pero no para educarlos con fines de integración social. Se hacen enemigos y prisioneros por la sola necesidad de defensa. Esta “nueva” cultura del “derecho penal del enemigo” merece una seria consideración sobre los derechos de los enemigos “capturados” y es que la lógica de la neutralización, de hecho, conoce un solo resultado coherente: el debilitamiento del enemigo. Efectivamente, la historia nos enseña que la tentación recurrente del campo de concentración, es la de transformarse en campo de exterminio. (Pavarini, 2009, p. 67)

La guerra es por momentos abierta y declarada, a veces sutil e invisible. Se captura y se alimentan puertas giratorias de castigo que autocumplen la profecía premonitoria de una guerra contra nuevos enemigos internos. La lógica del enemigo interno y la lógica del exterminio son dos caras imbricadas en el neofascismo actual. La exhibición de la violencia repetida produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad, promueve entre las personas bajos umbrales de empatía y una creciente desensibilización al sufrimiento de otros, elementos ambos indispensables para la producción y naturalización de esas violencias (Segato, 2019). Uruguay posee una larga y extraña relación con la cárcel. La cárcel prolongada y masiva, junto a las torturas, caracterizó las estrategias represivas de la última dictadura uruguaya (Sapriza et al., 2016).²⁰

Durante el ciclo progresista se profundizó esta gubernamentalidad a través del delito (que tiene líneas de larga duración, al menos desde la última dictadura civil y militar) y esta racionalidad ha permeado la arena socioasistencial naturalizando sus lógicas. Pero marcar que existe efectivamente esta tendencia no es marcar un rumbo inexorable. Podemos pensar en una crítica radical al gobierno a través del delito en términos de su ineficiencia sistémica (el triángulo más presos, más penas y más tipificación de delitos no logra disminuir la delincuencia ni la reincidencia), sus altos y lucrativos costos y sus efectos perversos (la prisión como castigo duplicado, el aumento de la situación de calle, el consumo problemático generalizado en jóvenes, pandemia de afectaciones en salud mental, deterioro económico y afectivo, sobre todo de las mujeres e infancias de las familias racializadas que pasan por estas puertas giratorias de castigo social.

En la tabla 2 colocamos una síntesis de indicadores del giro punitivo entre 2005-2019.

En la tesis (Pérez de Sierra, 2023) desarrollamos cómo la creciente racionalidad punitiva sobre las poblaciones en extrema pobreza se expresaba también en políticas sociales focalizadas. Estas poseen, como ya fuera señalado, una tendencia creciente a una concepción cada vez más culpabilizadora de la vulnerabilidad de las personas y hogares, sofisticados y robustos niveles de identificación, seguimiento y monitoreo poblacional, en la refocalización de las poblaciones a partir de la focalización territorial, lo que deviene en una focalización territorial punitiva, y en las prestaciones ínfimas desatadas de la lógica de los derechos y ancladas en la lógica de incentivos y castigos a comportamientos en clave de prevención del delito y no de restitución de derechos. Estas lógicas han permeado las instituciones de atención socioasistencial donde nos desarrollamos profesionalmente. Se naturaliza la amenaza al castigo, la tutela cuerpo a cuerpo y el intenso seguimiento de algunas poblaciones y sus trayectorias en las políticas socioasistenciales. Por último, este estrechamiento de las manos izquierda y derecha del Estado generó que el Ministerio del Interior se haya instalado como un actor imprescindible en la arena de las políticas sociales asistenciales.

En este tipo de gubernamentalidad, el territorio toma protagonismo, pero no en tanto barrio o comunidad, sino como territorio bélicamente construido (donde habitan los sujetos peligrosos) deviniendo así en una territorialización punitiva. Esta territorialización punitiva se produce a partir de dos movimientos simultáneos: por una parte en el intento de gobierno de algunos territorios degradados y por otro, en la expulsión de sus presencias en los espacios centrales de la ciudad. Estas lógicas del gobierno urbano neoliberal poseen graves efectos: la deslegitimación progresiva de la restitución de derechos para algunas “poblaciones”; que cualquier acción que lleve el nombre de ataque a la inseguridad posee de por sí una legitimación fuera de cuestión y debate; la construcción de unos sujetos peligrosos cuya ciudadanía puede ser suspendida; la consolidación de un “nosotros” amenazado por unos “otros”; las operaciones sistemáticas y publicitadas cuyo efecto es la criminalización de la pobreza; el disciplinamiento social en la tolerancia de la crueldad estatal y la subjetivación en nuevos umbrales de desensibilización social.

La nueva problematización de la “cuestión social” ya no es entendida como desigualdad a ser atendida con medidas globales, tampoco como pobreza a combatir (Merklen, 2010), sino como un problema de seguridad y delincuencia concentrado en algunos individuos y algunos territorios. Con esto la desigualdad y la mirada sistémica quedan invisibilizadas y aumenta el foco en los sujetos peligrosos estatalmente construidos. Existe el riesgo latente que el sector socioasistencial y del lazo social quede colonizado por la lógica punitiva con la consecuente construcción de enemigos internos en una cadena de equivalencias entre pobreza racializada y peligrosidad.

Por todo ello parece imprescindible pensar también los múltiples efectos de este disciplinamiento en la crueldad, los efectos de subjetivación política en clave punitiva de la sociedad en su conjunto y de nosotros como profesionales del lazo social (Frigerio, 2018; Sarachu, 2026).

Pero al unísono hay un trabajo social que existe, resiste y construye un ejercicio profesional comprometido con el tejido de las posibilidades de amistad política y de reapropiación política de la capacidad de hacer alianzas colectivas.²¹ En este contexto, las personas organizadas que son nuestros usuarios, nos invitan a destruir los marcos de referencia tecnocráticos y tutelares que solemos habitar para acompañar desde otro lugar.

Se trata de espacios de experimentación y creación política donde quepa la pregunta de qué vidas queremos vivir y cómo construimos las condiciones de posibilidad para experimentarlas, preguntas profundas que no son comunes en los espacios políticos institucionales vigentes.

Parte III ¿Qué es posible hacer desde el trabajo social?

Puedo sugerir una cosa:

busquen lo que es bueno,

fuerte y bello en su sociedad

y trabajen a partir de ahí.

Vayan hacia afuera.

Crea siempre a partir de lo que ya tienes.

Entonces sabrás qué hacer

(Foucault, 1984, p. 18)

Habitamos un lugar incómodo pero estratégico. El campo de las políticas sociales es el escenario de nuestro trabajo profesional y en general trabajamos con los sectores más afectados por la desigualdad y los procesos de criminalización de la pobreza. Las y los egresados recientes de nuestra Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de la República en Uruguay, ya no se insertan mayoritariamente en cargos estatales de larga duración en el corazón de las instituciones clásicas de protección social, sino que lo hacen predominantemente en organizaciones no gubernamentales que gestionan la ejecución tercerizada de políticas sociales focalizadas en la extrema pobreza (Claramunt Abbate, 2018). Las condiciones ofrecidas por el campo ocupacional actual es de bajos salarios, necesidad de multiempleo y deterioro de las condiciones de contratación en detrimento de los nuevos profesionales (Claramunt Abbate, 2018). Sin embargo, la sensación de satisfacción con la vocación y la carrera es alta según recientes investigaciones entre las egresadas recientes (Claramunt Abbate et al., 2023).

Ubicarnos entre los profesionales del lazo social es habitar un lugar incómodo pero estratégico. Es incómodo el ser profesionales con cada vez más trabajos, más precarios y muchas veces a una pequeña distancia de clase de las y los usuarios de los servicios sociales en los que trabajamos. Y por eso mismo, es un lugar de gran potencia estratégica. La cercanía —si no es pegoteo— ayuda a afinar nuestra potencia política en alianzas posibles. Para desarmar la construcción gubernamental de “monstruos”, “narcoterroristas” y “cuerpos descartables”, hay que volver a poner en escena la voz de las personas, sus biografías, daños, resistencias y potencias que se despliegan según las condiciones colectivas de posibilidad que como sociedad, instituciones y profesionales, producimos. Habitar la incomodidad en nuestras inserciones institucionales se nos impone, y al unísono sostener una práctica ética llena de curiosidad colectiva abierta a politizaciones inéditas.

No tenemos un antídoto para impedir que el punitivismo y la crueldad en ascenso se nos filtren en nuestras intervenciones profesionales. Pero tenemos un signo para detectar cuando esto nos ocurre: la ausencia de duda ante las definiciones que nos llegan dadas por los medios, los mandatos institucionales y las autoridades tecnocráticas que despolitizan la desigualdad.

Las exigencias de castigo no dejan lugar para la duda, la complejidad o el conflicto y en este escenario saturado de moral, donde el dolor se ha convertido en la única medida de lo político y el castigo en sinónimo de justicia, pensar alternativas que no pasen por reforzar la maquinaria punitiva se ha vuelto un gesto casi obsceno. (Macaya, 2025, p. 82)

Hemos observado cómo muchas veces, lo primero que aparece en reuniones entre trabajadoras sociales es una gran sensación de impotencia y una lúcida crítica a las políticas sociales existentes por su cuasi inmaterialidad, pero también, por las concepciones que cristalizan. Si la conversación continúa, poco a poco van saliendo las mil y una forma de resistir y crear en esta adversidad. Son miles los gestos, prácticas y experiencias de desobediencia (más o menos explícitas) a los mandatos institucionales, que los profesionales del lazo social realizamos para preservar los derechos humanos, armar redes de complicidad con las organizaciones, las tramas comunitarias, con otros profesionales y colectivos. Son insistencias que asombran ante tanto desfondamiento.

El “reaccionarismo de la alternativa”, sostiene Macaya, (2025, p. 82) es una forma sutil de blindaje del orden vigente que exige a toda crítica estar ya acompañada de una solución empaquetada. El reaccionarismo de la alternativa posee una beligerancia disfrazada al exigir alternativas evaluables según parámetros que el propio sistema produce: protocolos, eficacia, viabilidad, seguridad.

Imaginar sigue siendo una potencia humana que las y los profesionales del lazo social necesitamos ejercitar. Imaginar otras formas de conceptualizar los problemas sociales, los sujetos protagonistas, las atribuciones que se les otorgan, cómo se definen y cartografían, y qué formas de intervención se consideran posibles y deseables a partir de dichas concepciones (Macaya, 2025, p. 88). Un trabajo social que imagine y se sume a la colectivización politizada de los malestares puede evitar quedar atrapado en ser tan solo escribano de la barbarie (Sarachu, 2026).

El neoliberalismo convierte la opresión en victimización. Los lenguajes del dolor, el trauma, el enfado y el agravio relegan otros lenguajes políticos colectivos. Parece no existir hoy espacio discursivo de reconocimiento de las desigualdades, de las raíces explicativas de la pobreza junto a una invisibilización de los múltiples subsidios estatales a sectores medios y altos, lo que refuerza la intolerancia hacia la pobreza y la criminalización de la misma. Racismo, clasismo, patriarcado y meritocracia triangulan las respuestas punitivas hoy existentes y dejan sobre los hombros individuales las responsabilidades sociales.

La intensificación de los modos de explotación del actual capitalismo algorítmico y financiero requiere una adhesión teológica al triángulo “producción-consumo-deseo”. Desde la filosofía de los afectos de Spinoza (1677), el deseo es la esencia misma del ser humano en cuanto es concebida como determinada a hacer algo en virtud de una afección cualquiera que se da en ella. En los seres humanos, el conatus (esfuerzo por el cual cada cosa se esfuerza tanto como esté a su alcance, por perseverar en su ser) se llama deseo (Spinoza, Ética, III, 6) y es la fuerza de existir (relacional y actual). Es la energía fundamental que habita los cuerpos y los pone en movimiento. Existir es desplegar esa energía. Pero el conatus, fuerza deseante genérica y “esencia misma del hombre” es puro impulso, sin dirección definida. Un deseo sin objeto (heteronomía del deseo). Los objetos llegan rápido en el encuentro con las cosas, los recuerdos y todas las afecciones. Son las afecciones las que darán dirección y objeto sobre los cuales ejercerse en concreto el deseo. Así las afecciones y afectos dejan huellas y contaminan por conexión nuevos objetos de deseo. Desde esta perspectiva, “cada cosa, según su potencia de ser, (quantum in se est), se esfuerza por perseverar en su ser. Tal es el único punto de partida de toda la teoría de las pasiones, de toda la política y de toda la moral de Spinoza” (Matheron, 1988, p. 9).

De este modo, la filosofía de Spinoza nos invita a la “comprensión de que el sometimiento de unos seres humanos por otros ... se debe a la obra de un conjunto de fuerzas y determinaciones económicas, sociales, ideológicas y políticas sobre el deseo para su determinación externa a desear, imaginar y actuar de un cierto modo” (Tatián, 2019, p. 25). En esta línea, la esencia de la explotación es, según Lordon (2015), la “relación de enrolamiento” mediante la cual el capital logra “hacer entrar potencias de actuar terceras en la persecución del propio deseo industrial” (p. 25). Para lograrlo depende de la captura del deseo-conatus de los sujetos sobre el objeto dinero. Debido a que el deseo de dinero se torna el más imperioso e intenso en la economía capitalista, la relación de dominación mediante el enrolamiento salarial es, siguiendo al autor, la más potente. El conatus del capitalismo neoliberal se termina jugando “en la capacidad de las tecnologías del deseo de articular [la] transacción de “alegrías” vía consumo como contracara de la intensificación de los modos de explotación” (Lordon, 2015, p. 9). Las personas ignoramos comúnmente las causas de nuestros apetitos. Sabemos que deseamos pero no por qué deseamos lo que deseamos. Se trata entonces de comprender y criticar la compleja articulación entre afectos, relaciones sociales y estructuras históricas que permite relanzar, una y otra vez, los mecanismos de explotación en la sociedad contemporánea y renovar las resistencias. Según Lordon (2015), el salariado concerta dos “libertades” opuestas: libertad empresarial (deseo-amo) y libertad del trabajo (heteronomía material que nos lleva a articular nuestro deseo al deseo empresarial). El deseo es modulado por todo tipo de afecciones y autoafecciones, forjando hábitos. El hábito de la servidumbre hace perder de vista la condición misma de la servidumbre. Los sometimientos exitosos son aquellos que consiguen separar, en la imaginación de los sometidos, los afectos tristes del sometimiento de la idea misma del sometimiento. El capital despliega un poder de captura sobre el trabajo y el deseo social a partir de la desposesión estructural que lo heteronomiza. El neoliberalismo extrema la capacidad de hacer-desear dentro de la norma del capital. El lazo internalizado entre interés, deseo y afecto ya no es solamente exterior como en anteriores formas del capitalismo (hambre y luego consumo fordista). Las tecnologías del deseo vía consumo son la contracara de la intensificación de los modos de explotación y así el salario deja de vivirse como tal para pasar a ser un ingreso o renta individual. En estas tecnologías poseen un papel fundamental como mecanismo de captura, el dinero y la deuda.

¿Cómo construir otros saberes en esta época de umbrales civilizatorios? ¿Cómo construir saberes incompletos, que no hacen, de lo inacabado una coartada, como dice Frigerio? ¿Cómo retejer el lazo social deteriorado? Quizá empezando por problematizar la idea de meritocracia y reconociéndonos parte común de una sociedad que produce y reproduce (o no), la desigualdad. La conciencia perceptiva de la interdependencia que somos como especie humana como parte entre otras partes de la Naturaleza (Spinoza, 1677), es un buen antídoto contra toda idea de meritocracia. No ocupamos el lugar que nos merecemos por nuestro esfuerzo; este es resultado de un lugar asignado por la raza, el género y la clase, construido socialmente y sostenido (o no), por nuestras prácticas sociales y profesionales cotidianas. Ahora bien, pensemos por un momento que podemos pensar (y actuar) distinto. Podemos pensar en situación. Si nos paramos desde la ética nos preguntamos por lo bueno y nos apartamos de la moral y su deber ser abstracto y violentamente homogéneo. Pensar desde la trama efectiva y afectiva existente produce nuevas preguntas. Entonces la pregunta ya no es pasible de responderse desde una receta ni ser pensada desde la responsabilidad individual o meritocrática sino desde el efecto entre las relaciones que nos afectan y que logramos afectar, unas condiciones tejidas colectivamente. La pregunta ética sobre qué hacer es entonces una pregunta por aquello que promueve la vida y la vitalidad, eso que ensancha la posibilidad colectiva de existir, estar bien y expandir nuestras posibilidades de ser e imaginar otros posibles. Un tipo de conatus que permita articular afectos alegres y “alegrías” fuera de la subjetivación en la crueldad y el consumo. Y volver a reivindicar la dimensión política de nuestra profesión, trascendiendo la falsa oposición entre lo micro y lo macropolítico:

En este sentido, me alegra que les moleste la distinción entre micropolítica y macropolítica. Creo que tienen razones para ver allí una alternativa falsa. Ya que nunca ha sido una alternativa, se trata más bien de niveles de percepción de la actividad política. Me parece que cuando se usó la noción de micropolítica, fue para decir, contra una forma de marxismo ortodoxo, que las cuestiones políticas no eran solo aquellas que concernían a la infraestructura económica y las cuestiones ideológicas que pertenecen a la superestructura. Era una forma de decir que la política también atravesaba la sexualidad, la escuela, la familia, los hospitales, los asilos, los inconscientes, que la macropolítica ya era también una micropolítica. Era una manera de renovar la percepción del campo político. (Lapoujade, 2023, pp. 65–66)

Y los afectos y lazos, sabemos, son profundamente políticos en nuestras prácticas profesionales y he allí una de nuestras potencias. Siempre nos quedan las prácticas y las memorias de las múltiples desobediencias que nos hemos atrevido para defender la vida.

Una memoria viva que es también memoria de deseos de otros mundos posibles compartidos. Pero se trata de un deseo que no nace de la voluntad esa que “llegado el caso hace apretar los dientes y soportar el sufrimiento”, como nos recuerda Simone Weil (1942/2009, pp. 70-71). Un deseo inteligente que, para intensificarse, sea movido por afectos alegres en tanto son el motor de movimiento singular y colectivo por la libertad. Porque para que el deseo aumente, es preciso que haya alegría en la lucidez y fe en que es posible. Y es que:

Las certezas de este tipo son de carácter experimental. Pero si no se cree en ellas antes de haberlas experimentado, si no se actúa, al menos, como si se creyera, no se llegará nunca a la experiencia que las hace posibles. (Weil, 1942/2009, pp. 70–71)

Las memorias deseantes de un trabajo social crítico a la altura de los tiempos que nos toca habitar hoy son una tarea colectiva que inevitablemente nos convoca.

Quizá se trate de lo que plantea Saberes de los umbrales: Los oficios del lazo (Frigerio et al., 2018). Pensarnos como oficio, recuperar lo artesanal, conectar con el sentido de producir en forma personalizada, a escalas concretas, sin olvidar las conexiones con otras escalas, otras dimensiones pero siempre a medida de quienes participan directamente y sus organizaciones y redes. Una metodología de la resonancia más que de los protocolos, de la espontaneidad-creación más que de mandatos institucionales genéricos. No elegimos el tiempo en el que estamos, pero podemos elegir transitarlo con dignidad singular y colectiva.