Editorial: Reflexiones en cuanto a las transformaciones en la Educación y el Sistema educativo desde la dictadura
DOI: https://doi.org/10.54255/lim.vol13.num25.886
Licencia CC BY 4.0.
En un país como Chile, lugar largo y angosto que se caracteriza por la cercanía a la cordillera, al mar y al campo, parece necesario reflexionar en cómo esta alargada tierra a veces muy distante entre ciudades, sigue siendo poco unificada en temáticas de educación. Sin dejar de reconocer que se ha avanzado en ciertos aspectos que han permitido, al menos, mejoras en el acceso, aún varios sentimos que los cambios no son suficientes. Sigue existiendo la convicción, entre los más reflexivos, de que el proceso formativo de los educandos carece de equidad y sigue prevaleciendo la segregación. Pese a los esfuerzos sustanciales que se han implementado desde hace un tiempo, como la política nacional de convivencia escolar, la ley TEA y la importancia que se le brinda a la inclusión en el contexto escolar, los cambios no son suficientes (Moreno y Gamboa, 2014). Sin embargo, esta reflexión no puede estar ajena a los cambios sociales que el país ha debido enfrentar, ya que muchas de las acciones que se han llevado a cabo surgen, precisamente, como respuesta a la demanda social de los propios ciudadanos.
Frente a lo anterior, parece fundamental hacer un recorrido a partir de la voz de los educandos, sus familias y cuidadores cercanos, quienes durante largo tiempo han demandado calidad e igualdad en la educación que reciben.
Quizás un interesante punto de partida para esta revisión, a 50 años de la dictadura militar en nuestro país, es visualizar cómo la educación sufrió de transformaciones profundas que, posiblemente, aún repercuten en el sistema educativo actual, en términos de políticas, administración de recursos e, incluso, del propio proceso académico por el cual se transmitía la enseñanza. Por ejemplo, en cuanto a las políticas implementadas durante estos regímenes, se puede apreciar cómo se intentó ejercer un control ideológico y conductual, no solo sobre los educandos, sino que también sobre aquel que transmite saberes y acompaña dicho proceso en lo que refiere a lo formativo integral. En ambos contextos, el control militar sobre la educación fue una herramienta clave para imponer y perpetuar la ideología del régimen, por medio de la centralización de las decisiones y limitando la autonomía de las instituciones y los docentes. Desde aquí parece relevante preguntarse, así como la educación aspira a ser un movilizador social, cómo en algunas épocas difíciles también puede ser utilizada como herramienta de control social. Adicionado a esto, el control estricto de los contenidos y comportamientos, junto con la exclusión injustificada de docentes y estudiantes, reflejan claramente la política del miedo y el control (Legarralde et al., 2020).
La descentralización realizada durante la dictadura fue en realidad una desconcentración de responsabilidades del Estado hacia los gobiernos locales, sin una transferencia real de poder o una mayor participación ciudadana. Basada en los principios del neoliberalismo, esta política eliminó la fuerte participación del Estado en la educación, sustituyendo el “Estado docente” por un modelo que racionalizaba recursos y focalizaba el gasto en los sectores más vulnerables (Legarralde et al., 2020).
Lo anterior no quiere decir que la descentralización otorgaba mayor autonomía a los espacios locales donde se encontraban las escuelas, lo que podría haber significado mayor autonomía y participación ciudadana de dichos espacios, sino que más bien fue un traslado de obligaciones a los espacios locales donde no se acompañó ni menos se facilitaron recursos, orientaciones o capacidades de expertos para poder ejercer esta tarea de manera efectiva.
Esta política se enmarca dentro de los principios del neoliberalismo, el que apunta a promover la reducción del papel del Estado en la economía y en la provisión de servicios públicos. En el caso específico de la educación, la política implicó un retiro del Estado de su rol tradicional como “Estado docente”, es decir, como el principal proveedor y regulador del sistema educativo. Por tanto, en lugar de asegurar una educación pública de calidad, el enfoque se centró en la racionalización de recursos, lo que significó un uso más eficiente y económico del presupuesto.
Sin embargo, esta focalización no necesariamente se tradujo en una mejora generalizada de la calidad educativa, sino que lo que provocó fue una división del sistema, con diferencias significativas entre distintas localidades y grupos sociales.
El currículum escolar fue modificado para promover valores tradicionalistas, eliminando la participación de los docentes en la definición de objetivos y contenidos. Esta exclusión cuestiona la profesionalización de la enseñanza y subraya la importancia de la participación activa de los docentes en el proceso educativo (Slachevsky, 2015). Se llevó a cabo una sustitución de orientaciones y contenidos en la enseñanza, reemplazando materias consideradas conflictivas por otras vinculadas a valores nacionales. Este cambio en términos formativos y curriculares, refleja claramente el objetivo de formar ciudadanos obedientes en lugar de críticos, participativos y reflexivos de su entorno social y contextual.
El financiamiento de la educación media y superior también cambió, trasladando los costos a las familias y a los propios estudiantes. Este modelo de financiamiento, basado en las directrices del libre mercado, culminó con la Ley General de Universidades de 1981, origen de las universidades privadas en Chile (Slachevsky, 2015).
El aspecto más importante de la descentralización, y que trajo consigo muchas repercusiones durante muchos años, tiene que ver con la municipalización de la educación. En términos simples, esto significó que desde el Estado se incentivó a privados a involucrarse en la gestión educacional. Esto se tradujo en la combinación de subsidios estatales con financiamiento privado aumentando la subvención de particulares. La única intención detrás de esta gestión tenía que ver con la disminución del gasto fiscal (Slachevsky, 2015).
Por otro lado, el control en la medición de los contenidos abordados en las aulas, también se reflejó en la implementación del Servicio de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) para la educación básica. Nuevamente reflejando con esta acción un enfoque neoliberal que busca medir y controlar los resultados educativos, donde la mayor dificultad no solo tiene que ver con el control de la época, sino que con la ausencia de la mirada inclusiva que debe existir en las aulas y en las comunidades educativas, problema que permanece hasta el día de hoy, ya que no se consideran las complejidades contextuales y las necesidades específicas de las entidades educativas.
El análisis de las políticas educativas y de las acciones más relevantes que se efectuaron durante la época de dictadura revela claramente los esfuerzos sistemáticos que se realizaron con la intención de controlar y reprimir tanto a los actores educativos como a los contenidos que se deben incorporar como mínimos trabajables en las aulas de clases para cada materia (Moreno y Gamboa, 2014).
La descentralización, aunque presentada como una medida para mejorar la eficiencia de los recursos, resultó ser más bien una reorganización y distribución desigual, además de provocar la privatización del sistema educativo y, con eso, la desigualdad en la formación del estudiantado. Al reflexionar sobre estas prácticas, es crucial considerar cómo sus efectos perduran y qué cambios son necesarios para promover una educación más equitativa, democrática y crítica. En este sentido, parece fundamental cuestionarse acerca de los avances que hemos tenido hasta hoy, como por ejemplo con la incorporación de la ley de inclusión, que invita a mejorar la calidad, equidad y la discriminación, el cuestionamiento es: ¿serán suficientes estos avances? Aparentemente no, ya que hoy la segregación se vive dentro de las aulas (Treviño, 2011).
La memoria histórica y la reflexión sobre el pasado, en cuanto a los hechos que han configurado nuestro sistema educativo, juegan un papel central en este proceso, permitiendo a las comunidades educativas sanar y reconstruir desde una base de respeto, inclusión y participación activa, donde prime la valoración de la diferencia y no la homogeneidad hasta del pensamiento.
La transformación de la educación no es un proceso simple ni rápido, pero es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa, más reflexiva y crítica, donde los espacios de participación social sean espacios de dialogo y encuentro (Moreno y Gamboa, 2014). La participación de todos los actores educativos, el reconocimiento de las heridas históricas y el compromiso con la innovación pedagógica y la equidad, así también la calidad en los espacios formativos formales y no formales, son pasos fundamentales en este camino. Al abrir espacios críticos para la reflexión y el diálogo, se puede avanzar hacia un futuro educativo que verdaderamente refleje los valores democráticos y participativos que aspiramos a vivir y enseñar.
Referencias bibliográficas
Legarralde, M., Salvatori, S., Díaz, D., Saraví, M. E. y Raggio, S. (2020). La educación durante la última dictadura militar: Primera parte. Memoria en las Aulas. (DOSIER Nº5)
Moreno-Doña, A. y Gamboa Jiménez, R. (2014). Dictadura chilena y sistema escolar: “a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación”. Educar em Revista, (51), 51-66. https://doi.org/10.1590/s0104-40602014000100005
Slachevsky Aguilera, N. (2015). Una revolución neoliberal: La política educacional en Chile desde la dictadura militar. Educação e Pesquisa, 41(spe), 1473-1486. https://doi.org/10.1590/s1517-9702201508141660
Treviño Villarreal, E., Salazar Muñiz, F. y Donoso Rivas, F. (2011). ¿Segregar o incluir?: Esa no debería ser una pregunta en educación. Docencia, XVI(45), 34-47.
Mg. Ps. Macarena Prieto Fernández
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-0982-6705
Universidad Central de Chile.