Seguridad alimentaria y trabajo social: Análisis del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, Región de Ñuble 2022

Food security and social work: Analysis of the Food Security Support Program in the Ñuble region (2022)

 

Recepción: 14 de febrero de 2025 / Aceptación: 20 de mayo de 2025

 

Lesly A. Martínez Medina1

Gustavo A. Castillo Rozas2

 

DOI: https://doi.org/10.54255/lim.vol14.num28.8
Licencia CC BY 4.0.

 

Resumen

El artículo evalúa el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en la Región de Ñuble, destacando su impacto en el acceso y disponibilidad de alimentos entre familias vulnerables. El objetivo principal fue determinar los efectos del programa en la mejora de las condiciones alimentarias en familias del Subsistema de Seguridad y Oportunidades, evaluando dimensiones como disponibilidad, acceso y uso de alimentos. Metodológicamente, se empleó un diseño cuantitativo, descriptivo y longitudinal, utilizando la escala HFIAS (Household Food Insecurity Access Scale) para evaluar la inseguridad alimentaria. La muestra consistió en 287 participantes, predominantemente mujeres (90,2 %). Los resultados indican que el programa reduce significativamente la inseguridad alimentaria severa (del 32 % al 27 %), especialmente en familias con experiencia previa en producción alimentaria. Se identificaron disparidades notables entre zonas urbanas y rurales, con mayor incidencia de inseguridad alimentaria en áreas rurales. Este estudio subraya la importancia del trabajo social interdisciplinario y la relevancia de políticas públicas sostenibles alineadas con la Agenda 2030, que integren factores sociales y ambientales para mejorar la resiliencia alimentaria de comunidades vulnerables.

Palabras clave: seguridad alimentaria; trabajo social; sostenibilidad; desigualdades rurales; resiliencia alimentaria; políticas públicas; Agenda 2030

 

Abstract

The article evaluates the Food Security Support Program in the Ñuble Region, highlighting its impact on food access and availability among vulnerable families. The main objective was to determine the program’s effects on improving food conditions for families in the Security and Opportunities Subsystem, assessing dimensions such as availability, access, and food utilization. Methodologically, a descriptive and longitudinal quantitative design was employed, using the Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) to evaluate food insecurity. The sample consisted of 287 participants, predominantly women (90.2%). Results indicate that the program significantly reduces severe food insecurity (from 32% to 27%), especially in families with previous experience in food production. Notable disparities were identified between urban and rural areas, with a higher incidence of food insecurity in rural zones. This study underscores the importance of interdisciplinary social work and the relevance of sustainable public policies aligned with the 2030 Agenda, which integrate social and environmental factors to improve the food resilience of vulnerable communities.

Keywords: food security; social work; sustainability; rural inequalities; food resilience; public policies; 2030 Agenda

 

Introducción

El reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada como un derecho humano fundamental en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), fue aceptado por Chile en 1972. Esto compromete al Estado a realizar acciones específicas para mejorar continuamente el progreso de las personas y comunidades (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1976; La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2007).

El concepto de seguridad alimentaria ha progresado para abarcar no solo la producción y la disponibilidad de alimentos, sino también el acceso, la seguridad y las preferencias culturales, confirmando su condición como un derecho humano completo (Frederich, 2014).

El Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile como parte del Subsistema de Seguridad y Oportunidades, constituye una iniciativa integral que busca abordar la inseguridad alimentaria en poblaciones vulnerables. Este programa se enfoca en mejorar tanto la disponibilidad como el acceso a los alimentos mediante estrategias como la producción doméstica, capacitación en prácticas alimentarias saludables y acompañamiento psicosocial. La intervención combina componentes productivos (entrega de insumos y capacitación técnica), educativos (talleres sobre alimentación saludable) y de acompañamiento profesional, implementados por un equipo interdisciplinario que incluye trabajadores sociales, nutricionistas y técnicos agrícolas.

La FAO, en su informe del año 2020, describe la seguridad alimentaria como el estado en el que todas las personas cuentan con acceso adecuado a alimentos que sean seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias personales a nivel físico y económico. También resalta la importancia de abordar múltiples aspectos para asegurar un cumplimiento efectivo de este derecho fundamental. En la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el segundo objetivo se propone eliminar el hambre y garantizar una alimentación segura y saludable para todos. Se busca mejorar la nutrición y fomentar la agricultura sostenible para asegurar que todas las personas tengan acceso adecuado y suficiente a la alimentación para el año 2030 (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015).

Sin embargo, enfrentamos desafíos como el cambio climático, que presionan nuestros recursos naturales y aumentan los riesgos de desastres naturales. Esto dificulta alcanzar la meta establecida. En Chile, tener acceso a alimentos seguros está estrechamente relacionado con la pobreza y la desigualdad social. Existen diferencias marcadas entre las áreas urbanas y rurales, y una mayor vulnerabilidad en hogares liderados por mujeres (CASEN, 2022; Encuesta Social COVID, 2020). Según el reporte Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo 2020, alrededor del 15,6 % de los habitantes de Chile enfrentan algún grado de inseguridad alimentaria, mientras que un 3,8 % sufre de inseguridad alimentaria severa (FAO et al., 2022).

En respuesta a esto, el Gobierno de Chile ha implementado políticas públicas a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Algunas de estas iniciativas incluyen el Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), el Programa Nacional de Alimentación Complementaria para Personas Mayores (PACAM) y el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria del Subsistema de Seguridad y Oportunidades. El más reciente enfoque integral, que aborda la disponibilidad y el acceso a los alimentos, ha incluido recientemente la Escala del Componente de Acceso a la Inseguridad Alimentaria en el Hogar (Household Food Insecurity Access Scale – HFIAS), desarrollada por Coates et al. (2007), para evaluar la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias.

El equipo a cargo del proyecto incluye a un asistente social, un nutricionista y un técnico de producción para abordar de manera integral los aspectos sociales y económicos que afectan la seguridad alimentaria. En este estudio se pretende analizar el impacto del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en la Región de Ñuble al identificar los factores que provocan la falta de seguridad alimentaria y al examinar el papel desempeñado por el asistente social en su implementación.

 

Metodología

La investigación se llevó a cabo como un estudio de campo descriptivo y longitudinal que busca comprender las dinámicas de implementación y los resultados del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en su entorno natural en la Región de Ñuble. Este enfoque permite analizar detalladamente los diversos factores que afectan la efectividad del programa, tales como el contexto socioeconómico, las características de la población beneficiaria y el papel del trabajador social.

Se empleó un enfoque cuantitativo que facilita la recopilación y análisis de datos numéricos para examinar hipótesis específicas mediante herramientas estadísticas. El estudio incluyó a 287 participantes, seleccionados mediante un muestreo intencionado entre las familias beneficiarias del programa en distintas comunas de la Región de Ñuble. Los criterios de inclusión consideraron: (1) ser beneficiario activo del programa durante el período 2022-2023, (2) haber completado al menos seis meses de participación, y (3) mantener residencia permanente en la región. Se excluyeron los casos que abandonaron el programa antes de completar el ciclo básico de intervención o que cambiaron su domicilio fuera de la región durante el período analizado.

Para recopilar información sobre la inseguridad alimentaria en los hogares, se utilizó la escala HFIAS, según Coates et al. (2007), para evaluar tanto la frecuencia como la gravedad del problema a partir de las percepciones y vivencias de las personas encuestadas. Asimismo, se revisaron informes y datos administrativos disponibles en el portal de transparencia gubernamental, con el fin de obtener una perspectiva integral del entorno del programa.

La Escala del Componente de Acceso a la Inseguridad Alimentaria en el Hogar (HFIAS) es un instrumento estandarizado que evalúa la inseguridad alimentaria a través de nueve preguntas relacionadas con experiencias de ansiedad alimentaria, así como con la calidad y cantidad insuficiente de alimentos. Este instrumento permite clasificar a los hogares en cuatro categorías: seguros, levemente inseguros, moderadamente inseguros y severamente inseguros, según la frecuencia e intensidad de las experiencias reportadas en el último mes.

El análisis de los datos se estructuró en tres niveles complementarios:

1. Análisis descriptivo, que caracterizó la muestra mediante distribuciones de frecuencia y medidas de tendencia central;

2. Análisis bivariado, que examinó relaciones entre pares de variables mediante tablas de contingencia y pruebas de chi-cuadrado;

3. Análisis multivariado, que exploró interacciones complejas entre variables sociodemográficas, territoriales y del programa, con el fin de identificar patrones de vulnerabilidad alimentaria.

Este enfoque metodológico permitió una comprensión integral de los factores que inciden en la seguridad alimentaria de los hogares participantes.

 

Consideraciones éticas

La investigación se desarrolló respetando los principios éticos fundamentales de confidencialidad, consentimiento informado y autonomía. Las personas participantes fueron informadas sobre los objetivos del estudio y el uso de los datos recopilados, obteniendo su consentimiento voluntario. Se garantizó el anonimato en el procesamiento de la información, mediante la utilización de códigos de identificación que impidieron revelar la identidad de las personas beneficiarias. Adicionalmente, el estudio contó con la aprobación institucional del Servicio Regional del Ministerio de Desarrollo Social.

 

Objetivos del estudio e hipótesis

Objetivo general

Determinar el impacto del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en la mejora de las condiciones de seguridad alimentaria de las familias del Subsistema de Seguridad y Oportunidades en la Región de Ñuble, evaluando las dimensiones de disponibilidad, acceso y uso de alimentos, así como el rol del trabajador social en la implementación.

 

Objetivos específicos

1. Describir la contribución del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en términos de aumento en la disponibilidad, el acceso y el uso adecuado de alimentos entre los usuarios del Subsistema de Seguridad y Oportunidades en la Región de Ñuble.

2. Identificar los factores culturales, económicos y políticos que inciden en la seguridad alimentaria de los usuarios del Subsistema de Seguridad y Oportunidades en la región, y cómo estos factores interactúan con la efectividad del programa.

3. Analizar el rol del trabajador social en la implementación del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, abordando su contribución en el proceso de ejecución, en la mediación de los recursos y en el fortalecimiento de la participación comunitaria para promover la seguridad alimentaria.

4. Evaluar el impacto diferencial del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en comparación con familias no beneficiarias, considerando las dimensiones de seguridad alimentaria, la capacidad de producción de alimentos y el desarrollo de prácticas alimentarias saludables.

 

Hipótesis

Este estudio plantea las siguientes hipótesis de investigación:

H1: El Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria mejora significativamente las condiciones de seguridad alimentaria en familias beneficiarias, evidenciado por un acceso más estable a alimentos y una reducción de la inseguridad alimentaria severa, en comparación con familias no participantes.

H2: La intervención del programa incrementa la diversidad de la dieta y la producción doméstica de alimentos, especialmente de hortalizas, verduras y proteínas de origen animal.

H3: El rol del trabajador social como mediador de recursos y facilitador del acompañamiento psicosocial es un factor determinante para el cumplimiento efectivo de los objetivos del programa.

H4: La intervención fortalece las capacidades de autogestión alimentaria de las familias y fomenta la participación comunitaria en prácticas alimentarias sostenibles.

H5: Las familias participantes desarrollan mayor resiliencia alimentaria frente a fluctuaciones socioeconómicas, con efectos diferenciados según su estructura familiar, ubicación geográfica y experiencia previa en producción alimentaria.

Marco teórico

El fundamento teórico de este estudio se basa en tres ejes clave: la teoría de la seguridad alimentaria, el trabajo social ecologista y la evaluación de programas sociales. Estas perspectivas ofrecen una base sólida para comprender y analizar la seguridad alimentaria desde un enfoque integral, que abarca aspectos económicos, sociales y ambientales (Pérez y Razz, 2009).

La teoría de la seguridad alimentaria en el ámbito agrícola tiene un importante autor como es Pérez y Razz (2009). Proporciona un marco conceptual útil para entender cómo una región puede garantizar la producción y distribución de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias de toda su población. Esta teoría se centra en dos aspectos fundamentales: la disponibilidad y el acceso a los alimentos. La disponibilidad se relaciona con la oferta real de productos alimenticios y agrícolas, mientras que el acceso está vinculado a factores socioeconómicos como el ingreso familiar, la inflación y el desempleo (Castillo, 1998).

Castillo (1998) amplía este enfoque al proponer una serie de indicadores para evaluar el suministro de alimentos, entre los que se encuentran la contribución del sector agrícola al Producto Interno Bruto (PIB), la proporción de mano de obra empleada en la agricultura, el crecimiento del sector agroalimentario, el equilibrio nutricional y el uso de las tierras. La integración de estos indicadores permite una comprensión más completa de la situación de seguridad alimentaria en un contexto específico, reconociendo la naturaleza compleja de los sistemas agroalimentarios y su interconexión económica y social.

La importancia de la estabilidad en el suministro de alimentos a lo largo del tiempo también ha sido abordada en la teoría de la seguridad alimentaria, como lo indica Schejtman (1994). Esta estabilidad hace referencia a la capacidad del sistema alimentario para mantener un flujo continuo de alimentos y resistir tanto las variaciones estacionales como factores externos. Esta perspectiva adquiere relevancia en el actual contexto de cambio climático y volatilidad de los mercados globales, lo que subraya la necesidad de que los sistemas alimentarios sean resilientes y adaptables frente a crisis y perturbaciones (Walker et al., 2004).

El concepto de trabajo social verde surge como respuesta a la creciente conciencia sobre la interrelación entre los problemas sociales y ambientales, según Dominelli (2012). Esta autora sostiene que los y las profesionales del trabajo social cumplen un rol clave al abordar problemáticas medioambientales que afectan directamente el bienestar de las comunidades, tanto local como globalmente. Esta perspectiva reconoce que desafíos como el cambio climático o las crisis industriales impactan de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables, exacerbando desigualdades preexistentes.

El Trabajo Social Verde promueve una práctica que integra la justicia social y ambiental, investigando el bienestar de los grupos desfavorecidos y reconociendo la conexión entre las problemáticas ecológicas y sociales. En el contexto de la seguridad alimentaria, esta corriente subraya la necesidad de garantizar la sustentabilidad de los sistemas alimentarios y el acceso equitativo a los recursos naturales, con el objetivo de fortalecer la resiliencia comunitaria ante cambios en el entorno.

McKinnon (2008) profundiza en esta perspectiva al señalar que el trabajo social verde no se limita a incorporar preocupaciones ambientales dentro de la práctica profesional, sino que exige replantear la relación entre las personas y su entorno natural. Esto implica adoptar enfoques integrales que reconozcan la interdependencia entre el bienestar humano y la salud de los ecosistemas. Así, además de abordar la producción y distribución de alimentos, se hace necesario analizar los impactos ecológicos de los sistemas alimentarios y promover el acceso justo a los recursos naturales, lo que garantizaría una gestión sostenible por parte de las comunidades locales.

El tercer eje del marco teórico es la evaluación de programas sociales, que proporciona una estructura para analizar la eficacia e impacto de las políticas públicas en seguridad alimentaria. Aunque la evaluación de programas sociales se apoya en métodos y técnicas propias de la investigación social, ha logrado consolidarse como una disciplina autónoma con objetivos y desafíos propios. Este tipo de evaluación es fundamental para las políticas públicas centradas en las necesidades básicas, ya que permite comprender los resultados, procesos y mecanismos mediante los cuales una intervención logra (o no) sus objetivos en contextos determinados.

Álvarez y Preinfalk (2018) ahondan en la teoría del programa como una representación del proceso mediante el cual un programa aspira a lograr los efectos deseados en la población beneficiaria. Dentro de este marco teórico es posible no solo evaluar los resultados directos derivados de la intervención, sino también comprender los motivos y maneras en que se consiguieron dichos resultados, explorando los elementos internos y externos que potencian o restringen el impacto del programa. Esta teoría abarca diferentes enfoques, como la teoría descriptiva, que se centra en la observación y análisis de los efectos del programa tal como se manifiestan en la práctica, sin interferir en el diseño de la intervención; y la teoría prescriptiva, que se enfoca en cómo deberían ser las intervenciones para lograr los objetivos establecidos, proporcionando directrices basadas en evidencia empírica (Chen, 2015).

En el ámbito de la evaluación de programas, se destaca la importancia de la teoría del cambio como un elemento clave que contribuye a comprender cómo una intervención pretende alcanzar sus objetivos y resultados previstos. Weiss (1995) sostiene que la teoría del cambio proporciona un mapa detallado de las etapas y procesos intermedios que conducen a los resultados deseados y permite realizar una evaluación más exhaustiva de los programas. En el ámbito de la protección alimentaria, esta estrategia resulta especialmente beneficiosa, ya que posibilita la evaluación de las diversas etapas de ejecución y los efectos parciales que cada una produce en la sociedad.

La Evaluación de Programas también incluye una dimensión ética y de responsabilidad, fundamental en el contexto de las políticas públicas y las intervenciones sociales. Weiss (1998) afirma que una evaluación no solo determina el logro o fracaso del programa, sino que también analiza su relevancia, equidad y posibles consecuencias no deseadas. En el caso de programas centrados en la seguridad alimentaria, esta dimensión ética adquiere especial relevancia, dado que el acceso a alimentos constituye una necesidad fundamental, y cualquier acción mal ejecutada podría agravar la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.

Además, la evaluación de programas sociales desempeña un papel importante en la generación de nuevas políticas públicas y en el desarrollo del aprendizaje organizacional. Rossi et al. (2019) explican que los resultados obtenidos mediante el proceso evaluativo ayudan a identificar aspectos mejorables en la planificación y ejecución de los programas, favoreciendo una adaptación constante de las intervenciones y garantizando su pertinencia en entornos en constante evolución. Esta capacidad de aprendizaje organizacional es especialmente crucial en iniciativas de seguridad alimentaria, donde los factores que influyen en el acceso y la disponibilidad de alimentos son diversos y cambiantes.

Scriven (2007) argumenta que el proceso de evaluación también facilita la transferencia de conocimientos y prácticas exitosas a otros programas y contextos, enriqueciendo el diseño de políticas públicas mediante la integración de experiencias previas. En el caso específico del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en Ñuble, los resultados de la evaluación podrían ofrecer lecciones útiles para otros programas de seguridad alimentaria en diferentes regiones; esto permitiría la replicación de estrategias exitosas y evitaría la repetición de errores ya identificados.

En efecto, la combinación de estos tres enfoques teóricos —la teoría de la seguridad alimentaria, el trabajo social ambiental y la evaluación de programas sociales— ofrece un marco conceptual robusto que facilita el análisis del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en Ñuble. Este marco permite una visión integral de los factores que influyen en la seguridad alimentaria, desde la producción y distribución de alimentos hasta los impactos sociales y ambientales de las acciones implementadas. De este modo, se establece un punto de partida para evaluar tanto la eficiencia del programa en el aumento de la disponibilidad de alimentos como su influencia más amplia en el bienestar comunitario y en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios locales.

 

Resultados

Los hallazgos de esta investigación se presentan en tres niveles de análisis que permiten evaluar el impacto del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria y verificar las hipótesis planteadas. El primer nivel describe las características de la población beneficiaria y su situación de seguridad alimentaria. El segundo examina las relaciones entre pares de variables relevantes. Finalmente, el análisis multivariado profundiza en las interacciones complejas entre factores sociales, territoriales y del programa.

 

Impacto general del programa en la seguridad alimentaria (H1)

El análisis de los datos revela un impacto positivo del programa en las condiciones de seguridad alimentaria de las familias beneficiarias. Se registró una reducción significativa en la proporción de hogares con inseguridad alimentaria severa, pasando del 32 % en la etapa inicial al 27 % al finalizar el período de seguimiento. Adicionalmente, el 99,3 % de los participantes reportó un aumento en la disponibilidad de alimentos tras la implementación del programa, confirmando la primera hipótesis sobre el efecto positivo de la intervención.

 

Diversificación de la producción y dieta familiar (H2)

Los resultados muestran un claro incremento en la diversidad alimentaria, con énfasis en la producción doméstica de hortalizas y verduras (271 menciones), huevos (37 menciones) y carnes blancas (23 menciones). Esta diversificación ha contribuido a mejorar la calidad nutricional de las dietas familiares, proporcionando acceso a alimentos frescos y nutritivos que anteriormente eran de difícil acceso para muchos hogares. La producción doméstica ha permitido que las familias reduzcan su dependencia de mercados externos, aumentando su autonomía alimentaria.

 

Rol del trabajador social y efectividad de la intervención (H3)

El acompañamiento profesional interdisciplinario, con especial énfasis en el rol del trabajador social, muestra una correlación positiva con la reducción progresiva de la inseguridad alimentaria. Se observa que en etapas avanzadas de intervención, donde el acompañamiento se ha consolidado, la inseguridad severa disminuye hasta un 13 %, comparado con el 32 % inicial. El trabajador social ha desempeñado funciones clave de articulación entre los componentes técnicos, educativos y psicosociales del programa, facilitando la adaptación de las estrategias a las características específicas de cada grupo familiar.

 

Fortalecimiento de capacidades y participación comunitaria (H4)

Los datos revelan que los participantes con experiencia previa en producción alimentaria presentan tasas significativamente menores de inseguridad severa (26 %) en comparación con aquellos sin experiencia (36 %), evidenciando cómo el programa potencia las capacidades existentes. Se observa, además, que las estrategias de intervención grupal y comunitaria han facilitado el intercambio de conocimientos entre las personas beneficiarias, fortaleciendo las redes de apoyo local.

 

Factores diferenciadores y resiliencia alimentaria (H5)

El análisis multivariado muestra patrones diferenciados según variables sociodemográficas y territoriales. La inseguridad alimentaria severa es más prevalente en zonas rurales (35 %) que en áreas urbanas (25 %), reflejando desigualdades estructurales. La composición familiar también influye significativamente, con hogares monoparentales (36 %) y unipersonales (37 %) presentando mayor vulnerabilidad que las familias nucleares (27 %). La interacción entre estas variables y la etapa de intervención sugiere que el programa desarrolla efectivamente la resiliencia alimentaria.

 

Conclusiones

Las disparidades territoriales y de género identificadas en este estudio se alinean con tendencias observadas globalmente en contextos de inseguridad alimentaria. Esto sugiere la necesidad de desarrollar marcos de intervención que reconozcan explícitamente estas desigualdades estructurales, evitando enfoques homogéneos que pueden perpetuar inequidades existentes.

Se exteriorizan las conclusiones procedentes de la exploración ordenada y fundamentada de la investigación, vinculándolas con los objetivos propuestos y estableciendo un diálogo crítico con los marcos teóricos que orientaron el análisis. Este enfoque busca proporcionar una interpretación más profunda de los resultados obtenidos, evaluando su coherencia con los conceptos y postulados relevantes en el ámbito de la seguridad alimentaria y las intervenciones sociales.

La estructura de este capítulo está organizada según los objetivos específicos planteados en el estudio, lo que permite abordar cada dimensión analizada de manera sistemática. En primer lugar, se examina el impacto del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en la disponibilidad, acceso y uso adecuado de alimentos, incorporando referencias teóricas que explican la importancia de estas mejoras en el bienestar de las personas participantes. En segundo lugar, se analizan los factores sociodemográficos y territoriales que inciden en los niveles de seguridad alimentaria, evaluando cómo estos condicionantes estructurales limitan o potencian los resultados del programa. Por último, se discuten las diferencias observadas según las etapas de intervención, considerando cómo los distintos niveles de acompañamiento influyen en los indicadores de inseguridad alimentaria.

Adicionalmente, se busca integrar los hallazgos empíricos con las teorías previamente revisadas, proponiendo un análisis crítico sobre cómo las perspectivas teóricas en torno a la seguridad alimentaria, la resiliencia comunitaria y la sostenibilidad de los programas sociales encuentran reflejo en los datos recopilados. En este sentido, se presenta una reflexión sobre las implicaciones prácticas de los resultados, destacando las oportunidades de mejora en las estrategias de intervención y su pertinencia en la reducción de las brechas existentes.

Por otra parte, este apartado también considera las limitaciones del presente estudio, evaluando cómo estas condicionan la generalización de los resultados y proponiendo líneas futuras de investigación que permitan ampliar el conocimiento en esta temática. La heterogeneidad de las experiencias de las personas participantes, la complejidad de los factores territoriales y las dinámicas familiares plantean desafíos que deben ser abordados mediante metodologías más específicas y adaptativas en futuros análisis.

En conjunto, este capítulo tiene como objetivo no solo sintetizar los principales hallazgos, sino también contribuir a la discusión académica sobre la seguridad alimentaria en contextos vulnerables, con un énfasis en la relevancia de las intervenciones locales en la promoción de cambios sostenibles y equitativos. Con ello, se espera aportar elementos que refuercen el diseño y la implementación de programas sociales que reconozcan y aborden las desigualdades estructurales en el acceso a los recursos alimentarios.

 

Objetivo 1: Evaluar el impacto del programa en la disponibilidad, acceso y uso adecuado de alimentos

El análisis pormenorizado de la implementación del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria pone de relieve una mejora importante en la disponibilidad de alimentos en los hogares beneficiarios. Esta mejora se traduce en una capacidad ampliada para satisfacer las necesidades alimentarias básicas de las familias participantes, evidenciada por el hecho de que el 99 % de los hogares reportaron un aumento en la cantidad y diversidad de alimentos disponibles tras la puesta en marcha del programa. Estos resultados señalan la eficacia de un enfoque general que articula diversas estrategias de intervención para enfrentar las barreras estructurales relacionadas con la inseguridad alimentaria.

El incremento en la disponibilidad de alimentos estuvo estrechamente vinculado a la promoción de la producción doméstica de alimentos, es decir, una de las estrategias principales del programa. Entre los productos cultivados y producidos, las hortalizas y verduras recibieron 271 menciones, seguidas por huevos con 37 y carnes blancas con 23 menciones. Este abordaje favoreció un aumento en la cantidad de alimentos disponibles y promovió una diversificación en la dieta, resultando un elemento de alta relevancia para garantizar una adecuada calidad nutricional.

Según las recomendaciones de la FAO (2020), la promoción de sistemas alimentarios sostenibles que prioricen tanto la disponibilidad como la estabilidad de los alimentos a lo largo del tiempo es fundamental para fortalecer la autonomía de los hogares. En este sentido, los resultados obtenidos muestran el modo en que el programa logró alinear sus objetivos con estas directrices internacionales.

Desde el concepto teórico de seguridad alimentaria adoptado en este estudio, el cual incluye la interacción entre las dimensiones de disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad (FAO, 2020), la dimensión de disponibilidad fue abordada mediante la promoción del autoabastecimiento alimentario. Esto no solo incrementó la cantidad de alimentos accesibles, también diversificó las fuentes de obtención de alimentos, lo cual resulta esencial para enfrentar las fluctuaciones del mercado.

Este encuadre se encuentra respaldado por los planteamientos de Castillo (1998), quien subraya que la diversificación y el uso eficiente de los recursos locales son estrategias centrales en la construcción de sistemas alimentarios resilientes. Adicionalmente, este componente permitió que los hogares fortalecieran su capacidad para enfrentar desafíos estructurales, como las limitaciones económicas y el acceso desigual a recursos básicos.

En lo que respecta al acceso, el programa implementó estrategias que impactaron positivamente al abordar las limitaciones económicas enfrentadas por los hogares. Incentivar la producción doméstica resultó en una disminución de la dependencia hacia los mercados externos, cuyos precios suelen ser inestables debido a factores macroeconómicos y ambientales. Esta característica es especialmente relevante en contextos de alta vulnerabilidad económica.

Según Schejtman (1994), los sistemas alimentarios sostenibles tienen la necesidad de adaptarse a las condiciones locales y ser capaces de resistir presiones externas como las derivadas de la volatilidad de los mercados y los efectos del cambio climático. En este contexto, la producción doméstica se presenta como una solución efectiva para mitigar estas presiones y, a la vez, refuerza la sostenibilidad económica de los hogares al reducir los costos que se encuentran asociados con la adquisición de alimentos.

En este sentido, la utilización de los alimentos constituye otra dimensión fortalecida por el programa, definida como la capacidad de los hogares para transformar los productos disponibles en alimentos adecuados y nutritivos. Esta mejora se vinculó directamente con las actividades formativas implementadas, entre las que se incluyeron capacitaciones en manejo y preparación de alimentos. Dichas actividades aseguraron que los alimentos fueran consumidos de manera adecuada, a la vez que también promovieron prácticas alimentarias que respetaran las necesidades culturales y nutricionales de los hogares participantes. Según las directrices de la FAO (2020), la educación alimentaria es un componente esencial para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones sociales orientadas a la mejora de la seguridad alimentaria, aspecto que quedó reflejado en los logros alcanzados por el programa.

A pesar de las mejoras objetivas registradas, una elevada proporción de hogares (97,2 %) manifestó preocupaciones relacionadas con la falta de alimentos. Este hallazgo subraya la importancia de considerar las dimensiones subjetivas y psicosociales de la inseguridad alimentaria. Según Pérez-Escamilla et al. (2007), las preocupaciones alimentarias no solo reflejan las condiciones económicas y sociales de los hogares, sino también factores emocionales y culturales que deben ser abordados en las intervenciones futuras. De no atender estas dimensiones subjetivas, las percepciones de inseguridad alimentaria pueden limitar la efectividad de las estrategias implementadas, afectando la confianza de las personas beneficiarias en su capacidad para satisfacer sus necesidades alimentarias.

Por otro lado, los resultados también evidenciaron disparidades entre zonas rurales y urbanas, con tasas de inseguridad alimentaria severa del 35 % en áreas rurales, frente al 25 % en comunas urbanizadas como Chillán y San Ignacio. Estas diferencias ponen de manifiesto la necesidad de diseñar estrategias que se adapten a las particularidades geográficas y sociales de cada contexto, incluyendo factores como la accesibilidad geográfica y las dinámicas económicas locales.

Asimismo, los hogares monoparentales y unipersonales emergieron como los más afectados, con tasas de inseguridad alimentaria severa del 36 % y 37 %, respectivamente, en comparación con el 27 % registrado en familias nucleares. Este panorama refuerza la necesidad de que las intervenciones futuras consideren las dinámicas familiares como un componente crítico en la seguridad alimentaria, diseñando estrategias específicas para los hogares más vulnerables.

En conclusión, el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria ha logrado avances relevantes en las dimensiones de disponibilidad, acceso y utilización de alimentos en los hogares beneficiarios. La combinación de estrategias productivas, formativas y de acompañamiento social ha demostrado ser eficaz para reforzar las capacidades de los hogares en términos de seguridad alimentaria. Además, estas estrategias contribuyen a la sostenibilidad de las mejoras alcanzadas, lo que está en consonancia con los principios del derecho humano a una alimentación adecuada (Naciones Unidas, 1976) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). Estos avances reafirman el compromiso de avanzar hacia sistemas alimentarios más equitativos, resilientes y sostenibles.

 

Objetivo 2: Identificar los factores que inciden en la inseguridad alimentaria en los hogares participantes

La persistencia de preocupaciones subjetivas sobre inseguridad alimentaria, incluso cuando mejoran las condiciones objetivas, revela la importancia de considerar dimensiones psicosociales en las intervenciones. Esto coincide con hallazgos de estudios recientes que señalan cómo la experiencia de inseguridad alimentaria se construye no solo desde carencias materiales, sino también desde percepciones de riesgo y vulnerabilidad arraigadas culturalmente.

El análisis realizado en torno a los factores que influyen en la inseguridad alimentaria en el marco del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria ha permitido una comprensión más detallada de las dinámicas que dificultan o favorecen el acceso adecuado a los alimentos entre los hogares beneficiarios. Este abordaje se fundamenta en un encuadre plural de la seguridad alimentaria, como el planteado por la FAO (2020), que integra dimensiones como disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. En este contexto se ha identificado que elementos como las disparidades territoriales, la composición familiar y la experiencia previa en producción de alimentos desempeñan un papel fundamental en la incidencia de la inseguridad alimentaria resaltando la necesidad de diseñar estrategias específicas que respondan a las características de cada contexto.

Uno de los hallazgos más relevantes del análisis es la persistencia de disparidades territoriales entre las zonas urbanas y rurales. Los resultados demuestran tasas de inseguridad alimentaria severa que son entre 6 y 12 puntos porcentuales más altas en áreas rurales en comparación con las urbanas, lo cual subraya la relevancia de las condiciones territoriales en el acceso a los alimentos.

Este fenómeno parece estar relacionado con factores estructurales como la insuficiencia de infraestructura y el acceso restringido a mercados, que agravan las dificultades para garantizar una dieta adecuada en contextos rurales. Schejtman (1994) sostiene que los sistemas alimentarios deben ser diseñados para adaptarse a las condiciones locales permitiendo mitigar las limitaciones contextuales y promoviendo la resiliencia en comunidades rurales. Estos planteamientos teóricos encuentran reflejo en el presente análisis donde las características estructurales de las áreas rurales exacerban la vulnerabilidad alimentaria y dificultan la implementación efectiva de políticas que respondan a estas desigualdades.

Además, desde la perspectiva del Trabajo Social Verde, Dominelli (2012) hace énfasis en el modo en que los factores ambientales y territoriales deben integrarse como componentes centrales en las estrategias de intervención, especialmente en comunidades afectadas por dinámicas locales como la variabilidad climática y la escasez de recursos naturales.

Este modo de abordar el problema se confirma en el contexto estudiado, donde las condiciones estructurales inherentes a las zonas rurales no solo amplifican los riesgos de inseguridad alimentaria, sino que también subrayan la necesidad de articular estrategias que combinen sostenibilidad ambiental con equidad territorial. La inclusión de estos elementos en las políticas públicas permite abordar las desigualdades territoriales de manera integral, promoviendo la capacidad de los hogares rurales para superar barreras estructurales.

Por otro lado, la estructura familiar aparece como un factor determinante en la incidencia de la inseguridad alimentaria. Los hogares monoparentales y unipersonales presentan las tasas más altas de inseguridad alimentaria severa, con un 36% y un 37%, respectivamente. En contraste, los hogares nucleares registran tasas significativamente menores, situándose en un 27%. Este hallazgo confirma que la composición familiar influye directamente en la capacidad de los hogares para garantizar una alimentación adecuada, especialmente en contextos de vulnerabilidad económica y social.

Según Mundo-Rosas et al. (2013), los hogares encabezados por mujeres enfrentan desafíos adicionales relacionados con la brecha salarial, el acceso limitado a recursos productivos y la carga desproporcionada de responsabilidades de cuidado no remuneradas. Estas desigualdades estructurales observadas en los beneficiarios del programa, limitan la capacidad de los hogares para mantener una dieta estable y nutritiva, subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en las estrategias de seguridad alimentaria.

La dimensión de género, por lo tanto, constituye un eje de vital importancia para entender los patrones de inseguridad alimentaria identificados. Echeverría et al. (2016) destacan que, aunque las mujeres desempeñan un papel clave en la gestión alimentaria de los hogares, enfrentan barreras adicionales derivadas de desigualdades estructurales.

En el contexto del programa, la alta proporción de hogares con jefatura femenina (90%) pone de relieve la importancia de integrar estrategias que respondan a las necesidades específicas de este grupo, abordando las inequidades de género como parte integral de las políticas alimentarias. Al hacerlo se refuerza la importancia de diseñar intervenciones que consideren tanto las dinámicas familiares como las desigualdades estructurales que limitan el acceso a los alimentos.

Por otro lado, la experiencia previa en producción alimentaria se presenta como un factor protector que reduce la incidencia de la inseguridad alimentaria severa. Los hogares con conocimientos en esta área registraron menores tasas de inseguridad alimentaria en comparación con aquellos sin experiencia previa. Este hallazgo coincide con las propuestas de Walker et al. (2004) quienes destacan que el conocimiento agroecológico y las capacidades locales son elementos fundamentales para la construcción de sistemas alimentarios sostenibles.

En este sentido, los participantes con experiencia previa en producción alimentaria demostraron no solo una mayor eficiencia en la producción de alimentos, sino también una mayor capacidad de adaptación frente a perturbaciones económicas y climáticas. Además, estos hogares actúan como agentes de cambio dentro de sus comunidades, promoviendo la transferencia de habilidades y el fortalecimiento de redes locales de soporte, lo cual refuerza la resiliencia comunitaria.

Alineándose con las recomendaciones de la FAO (2020), la promoción de la autonomía alimentaria y el fortalecimiento de capacidades productivas locales son estrategias esenciales para abordar la inseguridad alimentaria. Los datos sugieren que los hogares con experiencia en producción alimentaria tienen el potencial de actuar como catalizadores de cambio, fomentando prácticas sostenibles y reduciendo la dependencia de intervenciones externas. En este sentido, la inclusión de componentes formativos en los programas de seguridad alimentaria puede ser una herramienta efectiva para promover la independencia alimentaria y fortalecer las capacidades locales.

A pesar de los avances logrados, persisten preocupaciones subjetivas relacionadas con la inseguridad alimentaria. El 97% de los beneficiarios manifestó preocupación constante por la falta de alimentos, con un 40% reportando altos niveles de preocupación recurrente. Este fenómeno analizado por Pérez-Escamilla et al. (2007) trasluce que las percepciones de inseguridad alimentaria no siempre están alineadas con las mejoras objetivas en la disponibilidad y el acceso a los alimentos. Las preocupaciones subjetivas reflejan factores emocionales y psicológicos que deben ser abordados como parte integral de las intervenciones, ya que estas percepciones pueden limitar el impacto positivo de los programas en la calidad de vida de los beneficiarios.

En síntesis, los factores estructurales, familiares y territoriales tienen un impacto relevante en la incidencia de la inseguridad alimentaria. Los resultados refuerzan la importancia de diseñar estrategias diferenciadas que se adapten a las realidades locales, integrando enfoques técnicos y sociales que promuevan la equidad territorial y la sostenibilidad. Además, este análisis da cuenta de la necesidad de fortalecer las capacidades locales y de considerar las dimensiones psicosociales como componentes centrales de las políticas de seguridad alimentaria, con el objetivo de garantizar que las intervenciones sean efectivas, sostenibles y adaptadas a las necesidades específicas de las comunidades beneficiarias.

 

Objetivo 3: Evaluar el rol del acompañamiento profesional en la mejora de la seguridad alimentaria de los participantes

A su vez, el análisis de los resultados obtenidos pone de manifiesto que el acompañamiento profesional proporcionado a través del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria ha sido determinante en la reducción de la inseguridad alimentaria severa en los hogares beneficiarios. Según los datos recolectados, se registró una disminución de las tasas de inseguridad alimentaria severa, desde un 32 % en la etapa inicial del programa hasta un 27 % al finalizar el seguimiento.

Este descenso no solo refleja la efectividad del programa, sino que también evidencia cómo un enfoque metodológico planificado y adaptativo puede transformar las condiciones alimentarias en contextos vulnerables. En este marco, el acompañamiento profesional se configura como un pilar esencial para generar cambios estructurales que van más allá de las mejoras inmediatas en el acceso a los alimentos.

El desarrollo del programa contó con la participación de un equipo interdisciplinario integrado por trabajadores sociales, técnicos productivos y nutricionistas, quienes intervinieron en áreas clave para abordar tanto las dimensiones materiales como las psicosociales de la inseguridad alimentaria. Este equipo implementó estrategias orientadas a la promoción de habilidades productivas y a la adopción de prácticas alimentarias saludables por parte de las personas beneficiarias.

En particular, las capacitaciones técnicas ofrecidas permitieron incrementar la producción de alimentos en los hogares, con un énfasis en la producción doméstica de hortalizas y verduras (271 menciones), así como huevos (37 menciones) y carnes blancas (23 menciones). Este incremento en la producción no solo amplió la disponibilidad de alimentos, sino que también mejoró la calidad nutricional de las dietas familiares, en consonancia con las recomendaciones de la FAO (2020), que destacan la necesidad de garantizar alimentos nutritivos y culturalmente apropiados.

El impacto del acompañamiento profesional no se limitó a la producción de alimentos, sino que también se reflejó en la capacidad de los hogares para adoptar prácticas alimentarias más sostenibles y diversas. Este aspecto fue particularmente relevante en las áreas rurales, donde las tasas de inseguridad alimentaria severa fueron más elevadas, alcanzando el 35 % en comunas como Coihueco, en contraste con el 25 % registrado en zonas urbanas como Chillán y San Ignacio.

Estas disparidades territoriales subrayan la necesidad de adaptar las intervenciones a las particularidades de cada región, considerando las condiciones económicas, sociales y territoriales específicas. Schejtman (1994) sugiere que las políticas alimentarias deben ser diseñadas para responder a las características contextuales, integrando perspectivas que mitiguen las desigualdades estructurales y promuevan sistemas alimentarios resilientes en contextos rurales.

Además, el programa identificó que ciertos grupos poblacionales, como los hogares monoparentales y unipersonales, enfrentan mayores barreras para garantizar su seguridad alimentaria. Estos hogares presentaron tasas de inseguridad alimentaria severa del 36 % y 37 %, respectivamente, frente al 27 % registrado en familias nucleares.

Esta diferencia resalta la importancia de diseñar estrategias específicas que aborden las limitaciones particulares de estos grupos, quienes enfrentan retos adicionales como la brecha salarial, el acceso limitado a recursos productivos y la carga desproporcionada de tareas de cuidado no remuneradas. Dominelli (2012) sostiene que las políticas sociales deben integrar una perspectiva de género para abordar estas desigualdades estructurales, permitiendo que las mujeres —quienes representan una alta proporción de jefaturas de hogar en el programa— puedan acceder a recursos que fortalezcan su capacidad para garantizar una alimentación adecuada.

En el ámbito psicosocial, el acompañamiento profesional ha demostrado ser una herramienta clave para enfrentar las percepciones de inseguridad alimentaria y la preocupación constante por la falta de alimentos. Estas preocupaciones fueron expresadas por el 97 % de las personas beneficiarias, de las cuales el 40 % reportó experimentar esta inquietud con frecuencia.

Mediante visitas domiciliarias y actividades grupales, los trabajadores sociales facilitaron procesos reflexivos que ayudaron a fortalecer la confianza de las familias en su capacidad para superar las barreras alimentarias. Este modo de abordaje se encuentra alineado con los planteamientos de Pérez-Escamilla et al. (2007), quienes destacan la relevancia de abordar las dimensiones emocionales y psicológicas de la inseguridad alimentaria como una parte de radical importancia a la hora de realizar intervenciones sociales.

Es posible afirmar que otro aspecto destacado en el análisis es el rol protector de la experiencia previa en producción alimentaria. Los hogares con conocimientos en esta área presentaron menores tasas de inseguridad alimentaria severa (26 %) en comparación con aquellos sin experiencia (36 %).

Este resultado en particular refuerza la importancia de diseñar estrategias que promuevan la transferencia de conocimientos entre las personas beneficiarias, fortaleciendo la resiliencia comunitaria y la capacidad colectiva para mantener sistemas alimentarios sostenibles. En este sentido, Chen (2015) subraya que las intervenciones efectivas deben adaptarse tanto a los recursos disponibles como a las necesidades locales, promoviendo la colaboración comunitaria como un medio para alcanzar una mayor autonomía alimentaria.

Por otra parte, el impacto del programa también varió según la etapa de intervención. Durante la fase de acompañamiento intensivo, las acciones se concentraron en la capacitación técnica y el suministro de insumos, generando mejoras inmediatas en la producción y disponibilidad de alimentos. Posteriormente, en la etapa de seguimiento sostenido, las intervenciones se orientaron hacia la consolidación de prácticas alimentarias sostenibles y adaptativas, promoviendo así la estabilidad de los resultados a largo plazo. Este marco gradual y escalonado refuerza los planteamientos de Weiss (1995), quien argumenta que las etapas intermedias son fundamentales para lograr cambios sociales duraderos y sostenibles.

En síntesis, el acompañamiento profesional implementado en el marco del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria no solo ha contribuido a mejorar las condiciones inmediatas de acceso a los alimentos, sino que también ha generado cambios estructurales y psicosociales en los hogares beneficiarios. Este abordaje de tipo interdisciplinario y adaptativo ha permitido abordar las múltiples dimensiones de la inseguridad alimentaria, integrando estrategias técnicas, sociales y educativas.

Además, los resultados obtenidos enfatizan la importancia de continuar adaptando las intervenciones a las características específicas de los diferentes grupos poblacionales y territorios, promoviendo así una seguridad alimentaria sostenible, inclusiva y equitativa.

Finalmente, estas acciones están alineadas con el cumplimiento del derecho humano a una alimentación adecuada, establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 1976), y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), consolidando el compromiso de Chile con la mejora progresiva de las condiciones alimentarias de su población.

El análisis de los objetivos desarrollados a lo largo de esta investigación permite reflexionar sobre la relevancia y la complejidad de abordar la seguridad alimentaria desde una perspectiva integral que articule las dimensiones teóricas y los hallazgos empíricos. En este sentido, el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en la región de Ñuble ha demostrado que las intervenciones que consideran las dimensiones de disponibilidad, acceso, utilización y sostenibilidad de los alimentos pueden producir cambios sustanciales en las condiciones de vida de los hogares beneficiarios.

Estas transformaciones, además de evidenciarse en indicadores como la disminución de la inseguridad alimentaria severa, se manifiestan en el fortalecimiento de capacidades locales, la promoción de la autonomía alimentaria y la disminución de brechas estructurales vinculadas a factores como la ruralidad y las desigualdades de género.

Desde una perspectiva conceptual, la seguridad alimentaria se define como una interacción entre los componentes de disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad (FAO, 2020). Este enfoque multidimensional ha sido central para el diseño y análisis del programa, permitiendo interpretar las dinámicas observadas en el contexto específico de Ñuble.

En términos de disponibilidad, los resultados del programa confirman que la promoción de la producción doméstica de alimentos es una estrategia efectiva para aumentar la cantidad y diversidad de alimentos accesibles en los hogares. Este planteamiento no solo responde a necesidades inmediatas, sino que también contribuye a la construcción de sistemas alimentarios más resilientes y autónomos, lo que está alineado con las recomendaciones de Castillo (1998), quien destaca la importancia de diversificar las fuentes alimentarias y aprovechar los recursos locales para garantizar la sostenibilidad.

Asimismo, los avances en el acceso a los alimentos reflejan la eficacia del programa al abordar las limitaciones económicas que enfrentan los hogares beneficiarios. Este componente es particularmente relevante en contextos rurales, donde las condiciones estructurales, como la infraestructura insuficiente y las restricciones en el acceso a mercados, exacerban la vulnerabilidad alimentaria.

Los resultados obtenidos destacan que las estrategias adaptadas a las especificidades territoriales pueden contribuir de manera efectiva a la reducción de estas barreras. Tal como señala Schejtman (1994), los sistemas alimentarios deben ser diseñados para responder a las características locales, incorporando soluciones que mitiguen las desigualdades estructurales asociadas a las dinámicas económicas y geográficas.

La dimensión de utilización, por su parte, ha sido fortalecida a través de las capacitaciones implementadas en el marco del programa. Estas actividades permitieron a las personas participantes mejorar su capacidad para transformar los alimentos disponibles en recursos nutritivos y aseguraron que las prácticas alimentarias adoptadas fueran culturalmente pertinentes.

Este enfoque es consistente con las recomendaciones de la FAO (2020), que subraya la importancia de la educación alimentaria como un componente clave para garantizar la sostenibilidad de los programas de seguridad alimentaria. A través de estas estrategias, el programa ha logrado integrar aspectos materiales y simbólicos de la alimentación, promoviendo una relación más consciente y adaptativa.

Otro aspecto central en el impacto del programa ha sido el rol del acompañamiento profesional, el cual ha actuado como un eje articulador de las diferentes dimensiones abordadas. El trabajo interdisciplinario, compuesto por trabajadores sociales, técnicos productivos y nutricionistas, permitió abordar de manera integral las necesidades de los hogares beneficiarios, combinando estrategias técnicas y educativas con intervenciones dirigidas a las dimensiones psicosociales de la inseguridad alimentaria.

Este enfoque refleja los planteamientos de Weiss (1995), quien destaca la importancia de considerar las etapas progresivas en los procesos de cambio social. En este caso, el acompañamiento intensivo inicial, enfocado en la producción y el acceso a insumos, se complementó con una fase de seguimiento orientada hacia la consolidación de prácticas sostenibles.

Por otra parte, los resultados obtenidos resaltan la importancia de considerar las dinámicas estructurales y familiares en el diseño de programas de seguridad alimentaria. La alta incidencia de inseguridad alimentaria en los hogares rurales y en aquellos encabezados por mujeres pone de relieve las desigualdades asociadas a la ruralidad y al género.

Este hallazgo coincide con los análisis de Dominelli (2012), quien argumenta que los factores territoriales y de género deben ser integrados en las intervenciones sociales para abordar de manera efectiva las desigualdades estructurales. En este contexto, el programa ha demostrado que la incorporación de una perspectiva de equidad social y territorial es esencial para garantizar que las intervenciones lleguen a los grupos más vulnerables.

Un elemento adicional destacado en el análisis es el papel protector de la experiencia previa en producción alimentaria. Los hogares con conocimientos en esta área presentaron mejores resultados en términos de seguridad alimentaria, lo que evidencia la importancia de fortalecer las capacidades locales como estrategia para promover la autonomía alimentaria. Este hallazgo está alineado con las teorías de resiliencia comunitaria (Walker et al., 2004), que destacan la relevancia de las habilidades locales y el conocimiento agroecológico en la construcción de sistemas alimentarios sostenibles.

Asimismo, la transferencia de conocimientos entre las personas beneficiarias con experiencia previa y aquellas sin estas capacidades ha demostrado ser una herramienta efectiva para fomentar la colaboración y el aprendizaje comunitario, fortaleciendo las redes locales de soporte.

Sin embargo, los resultados también indican que persisten desafíos importantes que deben ser abordados en futuras intervenciones. La elevada preocupación subjetiva por la falta de alimentos, expresada por el 97 % de las personas beneficiarias, refleja que las percepciones de inseguridad alimentaria no siempre se correlacionan con las mejoras objetivas en la disponibilidad y acceso a alimentos.

Este fenómeno, analizado por Pérez-Escamilla et al. (2007), sugiere que las dimensiones emocionales y psicológicas de la inseguridad alimentaria deben ser consideradas de manera integral en los programas sociales, ya que estas percepciones pueden limitar el impacto positivo de las intervenciones en la vida cotidiana de las familias beneficiarias.

En síntesis, la experiencia del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en la región de Ñuble resalta la importancia de adoptar un enfoque multidimensional para abordar la seguridad alimentaria en contextos vulnerables. Este enfoque, que integra intervenciones técnicas, sociales y educativas, ha demostrado ser efectivo para generar transformaciones sustanciales en las condiciones de vida de los hogares beneficiarios, reduciendo las tasas de inseguridad alimentaria y promoviendo la equidad social y territorial.

Finalmente, este análisis invita a considerar la seguridad alimentaria como un desafío dinámico y contextualizado que requiere respuestas específicas y adaptativas. Las políticas públicas orientadas a garantizar este derecho fundamental deben reconocer las desigualdades estructurales identificadas en este estudio, particularmente las brechas de género y territoriales, diseñando intervenciones diferenciadas que respondan a las necesidades específicas de cada grupo. Esto es especialmente relevante en el marco de los compromisos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) y el derecho humano a una alimentación adecuada (Naciones Unidas, 1976), que exigen avanzar hacia sistemas alimentarios más equitativos, inclusivos y sostenibles.

 

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1. 1 Trabajadora Social, Diplomada en Emprendimiento y liderazgo, Universidad del Bio Bio. Magíster en Trabajo Social y Políticas Públicas, Universidad de Concepción.

   Afiliación: Departamento de Trabajo Social. Universidad de Concepción

   Correo electrónico: leslymartinezmedina@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0009-0007-3430-2284

2. 2 Trabajador Social, Magister en Trabajo Social y Políticas Públicas, Universidad de Concepción. Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Valencia.

   Afiliación: Departamento de Trabajo Social. Universidad de Concepción

   Correo electrónico: gucastillo@udec.cl. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0512-6123