Efectos performativos de las Políticas Sociales de Género en el campo comunitario1

Performative effects of Social Gender Policies in the community field

Recepción: 8 de noviembre de 2022 / Aceptación: 5 de diciembre de 2022

 

María Isabel Reyes-Espejo2

Ketty Cazorla-Becerra3

Antonia González-Seguel4

Tacianna Bandim-Pedroza5

Javiera Cárcamo-Morales6

 

DOI: https://doi.org/10.54255/lim.vol11.num22.688

 

Resumen

La influencia del Estado y su reproducción en las políticas sociales de género ha sido uno de los temas relevantes de investigación en las últimas décadas. Esto revela la importancia de profundizar en políticas sociales dirigidas a las mujeres que promuevan la incorporación del enfoque comunitario como una estrategia que promueve la transformación social. Este artículo presenta resultados de una investigación exploratoria-descriptiva que recurre a la teoría de la performatividad para abordar los efectos que han tenido las políticas sociales de género sobre la construcción de subjetividades. A partir de la revisión del Banco Integrado de Programas Sociales en Chile (BIPS) durante el año 2020 se seleccionaron 17 programas vigentes en el país, realizando un análisis documental. Los resultados muestran que las mujeres aparecen como figuras “carenciadas y vulnerables” que requieren: 1) Apoyo en labores de cuidado; 2) Protección y reparación; 3) Capacitación para el mercado laboral y 4) Aumentar su competitividad y liderazgo. Como consecuencia, son performadas en sus roles tradicionales de género, reforzando las exigencias de las distintas dimensiones de su quehacer diario (madres, trabajadoras, cuidadoras, esposas, líderes, etc.). Se observan escasas propuestas de desarrollo comunitario, traducidas en promesas “incumplidas” donde la dimensión comunitaria se reduce a la situación territorial e implementación del trabajo en red y/o en base a talleres. Se concluye que, en la racionalidad técnica y diseño de estas políticas, el componente comunitario se incorpora como un aspecto secundario y vinculado con la construcción de subjetividades basadas en una racionalidad neoliberal (individualismo, competencia, autogobierno y maternalismo).

Palabras clave: políticas sociales, género, performatividad, enfoque comunitario

 

Abstract

The influence of the state and its reproduction in gender social policies has been one of the relevant research topics in recent decades. This reveals the importance of deepening social policies aimed at women that promote the incorporation of the community approach as a strategy that promotes social transformation. This article presents the results of an exploratory-descriptive research that draws on the theory of performativity to address the effects that gender social policies have had on the construction of subjectivities. Based on a review of the Integrated Bank of Social Programmes in Chile (BIPS) during the year 2020, 17 programmes in force in the country were selected, carrying out a documentary analysis. The results show that women appear as “deprived and vulnerable” figures who require: 1) Support in care work; 2) Protection and repair; 3) Training for the labour market and 4) Increasing their competitiveness and leadership. Therefore, they are performed in their traditional gender roles, reinforcing the demands of the different dimensions of their daily work (mothers, workers, caregivers, wives, leaders, etc.). There are few community development proposals, translated into “unfulfilled” promises where the community dimension is reduced to the territorial situation and the implementation of networking and/or workshop-based work. It is concluded that, in the technical rationality and design of these policies, the community component is incorporated as a secondary aspect and linked to the construction of subjectivities based on a neoliberal rationality (individualism, competition, self-government and maternalism).

Keywords: social policies, gender, performativity, community approach

Introducción

Para la teoría feminista, todas las políticas son generizadas en la medida en que sus objetivos, contenidos y métodos de trabajo están imbuidos de concepciones sobre el valor ‘relativo’ de lo masculino y lo femenino, así como de creencias sobre los comportamientos deseables para hombres y mujeres (Guzmán y Montaño, 2012). En este sentido, actualmente es difícil identificar un sector público que sea indiferente a la cuestión de género, pues la mayoría de las políticas sociales pueden ser analizadas a través del prisma de género. Por ello, la influencia del Estado en la producción y reproducción de las políticas sociales en las desigualdades de género ha sido uno de los temas relevantes de investigación en las últimas décadas, mostrando resultados que cuestionan los ámbitos de su construcción y aplicación, dada su escasa contribución a la transformación del orden normativo de los géneros (Carnegie et al., 2019; Espinosa-Fajardo y Bustelo, 2018; Kai y Staudt, 2018; Krizsan y Roggenband, 2018; Ochman, 2016). Así, junto a la crítica de la expansión y profundización del modelo neoliberal conservador, también se han denunciado los efectos contradictorios de su implementación basados en los ideales de democracia, emancipación y solidaridad (Arcidiácono y Bermúdez, 2018; Orloff, 1996; Sainsbury, 1996).

Al respecto, se plantea que el Estado reproduce las desigualdades de género que estructuran la sociedad a través de los mensajes y representaciones que devuelve a la sociedad, contribuyendo de este modo a legitimarlas y naturalizarlas (Carnegie et al., 2019; Espinosa-Fajardo y Bustelo, 2018; Fernández, 2015; Kai y Staudt, 2018; Krizsan y Roggenband, 2018). En este sentido, las políticas sociales son reconocidas como mecanismos de reproducción e imposición de roles sociales que han tendido a perpetuar y subjetivar a las mujeres como responsables exclusivas de la maternidad y el cuidado (Álvarez et al., 2021; Ramm, 2020;). Desde este marco, múltiples investigaciones en Latinoamérica confirman que las organizaciones sociales del cuidado presentan una distribución desigual entre los géneros, a partir de la cual las responsabilidades de atención recaen en las mujeres, constituyéndose además en mecanismos de reproducción de las desigualdades sociales (Batthyány et al., 2016; 2019; Rodríguez y Pautassi, 2014)

En esta perspectiva de análisis, esta investigación se inscribe en los actuales escenarios de transformación social y estatal que contextualizan la implementación de las políticas sociales neoliberales en Chile. En este sentido, se busca profundizar en los efectos performativos de las políticas sociales de género y, específicamente, identificar cómo las mujeres han sido representadas y moldeadas a través de la práctica discursiva presente en los instrumentos normativos de los programas. Específicamente, se aborda la interfaz que conecta las dimensiones de género y comunidad, en un campo de estudio de gran relevancia social y política en el país, pero que ha sido escasamente investigado. A continuación, se presenta el marco contextual y teórico-empírico desde el que se sustenta la investigación.

Las políticas sociales de género en el Chile neoliberal

En Chile, las políticas sociales de equidad de género surgieron en la década de los 90’ como una estrategia para abordar los problemas de desigualdad, constituyéndose, además, en alternativas que buscaban dar respuesta a las demandas de los movimientos feministas en temas de democratización, descentralización, igualdad de derechos, salud sexual y reproductiva, violencia y representación política, entre otros (Benavente y Valdés, 2014; Schild, 2016). Sin embargo, la implementación progresiva de una ‘estrategia mainstreaming de género’ en la política social dejó en evidencia cómo los proyectos emancipatorios feministas fueron resignificados en una lógica productivista neoliberal-patriarcal, reduciendo los espacios de deliberación que abogaban por una mayor participación económica, social y política de las mujeres (Benavente y Valdés, 2014; Guzmán y Montaño, 2012).

En este proceso, la categoría género fue reducida a la problemática de ‘la mujer’ (homogeneizando e individualizando sus problemas y objetivando sus cuerpos), perdiendo su potencial cuestionador de la construcción desigual de las relaciones de poder en la sociedad (De la Cruz, 2020; Miranda y González, 2018). El efecto será la constatación reiterada de los límites de estas políticas en el cumplimiento de los objetivos propuestos y la tendencia a instrumentalizar a este cuerpo social, evidenciando que las cifras de desigualdad de género en Chile persisten en el tiempo, y las brechas entre los géneros permanecen casi intactas (Guzmán et al., 2020; Schild, 2016).

La contingencia reciente vinculada a la crisis social y económica que se ha producido por la situación de pandemia a nivel global por COVID-19 ha develado con creces la situación de precariedad y vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres. Al interior de un sistema neoliberal en estado de emergencia las desigualdades de género se han profundizado tanto en los hogares como en los espacios del trabajo y en el acontecer sociopolítico, en general (Centro de Estudios de la Mujer [CEM], 2019, 2020, 2021; Guzmán et al., 2020). En este escenario político, se plantea que el modelo de sociedad chileno actual –global, urbano y moderno– se ha podido sostener a partir de la explotación individual, de grupos y comunidades, situando a las mujeres en una clara posición de desventaja (CEM, 2021).

En Latinoamérica, la situación chilena es ejemplo de la implementación de un modelo productivista de desarrollo en el que la política social se subordina a la política económica, dando prioridad al aumento del crecimiento económico, mientras que el bienestar social se sustrae del universalismo para desarrollar políticas y programas selectivos y focalizados en los segmentos de población con mayores desventajas (Cánovas, 2018; Del Valle, 2010). En este contexto, la implementación del modelo económico desde la denominada ‘transición’ se ha caracterizado por conservar e, incluso, promover el neoliberalismo productivo y acumulativo para potenciar la economía nacional, sin incentivar transformaciones sociales desde un punto de vista estructural (Sehnbruch, 2014). Así, desde la década de los 90’ se plantea que la política social chilena se ha traducido en la implementación de ‘programas y proyectos’ que requerían demostrar su sustentabilidad e impacto en el tiempo, al optar por una estrategia de focalización selectiva dirigida a los denominados ‘grupos vulnerables’ y crear instituciones al servicio de la intervención de personas, grupos y comunidades (Larrañaga y Contreras, 2010).

Esta lógica se enmarca en la consolidación del modelo de la Nueva Gestión Pública (también denominado Nuevo Management Público) en el país, a través del cual los sucesivos gobiernos han administrado y gestionado la acción del tercer sector en la ejecución de políticas públicas como consecuencia de la externalización en la provisión de sus servicios (Morales, 2017; Pliscoff-Varas, 2017). Con el tiempo, su implementación ha generado una serie de controversias que, asociadas a las dificultades de articulación entre los principios, orientaciones y mecanismos de gestión público-privados, han terminado por demostrar que pese a haber mejorado la eficiencia del gasto público, en la práctica se ha tendido a instrumentalizar los procesos de participación ciudadana en lugar de potenciar su desarrollo sostenido e integral (Reyes, et al., 2015).

En Chile, como ya señalamos, la implementación de las políticas sociales de equidad de género comenzó en la década de los ’90 a partir de diferentes mecanismos de focalización en las mujeres que exacerbaban estereotipos y prácticas clientelares, permeadas por concepciones de género conservadoras y tradicionales (Miranda y González, 2018; Santander y Fernández, 2019; Schild, 2013, 2016). Con la llegada del nuevo milenio, se enfatizó la promoción del emprendimiento y el libre mercado como uno de los principales motores del desarrollo, fomentándose el empleo femenino como una estrategia para abordar los escenarios de pobreza y desigualdad social (De la Cruz, 2020; Ramm, 2020).

Al respecto, una serie de investigaciones muestran cómo, en los últimos años, las acciones del Estado se han focalizado en la regulación de grupos de mujeres específicos: pobres, madres, víctimas de violencia, trabajadoras independientes y emprendedoras, principalmente (De la Cruz, 2020; Guzmán et al., 2020; Ramm, 2020; Schild, 2013, 2016). En este proceso, la tendencia ha sido tratarlas como individuos aislados que requieren de apoyo/supervisión para enfrentar, articular y sostener las demandas de cuidado, junto al trabajo remunerado y las cargas familiares (Schild, 2016). En este contexto, actualmente se considera que la carga de trabajo ‘no remunerado’ asumido por las mujeres es una importante barrera para su inserción y desarrollo en el mundo laboral remunerado, convirtiéndose en un factor relevante para explicar la reproducción de la pobreza y el aumento de brechas de desigualdad de género (Ramm, 2020; Guzmán et al., 2020).

En este marco, es posible apreciar cómo el anclaje del papel subsidiario de la política de protección social centrada en la figura de las mujeres-madres trabajadoras en Chile ha afianzado un modelo que deja poco espacio para la transformación de los roles de género convencionales, favoreciendo una visión esencialista y conservadora de su papel en los proyectos de desarrollo social (CEM, 2020, 2021; Guzmán et al., 2020). Así, la pregunta por los efectos que ha tenido la implementación de las políticas sociales dirigidas a las mujeres en el Chile reciente abre un campo importante de indagación que, considerando los procesos de articulación social y construcción de subjetividades, permite analizar los efectos performativos que ha tenido su implementación en las mujeres y comunidades que han participado –y participan– de sus discursos y prácticas.

La esfera comunitaria en la implementación de políticas sociales

En Chile, la impronta del modelo productivista neoliberal sostenido en el tiempo ha impactado fuertemente en la política social, traduciéndose en acciones “asistencialistas, paliativas, centradas en el déficit o compensatorias que derivan de concepciones subsidiarias del rol del Estado” (Alfaro y Martin, 2015, p.1350). Así, con la llegada del nuevo milenio, diversos estudios plantean que el Estado chileno tiende a fortalecer un enfoque de habilitación individual para aproximarse a los problemas sociales, postergando el desarrollo de iniciativas colectivas, ancladas en sus entornos territoriales (Astete y Vaccari, 2017; Reyes et al., 2015). Como consecuencia, en la política social se producen numerosas acciones centradas en el ‘mejoramiento’ de las condiciones de vida y pocas intervenciones orientadas a la facilitación de procesos de asociatividad y organización. Con ello, se omiten las experiencias y aprendizajes que surgen desde un entramado territorial que aglutina componentes normativos o simbólicos, materiales y no materiales, en un territorio que es un espacio en permanente construcción y disputa (Fuster, 2015; Hernando y Blanco, 2016).

De acuerdo con el trabajo de sistematización realizado por Rosati (2021), el enfoque comunitario de la política pública en Chile se puede caracterizar a partir del reconocimiento de dos dimensiones analíticas relevantes. La primera, hace referencia al nivel de acción que se imprime en la focalización del gasto público, donde se reconoce el desarrollo de iniciativas en los niveles individual, familiar, grupal y comunitario. La segunda, pone foco en las interacciones que se producen entre los actores involucrados, situando el fenómeno de la participación como la contracara de las orientaciones asistencialistas y de dependencia que se imprimen en las políticas públicas de corte neoliberal. Desde esta perspectiva, el enfoque comunitario en las políticas públicas será entendido como una estrategia de intervención en la comunidad a nivel territorial, donde se busca el desarrollo de estrategias colectivas para enfrentar el riesgo social, fomentando la construcción de dinámicas relacionales (entre sujetos, familias, grupos y/o comunidades) que se orientan a la potenciación de la participación en diversas escalas y generan capacidades para fortalecer posiciones de autonomía e influencia (Berroeta, et al., 2019; Reyes, et al., 2015). Por tanto, este enfoque se constituye en una estrategia que promueve la transformación social, dado su abordaje participativo emancipatorio (Rodríguez, 2007).

Sin embargo, las evaluaciones sobre los procesos implicados en la producción de la política pública del último período en Chile muestran que la incidencia del enfoque comunitario en la construcción de programas públicos ha sido escasa e intermitente. Se ha visto reflejada a nivel técnico-metodológico, expresada en la ejecución de diseños participativos que, solo en una pequeña proporción, han logrado recoger el valor de la identidad local y promover el fortalecimiento de las comunidades (Arteaga y Martuccelli, 2012; Martin y Alfaro, 2017; Berroeta et al., 2019; Reyes et al., 2015).

Esta incidencia se enmarca en la promoción de un sistema intersectorial de protección social focalizado en las personas en situación de pobreza y grupos vulnerables, que se despliega en la ejecución de programas y proyectos ejecutados de ‘arriba hacia abajo’ y basados en una lógica de transferencias monetarias, que promueven el acompañamiento psicosocial y la conexión con la red de oportunidades, traducidas en la forma de capital social (Alfaro, 2020). Así, el interés por el enfoque comunitario se ha observado en convenios establecidos por algunos ministerios que plantean su complementariedad con las acciones implementadas a nivel individual y/o familiar que el Estado chileno ha privilegiado en materia de protección social (Martin y Alfaro, 2017; Rosati, 2021).

No obstante, a partir del estudio de más de 100 programas públicos se ha observado que, aunque sus disposiciones técnicas y objetivos buscaban potenciar dinámicas relacionales entre sujetos, grupos y/o comunidades, en la práctica muy pocos de ellos han podido desplegar vínculos efectivos entre los distintos actores sociales de la comunidad, sin lograr impactar a nivel de su desarrollo comunitario (Berroeta, et al., 2019; Reyes et al., 2015). Si bien la incorporación del enfoque comunitario ha tenido un reconocimiento relevante a nivel público para el fortalecimiento de la participación como un componente fundamental en la optimización de los programas sociales, lo cierto es que su operacionalización se ha limitado a las etapas de implementación, traducida en procesos participativos de carácter muy variable en sus formas e intensidades (Olivares y Reyes, 2016; Reyes et al., 2015).

Las consecuencias concretas de la implementación del enfoque comunitario en la política pública chilena nos permiten hipotetizar que su inclusión ocurre solo por su valor estratégico y a partir de un uso instrumental de sus componentes operativos, reconociéndose como una estrategia válida y eficiente para fomentar la participación ciudadana que se alinea con las políticas de gestión manageriales implementadas a partir de la tercerización de sus servicios (Berroeta et al., 2019). Observamos en este sentido que, en la implementación de los programas y proyectos sociales, se produce una especie de extensión del Estado que pluraliza y diversifica las posibilidades de ejecución, cooptando al tercer sector que, en este proceso de sobrevivencia, va tras recursos públicos que operan con un encuadre técnico definido (Reyes y Olivares, 2020). Así, la excesiva tecnificación de los programas ha impedido prestar atención a las dimensiones de contexto relativas a cómo se mantienen las políticas en la oferta estatal y, como consecuencia de ello, muchas veces estas terminan en la interrupción o, incluso, en el fracaso de los programas (Olivares y Reyes, 2016).

La complejidad de este escenario revela la importancia de profundizar en los espacios de construcción de políticas sociales que promuevan la incorporación del enfoque comunitario de manera menos instrumental por el Estado y que se dirijan, efectivamente, a producir un encuentro entre las diversas voces comunitarias que participan de este entramado social. Por ello resulta relevante tensionar analíticamente el papel de las políticas sociales como mecanismos de reproducción e imposición de roles sociales entre los géneros, asumiendo que el enfoque comunitario se constituye en una estrategia que promueve la transformación social, dado su abordaje participativo emancipatorio (Rodríguez, 2007).

Así, el estudio de la incorporación del enfoque comunitario en programas sociales para la equidad de género en Chile es una posibilidad concreta de reconocimiento y potenciación de los espacios de transferencia de conocimiento en el marco de la acción pública. Estudiar las políticas sociales de este modo permite generar y promover espacios de encuentro e interdependencia, aspecto que, en el caso de las políticas públicas dirigidas a las mujeres, se constituye en un desafío relevante y contingente para nuestro país.

Las teorías de la performatividad como perspectiva analítica de las políticas sociales

En esta investigación se recurrió a las teorías de la performatividad para abordar los efectos que han tenido las políticas públicas neoliberales sobre la construcción de subjetividades, aproximándose a cómo estas (re)crean tanto a los sujetos como a los escenarios, conocimientos y discursos que son su objeto y mediatizan, operativamente, su accionar en el terreno de lo psicosocial (Ramos, 2012; Santander y Fernández, 2019). Así, la capacidad performativa considera cómo las identidades y otros efectos discursivos se realizan en la práctica, situándose en el terreno de lo político (Markussen, 2005; Ramos, 2012).

La idea de la performatividad de las políticas públicas es amplia y diversa. Sin duda que su origen se encuentra en los planteamientos foucaultianos de Gubernamentalidad y desde hace décadas que distintos autores plantean que estas políticas neoliberales estarían creando un sujeto ‘neoliberal empresario de sí mismo’. Al respecto, un cuerpo considerable de estudios las entiende como una técnica de gobernabilidad, de acuerdo con la cual se promueve o performa un tipo de subjetividad que ha sido funcional para el modelo (Ortiz, 2013; 2014; Hernando y Blanco, 2016)

Siguiendo a Foucault, Nikolas Rose (1996/2019) ha señalado cómo en sociedades capitalistas avanzadas las estrategias orientadas a la autogestión o autodirección de las personas dan cuenta de modos emergentes por los cuales el sujeto es gobernado por otros y por sí mismo. Desde esta perspectiva el ‘empresario de sí mismo’ es quien opera según reglas éticas acerca de la mejor versión de sí, ajustándose a las expectativas interpuestas por un mercado social y material. Así, el buen gobierno se basa en las formas que las personas se gobiernan a sí mismas, es decir, se autogestionan (Rose, 1996/2019).

Consecuentemente, en Latinoamérica, María Guadalupe Ortiz (2014) resalta que uno de los campos en los que ha sido posible reconocer la preeminencia de las ideas neoliberales es el de las políticas públicas relativas al desarrollo social. Observó que, ancladas en un discurso común, presentan una tendencia a la homogeneización, reproduciendo una cultura de autogestión, bajo la que se promueve un ‘rol ciudadano’ para la adquisición y habilitación de capacidades para resolver sus problemas y opciones de crecimiento (Ortiz, 2013; 2014). Así, las políticas señaladas buscan capacitar a sus beneficiarios para lograr su ingreso a un entorno competitivo y donde el concepto de ‘autogestión’ adquiere notoriedad junto a otras denominaciones que abogan por la participación ciudadana, solidaridad social y gobernanza (Ortiz, 2014).

En Chile, se ha observado que las políticas sociales altamente focalizadas y centradas en el déficit refuerzan un tipo de sujeto carente y que, como efecto de la intervención, se siente agradecido de la acción recibida (Reyes, 2007; Astete y Vaccari, 2017). El equipo interventor, por su parte, queda despolitizado y con escasa capacidad para incidir en el mejoramiento de la vida de las comunidades atendidas, volviéndose impotente ante las tensiones y paradojas reconocidas en las políticas públicas (Reyes, 2007). Así, opera como telón de fondo un patrón de responsabilización individual que, vinculado con las subjetividades del self empresarial, permiten entender cómo los sujetos sociales se sienten responsables de todo lo que acontece, para bien y para mal (Reyes y Olivares, 2020).

Esta racionalidad se imbricaría fuertemente en las prácticas de acción cotidianas a nivel social e individual, propiciando la conversión de los ciudadanos en actores económicos que intentan movilizarse con independencia del Estado (Sisto et al., 2021). De esta forma, los contextos de inequidad social se convertirían en el caldo de cultivo para que “una mayor cantidad de individuos se autorregulen y gestionen sus propios riesgos, incitando a la creatividad y a la competencia, lo que volvería a las desigualdades funcionales a la economía” (Guzmán et al., 2017, p.90).

De acuerdo con Judith Butler (2012), los actos performativos, al producir la realidad a la que se refieren, no pueden adjetivarse como verdaderos o falsos, sino como exitosos o fallidos en tanto su fortaleza emerge de la repetición y ritualización de su práctica. Por ello, si esta noción de performatividad es asociada a las normas propuestas por las políticas públicas, se pone de manifiesto la necesidad de abordar sus efectos no solo a nivel individual, sino también estudiando sus efectos a nivel social y comunitario (en sus prácticas y acciones).

En este escenario, a nivel global, los efectos performativos de las políticas públicas también han sido estudiados en el campo de las políticas sociales de género. A partir de algunos estudios se ha evidenciado cómo el maternalismo se constituye en una ideología, retórica, prácticas y políticas públicas que amalgaman la posición de las mujeres y su rol de madres (Herrera, et al., 2018, p.5). De este modo, se llama la atención sobre los efectos performativos que ha tenido en el tiempo la inclusión del ‘enfoque de género’ en la naturalización de los roles y prácticas de cuidado a nivel social (Blofield & Franzoni; 2015; Staab, 2017; Herrera, et al., 2018).

En Chile, la implementación progresiva de una política de protección social subsidiaria ha mostrado cómo el patrón de exclusión y de clientelización de las mujeres se ha afianzado en el tiempo situando el carácter maternalista, tradicional y liberal del régimen chileno como un ejemplo de las reformas aplicadas en los sistemas de protección social (Álvarez Minte, et al. 2021; Schild, 2016, 2022; Staab, 2014). Así, algunos estudios recientes reportan que, en el campo de las políticas sociales, las mujeres-madres son reconocidas como sujetos ‘débiles y dependientes’ que requieren de intervenciones para su empoderamiento y apoyo en su trabajo no remunerado, pero siempre en función de la relación con sus hijos y a favor de la conciliación de sus labores de cuidado (De la Cruz, 2020; Ramm & Giddeon, 2020).

Estos antecedentes permiten situar la relevancia de estudiar cómo la política social chilena reciente considera y conceptualiza el papel de las mujeres en sus programas y proyectos. En este sentido, este estudio se aproxima a la capacidad performativa de la política pública, identificando cómo las mujeres son representadas y moldeadas a través de la práctica discursiva presente en los instrumentos normativos de sus proyectos y programas. Asimismo, se abordan analíticamente las características y contenidos del enfoque comunitario, en tanto una posibilidad concreta de estimar cómo las políticas públicas consideran, en la práctica discursiva, dicha implementación, generando –o no– posibilidades reales de transformación social.

Metodología

Considerando la complejidad del campo en que se desarrolla la praxis comunitaria y la diversidad de elementos que configuran su concreción en la política pública chilena, se propone una investigación de tipo exploratoria-descriptiva, la más indicada cuando se pretende abordar un fenómeno que ha sido poco estudiado y que refiere a procesos sociales y subjetivos (Salkind, 1998). Esta propuesta se basa en un diseño metodológico cualitativo, mediante el cual se ha buscado otorgar sentido, desde un paradigma feminista de investigación, a la forma en que los ensambles sociotécnicos –que condensan los conocimientos técnico-científicos y sociales– otorgan significado a la dimensión de género y el rol que juegan las prácticas de orden patriarcal en la temática (Trebisacce, 2016).

De este modo, se propone el estudio de los actos performativos de la política pública reciente que, desplegados en la oferta de programas y proyectos públicos en Chile, permite analizar sus documentos oficiales, señalando que estos alinean sujetos, artefactos y discursos, entrelazados de tal modo que cada elemento adquiere una determinada posición y un sentido (Prior, 2008). Para ello, se recurrió a la estrategia del análisis documental desplegado en dos fases recurrentes de estudio, entendiéndola como una metodología que permite el acceso a la sedimentación de prácticas sociales, permitiendo develar los criterios, prescripciones e intenciones de las políticas referidas en los documentos (Prior, 2008).

En este marco, se destaca la impronta que tienen estos instrumentos de la política pública, en tanto materiales que constituyen actores que influyen en la interacción social y en los esquemas de organización de las sociedades contemporáneas. Los documentos no son vistos como simples contenedores de datos, sino como agentes activos o “actores en su legítimo derecho” (Prior, 2008, p. 822) cumpliendo un rol en las formas de organización a nivel social. En este sentido, este estudio busca profundizar en los efectos performativos de las políticas sociales de género en Chile y, específicamente, identificar cómo las mujeres han sido representadas y moldeadas a través de la práctica discursiva presente en los instrumentos normativos de los programas.

En una primera fase de estudio se recurrió como fuente fundamental de información al Banco Integrado de Programas Sociales y No sociales de Chile (BIPS, 2020). Así, entre los meses de octubre a diciembre de 2020, se revisaron un total de 504 programas y proyectos contenidos en la página web del BIPS, a partir de una búsqueda guiada por las siguientes categorías o palabras clave predefinidas: mujer, mujeres, niñas, madres, trabajadoras. Complementariamente, a partir del análisis emergente de la información se integraron las categorías: campesinas, artesanas y adolescentes.

El resultado de este proceso permitió identificar 17 programas dirigidos a la población femenina en Chile, a partir de los cuales se pudo establecer una búsqueda subsecuente del material documental representativo del discurso público-privado en materia de políticas sociales dirigidas a las mujeres durante el periodo. En la Tabla 1 se describen los programas seleccionados:

 

Tabla 1

Programas sociales dirigidos a Mujeres según Banco Integrado de Programas Sociales 2020

Nombre del programa	Ministerio o Fundación
1. Red de Mujeres Líderes en el Estado.	Ministerio de Hacienda
2. Promoción y desarrollo de la mujer.	Fundaciones -PRODEMU
3. Formación y capacitación para mujeres campesinas.	Fundaciones-PRODEMU
4. Promoción de derechos previsionales y de seguridad social para mujeres en territorios rurales de difícil conectividad.	Ministerio del Trabajo y Previsión Social
5. Mujeres jefas de hogar.	Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
6. Programa 4 a 7.	Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
7. Prevención de violencia contra las mujeres.	Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
8. Mujer, sexualidad y maternidad.	Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
9. Mujer y participación política.	Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
10. Mujer emprende.	Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
11. Desarrollo de competencias laborales.	Fundaciones-PRODEMU
12. Convenio INDAP-PRODEMU.	Fundaciones-PRODEMU
13. Autonomía económica de la mujer.	Fundaciones-PRODEMU
14. Atención, protección y reparación integral de violencias contra las mujeres.	Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
15. Apoyo a la dinámica familiar.	Fundaciones-PRODEMU
16. Adopción-atención de mujeres en conflicto con el embarazo.	Ministerio de Justicia
17. Bono al trabajo de la mujer.	Ministerio de Desarrollo Social

Elaboración propia.

 

La segunda fase de estudio se realizó entre los meses de enero a abril de 2021. En ella se revisó y analizó un corpus documental compuesto por: (1) Los Informes de seguimiento disponibles para cada programa en el BIPS; (2) Las bases técnicas disponibles en páginas web de los ministerios y fundaciones que los contenían y (3) Otros documentos relativos a noticias e informes de evaluación de los programas disponibles en la web.

En esta fase, el análisis documental permitió identificar las racionalidades y estrategias gubernamentales del Estado chileno reciente, sustrayendo con ello los elementos de significado y normativos que han sido utilizados desde el discurso experto para conceptualizar e intervenir a las mujeres, en tanto usuarias o destinatarias de la intervención social, presente en su política pública. Complementariamente, se indagó en las características del enfoque comunitario presente en los 17 programas. Así, resultó relevante tensionar analíticamente el papel de las políticas sociales como mecanismos de reproducción e imposición de roles sociales entre los géneros, asumiendo que el enfoque comunitario se constituye en una estrategia que promueve la transformación social (Rodríguez, 2007).

Finalmente, resulta importante destacar que la representatividad del muestreo cualitativo en análisis documental está dada porque los textos seleccionados sean productos habituales en el contexto a analizar y, además, pongan de manifiesto la relación a estudiar (Ibáñez & Iñiguez,1996). A partir de este reconocimiento, la exposición de los resultados que se presenta a continuación se centrará en describir cómo la articulación de las dimensiones de género/comunidad es pensada y gestionada desde la impronta documental que sostiene los programas analizados en esta investigación.

Resultados

Reproducción neoliberal y homogeneizadora de mujeres

Si el Estado reproduce desigualdades de género mediante la implementación de parte importante de sus programas sociales, lo hace perpetuando la legitimización de una subjetividad homogeneizadora de ‘ser mujer’. En este sentido, observamos que su tratamiento conceptual en los programas deja poco espacio para la transformación de los roles de género convencionales y, menos aún, para la visibilización y valoración de la heterogeneidad de posiciones que ocupan las mujeres en el tejido social.

Consecuentemente, las destinatarias de los programas son identificadas como mujeres ‘vulnerables y/o carenciadas’ que requieren de la intervención del Estado para cubrir sus necesidades. En este marco, observamos la tendencia que muestran estas políticas sociales, identificando un acotado repertorio de temáticas de intervención: 1) Apoyo en el cuidado de hijos/as en el hogar familiar, 2) Protección y reparación en situaciones de violencia, 3) Capacitación para ingreso y sostenimiento en el mercado laboral y consumo y, 4) Aumentar su competitividad y liderazgo. La distribución de los programas por cada uno de estos focos temáticos se ilustra a continuación:

Figura 1

Distribución de programas analizados según foco temático

Elaboración propia

 

Como podemos observar, en primer lugar, se considera la temática de apoyo en el cuidado de hijos/as en el hogar familiar con foco en la posición mujer-madre. Se entregan servicios o transferencias monetarias que faciliten las prácticas de cuidado que recorren todo el curso de vida de la maternidad, desde el embarazo, el cuidado de primera infancia y la niñez preescolar-escolar y posteriores. En esta línea, se ubican los programas De 4 a 7, Mujeres jefas de hogar y Apoyo a la Dinámica Familiar, entre otros.

Estos servicios o transferencias buscan compatibilizar las tareas de maternidad con el ingreso al entorno laboral, siempre aludiendo al beneficio centrado en la mujer y sin priorizar alternativas de corresponsabilidad del cuidado que incluyan otros actores de la organización social como el padre u otras figuras significativas de la composición familiar o dispositivos estatales, privados o comunitarios. Asimismo, se observa la adscripción a una noción de necesidad ‘centrada en el papel o rol social de las mujeres’ que se puede comprender en dos dimensiones relevantes. Primero, como un apoyo para el cuidado de los hijos y de la familia, con estándares siempre generizados y, segundo, para cubrir la necesidad de ingresar al mundo del trabajo productivo, con el propósito de garantizar cierta autonomía económica, en diálogo con las demandas del trabajo reproductivo.

Estas dimensiones ilustran un ideario de la mujer chilena activa laboralmente que debe extender su adscripción a centros de guardería para sostener una jornada laboral extensa y, con ello, acceder a mayores ingresos para sostener la economía familiar. La noción de necesidades que emerge de estos programas se sitúa en un lugar distante de la noción de derecho, sin reconocer, por ejemplo, la potestad de las mujeres para ejercer las labores de cuidado en un marco de corresponsabilidad social.

En segundo lugar, y en relación con la temática de protección y reparación en situaciones de violencia, es posible consignar aquellos programas que ofrecen prestaciones públicas destinadas al sujeto mujer-víctima de violencia, entregando servicios directos bajo la lógica de atención de casos con predominancia de relaciones violentas en niveles microsociales, como la familia. Ejemplo de ello son los programas Prevención de Violencia contra las Mujeres y Atención, Protección y Reparación Integral de Violencias contra las Mujeres.

Las prestaciones de estos programas se sitúan en la entrega de asesorías psicosocio-jurídicas tanto preventivas como reparatorias, es decir, siempre pensando en la existencia potencial o fáctica de un problema de violencia de género. En esta perspectiva, no se consideran como opciones los enfoques de promoción de relaciones saludables que serían un aporte de transformación de las estructuras macrosociales y desiguales de género. Es decir, el objetivo será responder a la necesidad de abordaje de una situación de riesgo por violencia física, psicológica o sexual que podría emerger o que ya se ha instalado en la relación de pareja heterosexual y dada en el contexto familiar como criterio principal.

Desde este lugar, emerge la figura de una mujer víctima de violencia, amenazada o vulnerada por un hombre que fue o es su pareja actual, sin considerar a otros agentes sociales que pudieran actuar desde un marco genérico o relacional distinto. En este sentido, observamos que, desde este enfoque, se desplaza la posibilidad de explorar con mayor fuerza aquellas intervenciones que promocionen al derecho a la autonomía e integridad física de las mujeres en el marco de una transformación de las desigualdades de género que se presentan a nivel macrosocial.

En tercer lugar, al abordar la temática de capacitación para ingreso y sostenimiento en el mercado laboral y de consumo, es posible señalar que los programas estudiados ofrecen prestaciones públicas destinadas a la mujer-trabajadora/emprendedora, considerando tanto a la mujer urbana como rural. Ejemplo de estos programas son: Mujer emprende, Mujeres Rurales y Autonomía Económica, entre otros.

Se ofrecen servicios y transferencias económicas para dar apoyo al rol estratégico de la mujer con potencial productivo en la activación del mercado laboral. Los programas también responden a la necesidad de ingresos y empleabilidad de mujeres con mejorable participación en la esfera laboral formal. Sin embargo, esta oferta está orientada fuertemente a la producción del (auto)emprendimiento desde el que se potencia el reconocimiento de las mujeres como una trabajadora parcial y pseudoinformal. En este sentido, el imaginario de ‘mujer trabajadora’ considera que su lugar de emprendimiento es la propia vivienda familiar y, dado su horario flexible, le permite asumir una doble o triple jornada de trabajo. Este perfil de políticas sociales tiende a invisibilizar la noción del derecho al trabajo en condiciones de dignidad, igualdad y protección, para así promover una sostenida autonomía económica y social de las mujeres.

Por último, en cuarto lugar, emerge la temática de promoción de competitividad y liderazgo, que sitúa a aquellos programas que, a través de capacitaciones o asesorías, ofrecen prestaciones a la ‘mujer-líder’ en instancias laborales de alta formalidad o espacios de deliberación política. Entre ellos se encuentran Mujeres Líderes del Estado, Mujer y participación política y Promoción y desarrollo de la Mujer. En este caso, a diferencia de las políticas sociales anteriores, se pretende superar la noción de necesidad frente a un problema y se transita hacia una noción de promoción del derecho a la autonomía política en diversos contextos macrosociales.

Esta figura se ilustra en una mujer con un alto cargo de gerencia pública que recibe reconocimiento por su eficiencia, competitividad o innovación. En este sentido, la promoción de competencias y liderazgo promueve una comprensión más focalizada en el derecho, considerando la diversidad de escenarios para desarrollar una autonomía de tipo política por parte de las mujeres. No obstante, observamos que los servicios ofertados tienden a homogeneizar las exigencias básicas de las mujeres, ya que son reconocidas y medidas desde un Estado que funciona desde la racionalidad de la Nueva Gestión Pública.

Considerando lo anterior, los programas analizados que definen como sujeto de atención a las mujeres se sostienen más en la noción de necesidad que de derecho. Así, llama la atención la concepción de necesidad construida en la subjetividad de los cuatro perfiles de mujeres identificados: mujer-madre, mujer-víctima, mujer-trabajadora-emprendedora y mujer-líder.

Los primeros dos perfiles pueden ser rastrados desde los inicios de la implementación de una política social del Estado bienestar centrado en la familia. En él, las mujeres reciben beneficios (o protección) en nombre de su esposo trabajador, debido su rol de esposa y madre. De este modo, se prioriza en el desarrollo de acciones de maternalización y de reparación frente a la práctica de violencia de género, para ayudarlas a conciliar las tareas que implican un cuidado eficiente. Esta práctica se mantiene en la actualidad, reproduciéndolas ahora como sujetos individuales asilados. Esto es coincidente con otros estudios que reportan cómo en las políticas sociales las mujeres-madres son performadas como sujetos débiles y dependientes (Álvarez Minte, et al. 2021; Schild, 2016, 2022).

El perfil de mujer-trabajadora-emprendedora responde a una ‘estrategia mainstreaming de género’ de una política social implementada en una concepción de Estado que resignifica la lógica productivista neoliberal-patriarcal. No se cuestiona la construcción macrosocial desigual de las relaciones de poder y se enfatiza la promoción de la autonomía económica, pero bajo reglas patriarcales de producción de ganancias. Acá se busca performar una mujer con capacidades para resolver sus propios problemas y autogestionar sus recursos en el marco de un entorno competitivo. Esto ha generado efectos performativos contradictorios con el sujeto mujer-madre-víctima, implementados en dos ideales de maternidad y de trabajadora que tienen una compleja convivencia en la vida cotidiana. La resolución de esta contradicción de efectos performativos se sitúa en la individualización y espacio privado de las mujeres, alejándose de ideales de emancipación y colaboración.

El perfil de mujer-líder emerge vinculado al desarrollo de la democracia y la equidad que, para algunas perspectivas feministas, son insuficientes para acabar con la subordinación de las mujeres en el orden social actual (Ramm, 2020). Sin embargo, esto genera efectos performativos que apuntan a un rol más activo de las mujeres a nivel decisional en búsqueda de mayor simetría en su relación con la estructura patriarcal del Estado y el mercado. Es posible suponer que este fomento de participación política y ciudadana se alinea con prácticas de tercerización de servicios públicos, desde el que se arriesga su potencial transformador al atomizar el impacto de estos efectos.

Como denominador común, se observa que en la mayoría de los programas estudiados hay una búsqueda de homogeneización, reproduciendo acotados efectos performativos que no apuntan a una transformación estructural de las relaciones sociales. En la práctica, la política social dirigida a las mujeres apuesta por desarrollar ‘ajustes y arreglos’ a nivel microsocial (individual y familiar), sin reconocer de manera suficiente la intersección que se produce entre los roles de mujer-madre-víctima-trabajadora-emprendedora y líder, que se despliegan en los niveles meso y macrosocial. Esta falta de intersección entre las políticas sociales para performar al sujeto mujer impide un mayor diálogo para lograr producir autonomía física, económica-laboral y política. Así, las prestaciones de la política pública tienden a compartamentalizar las diversas posiciones de las mujeres en el ejercicio de sus roles como madre/esposa, trabajadora o líder, propiciando, además, la emergencia de jerarquías para el ejercicio de algunas posiciones por sobre otras.

De la neutralidad a la integración de lo comunitario en la reproducción del sujeto mujer

Los programas analizados en este trabajo muestran una heterogénea presencia del enfoque comunitario para abordar la intervención con las mujeres participantes. Esta heterogeneidad transita desde una ausencia de estrategias de desarrollo comunitario hasta su consideración en diversos formatos. En la Tabla 2 se identifican cada uno de los programas analizados considerando su inclusión de actividades de perfil comunitario en la oferta de prestaciones:

Tabla 2

Programas sociales destinados a mujeres según inclusión de actividades comunitarias

Enfoque individual/familiar (neutrales frente a lo comunitario)	Integra acción comunitaria (salen de lo individual)	Integran desarrollo comunitario (apuntan a la transformación)
Red de mujeres líderes en el Estado.	Promoción de derechos… mujeres en territorios rurales.	Mujeres rurales.
Programa 4 a 7.	Mujer, sexualidad y maternidad.	Mujer emprende.
Prevención de violencias contra la mujer.	Mujeres jefas de hogar.	Mujer y participación política.
Atención, protección y reparación integral de violencias contra las mujeres.	Autonomía económica de la mujer.	Convenio INDAP-PRODEMU
Apoyo a la dinámica familiar.	Promoción y desarrollo de la mujer.
Adopción-atención de mujeres en conflicto con el embarazo.
Bono al trabajo de la mujer.
Desarrollo de competencias laborales.

Elaboración propia

 

En la Tabla 2 se observa que existe un primer grupo de programas con un enfoque individual/familiar que omiten o carecen de un abordaje comunitario entre sus estrategias, debido a que no consignan actividades de este tipo entre sus declaraciones documentales. Estos programas más bien apuestan por prestaciones individuales o familiarizantes, muy próximas al ámbito privado de las mujeres. Desde esta perspectiva, solo promueven acciones para abordar las condiciones de desigualdad y/o vulneración que las mujeres chilenas vivencian en temáticas de violencia, trabajo y liderazgo. Por tanto, son programas que se muestran neutrales frente a la posibilidad de transformación en clave colectiva o comunitaria, dejando al margen los ámbitos de intervención públicos y deliberativos.

Un segundo grupo de programas presenta un enfoque que sale del formato único de trabajo individual e integra acciones comunitarias al desarrollar algunas actividades que cruzan la vida cotidiana, especialmente desde el trabajo en red. Estos programan reconocen los aportes del abordaje colectivo en temáticas económicas, rurales y de salud sexual de las mujeres y, para ello, proponen instancias comunitarias que complementan aquellas de tipo individual y familiar. En este sentido, la transformación de las desigualdades de género se propone en un combinado de enfoques individual, familiar y matices comunitarios, que mueven las intervenciones a un lugar de tránsito entre lo privado y lo público, con el fin de dar mayor sostenibilidad a las autonomías físicas, económicas y sociales de las mujeres.

El tercer grupo presenta un enfoque que hemos conceptualizado como de ‘integración del desarrollo comunitario’ debido a que reconocen posibilidades de acción a nivel colectivo en temas de capacitación, emprendimiento y participación social entre las mujeres, superando acciones puntuales. En este caso, los programas describen prestaciones comunitarias de mayor complejidad, que tienen el propósito de poner en el centro de la intervención a las relaciones de apoyo mutuo entre mujeres con una afinidad territorial y basado en el trabajo en redes. En este sentido, su impacto en la trasformación de las desigualdades de género surge a partir de construir y fortalecer formas de asociación con otras mujeres, en el marco de un espacio público y compartido. Es decir, este enfoque no busca propiciar una mayor autonomía económica, física y política de las mujeres mediante prestaciones individualizantes, sino promover relaciones interdependientes entre las destinatarias.

Cabe destacar que este repertorio de tres enfoques no se propone como una tipología exhaustiva o rígida, ya que en los casos estudiados es posible reconocer que la planificación suscrita en los documentos puede tomar formas diferentes de performatividad según cada experiencia situada. Sin embargo, sí es posible sostener que un modelo productivista de desarrollo como el chileno, que tiende a subordinar el bienestar colectivo a la política económica, promueve el desarrollar políticas focalizadas en el individuo como sujeto neoliberal principal de contraparte, sin impulsar transformaciones sociales desde un punto de vista más estructural, como el tejido comunitario. Por ello, encontramos menos casos de programas con enfoque de integración comunitaria y más casos de programas que se presentan como neutrales al enfoque comunitario, mostrando la tendencia neoliberal de entender a la destinataria de la política pública como un sujeto mujer emprendedora de sí misma, donde la red de apoyo y el enfoque territorial serían, en la mayoría de las ocasiones, prescindibles.

El enfoque de integración comunitaria identificado en algunos programas sociales analizados no logra alcanzar niveles de alta sofisticación. La adscripción a intervenciones comunitarias se sustenta en procesos ligados a trabajo de redes y talleres colectivos, considerando el contexto territorial urbano o rural, según los propósitos del programa. Pero no comprometen una participación significativa, es decir, aquella que involucra la toma de decisiones vinculante al proceso de intervención, sino que más bien se sitúa en un perfil de participación informativo y consultivo de mediana complejidad.

Conclusiones

Si consideramos los perfiles de mujeres producidos por las políticas sociales que son propuestos por el presente trabajo, es decir, mujeres madres-víctimas-trabajadoras-emprendedoras-líderes y analizamos la forma de integración de los elementos comunitarios enunciados en las descripciones de los programas, es posible obtener un par de ilustraciones de cómo la política intenciona formas individualizantes o comunitarias, de manera escindida, en dos perfiles de mujeres destinatarias de políticas sociales.

El primero de ellos refiere a una mujer situada en el marco de una práctica social individualizante que tiende a tratarlas como sujetos vulnerables aislados. Así, la política pública centra sus intervenciones en los campos de las responsabilidades de cuidado familiar y cuidado personal, este último con énfasis en la salud sexual y reproductiva. Desde este perfil, las mujeres son performadas en una lógica de un cuerpo dócil, es decir, cuerpos que pueden sometidos, utilizados, transformados y perfeccionados (Foucault, 2000). En este sentido, tanto desde su potencialidad como por el hecho de habitar la maternidad o porque se constituyen en posibles víctimas o sufren de la violencia machista, las mujeres beneficiarias de la política pública pueden ser –y han sido– disciplinadas en lógicas individualistas desde las que se omite o minimiza el potencial de la construcción de relaciones sociales y de poder transformadoras de los roles tradicionales de género. En este sentido, los programas casi no cuestionan o problematizan la posición de las mujeres, aspecto que, siguiendo la literatura revisada, es complementario al rol clientelar que es promovido por el modelo neoliberal imperante en la política social vigente (CEM, 2021; Álvarez Minte, et al. 2021; Schild, 2016, 2022; Staab, 2014).

Desde las conceptualizaciones de las políticas sociales, el ser ‘mujer madre’ o ‘mujer víctima de violencia’ se constituye en una situación individual y naturalizada que no permite que se desarrollen prácticas que se piensen, dialoguen, ejerzan o reparen en comunidad. Por el contrario, desde este perfil individualista, los resultados evidencian que los dispositivos de la política social reciente describen en sus documentos un marcado lenguaje de abordaje casuístico y determinista que, escasamente contribuye a ampliar las posibilidades de salir de estas posiciones maternizantes y victimizadoras de ser mujer.

El segundo perfil apunta una práctica social que se aproxima a lo comunitario destinado principalmente al sujeto mujer trabajadora/emprendedora-líder y que se focaliza en temáticas asociadas a mundo laboral, el emprendimiento, el liderazgo y la participación política. El enfoque comunitario se despliega en programas que se sitúan tanto en territorios urbanos como rurales, ya que las mujeres campesinas también son consideradas bajo esta lógica de productividad formal y de productividad asociativa. Así, el sujeto mujer performado en el marco de una intervención comunitaria, ocurre principalmente en ámbitos económicos de emprendimiento y políticos (Santander y Fernández, 2019; Schild 2016; 2022). No obstante, las mujeres se agencian a sí mismas en ámbitos que requieren como condición el desarrollar competencias y habilidades efectivas vinculadas con acciones de apoyo mutuo. En este sentido, es deseable y se promueve la construcción de relaciones significativas con otras mujeres u otros actores deliberativos presentes en su contexto territorial o que forman parte de su institucionalidad. Así, las intervenciones que emergen del enfoque comunitario y que promueven el vínculo entre pares logran impactar sustantivamente en la autonomía económica y/o política de sus destinatarias.

En este contexto, podemos concluir que las políticas sociales que tienen el foco en la maternidad y la salud sexual-reproductiva propician en sus estrategias individualizantes una práctica de ser mujer que perfoma el habitar mayoritariamente en el espacio privado. La intimidad del hogar familiar o la consulta biomédica individual son ilustraciones de este espacio privado que emerge en las prestaciones brindadas. No obstante, se observa que aquellas políticas sociales con foco en el trabajo, el emprendimiento y participación política tienden a propiciar en su integración de intervenciones comunitarias una manera de ser mujer que habita tanto espacios privados como públicos, y en donde la relación con otros en un entorno significativo es visto como una oportunidad de transformación de las desigualdades de género. Con ello, las políticas sociales centradas en mujeres no solo provocan efectos performativos en la reproducción de determinadas formas de ser mujer, como indican coincidentemente otros estudios (Álvarez Minte, et al. 2021; Ramm, 2020), sino que también reproducen una forma de relacionarse con el entorno privado y público.

La capacidad performativa de la política social destinada a reproducir un sujeto social complejo como el de las mujeres se ve afectada directamente por su abordaje individual restrictivo, basado en una focalización temática que compartamentaliza sus identidades, vivencias y prácticas. Así, al analizar la confluencia entre las políticas sociales que reproducen un sujeto social mujer desde sus estrategias de intervención, es posible advertir cómo el enfoque comunitario se constituye en una estrategia relevante al momento de ilustrar qué sujeto mujer se produce o se performa desde la acción del Estado. En este sentido, rescatamos el valor de los programas que han posicionado su abordaje desde una perspectiva comunitaria integral, mostrando que las diversas posiciones, roles y tareas que ejercen las mujeres chilenas en los diversos territorios del país pueden ser abordadas y complementadas de manera múltiple. De este modo, la potenciación del enfoque comunitario en la política pública podría aportar sustantivamente a la transformación de relaciones estructurales de desigualdad e injusticia social (Reyes, et al., 2015; Reyes y Olivares, 2020; Reyes et al., 2021). Con ello, se fomenta la construcción de relaciones de género diversas, favoreciendo la construcción performativa de un sujeto mujer multi-posicionado que se relacione e influya en la construcción de la compleja trama de relaciones que implica el hacer y ser en comunidad.

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