Pamela Caro Molina

Doctora en Estudios Americanos. Centro CIELO, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Santo Tomás. Ejército 146, Santiago. Código postal: 7780006.
Autora para correspondencia.

pamelacaro1@santotomas.cl

https://orcid.org/0000-0001-8177-9295

 

Claudia González Cid

Doctora en Ciencias Sociales. Centro CIELO, Facultad de Ciencias Sociales Universidad Santo Tomás. Ejército 146, Santiago. Código postal: 7780006

cgonzalez207@santotomas.cl

 

Pía Cisternas

Master of arts in development studies. International Institute of Social Studies. The Netherlands. Ejército 146, Santiago. Código postal: 7780006

pfcister@uc.cl

 

 

Resumen

El objetivo de este artículo es caracterizar, a partir de datos cuantitativos secundarios, la fuerza de trabajo frutícola en Chile, con foco en la zona central a lo largo de la última década y la trayectoria de indicadores laborales, problematizando esta información frente al crecimiento intensivo de monocultivos en la fruticultura de exportación. La metodología consistió en el procesamiento y análisis de datos de dos encuestas: la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del Ministerio de Desarrollo Social y Familias. Esta última se filtró por oficio, condición migratoria y sexo.

Regionalmente, se agruparon las regiones de O’Higgins y Maule, dado que concentran el 82 % de la producción nacional del monocultivo de cerezas, el de mayor superficie plantada en los últimos años (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias [ODEPA], 2024a, 2024b).

Los resultados muestran la consolidación del proceso de feminización y extranjerización del empleo asalariado agrícola temporal; el cambio y predominio de la población urbana por sobre la rural; el crecimiento de la jefatura de hogar femenina, con un perfil etario mayor que el de los hombres; y la pervivencia de la pobreza multidimensional en población con empleo. En cuanto a los indicadores laborales, se consolida el crecimiento de la inestabilidad, informalidad contractual, inseguridad social e intermediación.

Concluimos que las transformaciones de la fruticultura globalizada no han implicado una mejora en la calidad del empleo de asalariados y asalariadas temporales.

Palabras clave

Temporeros y temporeras agrícolas; encuestas de hogares y de empleo; indicadores laborales; mercados dinámicos; brechas de género y de nacionalidad

 

Abstract

The objective of this article is to characterize the fruit-growing workforce in Chile based on secondary quantitative data, focusing on the central region over the last decade and the trajectory of labor indicators. This information is analyzed in relation to the intensive growth of monocultures in the export fruit industry. The methodology consisted of processing and analyzing data from two surveys: the National Employment Survey (ENE) of the National Statistics Institute (INE) and the National Socioeconomic Survey (CASEN) of the Ministry of Social Development and Families. The latter was filtered by occupation, immigration status, and sex.

O’Higgins and Maule were grouped regionally, given that these two regions account for 82% of national cherry monoculture production, the largest planted area in recent years (ODEPA, 2024a, 2024b).

The results show the consolidation of the feminization and foreignization of temporary agricultural wage employment, the shift to a predominance of the urban population over the rural population, the increase in female household heads—typically of a higher age group than men—and the persistence of multidimensional poverty among the employed population. Regarding labor indicators, the growth of instability, contractual informality, social insecurity, and intermediation has been consolidated.

We conclude that the transformations in globalized fruit farming have not led to an improvement in the quality of employment for temporary wage earners.

Keywords

Seasonal agricultural workers; household and employment surveys; labor indicators; dynamic markets; gender and nationality gaps

 

 

Introducción

La agroindustria en Chile, a partir de las transformaciones neoliberales de la década de los ochenta, adoptó un modelo de negocios basado en el cambio en el uso del suelo y la extensión de superficies con monocultivos, generando nichos laborales acotados, preferentemente vinculados a la cosecha de frutales, con un deterioro de las condiciones de trabajo de la población campesina y urbana empobrecida, como consecuencia de la creciente estacionalidad del trabajo (Caro y Armijo, 2025). Cuestión que se ha ido exacerbando en los últimos años en territorios colonizados por cultivos de exportación (Valdés, 2021), como las cerezas.

Estudios han indicado que las empresas, huertos y packing han aumentado la prescindencia de contratar empleo permanente. Desde una perspectiva histórica de más largo plazo, esto da cuenta del reemplazo del antiguo sistema hacienda-comunidad por el nuevo sistema agroindustria-comunidad (Valdés, 2022), caracterizado este último por el agronegocio (Olea y Baeza, 2022) y por contar con enclaves de población periférica feminizada, recientemente empobrecida y racializada, proveniente de países de América Latina y el Caribe (Valdés, 2023), como mano de obra disponible para el empleo eventual. Cuestión que pretendemos confirmar y detallar con cifras actuales, como se mostrará a lo largo del artículo.

En el presente, nos enfrentamos a una situación denominada neoliberalismo agroexportador, que en su desarrollo ha traído profundas consecuencias en las poblaciones donde se enclava (Valdés, 2023). Más del 60 % del costo de producción de la fruticultura chilena es absorbido por la mano de obra. El último eslabón de la cadena productiva, los y las trabajadoras, resulta fundamental para el desarrollo de esta industria. A contracorriente del crecimiento económico del sector, se observa la existencia de pobreza multidimensional según el análisis de la CASEN en la población temporera agroindustrial, así como una consolidación y empeoramiento de los indicadores laborales y sociales.

Durante 2022, por medio de dicho instrumento, aplicado desde 1990 en adelante, y en los meses que coinciden con la mayor estacionalidad del trabajo agroindustrial —esto es, entre noviembre y enero—, una de cada cuatro personas temporeras agrícolas se encontraba en condición de pobreza multidimensional (definición contenida en acápites posteriores), siendo aún mayor la proporción en la población migrante, donde, en el caso de las mujeres, una de cada dos se encontraría en esa condición. Como apreciaremos a lo largo del artículo, las transformaciones económico-productivas del sector no han ido aparejadas de mejoras en las condiciones laborales de los y las temporeras, sino que más bien parecen explicar su deterioro.

En consecuencia, atestiguamos dualidades que configuran paradojas territoriales propias de las economías de enclave, referidas a aquellas que, si bien implican altos niveles de inversión, carecen de externalidades positivas para la población trabajadora asalariada, y se sustentan en la pervivencia de precariedades laborales, sociales y ambientales. Este último aspecto ha sido documentado en estudios previos, los cuales evidencian, por ejemplo, que el acaparamiento y uso del agua por parte de la agroindustria se ha realizado incluso a costa del uso humano del recurso hídrico en dichos territorios (González, 2013).

Así, este artículo problematiza la relación paradójica entre la expansión productiva de la fruticultura, la existencia de pobreza con empleo y los indicadores que evidencian baja calidad del trabajo en este sector, particularmente para la población asalariada temporal, con énfasis en mujeres y migrantes. Estacionalidad, género y extranjeridad se intersectan, configurando precariedades complejas (Berger y Neiman, 2015).

El cultivo de cerezas de exportación en los valles de la zona central de Chile es el frutal que más ha crecido en hectáreas (ha) plantadas y en volumen de producción, aumentando en un 400 % entre 2000 y 2018, de acuerdo con datos de la FAO (2020) (Uribe y Panez, 2022). Nos preguntamos: ¿cómo se relacionan estas dinámicas con la calidad del empleo de la fuerza de trabajo del sector? ¿Qué cambia y qué permanece en el perfil de sus trabajadores/as? ¿Y qué ocurre con sus condiciones laborales?

Respondemos a estas interrogantes mediante el análisis de datos primarios de encuestas de hogares y de empleo, contrastados con las transformaciones en el uso del suelo que registran los catastros frutícolas elaborados por el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) del Ministerio de Agricultura. En algunos indicadores, se opta por poner el foco en las dos principales regiones donde se enclava la fruticultura en Chile, O’Higgins y Maule, dado que concentran el 82 % de la producción nacional de cerezas, el principal fruto de exportación en la actualidad, con 62.736 ha de cerezos sumadas entre ambas regiones (ODEPA, 2024).

La hipótesis de este artículo sostiene que coexisten orgánicamente mercados frutícolas en crecimiento, dinámicos en exportación y ganancias, y, al mismo tiempo, procesos de precarización de una mano de obra temporal, feminizada, racializada y extranjera, que sostienen esta dualidad paradójica.

Este artículo forma parte de una investigación mayor cuya pregunta principal es: ¿Cómo han cambiado y qué permanece en las condiciones sociales, culturales, políticas y demográficas de los territorios colonizados por el cultivo de cerezas? Este texto busca recoger un panorama cuantitativo descriptivo, presente y pasado, en dos sentidos.

Primero, en relación con la fuerza de trabajo asalariada agrícola temporal, mediante el procesamiento de la encuesta CASEN entre los años 2013 y 2022, última década de aplicación del instrumento, lo que permite analizar las características sociodemográficas y laborales de los/as temporeros/as agrícolas a nivel nacional y en las regiones de O’Higgins y Maule.

Asimismo, se trabajan datos de empleo de las Encuestas Nacionales de Empleo del INE, correspondientes al trimestre noviembre, diciembre y enero (N–D–E) de las últimas cuatro temporadas frutícolas, es decir, entre 2022 y 2025.

Segundo, para mostrar los cambios en las dinámicas de la fruticultura, se recurre a los Catastros Frutícolas elaborados por el CIREN, que constituyen un censo frutal desarrollado desde 1961 en el país, lo que permite recoger, desde una perspectiva histórica, los cambios ocurridos en la última década respecto de los cultivos.

En su estructura, el artículo se compone de este primer ítem introductorio, un segundo acápite metodológico, un tercero con antecedentes y revisión del estado del arte en torno al capitalismo agrario y las desigualdades en territorios rurales, un cuarto capítulo con los resultados de los análisis estadísticos —donde se incluyen la transformación de la industria y la reconfiguración de los perfiles laborales— y, finalmente, las conclusiones.

 

Metodología

Se acudió a un enfoque metodológico cuantitativo. La técnica utilizada fue el procesamiento estadístico descriptivo de las bases de datos de cuatro encuestas CASEN (2013 a 2022) y de cuatro encuestas ENE del trimestre noviembre, diciembre y enero, desde 2022 hasta 2025. Se optó por este trimestre dado que corresponde al período de duración de la temporada de cosecha y procesamiento de la cereza. El análisis incluyó datos de los catastros frutícolas desde 2017 a 2024. La elección de estas tres fuentes responde a su complementariedad y al enriquecimiento del análisis de datos sobre cultivos y fuerza de trabajo. En específico, la Encuesta CASEN es una encuesta de hogares con frecuencia bianual o trianual, y con representatividad a nivel regional y nacional.

Por su parte, la Encuesta ENE es aplicada trimestralmente por el INE, a nivel nacional, a la población en edad de trabajar, que en Chile equivale a las personas de 15 años y más (INE, 2021). Finalmente, se consideró el Catastro Frutícola, elaborado por el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).

En los casos de las dos primeras fuentes, CASEN y ENE, las bases de datos fueron descargadas de los sitios web institucionales. Para su análisis se aplicaron los factores de expansión sugeridos y se utilizó el programa SPSS.

La CASEN se filtró por oficio, condición migratoria y sexo, con el fin de reconocer las realidades particulares e interseccionalidades entre los/as trabajadores/as temporeros/as. En el caso de la variable oficio, con el propósito de contar con datos más precisos y ajustados a la realidad del trabajo temporal agrícola, se filtró a cuatro dígitos, acotando la mirada a funciones de precosecha, cosecha, postcosecha y embalaje de frutas (y hortalizas), excluyendo los cargos directivos o profesionales contratados de manera estacional y prescindiendo de asalariados/as de la ganadería, silvicultura y pesca.

En el caso del Catastro Frutícola, se recurrió a los informes y bases de datos publicadas en la web de la ODEPA, servicio dependiente del Ministerio de Agricultura.

 

Antecedentes: Cartografías de la desigualdad, consecuencias de un capitalismo agrario de larga data

En la actualidad, la fruticultura se encontraría dentro del (neo)extractivismo, entendido como un modelo económico basado en una lógica capitalista que prioriza la primarización de las exportaciones de recursos naturales, con escasa transformación y bajo valor agregado, e implica la obtención violenta del valor de las materias primas y de las formas de vida socioculturales, así como la colonización y apropiación de estas (Puyana, 2017; Cuevas y Budrovich, 2020; Caro et al., 2024).

A las transformaciones de las vocaciones socioproductivas y de los sistemas de trabajo en los territorios agrorurales se suman las transformaciones neoliberales en el agro y los procesos históricos de descampesinización, por desposesión de medios de producción a pequeños parceleros (Almonacid, 2020), quienes, en el caso de Chile, resultaron beneficiarios de la Reforma Agraria, en su mayoría hombres, aunque no exclusivamente2.

Junto a dicho proceso —llamado también asalarización del campesinado—, a nivel global se ha desarrollado en paralelo el fenómeno denominado desagrarización, definido básicamente como el “tránsito de los y las habitantes rurales fuera de las actividades agrarias”, lo cual impacta el tipo de ocupaciones e ingresos, así como las identidades y la “relocalización espacial” de la población (Bryceson, 1997, en Camarero et al., 2020), especialmente de la agricultura familiar campesina o a pequeña escala, la cual ha decrecido de manera significativa en las últimas décadas.

Las necesidades de las agroexportadoras han estado por sobre otras formas de organización del trabajo, producción y reproducción social que no resultan funcionales a ellas (Bendini y Steimbreger, 2016).

Una de las expresiones críticas de las cartografías de la desigualdad, en especial en las zonas agrorurales, es la concentración de la tierra. Chile, en particular, destaca por un alto coeficiente de Gini de concentración de la tierra de 0,979, mayor que el de otros países de América Latina y del mundo (Mejías Caballero, 2025).

Al observar la variación en las superficies de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) en los censos agropecuarios y forestales de 1997 y 2007, se constatan variaciones negativas de -4 % en las UPA menores a 2 ha y de -18 % en las UPA entre 2 y 12 ha de riego3. En las de secano, estas variaciones también son negativas, equivalentes a -7 % y -15 %, respectivamente. Esto evidencia una disminución significativa de las unidades productivas de pequeña escala.

Estudios previos han afirmado que nos encontramos, por tanto, en una etapa en la cual sostener las altas tasas de ganancia de la agroindustria (fruticultura y agricultura industrial) implica necesariamente sostener la precariedad laboral. En consecuencia, la expansión territorial ha ido acompañada de una desvalorización del trabajo asalariado de nivel operario y de un aumento de la presión sobre el sistema natural, con efectos ambientales y laborales que no traen mayor bienestar a las comunidades (Olea y Baeza, 2022; Valdés, 2023; Cerda, 2022; Gadea et al., 2021; Caro et al., 2024), sino todo lo contrario, configurando una relación orgánica entre acumulación de capital y desposesión creciente del trabajo y los territorios.

La expansión del modelo californiano4 de producción agroalimentaria (Pedreño, 2014), o jornalización, se caracteriza por la generación de “geografías laborales precarias” (Valdés, 2023), produciendo cartografías de la desigualdad social derivadas de la expansión de grandes enclaves agrícolas que han homogeneizado procesos de producción que alguna vez fueron altamente diferenciados (Lara, 2014 en Valdés, 2023). Este proceso ha generado profundas inequidades y continúa su expansión mediante una “destrucción creativa” (Harvey, 2005; 2013), instalando una nueva división internacional del trabajo (Valdés, 2022), que debilita los sistemas tradicionales arraigados a lo local, los cuales presentaban mayor integración entre naturaleza, cultura y sociedad (Delgado y Gavira, 2006).

Además, esta fase se caracteriza por la “comodificación” del conocimiento y la privatización del material genético, el uso de genética celular, la tecnificación industrial del riego y los encadenamientos productivos a escala global, procesos financiados tanto por privados como por el Estado. En este contexto, la naturaleza ha sido (re)inventada para trabajar de forma más intensa, rápida y eficiente, mediante la estandarización y aceleración de procesos biológicos de las plantas, lo que impacta directamente las formas productivas en que se desarrollan los espacios rurales.

Esta dinámica somete a la mano de obra a ritmos impuestos por la biotecnología, favoreciendo los procesos de acumulación de riqueza (Cerda, 2022; Olea y Baeza, 2022), especialmente a través de la reducción de la oferta laboral a pocos meses del año y de la intensificación extrema de labores —cosecha y empaque—, con implicancias personales en el deterioro físico y mental de los/as trabajadores/as, y consecuencias colectivas, como la pérdida de biodiversidad y la disminución de cultivos destinados al consumo interno, tales como cereales y legumbres (Valdés, 2021).

El trabajo fragmentado “por abajo” y concentrado “por arriba” evidencia el refinamiento de los mecanismos de gestión de los distintos componentes de las cadenas globales de valor que comprenden el trabajo agrícola (Migliaro et al., 2021). Estas cadenas implican, además, un uso intensivo de mano de obra altamente feminizada, particularmente en aquellas dedicadas a la fruta fresca (Bidegain et al., 2023).

La gestión derivada de la noción de que “la fruta no puede esperar”, para ser cosechada, seleccionada, embalada y embarcada, ha implicado un recambio en el patrón de empleo. Los antiguos regímenes basados en fuerza laboral masculina asalariada o semi-asalariada local han sido reemplazados por el reclutamiento selectivo de trabajadores/as precarizables, especialmente mujeres y personas extranjeras, mediadas en ocasiones por intermediarios. Esta práctica garantiza a las empresas un “ejército de reserva” que se gestiona de manera hiperflexible (Valdés, 2023; Gadea et al., 2021; Sánchez, 2019; FAO, OIT y OIM, 2020; Caro et al., 2024).

Se trata de una fuerza de trabajo que suele vivir en situaciones de segregación residencial y de precarización migratoria tanto en las condiciones de trabajo como en las condiciones de vida (Cerda, 2022; Valdés, 2023; Caro et al., 2024). Este tipo de reclutamiento altera la composición de la población trabajadora rural y de la agricultura en términos sexuales, raciales y étnicos (Valdés, 2023), y conduce a la formación de habitus migratorios circulares (Frey, 2024) y a un irreversible proceso de “migrantización” (Molinero, 2020).

Este último término es un neologismo que denota el peso de la migración en las dinámicas sociales. En el caso de la agroindustria y la fruticultura, hace referencia a la importancia de la migración como sostén de las actividades primarias, lo que se condice con los datos empíricos que se presentarán a continuación.

 

Presentación de resultados y análisis

Antecedentes productivos y comerciales de monocultivos frutícolas

De acuerdo con los últimos cuatro Censos Agropecuarios y Forestales realizados en Chile (1976, 1997, 2007 y 2021), la superficie plantada de frutales en el total del país varió de 89.488 ha en 1976 a 233.970 ha en 1997, luego subió a 324.290 ha en 2007, alcanzando 374.809 ha en 2021. Es decir, entre 1976 y 2021, la superficie creció en un 318 %.

 

Figura 1

Crecimiento de frutales 4 últimos Censos Agropecuario y Forestal

Elaboración propia

 

En los dos últimos Censos Agropecuarios y Forestales (2007 y 2021) ha habido una variación del uso del suelo agrícola, con un crecimiento único de los frutales del 23 % y una disminución de todas las otras plantaciones. En orden decreciente, los cultivos más afectados por su porcentaje de disminución son: las forrajeras (-62 %), las hortalizas (-35 %), las leguminosas (-32 %), los cultivos industriales (-28 %), las vides (-24 %) y los cereales (-12 %).

En el contexto del boom de los commodities desarrollado entre 2000 y 2018, la cereza fue el producto que más creció en términos de producción (402,21 %), seguida por los salmones, las manzanas y la celulosa (Uribe y Panez, 2022). En el caso de los frutales, el cambio de un cultivo no implica solo reemplazar un tipo de árbol por otro, sino que supone la modificación de todo un agroecosistema e implica distintos grados de artificialización del paisaje, pues se establecen nuevos calendarios agrícolas, requerimientos de riego, niveles de exposición al sol, plagas y enfermedades, tipos de nutrientes y, por supuesto, nuevos sistemas de adscripción laboral (Olea y Baeza, 2022).

De acuerdo con ODEPA (2024a), la superficie frutal plantada de cerezo para el año 2024 fue de 76.447 ha, siendo el cultivo con mayor superficie plantada, doblando al nogal, que ocupa el segundo lugar con 43.236 ha. Las regiones de O’Higgins y Maule han aumentado las hectáreas plantadas de frutales, así como la proporción de hectáreas catastradas de cerezas en relación con el total de frutales. En Maule, en 2024, el cerezo constituyó el 33,7 % de la proporción total de frutales; en O’Higgins, el 30 %. En dichas regiones, las variedades predominantes son Lapins, Santina, Regina y Bing.

Según los catastros frutícolas regionales, se registraron en el Maule, en 2024, un total de 143 packing (agroindustrias), sin especificarse que sean exclusivamente de cerezas; y en la región de O’Higgins, 120 packing (ODEPA, 2024a, 2024b).

De acuerdo con ODEPA (2024), en la temporada septiembre 2023–agosto 2024, se registraron exportaciones equivalentes a 2.537.972,65 toneladas de fruta fresca, con un ingreso de 7.043,21 millones de USD FOB, cifra mayor a la registrada para la temporada anterior (septiembre 2022-agosto 2023), con 2.448.157,61 toneladas exportadas y 5.814,25 millones de USD FOB, evidenciando un crecimiento significativo del sector5.

Según datos de la misma entidad pública, en 2024, por quinto año consecutivo, Chile alcanzó producciones y despachos históricos de cerezas. En la temporada 2024-2025 se registró un nuevo aumento en las exportaciones, continuando la tendencia de los últimos años. De acuerdo con el Boletín de Fruta de febrero de 2025, durante los primeros cuatro meses de la temporada se exportaron 555,55 mil toneladas, de las cuales el 92 % tuvo como destino China. Esto representó un crecimiento del 64,3 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Durante 2024, Chile exportó 529 mil toneladas de cereza fresca (154 mil toneladas más que en 2023, cuando se exportaron 375 mil toneladas), siendo O’Higgins y Maule las principales regiones exportadoras.

La literatura indica que la deslocalización, los cambios en las pautas de consumo global y la redefinición de las economías regionales por la mundialización generan nuevos y dinámicos mercados para las frutas premium (Almonacid, 2018), caracterizados por su estratificación, dado que son demandadas por las clases medias y altas de países importadores, como China, que presentan predisposición a pagar altos precios por fruta de calidad superior. Esta nueva realidad genera beneficios principalmente para los exportadores de frutos premium (Pedreño, 2018) y para la producción de nuevas variedades genéticamente intervenidas destinadas a dichos mercados (Cerda, 2022).

Las cerezas exportadas al mercado chino son consumidas especialmente durante la Fiesta del Año Nuevo Chino, celebrada en enero o febrero, dependiendo del calendario (Quiroz y Miranda, 2023). Al coincidir con el invierno y ser un fruto estacional, China se ve obligada a importar (Laborde, 2023). Este consumo posee un significado cultural y simbólico asociado, entre otros aspectos, a la prosperidad.

El boom de las cerezas se inició en la temporada 2017-2018, con 186.404 toneladas exportadas. Actualmente, la exportación de cerezas es altamente dependiente del mercado chino, ya que el 92 % de lo exportado se destina a ese país, situación que constituye un riesgo estructural.

En el caso de las cuencas de los ríos Maule y Mataquito (región del Maule) y de las cuencas de los ríos Rapel y Cachapoal (región de O’Higgins), el cerezo es el frutal que concentra la mayor cantidad de hectáreas sembradas: en Maule, con 32.801 ha, seguido del avellano y la manzana.

Aun cuando se trata de un cultivo centenario, según el Catastro Frutícola regional, entre 2019 y 2024 su plantación aumentó en un 85,7 %. En contrapartida, disminuyeron las viñas (de mayor tradición) y otros frutales (CIREN, 2022). En 2024, la plantación de cerezas en el Maule constituyó el 42,9 % de la superficie nacional estimada.

En el caso de O’Higgins, entre 2018 y 2024, la tasa de variación fue de 118,5 %, con un total actual de 29.934,61 ha, seguido por el ciruelo europeo y la uva de mesa, con una participación nacional del 39,1 %. Asimismo, las especies frutales que más disminuyeron proporcionalmente en hectáreas fueron la uva de mesa en O’Higgins, y el manzano y el arándano en Maule.

A partir del análisis de los catastros frutícolas 2017, 2018 y 2019, se desprende que el tamaño promedio de las plantaciones frutales en el país es de 19,9 ha, aunque existen cuencas hidrográficas con plantaciones de mayor promedio, como las costeras entre los ríos Maipo y Rapel, con 83,5 ha, mientras que en la cuenca del Mataquito el promedio es de 16,6 ha.

El clima mediterráneo del país hace que las plantaciones frutícolas dependan de la entrega artificial de recursos hídricos, lo que constituye un riesgo estructural por su escasez. En las cuencas de ambas regiones, la gran mayoría del riego es tecnificado, mediante goteo, cinta y microaspersión (Apey, 2020).

Según el Catastro Frutícola 2024 de la Región del Maule, existe un total de 2.723 huertos frutícolas. De ellos, el 22 % tiene menos de 5 ha; el 49 %, entre 5 y 49 ha; el 26 %, entre 50 y 499 ha; y el 3 % posee más de 500 ha. Por su parte, según el Catastro Frutícola 2024 de la Región de O’Higgins, se registran aproximadamente 3.578 huertos frutícolas, de los cuales el 25 % son menores de 5 ha; el 51 % tiene entre 5 y 49 ha; el 22 %, entre 50 y 499 ha; y un 2 % supera las 500 ha.

Al analizar la distribución de la superficie según el tamaño de los predios, se observa que, en Maule, los huertos de cereza con una superficie menor a 49 ha representan el 21 %; aquellos entre 50 y 499 ha concentran el 57 % del total de la superficie frutícola; mientras que los huertos que superan las 500 ha abarcan el 22 %. En el caso de O’Higgins, los huertos menores a 49 ha representan el 24 %; los entre 50 y 499 ha concentran el 55 %; y los que superan las 500 ha abarcan el 21 % (ODEPA, 2024a, 2024b).

No obstante, al examinar la cantidad de explotaciones según su tamaño, se evidencia que el 71 % de los huertos del Maule corresponde a predios menores a 49 ha, y el 76 % de O’Higgins también. Esto da cuenta de una alta fragmentación de la propiedad en términos numéricos, pese a su menor participación en la superficie total.

El fruto se cosecha a mano en un mes, es perecible y delicado, y goza de un imaginario y un relato simbólico: simboliza perfección, eternidad y buenos augurios. Por su forma redonda y brillante, su color representa prosperidad y fortuna, y constituye un signo de distinción y élite para quienes pueden pagar los 23 dólares en promedio que cuesta un kilo —equivalente a regalar chocolates Ferrero Rocher—6. Jóvenes chinos inventaron hace algunos años el concepto cherry freedom para referirse a un nivel de vida tan alto como para comprar cerezas importadas (Laborde, 2023).

El costo laboral en la fruticultura se estima entre el 60 % y el 77 % del total de costos de producción. A nivel regional y comparativo, el costo de la jornada laboral es menor en el Maule que en O’Higgins y Valparaíso (Anríquez et al., 2015; Revista PC Magazine, n.º 7, 2023; ODEPA, 2023).

La cereza es una fruta que, en cosecha, es intensiva en mano de obra, aunque menos que otras. Se requieren aproximadamente 120 jornadas-persona por ha, dependiendo del sistema de cultivo, el rendimiento por huerto, el tipo de cosecha y el perfil de los/as trabajadores/as. El arándano requiere aproximadamente 200 jornadas para cosecha y embalaje, y la frambuesa un número cercano a 185 jornadas-persona para la cosecha (ODEPA, 2023).

En la industria de las cerezas frescas, Chile mantuvo su liderazgo en las exportaciones globales, con un crecimiento del 51 % en la temporada 2024–2025, alcanzando un volumen total de 626 mil toneladas, equivalentes a 125 millones de cajas de 5 kg. Aun cuando se presentaron dificultades en la última temporada, igualmente se observó un incremento de 38,4 millones de cajas respecto de la temporada anterior (IQonsulting, 2025).

Durante cada ciclo productivo, una de las principales preocupaciones empresariales es la calidad y colocación “saludable” de las cerezas en el mercado (IQonsulting, 2023). En dicho proceso, se ha reiterado un tradicional discurso sobre la escasez de mano de obra, lo cual puede comprenderse desde la teoría de la “sociedad del desprecio” de Honneth (2011), pues se aspira a contar con mano de obra completa para un empleo estacional, precarizante y menoscabado (Valdés, 2022).

Como estrategia, se recurre a la contratación de mujeres y migrantes como forma de reducir costos salariales, frenar la sindicalización y disminuir la confrontación capital-trabajo (Piñeiro, 2020; Valdés, 2022).

La participación sindical se encuentra extremadamente debilitada en el país, alcanzando apenas un 1,5 % de los/as asalariados/as temporales de la rama Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca para el año 2022, de acuerdo con la CASEN; y solo 0,7 % entre los/as temporeros/as que laboran en oficios operarios de la fruticultura y agroindustria.

En la cadena global de valor de la fruta, aun cuando la calidad del capital humano es crucial, se subraya el carácter desigual y jerárquico entre sus actores (Almonacid, 2018).

Desde hace décadas, se han levantado demandas empresariales para aumentar la cuota migratoria, actualmente fijada en un 15 % máximo por empleador7, con baja fiscalización. Algunos productores han innovado en sistemas de conducción y huertos peatonales que minimizan el uso de escaleras, aumentando el rendimiento de la mano de obra en raleo, poda y cosecha, y plantando con diferentes patrones y variedades para lograr cosechas escalonadas y continuidad productiva. Sin embargo, ello permite aumentar apenas a 35 días la duración de la cosecha.

Desde la perspectiva empresarial, la escasez de mano de obra local se asocia a un supuesto poco compromiso con las labores del campo. Aunque se utiliza la figura del contratista agrícola para incrementar el número de trabajadores y trabajadoras, los empresarios reclaman que el uso de subcontratación dificulta el control de calidad de la fruta, ya que puede ser maltratada o cosechada con exceso de hojas o sin pedúnculo (palo).

La automatización, mediante el uso de vaciadores, paletizadores y sellado, se plantea como una alternativa para mejorar el trato al producto y, a futuro, reducir el personal, aunque el alto costo de inversión impide su masificación (Revista PC Magazine, 2023).

Si bien algunos productores han mecanizado la poda para abaratar costos, en la cosecha esto se dificulta por el riesgo de pérdida de calidad (Cisternas, 2022).

La figura del contratista agrícola es relevante en esta industria. Su perfil corresponde, mayoritariamente, a personas naturales, hombres y chilenos (Subercaseaux, 2014), quienes se constituyen en autoridad local en los territorios.

Estudios han evidenciado los efectos precarios de la triangulación que caracteriza al subcontrato, como en el caso de la industria vitivinícola (Reinecke y Torres, 2023). Asimismo, se ha reconocido, a partir de percepciones de temporeras chilenas entrevistadas, que los contratistas suelen mantener prácticas de vulneración de derechos e informalidad (Caro et al., 2024).

Se establece así una relación de sometimiento entre las partes de la relación laboral. Las trabajadoras indican que dependen de las gestiones de los contratistas, con consecuencias como salarios inciertos, pago a destajo, jornadas extensas, vulneración del derecho al descanso dominical y condiciones insalubres en los campamentos de migrantes (Caro y Cárdenas, 2022; Carrère y Carrère, 2021).

Por su parte, los contratistas interpretan la movilidad de las personas trabajadoras en “busca de un mejor empleo” como un acto de deslealtad (Flores, 2020).

 

Aumento de la inestabilidad laboral en la Rama Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Las encuestas organizan la actividad económica de la fuerza de trabajo por rama, agrupando en la Rama 1 a la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, siendo más intensiva en mano de obra permanente y temporal la primera, es decir, la agricultura. De acuerdo con datos de la Encuesta CASEN 2022, el trabajo en la rama es principalmente temporal. Del total de 494.748 asalariados/as, el 42,3 % tiene un acuerdo de trabajo o tipo de contrato indefinido, y el otro 57,7 % corresponde a contratos a plazo fijo o por obra o faena (considerando al 4 % que no sabe o no responde).

Respecto de este indicador, observado en la tabla 1, se presenta una primera inequidad de género. Solo el 28,8 % de las mujeres de la rama tiene acuerdo o contrato indefinido y el otro 71,2 % tiene acuerdo a plazo fijo o por obra o faena. Es decir, dos tercios de las mujeres solo acceden a un empleo temporal. En el caso de los hombres, el porcentaje de contratos indefinidos alcanza un 47,4 % (52,6 % temporales), esto es, uno de cada dos. Ahora bien, si se focaliza el análisis en la nacionalidad de la fuerza laboral, en el caso de la población extranjera8 dos de cada tres personas en la rama acceden solo a empleo estacional.

 

Tabla 1

Empleo permanente y temporal en la Rama Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca. CASEN 2022.

	Hombre Total		Mujer Total		Hombre Migrante		Mujer Migrante
	N	%	N	%	N	%	N	%
Permanente	170.818	47,4%	38.615	28,8%	6801	26,6%	3866	27,5%
Temporal	189.899	52,6%	95.416	71,2%	18.775	73,4%	10.182	72,5%
Total	360.717	100%	134.031	57,7%	25.576	100%	14.048	100%

Elaboración propia.

De la tabla 1 se desprende que el empleo permanente en el agro es esquivo para las mujeres y para los/as migrantes, en consecuencia con la subalternidad de estos actores reconocida en la literatura. La temporalidad y las precariedades asociadas han sido reportadas (Caro y Cárdenas, 2022; Caro et al., 2024; Valdés, 2021, 2022, 2023), y más recientemente también en el caso de la migración. Para Ambiado et al. (2022), “las dinámicas de las migraciones contemporáneas sirven para generar a la agricultura su propio ejército de reserva, bajando los salarios, ya que la actividad de los trabajadores migrantes solo existe en el peak de la temporada de la agricultura” (p. 168).

Al observar los datos con foco en la fuerza de trabajo asalariada de oficios operarios y técnicos, se obtiene una realidad de mayor desigualdad (tabla 2). Se optó por filtrar la variable oficio a cuatro dígitos, de manera de acotar la mirada a funciones de precosecha, cosecha, postcosecha y embalaje de frutas (y hortalizas), excluyendo a los cargos directivos o profesionales que hayan sido contratados de manera estacional y prescindiendo de personas asalariadas de la ganadería, silvicultura y pesca, por lo que el empleo permanente se reduce considerablemente.

 

Tabla 2

Empleo permanente y temporal en la agricultura en oficio operario y técnico. CASEN 2022.

	Hombre Total		Mujer Total		Hombre Migrante		Mujer Migrante
	N	%	N	%	N	%	N	%
Permanente	60.195	30,9%	13.310	14,8%	3.317	17,2%	1.775	15,9%
Temporal	134.608	69,1%	76.354	85,2%	16.010	82,8%	9.380	84,1%
Total	194.803	100%	89.664	100%	19.327	100%	11.155	100%

Elaboración propia.

 

Con el cambio en el uso del suelo hacia un énfasis en la fruticultura, ha ido aumentando el empleo ocasional por sobre el permanente. Como se advirtiera anteriormente, el cambio de cultivos no es inocuo, y uno de sus efectos más visibles es la situación laboral (Olea y Baeza, 2022). De acuerdo con Apey (2020), con base en los catastros frutícolas de 2017, 2018 y 2019, el empleo permanente es 5,5 veces menor que el temporal, lo que refleja el alto nivel de estacionalidad laboral.

La desigualdad de género en la estabilidad del empleo es elocuente: los hombres ocupan el 83,5 % del empleo permanente y las mujeres apenas un 16,5 %. Del total de mujeres que trabajan en la fruticultura, el 94 % lo hace por medio de relaciones laborales ocasionales.

 

Evolución de la magnitud y feminización de los/as temporeros/as de la agricultura y agroindustria

Como se evidencia en la tabla 3, los datos de la serie CASEN entre los años 2003 y 2022 confirman la tendencia a la consolidación del proceso de feminización del trabajo asalariado temporal de la Rama 1. En casi dos décadas, el porcentaje de mujeres en la fuerza de trabajo temporal ha aumentado en 8,4 puntos porcentuales.

No obstante, en 2022, período pospandemia, se observa un aumento de la brecha entre hombres y mujeres de 4,6 puntos porcentuales respecto de 2017. Esta disminución proporcional de mujeres no está incidida por la migración, pues, como se verá más adelante, si se observa en detalle la proporción de mujeres dentro de los/as asalariados/as migrantes, esta es mayor que la de las mujeres nacionales en 2022, dado que el 37,1 % de las personas migrantes son mujeres y el 34,1 % de nacionalidad chilena son mujeres.

 

Tabla 3

N y % de temporeros/as de la Rama Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca en el país. Serie CASEN.

Fuente	Hombres	%	Mujeres	%	Total9
CASEN 2003	237.658	74%	83.371	26%	321.029
CASEN 2006	262009	70,4%	110.033	29,6%	372.042
CASEN 2009	188.225	66,4%	95.420	33,6%	283.645
CASEN 2011	156.933	64%	87.319	35,7%	244.252
CASEN 2013	168.689	63,1%	98.571	36,9%	267.260
CASEN 2015	183.552	62,4%	110.740	37,6%	294.292
CASEN 2017	168.957	61%	106.803	39%	275.760
CASEN 2022	173.377	65,6%	91.059	34,4%	264.436

Elaboración propia.

 

La Encuesta CASEN 2022 estima un total de 264.436 asalariados/as temporales trabajando en la Rama 1 en el país, un número levemente inferior al de la medición anterior, de 2017 (pues durante la pandemia, en 2020, no se midió temporeros/as agrícolas), cuando se registraron 275.760 asalariados/as.

En la tabla 4 se muestra el total de temporeros/as de la Rama 1 según la ENE, trimestre N–D–E, que corresponde al período más álgido de la cosecha de la cereza. Al igual que lo que ocurre con los datos de la CASEN, se observa una leve disminución de trabajadores/as estacionales entre 2024 y 2025. Sin embargo, en la participación desagregada por sexo, se mantiene estable entre un 35 % y un 36 % de presencia femenina.

 

Tabla 4

N y % de temporeros/as totales de la rama en el país, ENE, trimestre N–D–E. 10

Año	N Hombres	% H	N Mujeres	% M	N Total
2022	146.438	64%	82.286	36%	228.724
2023	160.272	65,5%	84.292	34,5%	242.562
2024	156.639	64,4%	86.493	35,6%	243.132
2025	154.645	64%	87.101	36%	241.746

Elaboración propia.

 

Ahora bien, en el caso de la CASEN, como señaláramos anteriormente, es posible filtrar por oficio a cuatro dígitos, de manera de construir una base de datos con personal que trabaja en funciones de precosecha, cosecha, postcosecha y embalaje de frutas (y hortalizas), así como en oficios técnicos y operarios.

Es así como, para la medición del 2022, filtrando por oficios técnicos y operarios, se obtuvo un total de 196.596 personas, de las cuales el 62,8 % son hombres (123.431) y el 37,2 % mujeres (73.165).

Este mismo ejercicio se realizó para las mediciones de 2017 y 2013 (no así para 2015, por falta de información en las bases). Los datos dan cuenta del incremento porcentual de mujeres, aunque el número total de trabajadores/as disminuye, en un contexto de ampliación de monocultivos frutales orientados a la exportación. Esto podría estar asociado al aumento de trabajadores/as extranjeros/as, quienes pueden encontrarse subrepresentados en las encuestas.

En la misma tabla es posible observar que el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral temporal de la Rama 1, filtrada por oficios operarios y técnicos agroindustriales, aumenta la participación proporcional de mujeres y luego disminuye.

 

Tabla 5

N y % de temporeros/as de oficios operarios y técnicos de la agricultura en el país.

Año	N Hombres	% H	N Mujeres	% M	N Total
2013	144.778	61,8%	89.548	38,2%	234.330
2017	145.079	59,9%	97.307	40,1%	242.386
2022	123.431	62,8%	73.165	37,2%	196.596

Elaboración propia en base a CASEN 2022, 2017 y 2013

 

De acuerdo con mediciones realizadas en base a catastros frutícolas de CIREN (2017, 2018 y 2019), se calculó que la participación de mujeres en el empleo frutícola temporal es del 43 % a nivel predial (Apey, 2020). A nivel de industria frutícola, la participación femenina en dichos años y fuente alcanza el 68,7 %. En consecuencia, su presencia es valorada desde la visión gubernamental, especialmente en faenas o labores relacionadas con el embalaje, “desde el punto de vista de la manipulación y cuidado que los productos requieren” (Apey, 2020; ODEPA, 2020), lo cual se asocia a estereotipos de género vinculados con la delicadeza y la minuciosidad (Gadea et al., 2021).

De acuerdo con la ENE, trimestre N–D–E 2025, en relación con el lugar donde realizan principalmente las actividades asalariadas, se observa que, entre los temporeros del país, el 79,6 % trabaja en un predio agrícola, el 18,7 % en instalaciones, y el 1,7 % en otros lugares. En el caso de las temporeras, el 72,1 % lo hace en un predio agrícola, el 25,9 % en instalaciones como packing, y el 2 % en otros lugares.

Del universo total de temporeros/as de instalaciones de la rama, la proporción de temporeras es del 43,8 % en el mismo trimestre, mientras que el otro 56,2 % corresponde a temporeros. Este mayor porcentaje de mujeres en packing se corresponde con lo señalado en la serie de catastros frutícolas, y responde a relatos sociales que asocian a las mujeres con habilidades motrices y un mayor cuidado en la selección del fruto.

 

La extranjerización de la fuerza de trabajo temporal agrícola

Los cambios más recientes relacionados con las características del empleo se vinculan con el aumento del flujo migratorio estacional, configurado de manera pendular, y en ocasiones estable, para satisfacer la demanda de empleo durante la temporada de cosecha de frutales.

De acuerdo con la ENE, trimestre N–D–E 2025, que corresponde al período donde se concentra el trabajo de cosecha de cerezas, el 7,9 % de quienes trabajaron en la Rama 1 con relaciones laborales definidas en el total del país —esto es, con una duración de contrato “definido”, es decir, a plazo de término o a plazo fijo— fueron personas extranjeras (nacidas en otro país).

Esto equivale a un total de 19.051 personas. Sin embargo, al desagregar el dato por sexo, se observa que el 6,6 % del total de los hombres son migrantes, mientras que el 10,1 % de las mujeres lo son, lo que da cuenta de una mayor presencia proporcional de mujeres migrantes en el sector en comparación con los hombres.

Predominan las nacionalidades boliviana, venezolana y haitiana. En las tres nacionalidades, la participación en la rama es principalmente estacional, superando a quienes se insertan de manera permanente, al igual que ocurre con la población chilena.

Como se observa en la tabla 6, en el trimestre N–D–E 2017, que marca el inicio del ingreso masivo de personas extranjeras a Chile, de un total de 4.399 migrantes en la fuerza laboral temporal de la rama, se produjo un aumento a casi 20 mil personas migrantes, lo que representa un alza del 333 % en ocho años.

 

Tabla 6

N y % de temporeros/as migrantes de la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca en el país. ENE, N–D–E.

Año	N Hombres	% en el total H	% H en el total de migrantes	N Mujeres	% en el total de M	% M en el total de migrantes	N Total
2016-17	3.761	2%	85,5%	638	0,5%	14,5%	4.399 (1,4%
2021-22	14.670	10%	72,8%	5.474	6,7%	27,2%	20.144 (8,8%)
2022-23	16.180	10.1%	66,8%	8.048	9,5%	33,2%	24.228 (9,9%)
2023-24	13.582	8,7%	61,7%	8.445	9,8%	38,3%	22.027 (9,1%)
2024-25	10.242	6,6%	53,8%	8.809	10,1%	46,2%	19.051 (7,9%)

Elaboración propia

 

Observamos cómo, con el paso del tiempo, se feminiza la población migrante que trabaja en la agroindustria. Así, en el período 2024–2025, el 46 % del total de la población migrante del agro corresponde a mujeres (tabla 6).

Al analizar la serie de las tres últimas encuestas CASEN, también se aprecia que el porcentaje de personas migrantes de ambos sexos que se incorporan a la fuerza de trabajo asalariada temporal de la agricultura ha crecido sostenidamente, pasando de casi 3.000 en 2015 a más de 26.000 en 2022.

Es importante señalar que es altamente probable la existencia de subregistro en esta población, debido al temor a ser encuestados/as en caso de encontrarse en situación migratoria irregular.

 

Tabla 7

N y % de temporeros/as migrantes de la Rama Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Pesca en el país.

Año	N Hombres	% en total de H	% H en el total de migrantes	N Mujeres	% en el total de M	% M en el total de migrantes	N Total
2015	1.919	1%	69,9%	1.150	1%	30,1%	2.745 (0,9%)
2017	6.213	3,7%	66,8%	3086	2,9%	33,2%	9.299 (3,4%)
2022	16.586	9,6%	62,7%	9.849	10,8%	37,3%	26.435 (10%)

Elaboración propia

 

En los registros del 2013, de acuerdo con la CASEN, prácticamente no había personas extranjeras trabajando en labores asalariadas, registrándose menos del 1 % de los casos. En consecuencia, el incremento del número y proporción de migrantes en la actividad agrícola temporal avanza del 1 % al 10 % en nueve años. Si analizamos los valores absolutos de esta fuente, se observa un aumento del 863 %.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migraciones, entre enero y marzo de 2025 se otorgaron 39.114 visas laborales a ciudadanos/as bolivianos/as para trabajar en Chile, lo que representa un aumento del 869 % respecto del mismo período del año anterior. Esta alza responde a un acuerdo firmado con Bolivia en 2023 que busca fomentar la regularización de trabajadores/as bolivianos/as que vienen a Chile a trabajar, lo que muestra un cambio en el patrón migratorio11. Sin embargo, en dicho trimestre (E–F–M 2025), de acuerdo con la ENE, del total de bolivianos/as que trabajaron en Chile, la mayor proporción lo hizo en el sector comercio (17.433 personas), luego en alojamiento (11.622 personas) y en tercer lugar en la agricultura (10.540 personas). Por ende, la agricultura no es la principal ni la única actividad económica que atrae a la población boliviana.

Los datos de la CASEN confirman la tendencia al alza que muestra la ENE, puesto que el 11,8 % de quienes trabajan asalariadamente en la agricultura en funciones obreras temporales son extranjeros/as (la pregunta es “¿Dónde vivía su madre cuando usted nació?”), lo que equivale a 23.208 personas (60,5 % hombres y 39,5 % mujeres).

Predominan las mismas tres nacionalidades indicadas por la ENE: boliviana, haitiana y venezolana. Sin embargo, por sexo, se observan diferencias: entre las mujeres, predominan las nacionalidades boliviana y venezolana; y entre los hombres, las haitiana y boliviana. Esto muestra que, entre 2022 y 2024 (aunque son fuentes distintas), ha ido aumentando la población boliviana en desmedro de la haitiana.

La tabla 8 confirma que, junto con el aumento de la población extranjera en general, se observa una tendencia a la feminización del trabajo asalariado agrícola migrante en oficios operarios de la agroindustria. Aumenta la proporción de mujeres dentro del total de migrantes, y aumenta también la proporción de migrantes dentro del total de mujeres.

 

Tabla 8

N y % de temporeros/as de oficios operarios y técnicos migrantes de la agricultura en el país.

Año	N Hombres	% en total de H	% H en el total de migrantes	N Mujeres	% en el total de M	% M en el total de migrantes	N Total
201312	1.240	0,9%	67,2%	605	0,7%	32,8%	1.845 (0,8%)
2017	5.384	3,7%	64,7%	3086	3%	35,3%	8.326 (3,4%)
2022	14.040	11,4%	60,5%	9.168	12,5%	39,5%	23.208 (11,8%)

Elaboración propia

 

Aumento de la jefatura de hogar femenina entre las temporeras agrícolas

De acuerdo con la ENE, trimestre N–D–E 2025, en relación con datos demográficos como edad y posición dentro del hogar, se observan diferencias por sexo. Los valores respecto de la edad están dispersos y distribuidos tanto en hombres como en mujeres.

La mayor proporción de hombres se concentra en el tramo de 20 a 29 años (21,3 %); en cambio, las mujeres se concentran entre los 46 y 54 años (27,7 %). En el caso de las personas extranjeras, el promedio de edad es de 34 años, y las mujeres en particular tienen un promedio de 32 años.

En la CASEN 2022, el promedio de edad de los/as temporeros/as agrícolas es de 42 años para los hombres y 40 años para las mujeres.

En relación con el rol dentro de la red de parentesco del hogar nuclear, y según la ENE, trimestre N–D–E 2025, entre los hombres, el 53 % son proveedores principales, el 28,9 % son hijos del o la proveedora, y el resto posee otro parentesco. En cambio, entre las mujeres, el 37,7 % es proveedora principal, el 33,1 % cónyuge o conviviente, el 21,2 % hija, y el resto otro parentesco.

En la CASEN 2022, la pregunta sobre el rol y parentesco es distinta, pues se consulta por la posesión del rótulo de jefatura de hogar y de núcleo. En el caso de los temporeros de la rama, el 45,4 % son jefes de hogar y el 54,6 % tienen otro rol dentro del hogar.

Para las temporeras, el 45,7 % son jefas de hogar, cifra levemente superior a la de los hombres. Sin embargo, si la pregunta se acota a la jefatura de núcleo, el porcentaje de hombres jefes de núcleo entre los temporeros sube al 56,2 %; pero en las mujeres aumenta aún más, alcanzando un 58,5 % de temporeras jefas de núcleo.

La tabla 9 muestra los cambios en el perfil sociofamiliar. En el caso de los hombres, entre 2015 y 2022 se observa una disminución de la posición de jefe de hogar, del 53 % al 45 %. En cambio, en las mujeres sucede un fenómeno inverso: aumentó pospandemia en 11,5 puntos porcentuales la posición de jefa de hogar, pasando del 34 % al 46 %.

 

Tabla 9

Parentesco con jefatura de hogar de temporeras. Rama 1, encuestas CASEN 2015 a 2022.

CASEN	Jefa de hogar	%	Esposa o pareja	%	Hijo/a	%	Otro	%	Total	% Total	Jefe de hogar	%
2015	37854	34,2%	42.347	38,3%	24.022	21,6%	6.517	5,9%	110.740	100%	96.838	52,8%
2017	34.546	32,3%	36,898	34,9%	27.014	25,3%	8.345	7,8%	106.803	100%	81.803	48,4%
2022	41.628	45,7%	21.471	23,6%	19.364	21,2%	8.596	9,5%	91.059	100%	78.656	45,4%

Elaboración propia

 

Aumento de condición urbana

El conglomerado de trabajadores/as temporales de la rama se ha ido transformando en una fuerza laboral más urbana que rural, como se aprecia en las tres últimas encuestas CASEN. En Chile, las áreas rurales se definen como asentamientos humanos con menos de 2.000 habitantes, donde más del 50 % de la población se dedica a actividades primarias (González, 2019).

Las mujeres muestran una tendencia a la urbanización previa respecto de los hombres. En estos últimos, recién prima la población urbana sobre la rural en la medición del 2022, tal como se observa en la tabla 10.

 

Tabla 10

Zona de residencia de temporeros/as. Rama 1.

Fuente CASEN	Mujeres					Hombres					Total
	Rural	%	Urbana	%	% Total	Rural	% Total	Urbano	%	% Total
2015	57.780	52,2%	52.960	47,8%	100%	107.730	58,7%	75.822	41,3%	100%	292.292
2017	43.675	40,9%	63.128	59,1%	100%	90.693	53,7%	78.264	46,3%	100%	275.760
2022	31.676	34,8%	59.383	65,2%	100%	73.504	42,4%	99.873	57,6%	100%	264.436

Elaboración propia

 

De acuerdo con la CASEN 2022 (tabla 11), filtrando esta vez la población asalariada por oficio a cuatro dígitos y focalizando la mirada en la fuerza laboral operaria y técnica, se observa que los hombres tienen tasas de ruralidad más altas que las mujeres, con 46,1 % y 38,7 %, respectivamente.

Al igual que en el caso anterior, esta tendencia cambia respecto de mediciones previas. En 2017, la población total era mayoritariamente rural (50,2 %), y la población masculina también lo era (55,9 % rurales).

Las mediciones de la CASEN 2013, por el contrario, utilizando el mismo filtro, mostraban que del total de la población asalariada de nivel operario y técnico, el 61 % era rural, con las mismas diferencias por sexo que en la actualidad. Es decir, las tasas de ruralidad de los hombres eran mayores, pues el 67 % eran rurales, frente al 54 % de las mujeres.

 

Tabla 11

Zona de residencia de temporeros/as en ocupaciones elementales. Rama 1.

Fuente CASEN	Mujeres					Hombres					Total
	Rural	%	Urbana	%	%	Rural	% Total	Urbano	%	% Total
2013	48.197	53,8%	41.351	46,2	100%	91.176	63%	53.606	37%	100%	234.330
2017	40.612	41,7%	56.695	58,3%	100%	81.101	55,9%	63.978	44,1%	100%	242.386
2022	28.298	38,7%	44.867	61,3%	100%	56.932	46,1%	66.499	53,9%	100%	196.596

Elaboración propia

 

Lo anterior implica una movilidad desde sectores urbanos hacia zonas rurales para trabajar en la agroindustria.

A través de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) es posible observar si existe movilidad territorial entre los/as temporeros/as de la Rama Agricultura del país. Se registra solo un 2 % de personas que trabajan durante el trimestre de temporada alta en más de una comuna, lo que sugiere una baja movilidad intercomunal dentro del empleo estacional.

 

Pobreza con empleo

La CASEN mide la pobreza multidimensional en base a cinco dimensiones: (1) educación, (2) salud, (3) trabajo y seguridad social, (4) vivienda y entorno, y (5) redes y cohesión social, manteniendo la definición de tres indicadores por dimensión, de modo que la medida queda compuesta por 15 indicadores.

Como se aprecia en la tabla 12, tener empleo no necesariamente significa estar fuera de la pobreza multidimensional. Esto ocurre en el 13 % del total de la fuerza laboral asalariada. Sin embargo, esta realidad casi se duplica entre los/as temporeros/as de cargos operarios y técnicos, puesto que el 25,2 % presenta pobreza multidimensional. Ahora bien, en la población temporera migrante, esta cifra aumenta ostensiblemente, llegando al 44,9 %.

Al observar los datos por sexo, notamos que, en la fuerza laboral estacional migrante, las mujeres en situación de pobreza representan el 51,7 %. En consecuencia, dicha pobreza tiene rostro de mujer migrante.

 

Tabla 12

Pobreza multidimensional (cinco dimensiones) CASEN 2022. Comparativo total fuerza laboral, temporeros/as y migrantes

Pobreza	Asalariados/as totales de la fuerza laboral						Temporeros/as empleos agrícolas operarios y técnicos						Temporeros/as agrícolas migrantes
	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%
No pobreza	280.958	86,5	1.741.190	87.8	4.550.700	87	89816	74,2	54601	75,7	144417	74,8	7506	59,4	3870	48,3	11376	55,1
Pobreza	436.970	13.5	242.136	12,2	679.106	13	31194	25,8	17570	24,3	48764	25,2	5137	40,6	4150	51,7	9287	44,9
Total	3.263.122	100	1.983.326	100	5.229.876	100	121010	100	72171	100	193181	100	13.972	100	8.914	100	22.886	100

Elaboración propia

 

En la medición de 2017, el porcentaje de pobreza multidimensional de la población temporera migrante era menor (42,8 %), lo que refleja un empeoramiento de la calidad de vida y bienestar, aun cuando se trate de personas con empleo asalariado estacional.

Hace más de una década, Canales y Hernández (2011) se referían a una nueva cuestión social en la llamada agrópolis, donde la marca ya no era la pobreza de la hacienda, sino la segregación surgida en los pliegues de la modernización.

Considerando como unidad de análisis las regiones de O’Higgins y Maule (sumadas), el porcentaje de pobreza multidimensional de la fuerza laboral asalariada migrante extranjera subió de 40,4 % en 2017 a 41,8 % en 2022, con diferencias por sexo en desmedro de las mujeres, pues el 42,8 % de ellas se encuentra en pobreza multidimensional, frente al 40,1 % de los hombres.

 

Indicadores laborales precarios: informalidad e intermediación

La informalidad en la agricultura triplica los niveles observados en la población total asalariada de la fuerza laboral. A nivel del país, de acuerdo con datos de la ENE, trimestre N-D-E 2025, el 41,1 % de los/as temporeros/as no ha firmado contrato (45 % de los hombres y 34 % de las mujeres). En el caso de las personas migrantes, el 48,5 % no tiene contrato, siendo mayor en los trabajadores bolivianos, con un 53 % en esta condición.

De acuerdo con la CASEN 2022, en el oficio operario y técnico, el 43,2 % no ha firmado contrato escrito o no se acuerda (46,2 % de los hombres y 37,1 % de las mujeres), siendo muy similar a los datos de la ENE. Aun cuando no son comparables, pues se trata de instrumentos distintos, el porcentaje de informalidad ha aumentado en las mediciones sucesivas. Entre los/as extranjeros/as, el porcentaje sube a 54,6 %, con diferencias significativas por sexo, puesto que las mujeres registran un 60,7 % que no ha firmado contrato de trabajo; en los hombres, la cifra alcanza un 50,9 %.

 

Tabla 13

Cuadro comparativo informalidad CASEN 2022

Situación contractual	Asalariados/as totales de la fuerza laboral						Asalariados/as agrícolas temporales perfil operarios y técnicos						Asalariados/as agrícolas temporales migrantes (otra nacionalidad)
	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%
Sí firmó	2.818.546	85,7%	1.717.554	85,6%	4.536.100	85,7%	65.703	53,2%	46.016	62,9%	117.719	56,8%	6.808	47,7%	2.738	33,2%	9.546	42,4%
Sí, pero no ha firmado	28.774	0,9%	18.577	0,9%	47.351	0,9%	3.531	2.9%	3.235	4.4%	6.768	3,4%	481	3,3%	66	0,8%	547	2,4%
No tiene	410.519	12,5%	258.637	12,9%	669.156	12,6%	50.785	41,1%	23.194	31.7%	73.979	37,6%	6.843	47,9%	5277	63,9%	12120	53,8%
No se acuerda o no sabe	29.497	0,9%	11.894	0,6%	41.391	0,8%	3.412	2,8%	718	1%	4.130	2,1%	144	1%	173	2,1%	317	1,4%
Total	3.287.336	100%	2.006.662	100%	5.293.998	100%	123.431	100%	73.979	100%	195.596	100%	14.276	100%	8.254	100%	22.530	100%

Elaboración propia

 

Al observar las últimas dos encuestas CASEN, con foco en temporeros/as operarios/as y técnicos/as, se constata que la informalidad contractual ha ido aumentando progresivamente, tanto en hombres como en mujeres.

 

Tabla 14

Evolución de la informalidad de temporeros/as en ocupaciones elementales. Rama 1.

Fuente CASEN	Mujeres					Hombres					Total
	Formal	%	Informal y no sabe	%	Total	Formal	%	Informal y no sabe	%	Total
2017	64.361	66,1	32.946	33,9	97.307	82.124	56,6	64.361	43,4	146.485	242.386
2022	46.016	62,9	27.963	37,1	73.979	65.703	53,2	56.914	46,8	122.617	196.596

Elaboración propia

 

En 2022, entre la población migrante, se observa que el 52 % de los hombres no tiene contrato de trabajo (48 % no tiene y 4 % no ha firmado o no recuerda haberlo hecho). Este porcentaje se eleva al 67 % entre las mujeres migrantes (64 % no tiene contrato y 3 % no ha firmado aún o no recuerda), evidenciando en este último caso brechas de género y nacionalidad, que dan cuenta de una desigualdad interseccional.

La ausencia de contrato laboral se relaciona directamente con la débil seguridad social y la menor protección previsional. Entre los/as temporeros/as operarios y técnicos, existe un 18 % de hombres que no está afiliado a una AFP13 y un 31,8 % que no cotizó el mes anterior. En las mujeres, un 14,5 % no está afiliada a una AFP, y un 29,6 % no cotizó el mes pasado. En consecuencia, a mayor informalidad, mayor inseguridad social frente a la vejez.

El 47 % de los trabajadores migrantes no se encuentra afiliado a ningún sistema previsional, cifra que asciende al 53 % entre las mujeres migrantes, reproduciendo nuevamente una brecha en desventaja hacia las mujeres.

Al observar los datos en las regiones de O’Higgins y Maule, donde más ha crecido la fruticultura, y en particular el cultivo del cerezo, la información de la CASEN 2017 y 2022, filtrando las ocupaciones elementales, muestra que la informalidad laboral ha empeorado. En 2017, de la totalidad de la fuerza laboral agrícola, el 38 % no tenía contrato de trabajo (incluyendo el 4 % que no sabe o no recuerda). Esta situación empeora en 2022, ya que el porcentaje de informalidad sube al 40,9 %. En el caso de las personas migrantes temporeras agrícolas, también se observa un empeoramiento en las brechas de formalidad. En 2017, el 48,8 % tenía contrato y el 51,2 % no lo tenía; mientras que en 2022 el porcentaje de informalidad subió al 53,5 %, con 52,2 % en hombres y 57,4 % en mujeres.

En 2025, de acuerdo con la ENE, trimestre N–D–E, el 71,6 % de los/as temporeros/as del país indicó que su acuerdo de trabajo (formal o informal) es directamente con la empresa donde trabaja. El otro 28,4 % declaró tener un acuerdo laboral con un contratista agrícola o enganchador.

En la población asalariada temporal migrante, solo el 38,2 % tiene un acuerdo de trabajo directo con la empresa, mientras que el 61,8 % trabaja mediante contratistas, lo que acentúa la dependencia laboral y la intermediación.

Como se muestra en la tabla 15, en el conjunto de la fuerza laboral temporal de toda la rama, para la CASEN 2022, el 82,1 % tiene un acuerdo de trabajo directamente con el empleador, y el 17,9 % con un contratista. En la CASEN 2017, el 85 % de los/as temporeros/as de la rama declaraba tener acuerdo laboral directo con la empresa, mientras que el 15 % trabajaba con contratista. En la CASEN 2015, el 88,6 % establecía acuerdos directos y el 11,4 % lo hacía por intermediación.

Al hacer un zoom en las ocupaciones elementales, en la CASEN 2022, el 80 % de los/as temporeros/as en oficios técnicos u obreros agrícolas indicó que su acuerdo de trabajo (formal o no) es directamente con el empleador, mientras que el otro 20 % lo tiene con un contratista. En la población asalariada migrante, el 58 % tiene un acuerdo directo con la empresa, y el 42 % lo tiene con contratista. Aunque ambas fuentes no son estrictamente comparables, se observa una tendencia clara al aumento de la intermediación laboral, es decir, una mayor presencia de contratistas entre 2022 (CASEN) y 2025 (ENE) en la rama agrícola, lo que profundiza la precariedad contractual y la segmentación laboral del sector.

 

Tabla 15

¿Con quién establece su acuerdo de trabajo o firma su contrato? CASEN

Fuente	Temporeros/as de la rama agricultura, silvicultura, ganadería y pesca					Temporeros/as de oficio “trabajo no calificado” u “ocupaciones elementales” de la agricultura
	Empleo Directo		Contratista		Total	Empleo Directo		Contratista		Total
	N	%	N	%		N	%	N	%
2015	259.039	88%	35.253	12%	294.292	S/i	s/i	s/i	s/i	s/i
2017	234.339	85%	41.421	15%	275.760	205.323	84,7%	37.059	15,3%	228.395
2022	217.112	82,1%	47.324	17,9%	264.436	157.627	80,2%	38.975	19,8%	196.596

Elaboración propia

 

Existe una relación entre informalidad e intermediación laboral. En la CASEN 2022, entre los/as temporeros/as operarios/as y técnicos/as que establecieron acuerdo de trabajo con un contratista —que suman 38.975 personas—, un 55,4 % del total no tiene contrato (46 % no tiene y 9 % no recuerda o aún no ha firmado). En el caso de las mujeres, este porcentaje sube al 56,4 %.

De los/as trabajadores/as migrantes que tienen contrato o acuerdo con contratistas (el 43,5 % del total de migrantes), el 61,7 % se encuentra en condición informal (sin contrato).

De acuerdo con la ENE, trimestre N–D–E 2025, el trabajo en packing o instalaciones es prioritariamente directo con el empleador (83 %). En cambio, en el trabajo ejecutado en predios agrícolas, esta cifra baja al 75 %.

Como se ha podido apreciar a lo largo del texto, el aumento de la informalidad, con expresiones más críticas en la intermediación laboral y entre mujeres migrantes, podría asociarse al crecimiento del monocultivo, que demanda empleo temporal en volúmenes que superan la oferta local, promoviendo prácticas de reclutamiento precarizadas. Por su parte, la precariedad no solo tiene efectos en las condiciones de trabajo, sino que se expande al resto de la vida (Caro et al., 2024).

 

Conclusiones

A través de este artículo hemos podido constatar que el crecimiento de la fruticultura, especialmente de los cultivos de exportación premium destinados a mercados cada vez más exigentes, por sobre otros cultivos tradicionales, convive con la persistencia —e incluso el aumento— de indicadores de precariedad laboral, tales como la inestabilidad en el empleo, la informalidad contractual, la inseguridad laboral y la pobreza multidimensional (cinco dimensiones) entre la población asalariada temporal del sector, en particular aquella que desempeña ocupaciones elementales u oficios operarios y técnicos vinculados a la cosecha (pre y postcosecha) y empaque de frutas de exportación.

La paradoja radica en que Chile se proyecta internacionalmente como productor de frutas premium, contribuyendo al PIB nacional y a la imagen país, mientras se invisibiliza una realidad laboral persistente, marcada por alta informalidad y reducción de los meses de empleo debido al avance del monocultivo (Caro y Armijo, 2025). Al mismo tiempo, se ha consolidado un perfil laboral femenino y migrante creciente, que se suma a la población descampesinizada (Almonacid, 2020).

A partir del análisis de los catastros frutícolas, hemos evidenciado el crecimiento sostenido del cultivo de cerezas, como ejemplo paradigmático del boom agroexportador, especialmente en las regiones de O’Higgins y Maule. Se trata de un fruto que se cosecha manualmente en un breve período de alta intensidad, caracterizado por su delicadeza y fragilidad, cualidades simbólicamente asociadas a lo femenino, lo que refuerza estereotipos de género y considera a las mujeres como “ejército de reserva” para cubrir las demandas estacionales (Gadea et al., 2021). Estas exigencias en el manejo del fruto hacen especialmente relevante la calidad del trabajo realizado, constituyendo casi dos tercios del costo de producción en dicho cultivo.

Sin embargo, lo que hemos podido observar mediante la revisión de datos de las encuestas CASEN y ENE de la última década, es que la realidad laboral y de vida de este sector de la cadena productiva —los/as trabajadores/as temporeros/as— no es coherente con el crecimiento de la producción, las exportaciones ni el valor económico de los productos premium.

El primer indicador laboral, relativo al aumento de la inestabilidad del empleo, muestra cifras elocuentes que afectan tanto a hombres como a mujeres, aunque con mayor impacto en estas últimas, y dentro de ellas, en las migrantes. Este fenómeno puede vincularse directamente al avance de los monocultivos, que, si bien incrementan la demanda de empleo para la cosecha, lo hacen en períodos cada vez más breves, reduciendo la continuidad laboral.

El reclamo empresarial por la supuesta escasez de mano de obra durante la temporada no se condice con la reducción estructural del período de oferta laboral, derivada de la pérdida de biodiversidad agrícola en los territorios agrorurales.

Asimismo, la informalidad contractual ha crecido sostenidamente en el sector, triplicando las cifras del total de la fuerza laboral del país. No obstante, resulta llamativo que las mujeres temporeras presenten tasas de formalidad ligeramente mejores que las de los hombres. Si bien estos hallazgos sugieren la necesidad de aproximaciones cualitativas complementarias, se puede proponer como hipótesis interpretativa que el aumento de la jefatura de hogar femenina entre las trabajadoras asalariadas temporales estimula una búsqueda activa de seguridad social, generando una mayor disposición a acceder a empleos formalizados, aun dentro de un contexto estructural de precariedad y desprotección.

La fuerza laboral migrante del trabajo asalariado temporal en la agricultura presenta indicadores más precarios que la población local, además de mayores niveles de informalidad laboral y, en consecuencia, de desprotección social. Más de la mitad de estos/as trabajadores/as no dispone de contrato escrito.

La intermediación mediante contratistas, si bien según las cifras generales se presenta en un cuarto de los casos, se duplica en la población migrante. Un 46 % de la fuerza laboral migrante es empleada por contratistas, tercerización que se asocia a una mayor precariedad y desprotección laboral y social. Dentro de este universo, casi dos de cada tres personas carecen de contrato de trabajo, prescindiendo así de protección frente a la seguridad laboral y social. Lo anterior da cuenta de la intersección entre estacionalidad, precariedad y extranjerización de la mano de obra (Berger y Neiman, 2015).

Los huertos y packing que externalizan tanto la búsqueda de trabajadores/as como la relación laboral posterior, lo hacen para enfrentar la aparente escasez de mano de obra. Sin embargo, se manifiesta la ambivalencia señalada por la literatura: la fuerza de trabajo intermediada realiza sus tareas con escaso control de calidad, mientras que los/as trabajadores/as rotan buscando mejores condiciones salariales o laborales (Flores, 2020; Revista PC Magazine, 2023), lo que no dialoga con las expectativas de calidad del fruto para el mercado externo. Frente a un trabajo precario, resulta pertinente el concepto de “sociedad del desprecio” de Honneth (2011), que pone en tensión nociones como compromiso y lealtad, reclamadas como ausentes por la parte empresarial.

En cuanto a los indicadores de precariedad de la vida, la pobreza multidimensional tiene rostro de mujer migrante, pues los mayores porcentajes (52 %) se observan en este conglomerado, evidenciando una desigualdad interseccional. La inestabilidad laboral afecta más a las mujeres que a los hombres, mostrando brechas de género. Analizados interseccionalmente, los datos confirman que la población más vulnerable a estos indicadores precarios son las mujeres migrantes, dado que además presentan mayores niveles de informalidad laboral.

La realidad de las regiones de O’Higgins y Maule (consideradas conjuntamente) muestra un crecimiento de la informalidad contractual en los oficios elementales y operarios, con un aumento de 2,9 puntos porcentuales, coincidiendo en que las mujeres migrantes son las más afectadas, tanto regional como nacionalmente.

Se confirma, por tanto, la práctica cada vez más extendida del reclutamiento selectivo de trabajadores/as precarizables, como mujeres y personas extranjeras, gestionada en gran parte de forma hiperflexible por contratistas (Valdés, 2023; Gadea et al., 2021; Caro et al., 2024).

Los datos también permiten identificar transformaciones en el perfil de los/as trabajadores/as agrícolas temporales, evidenciando un recambio del patrón de empleo. En la actualidad, una de cada tres personas de la fuerza laboral temporal es mujer, y una de cada diez es de otra nacionalidad. Entre los rasgos destacados del perfil actual, se observa la edad: el tramo más numeroso entre los hombres corresponde a jóvenes, mientras que en las mujeres predomina el grupo de adultas medias. Asimismo, aumenta la proporción de jefas de hogar, y en ambos sexos predomina la condición urbana por sobre la rural.

Entre la población trabajadora migrante, una de cada tres personas es mujer. La proporción de mujeres migrantes ha aumentado sostenidamente desde 2015, configurando un proceso de feminización de la migración en la agroindustria. En las últimas mediciones —tanto en la CASEN 2022 como en la ENE 2025— se confirma el crecimiento sostenido de la fuerza laboral migrante, procedente principalmente de Bolivia y Haití en el caso de los hombres, y de Bolivia y Venezuela en el caso de las mujeres.

Las comunidades haitianas y venezolanas llegaron a Chile durante la década pasada, buscando una estadía permanente. Según datos preliminares del Censo de Población 2024, el 33,4 % de la población migrante residente en el país ingresó entre 2017 y 2019, equivalente a más de 500 mil personas. Por su parte, la población boliviana, al ser transfronteriza, presenta una modalidad migratoria heterogénea: algunos/as realizan migración estacional pendular (Pezo, 2005), mientras otros/as se asientan en el país, aun cuando realizan viajes regulares a su lugar de origen (Caro y Cárdenas, 2022).

Los datos presentados, que evidencian el incremento de la inestabilidad laboral derivado de las condiciones impuestas por el monocultivo, junto con la informalidad creciente y el deterioro de la protección social y previsional, se acompañan del debilitamiento del rol protector del Estado. Esto se evidencia en la suspensión de políticas públicas instauradas en los años noventa, como el Programa de Mujeres Temporeras, y en el desmantelamiento de los Centros de Atención de Hijos/as de Temporeras, que atienden a un número limitado de niños/as (de 6 a 12 años, de lunes a viernes), sin responder a la magnitud de la demanda. En la actualidad, las vulnerabilidades se asumen desde la individualización de los riesgos del trabajo (Caro y Armijo, 2025). Las recomendaciones para mejorar la situación laboral y social de la población analizada se orientan hacia la formación en derechos laborales y previsionales, tanto para la población chilena como extranjera vinculada a la fruticultura, el reforzamiento de la fiscalización pública del trabajo, especialmente hacia contratistas, y el fomento de la organización sindical.

A nivel productivo, una estrategia clave es la diversificación de los cultivos, que permitiría extender los periodos de contratación a lo largo del año y reducir la estacionalidad extrema14.

Para cerrar, este análisis cuantitativo basado en fuentes secundarias oficiales abre nuevas preguntas de investigación cualitativa, que esperamos abordar en futuros trabajos académicos. Entre ellas destacan:

• ¿Cuáles son las percepciones de distintas generaciones de temporeras sobre las condiciones sociales, culturales, políticas y demográficas de los territorios colonizados por monocultivos frutícolas en la última década?

• ¿Cómo transcurren cualitativamente las condiciones laborales, residenciales y de movilidad de la población migrante extranjera en la agroindustria chilena actual?

 

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1 Este artículo es resultado del proyecto de investigación Fondecyt Regular N°1240510 llamado “Ethos neoliberal en la fruticultura intensiva globalizada: trabajo(s), lugares y movilidades en temporeras rurales del Maule desde una mirada genealógica intergeneracional y de género”. Por lo que agradecemos el financiamiento a ANID/FONDECYT/1240510.

 

2 En Chile entre los años 1964 y 1973, en el proceso de Reforma Agraria durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, se expropió la tierra de grandes latifundios, la que fue reasignada a los trabajadores permanentes de los fundos expropiados (Gómez, 2008).

 

3 Para INDAP la pequeña agricultura se define como aquella unidad menor a 12 hectáreas de riego básico, con activos no superiores a 3.500 UF, y cuyos ingresos principales provengan de la explotación agrícola (Ley 18.910).

 

4 Se conoce como el crecimiento de la agricultura intensiva industrial en California, durante el siglo pasado, caracterizada por el uso de técnicas intensivas de cultivo y copioso uso de mano de obra (Reigada, 2014).

 

5 Todos los datos relativos a superficie plantada y toneladas exportadas fueron extraídos de https://apps.odepa.gob.cl/powerBI/boletin_fruta.html. Visitada 16 de junio de 2025.

 

6 www.simfruit.cl. visitada el 23 de mayo de 2023; https://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/instituto-confucio/celebran-ano-nuevo-lunar-china/170916/?filtro-sede=rancagua visitada 07 de junio de 2023; https://www.t13.cl/noticia/tendencias/que-significan-las-cerezas-china-por-su-llegada-desde-chile-causo-furor-10-12-2024).

 

7 https://www.mintrab.gob.cl visitada el 06 de noviembre de 2025.

 

8 Para la identificación de la población migrante en la CASEN se consideró la pregunta “Cuando usted nació, ¿en qué comuna o país vivía su madre?”

 

9 Existen dos preguntas en la CASEN para medir el N de asalariados/as temporales de la rama, la o12 que pregunta sobre el carácter del trabajo siendo las posibles respuestas: permanente, de temporada, ocasional, a prueba o por plazo. La segunda opción es la pregunta o16 u o18 (dependiendo del año de la encuesta) que pregunta por el tipo de acuerdo (o contrato) siendo las opciones: indefinido, plazo fijo o por obra o faena. Hemos optado por la segunda alternativa en los datos mostrados en esta serie, puesto que da N mayores, debido a que hay personas que responden que tienen un trabajo permanente pero solo con acuerdos a plazo fijo o por faena, debido a que tiene distintos empleadores o bien distintos acuerdos o contratos con un mismo empleador, evidenciando la figura del o la temporera “falsa” ya documentada en el 2012 (FAO, 2012).

 

10 Se filtró por rama a 1 dígito, asalariados/as y pregunta b9.

 

11 Diario El Pulso, 24 de mayo 2025. www.elpulso.cl. Visitada 9 de junio 2025.

 

12 El oficio a 4 dígitos no se puede obtener de la base 2015, por ello se usó la del 2013.

13 En Chile, las AFP, son Administradoras de fondos de pensiones, que son organismos privados.

 

14 Coincidiendo con lo planteado por O. Melo, agrónomo de la PUC en https://www.portalfruticola.com/noticias/2025/10/17/mano-de-obra-chile/. Visitada 08 de noviembre de 2025