La mentira institucionalizada sobre la verdad y la justicia, el caso de personas desaparecidas en México: narrativa de las mujeres

The Institutionalized Lie about the Truth and Justice: The Case of the Disappeared in Mexico

Fecha recepción: 7 de junio de 2021 / fecha aceptación: 17 julio de 2021

 

Yinhue Marcelino Sandoval1

Resumen

La impunidad en México ha traído consigo diversos efectos y comportamientos sociales, como la pérdida de confianza en las autoridades y la falta de credibilidad en los procesos de acceso a la justicia, lo cual lleva a inhibir la denuncia. La justicia y la verdad como derechos humanos, una deuda pendiente por parte de los gobiernos de América Latina. Casos sin respuesta, sin conocer la verdad de la desaparición de personas desde la década de los 60’s, tal ha sido el hecho del 2 de octubre de 1968 o el caso de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014, casos emblemáticos de dolor e injusticia de diferentes momentos históricos de México. Desde entonces las demandas de verdad y justicia están pendientes. 86 mil personas desaparecidas que las autoridades no han dado respuesta sobre las causas, razones o actores responsables de estas desapariciones, pese a las leyes y protocolos en materia. Colectivos de familiares conformado mayoritariamente por mujeres han denunciado por años omisiones, irregularidades, falta de coordinación institucional, falta de voluntad política y han visibilizado la crisis de derechos humanos en México. Es frecuente que los avances o pistas sobre la desaparición de personas se deba a investigaciones de las familias. Este trabajo comparte reflexiones en torno al tema de la exigencia de justicia a partir de un acompañamiento solidario con un colectivo de mujeres en Morelos, México, desde la perspectiva de la investigación-acción participativa. La frustración, la tristeza, el dolor, la desconfianza política son las subjetividades construidas en su exigencia de justicia.

Palabras clave: Mentira institucionalizada, verdad y justicia, personas desaparecidas, mujeres

 

Abstract

Impunity in Mexico has brought with it diverse effects and social behaviors, such as a loss of confidence in authorities and a lack of credibility in the justice system leading to inhibitions around reporting. Justice and the truth as human rights are a pending debt among many of the governments of Latin America. Since the 1960s there have been cases of disappeared people where the truth has never been uncovered - October 2nd of 1968, and the case of the normal school students of Ayotzinapa in September of 2014 are both emblematic of the pain and injustice of different historical moments in Mexico. To this day our demands for truth and justice are pending. There are eighty-six thousand disappeared people without a response from authorities regarding motives or responsible actors since the time of their disappearances, despite the laws and protocols in effect. For years collectives of family members made up of primarily of women have denounced these omissions and irregularities, along with the lack of institutional coordination and political will, bringing Mexico’s human rights crisis to light. Progress and clues in the cases of disappeared people are often due to investigations by family members. The present work shares reflections that emerged on the topic of demanding justice during a solidary meeting with a collective of women in Morelos, Mexico, from the perspective of participatory action-research. Frustration, sadness, pain, political distrust are the subjectivities built on their demand for justice.

Keywords: Institutionalized lie, truth and justice, disappeared people, women

 

Introducción

México es un país con una crisis democrática que evidencia un Estado débil y fracturado, que no ha garantizado una vida digna al grueso de su población. La falta de democracia en cualquier país, como el caso de México, trae consigo la desigualdad en las mínimas demandas sociales como lo son el trabajo, la educación, la salud, la impartición de justicia, la alimentación, por citar algunas (Espinoza Toledo, 2011; ZR y AN, 2020). En México, la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos es una constante que impide que la mayoría de la población acceda a la justicia (AN/GH, 2020; AN/IR, 2018), por ejemplo, el caso de la desaparición de personas o el Feminicidio por citar algunos (Jasso y González, 2018), las mujeres o familiares que al desconocer la verdad sobre la desaparición de su familiar o las razones de su muerte en caso de encontrarlos sin vida están lejos del acceso a la justicia.

Esta desigualdad se materializa en problemas como la violencia de género, la desigualdad entre mujeres y hombres en diferentes ámbitos sociales, la precariedad laboral, la impunidad estructural, la violencia sistemática, estos son parte de una lista de innumerables problemas que traemos arrastrando como sociedad y que no se han resuelto debido a la ausencia de una voluntad política o falta de capacidad en los tomadores de decisiones o en los representantes políticos de los tres órdenes de gobierno de México.

México es un país descompuesto por las graves violaciones a los derechos humanos (Héctor, 2018), con un sistema judicial omiso, abusos de militares o de policías, de impunidad, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. A esto se les suman los ataques del crimen organizado y otros agresores contra los periodistas y defensores de derechos humanos, ataques a las mujeres y niñas o a los de migrantes, personas con orientación sexual diferente a la heteronormatividad, personas con discapacidad (Watch, Human Rights 2020). Esta crisis sistemática afecta la vida de la sociedad en sus diferentes dimensiones y esferas, tal es el caso de la credibilidad y confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, debido a los altos índices de impunidad y corrupción de los agentes del Estado (servidores públicos o funcionarios).

Desafortunadamente, muchas de las problemáticas planteadas no solo prevalecen, sino que se han agudizado en esta segunda década del siglo XXI; con nuevos rostros y nuevas formas de materializarse. México tiene una democracia basada en el clientelismo, la simulación, la impunidad, la complicidad, la negación, en la omisión y la corrupción. Tenemos un Estado que niega que hay personas desaparecidas, que niegan la violencia, que niega la tortura, que niega la pobreza, que niega los delitos de lesa humanidad; un país que simula la justicia, que burocratiza el dolor en el caso de las personas desaparecidas. Un país que administra la violencia como control social, atemorizando y paralizando la organización política en muchos casos (Héctor, 2018; Robledo Silvestre, 2016). El Estado mexicano niega en primera instancia la desaparición forzada como estrategia de terror y segundo niega a las víctimas una vez que las han desaparecido.

No se puede hablar de democracia cuando en México hay más de 86.000 personas desaparecidas (Martínez y Garduño, 2021). No hay democracia cuando no hay derechos civiles respetados y la desaparición de personas frustra los proyectos vitales de la sociedad. México es un país con más de 4.000 fosas clandestinas, lo cual evidencia el horror que estamos viviendo como población (Guillén et al., 2019; Redacción, 2020); en México se cometen 35 millones de delitos al año; de cada mil delitos, 950 no se denuncian; de las 50 denuncias, solo abren carpeta de investigación de 25 denuncias (AN/GH, 2020; AN/IR, 2018). Existe una crisis forense con 38.891 cuerpos que pasaron por los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) del país y no fueron identificados o trasladados directamente a fosas comunes, entre 2006 y 2016 (Vizcarra, 2020). Han sido asesinadas más de 289.000 personas y 85.053 personas desaparecidas entre 2006 y el 7 de abril del 2021 (Rompeviento TV, 2021).

Violencia en todo el país, donde una de las poblaciones más afectadas son las mujeres y las niñas, con casos de violencia cruentas e indescriptibles que deshumanizan a la sociedad, como lo son los feminicidios (Carrión, 2018) y las violaciones a infantes. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en los primeros seis meses de 2017 desaparecieron 3.174 mujeres, de las cuales solo se localizó con vida un 49%, mientras que el 51% siguen desaparecidas. El escenario de violencia hacia la mujer es preocupante y va en aumento. Entre 2018 y 2019 fueron asesinadas cerca de 10.000 mujeres, y solo 1.918 casos se investigaron como homicidios por razones de género, señaló el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. En los primeros 9 meses de 2020 se reportaron 2.223 asesinatos de mujeres, de los cuales únicamente el 24.6 % se investiga como feminicidio (AN/ES, 2020; 2018; Jasso y González, 2018). Hay una extensa lista de personas que exigen verdad y justicia. Los escenarios descritos han traído consigo una inseguridad subjetiva, esa construcción social del miedo a partir de las noticias cotidianas que escuchamos o vemos, ya sea por la televisión o por algún conocido que ha vivido una situación de violencia.

En México, la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos es una constante que ha impedido que su población conozca o acceda a la justicia, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita de octubre 2015. Esa impunidad es la causa de la crisis de los derechos humanos y tiene su origen mucho tiempo atrás, fue en la década de los setenta del siglo pasado cuando se empezó a hablar de ella: “la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades respecto a las desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la llamada “guerra sucia” ha propiciado una espiral de impunidad que llega a nuestros días como una vorágine cada vez más fuerte y destructora” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015a; Iván García y Ramírez Hernández, 2016).

La impunidad en el país ha traído consigo diversos efectos y comportamientos sociales, como la pérdida de confianza en las autoridades, la falta de credibilidad en los procesos de acceso a la justicia, lo cual lleva a inhibir la denuncia. La paradoja es que las víctimas que se atreven a denunciar un delito o, en su caso, una violación a los derechos humanos son re-victimizadas y criminalizadas por los agentes del Estado, quienes además llegan a amenazar y hostigar a los denunciantes, provocando que las víctimas desistan de su búsqueda por la Verdad y la Justicia (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015a).

Después de lo expuesto, que adentra a la problemática de la desaparición de personas, este proyecto se plantea desde el marco de las ciencias sociales y la psicología política (Parisí, 2008). Desde este posicionamiento y estos enfoques nos aproximaremos a los procesos subjetivos de las mujeres que buscan a un familiar desaparecido sobre las representaciones de los derechos humanos de la verdad y justicia que viven las mujeres en su proceso de búsqueda. Desde el planteamiento de González-Rey, la subjetividad es la forma en que nos posicionamos, sentimos y vivimos la sociedad, no se determina por la connotación objetiva de los problemas que nos afectan, sino que tiene que ver con la forma en que esos problemas se subjetivizan de manera metamorfoseada por nuestra parte. La subjetivación es el proceso mediante el cual permanentemente se da esa integración simultánea entre los espacios individual y social. La subjetividad incluye lo social, lo político y lo cultural (Díaz Gómez, 2006).

Entendiendo la psicología política como la que estudia la subjetividad de la política, es decir, cómo los individuos o grupos gestionan, resisten, se organizan en una formación social haciendo uso de poder en su vida diaria, se estudia la cara subjetiva de la política, la cara subjetiva del poder (Marcelino-Sandoval, 2018). La esencia de la psicología política es poder capturar todas esas configuraciones subjetivas en el individuo que lo posicionan como un actor político. Tratar de recuperar la esencia de cómo se configuran las subjetividades del individuo, que lo convierten en un actor social y, por lo tanto, en un actor político en la sociedad.

 

Metodología

En este manuscrito comparto parte del proceso investigativo que he realizado con un colectivo de mujeres que tienen un familiar desaparecido, en el estado de Morelos, México, y esta búsqueda de su familiar y el sentimiento de dolor las ha hecho coincidir en su exigencia de verdad y justicia. Su proceso de búsqueda ha estado atravesado por la corrupción, omisión y abandono de las autoridades y por la falta de credibilidad hacia los representantes de gobierno, por la negligencia y abuso de poder. Son mujeres que buscan a sus hijas, a sus hijos, a sus esposos, a sus sobrinos, a sus hermanos.

Desde septiembre de 2020 he acompañado su lucha y he escuchado sus demandas sociales e individuales y, en esta ocasión, comparto algunas de sus reflexiones a partir de este acompañamiento participante. Es desde la investigación-acción participativa (I. Montero, 2002; M. Montero, 2006) que me aproximo a su proceso político y desde el cual comprendo sus narrativas. Estos discursos aquí compartidos emergieron al final del primer año 2020 de pandemia por el COVID-19, año en el que han pedido audiencia con el gobernador del Estado de Morelos para expresarles sus demandas (identificación de cuerpos en fosas comunes del estado de Morelos, creación de un centro forense, acompañamiento de la comisión nacional de búsqueda…) y no han recibido respuesta alguna. El origen de los relatos fue en el espacio de organización y planeación de sus actividades. Desde mi acercamiento al colectivo expliqué el objetivo de mi proyecto de investigación y tuve su aceptación, cuento con su consentimiento verbal para compartir sus reflexiones a través de estas narrativas, con la finalidad de analizar desde los espacios académicos y abonar en la visibilización de esta problemática social.

 

Verdad y Justicia: una exigencia diaria

Los derechos humanos son un instrumento universal que tiene por objetivo salvaguardar la integridad de las personas, no importando la geografía donde se encuentren. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue elaborada por representantes de los países de todo el mundo, en 1948, y estos derechos fundamentales establecidos en 30 artículos son prerrogativas para todo ser humano. No obstante, cada Estado está comprometido a realizar las adecuaciones pertinentes de acuerdo con sus procedimientos constitucionales para garantizarlos.

Los derechos humanos están orientados a alcanzar una vida digna y no pueden ser vulnerados. Es importante que los Estados y las leyes los reconozcan, los difundan, protejan y garanticen; los desarrollos referidos a derechos humanos han marcado un antes y un después en la comunidad internacional, ya que propiciaron una modificación del concepto de persona tanto en el ámbito jurídico, social, psicológico y aún moral (Cordero, 2008).

Para este manuscrito tengo como referente el Derecho a la Verdad y el Derecho a la Justicia de acuerdo a lo establecido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México, 2020), la cual menciona que:

El Derecho a la Verdad, es que toda víctima y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos que originaron las violaciones a sus derechos humanos. Este derecho también corresponde a la sociedad en su conjunto, para saber la verdad de lo ocurrido y la razón y circunstancias que originaron los hechos, como una manera de coadyuvar para evitar que vuelvan a ocurrir. El Estado tiene la obligación de esclarecer los hechos, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones de derechos humanos, así como garantizar el acceso a la información estatal al respecto, según lo prevean las leyes.

El Derecho a la justicia, es que toda persona tiene derecho de acudir ante los tribunales para que se le administre justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. El Estado procurará que este derecho se realice en condiciones de igualdad y de no discriminación, garantizando en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento. Toda persona tiene derecho a acudir ante los jueces o tribunales competentes, para que le amparen contra actos que violen sus derechos humanos.

 

La falta de información en el caso de las personas desaparecidas es un problema de ocultamiento de la verdad. Familiares, colectivos de familiares desaparecidos, madres, padres, que buscan a sus hijos e hijas llevan años denunciando el problema que pone en evidencia la falta de compromiso político por parte de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. Denunciadas por años las irregularidades, lentitud y falta de coordinación institucional tanto en la búsqueda de las personas en vida como en los procesos de identificación forense. Es incierto cuántos cuerpos y restos sin identificar corresponden a personas que son buscadas por sus seres querido (Centro Prodh, 2021).

En mi caso yo me siento frustrada, triste, enojada porque los años pasan y no hay justicia para nuestros hij@s, nadie nos voltea a ver, a nadie le interesa nuestro dolor y, por otra parte, me siento bien porque estamos unidas luchando por buscar a nuestros tesoros y juntas pediremos justicia y verdad. Gracias por escucharme… (Mujer 1, Comunicación personal, 10 diciembre 2020)

Al no haber verdad no hay justicia. El acceso a la justicia se vuelve un problema, ya que hay un desconocimiento de la información, hay lagunas en los procesos de investigación, hay omisión por parte de las autoridades, y un trato de re-criminación y re-victimización que provoca desinterés en continuar con la denuncia o exigencia de justicia. “La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015b; Marcelino Sandoval, 2020).

Yo me siento impotente ante tanta injusticia y tanto dolor que para ellos es indiferente y exijo que nos demuestren que realmente están buscando a nuestros hijos (Mujer 2, Comunicación personal, 10 diciembre 2020).

Desde décadas anteriores, como fue el caso del 2 de octubre, problema aún presente, ya que no hay aún castigo a quien perpetró actos de violencia, tortura y muerte, o las desapariciones, la impunidad está presente. De acuerdo con la Comisión interamericana de Derechos Humanos se registran altos niveles de impunidad para las desapariciones forzadas del presente. Las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples (Redacción AN, 2015).

Yo me siento también impotente por la apatía de las autoridades, me siento bendecida por estar en el colectivo con personas perseverantes, fuertes y con mucho entusiasmo. Yo le pediría a la sociedad no ver como normal las desapariciones… (Mujer 3, Comunicación personal, 10 diciembre 2020).

Yo me siento frustrada, enojada, abandonada de ver el caso omiso de nuestras autoridades, son indolentes, nos ven con tanta indiferencia que es preocupante; por ese motivo debemos estar más unidas… (Mujer 4, Comunicación personal, 10 diciembre 2020)

En la actualidad, muchas de las familias que tienen a un familiar desaparecido no denuncian debido a la desconfianza y el temor; primero, por la falta de capacidad de respuesta del Estado o miedo a sufrir represalias y, en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias. La falta de acceso a una justicia pronta, eficaz y confiable debilita significativamente la cultura de la legalidad, así como el estado de derecho en el país (Redacción AN, 2015).

 

Actores involucrados en la violación a los derechos humanos en la desaparición de personas

Representantes de las instituciones encargadas de procurar la justicia se ven involucradas en la violación a los derechos humanos, así como las instituciones responsables de la seguridad nacional. Esta ambivalencia de su deber ser y hacer crea un panorama de desconfianza e incredulidad por parte de la sociedad, también miedo y coraje por parte de los familiares de desaparecidos.

Me siento frustrada al ver al ver que las autoridades no hacen absolutamente nada, que nos han dejado solos con los casos de nuestros hijos, pero les digo desde nuestra trinchera que seguiremos como hasta ahora luchando con amor y coraje para encontrar a nuestros hijos… (Mujer 5, Comunicación personal, 10 diciembre 2020).

De acuerdo con el reporte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, diversas autoridades como las policías en sus distintos niveles (federal, estatal y municipal), miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad. Lamentablemente, en México se observan actores estatales como responsables de violencia, ya sean fuerzas armadas como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o la Secretaría de Marina (SEMAR); la Policía Federal y distintos destacamentos policiales de las entidades federativas y municipales; elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las distintas procuradurías de justicia de las entidades federativas; personal del sistema penitenciario tanto federal como estatal; así como elementos de otras agencias estatales, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración (INM) (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2016).

¿Por qué los encargados de procurar justicia y los responsables de vigilar y salvaguardar la seguridad nacional están coludidos con el crimen organizado? ¿Qué está pasando con las autoridades que responden a intereses personales y/o de particulares que no dan solución o respuesta a las familias que buscan a un familiar desaparecido? ¿Por qué los policías, militares, ministerios públicos se involucran en redes de la delincuencia organizada? ¿Por qué no hay un acceso a la justicia con todo y que existan leyes, protocolos, lineamientos para la procuración de justicia? Si la función de los policías y militares es la protección de la sociedad y la defensa ante peligros, la policía es la que se encarga de proteger a la sociedad y de aplicar las leyes y mantenimiento del orden público. ¿Por qué no realizan esa función? (Sosa Suárez et al., 2009).

Yo siento que tenemos un gobierno indolente que se ha insensibilizado y que ya a la sociedad se le hace normal ver las fotografías de los desaparecidos. Me da mucho coraje escuchar comentarios fuera de lugar y más coraje me da no tener respuestas y la falta de acción por parte de las autoridades… (Mujer 6, Comunicación personal, 10 diciembre 2020)

El combate a la impunidad y la corrupción en todos los niveles de gobierno, entendido como una política de Estado concreta y decidida, es esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia.

La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa e impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos en muchos de los casos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, generando un problema grave de sub-registro en las cifras oficiales, ya que al no denunciarse se desconocen muchos casos.

 

 

La mentira institucionalizada y la impunidad sistemática

Pese a los informes de gobiernos o los reportes de los organismos internacionales sobre la desaparición de personas es difícil conocer datos más reales debido a la falta de denuncia. Tenemos un Estado capturado por intereses políticos, por reparto de puestos y presupuestos. Si al Estado le corresponde velar por la seguridad de la sociedad es este quien tiene que dar cuenta de las personas desaparecidas; si existe el crimen organizado es por el aval o la permisibilidad o aquiescencia de este; si el crimen organizado desapareció a las personas, luego el Estado las desapareció también y es cómplice, entonces al Estado le corresponde decir dónde están vivos o certificar las muertes y no a los familiares salir a buscarlos a lotes abandonados, a fosas clandestinas o fosas comunes (Ibero “Teología, hermenéutica y praxis de la experiencia religiosa”, 2020).

La debilidad de las instituciones se ve en el cotidiano al no garantizar los derechos civiles a la libertad, integridad personal, seguridad jurídica y garantías judiciales de los millares de víctimas, así como el derecho de sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación adecuada (Villarreal, 2016).

Yo estoy encabronada, triste, defraudada, con el gobierno del estado y federal, porque somos una parte de la sociedad olvidada e ignorada, que la sociedad nos ve como locas y revoltosas. No nos queda más que apoyarnos entre nosotras mismas. Porque no tengo confianza en el gobierno, mucho menos en la fiscalía… (Mujer 7, Comunicación personal, 10 diciembre 2020)

La mentira institucionalizada, según Martín-Baró, es el “ocultamiento sistemático de la realidad” que adopta diversas modalidades. Negar, distorsionar, falsear o inventar hechos es una de las dimensiones de la mentira institucionalizada (Martín-Baró, 1998). En este contexto se encuentran las familias que buscan a su familiar desaparecido. Hay una negación de la problemática, no sólo de la desaparición de personas que se detona en el 2011, sino del propio involucramiento de las autoridades en la desaparición.

Yo lo que puedo decir es que nunca ha habido autoridades que hagan algo por nuestros hijos, porque yo en 10 años que les di a saber lo que me estaba pasando nunca he tenido ni una sola respuesta ni del Estado ni federal, y estoy muy triste al no saber nada de mi hijo, pues yo le pido al gobierno que se ponga a hacer su trabajo, que se ponga en nuestro lugar, que sentirían si a ellos les estuviera pasando esto… (Mujer 8, Comunicación personal, 10 diciembre 2020)

¿Cómo romper el pacto de la impunidad entre las instancias de gobierno y quienes realizan delitos? ¿Cómo entendemos la desaparición de personas? ¿Cuál es la lógica del Estado para explicarla? ¿Qué está pasando en México que no hay justicia? ¿Por qué no hay voluntad política para solucionar los problemas de desaparición de personas? ¿Por qué no se denuncia? ¿Cómo acceder a la justicia? ¿Cuál es el camino institucional que tienen que atravesar las mujeres que buscan a un familiar desaparecido? ¿Cuáles caminos seguir o replicar de acuerdo con otras luchas (por ejemplo, Abuelas Plaza de Mayo) para la exigencia de la verdad? ¿Cuáles caminos seguir para el derecho a la justicia?

La existencia de leyes, protocolos creados desde las lógicas del Estado, en varios casos solo se quedan en papel y no se ejecutan como lo estipulado en papel. Tal es el caso de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares (Protocolo Homologado Para La Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2020), o el propio Sistema Nacional de Búsqueda de Personas o el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y No Localizadas. En esta ley existe una serie de herramientas que agilizarían la búsqueda y localización de personas desaparecidas, tal es el caso del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas, el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Por su parte, el Registro Nacional de Personas de Personas Desaparecidas y No Localizadas no se ha vuelto una herramienta útil para la búsqueda al no ser cabalmente transparente (Centro Prodh, 2021).

Tenemos un Estado omiso al no resolver las desapariciones de estos tiempos ni de décadas atrás y que premia al responsable de la desaparición, un Estado que oculta la verdad; y en este siglo XXI, lejos de mejorar la situación, se observa un panorama desolador en torno a la Verdad y Justicia como Derechos Humanos para la sociedad mexicana.

Yo siento un dolor en el alma de no saber de mi hijo porque me hace falta una parte de mi corazón, porque como padres sufrimos tanto dolor, impotencia por las autoridades que no hacen nada para poder ayudarnos a encontrar a nuestros hij@s, por hacer caso omiso de nuestro dolor, de no tener un avance en nuestros casos, que los días se han convertido en semanas, meses y años, y ellos indiferentes ante nuestro dolor. Que donde quiera que nuestros hijos se encuentren sepan que sus madres los esperamos con los brazos abiertos para abrazarlos y pedirle a la ciudadanía que no se les haga normal la desaparición, que todos nos unamos en una sola voz para que se haga Justicia. Hoy Somos Nosotros y mañana puedes ser tú, no seas indiferentes ante nuestro dolor… (Mujer 9, Comunicación personal, 10 diciembre 2020)

La exigencia de justicia es la consigna que desde las familias de los desaparecidos y desaparecidas exigen desde décadas atrás. Este binomio resuena en las protestas de diferentes luchas sociales, la demanda de verdad y justicia es una demanda política que se ha posicionado gracias a la participación política de las personas afectadas, en este caso me refiero a los familiares de los desaparecidos o a las mujeres que han asumido un rol importante y que enfrentan esta búsqueda.

Yo me siento con coraje, frustrada de ver como pasan los meses y años y el gobierno no nos da ni una respuesta, siempre nos ven como si no valiéramos nada, nos hacen como un cero a la izquierda, tod@s llevamos año tras año buscando a nuestros hij@s, herman@s, espos@s y el gobierno no nos da ni una respuesta... (Mujer 10, Comunicación personal, 10 diciembre 2020)

No quiero regalos en esta navidad y año nuevo, solo quiero justicia para nuestros tesoros porque una madre no se dará por vencida en su búsqueda, aunque a veces sienta que ya no puede más por amor a su hij@ agarra fuerzas y sigue haciendo el trabajo que deben hacer las autoridades y no lo hacen y nos dejan solas sin voltearnos a ver, dejándonos totalmente solas… (Mujer 1, Comunicación personal, 10 diciembre 2020)

Los colectivos demandan justicia y que encuentren a sus desaparecidos. La desconfianza de las agencias de seguridad en la sociedad mexicana es endeble, con el paso del tiempo se ha desgajado cada vez más, al no tener respuestas o soluciones ante sus demandas de desaparición de su familiar.

Yo siento una discriminación de la sociedad insensible hacia nosotros las víctimas, siento y veo que en nuestro país no existe la justicia solo el abandono, el olvido. Este es un país gobernado por la ineptitud, la corrupción e indiferencia para nuestros familiares, siento coraje, rabia hacia todas las dependencias gubernamentales donde piensan que nos hacen un favor, mientras es su obligación y responsabilidad ayudar a esclarecer los casos para encontrar a nuestros seres amados. (Mujer 11, Comunicación personal, 10 diciembre 2020)

La diversidad de las configuraciones subjetivas de grupos sociales diferentes implican opciones políticas también diferentes en las que esa diversidad se pueda representar, lo que se tiene que acompañar de una renovación del Derecho que permita promover la justicia ante los nuevos conflictos generados por la emergencia de nuevos sujetos políticos (López et al., 2016). Según Alvarado et. al (2008), este desenvolvimiento de la subjetividad política implica la potenciación y ampliación de las tramas que la definen: su autonomía, su reflexividad, su conciencia histórica, la articulación de la acción y de lo narrado sobre ella, la negociación de nuevos órdenes en las maneras de compartir el poder y el reconocimiento al espacio público, como juego de pluralidades (Alvarado et al., 2012).

 

A modo de cierre

Después del escenario expuesto, uno de los retos de las Ciencias Sociales en este siglo XXI es el estudio de la dimensión política de los acontecimientos sociales, además discutir nuevos modelos para el ejercicio de la política, para plantear posibles caminos para encontrar soluciones. De ahí la importancia de este trabajo, entender lo político desde las propias configuraciones de sus actores, en este caso de las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, considerando la problemática social, el desarrollo del conocimiento y la sociedad futura en el término de democracia, que está vinculado con el posicionamiento político que podemos asumir como científicos sociales, un compromiso que debe asumir la psicología política (González Suárez, 2012; Piedrahita et al., 2012).

De acuerdo con la perspectiva de Gaborit, quien considera que es el elemento ideológico el encubridor de la realidad, mecanismo para explicar las acciones del poder, es a través del discurso oficial, así como de la creación de instancias de gobierno, dependencias, leyes, comisiones, protocolos, a través de estas narrativas institucionales el Estado materializado en gobierno nombra, distorsiona, sobredimensiona o minimiza, niega, dosifica, mistifica, encubre, justifica, evade, acusa, criminaliza y revictimiza (Gaborit, 2006). Por lo tanto, la creación de mecanismos y leyes en torno a la búsqueda de personas desaparecidas es un elefante blanco de su política de impartición de justicia y de velar por los intereses de la sociedad. La creación de comisiones solo contiene/detiene la denuncia y distrae de la lucha por la verdad jurídica y la verdad histórica.

Hablar de Derechos Humanos y poner en la mesa de discusión la categoría de desaparición o desaparición forzada nos ayuda a identificar los diversos niveles de exclusión y desigualdad ante los sistemas de justicia, lo cual permite identificar los niveles de injusticia que vivimos en la cotidianeidad, así mismo permite visibilizar las diferentes prácticas que ha tenido el Gobierno para “atender” esta problemática, en un primer momento la negación de su existencia.

Ante el contexto citado, se considera relevante que se enuncie la falta de verdad y justicia desde las propias personas de la impartición de justicia que cotidianamente incurren en la simulación. Por otra parte, la academia debe asumir un compromiso ético y político para abonar en su visibilización y contribuir a los procesos de verdad, justicia y memoria colectiva del país. Las mujeres en este proceso de búsqueda de justicia, que es un proceso de empoderamiento personal, son actores sociales que evidencian las profundas falencias en el sistema de acceso a la justicia y empujan el cambio en la procuración de la misma. Hasta la fecha, ninguna de las autoridades del gobierno o instancias creadas específicamente para la búsqueda de desaparecidos, ni la propia Fiscalía del Estado, ni los gobernadores, ni el propio Jefe de Estado han podido dar respuesta a los familiares que están en esta búsqueda y sin una respuesta clara para la sociedad.

Esta búsqueda que se realiza a nivel individual definitivamente corresponde a una búsqueda social, debe ser una búsqueda colectiva que nos lleve al reconocimiento como actores políticos de las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos y que, en definitiva, están visibilizando el grave problema de la desaparición forzada aunado a que promueven su participación en el campo de Justicia.

González-Rey (2004) toma en cuenta no solo los aspectos subjetivos que conforman el entramado social, sino también los grupos sociales particulares como totalidades que presentan complejas relaciones en la sociedad como un todo, tal es el caso de las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. En la medida que el sujeto se constituye a partir del Otro, y que este Otro es siempre social, no puede pensarse sino en una subjetividad atravesada por los momentos históricos.

Los procesos subjetivos están imbricados en las relaciones sociales, las cuales están marcadas por relaciones de poder que atraviesan todos los ámbitos (relaciones de pareja, procesos de enseñanza-aprendizaje, las relaciones de grupo, las relaciones comunitarias, relaciones sociales, relaciones del individuo con el Estado…). Es así que las mujeres que buscan a un familiar desaparecido construyen el sentido de las cosas, construyen el significado de las cosas, construyen perspectivas de las cosas, construyen su propio recurso psicológico de tal manera que, al interpelar con la realidad, la interpretan y ordenan el mundo para que se vuelva comprensible y, en ese proceso de construcción subjetiva, aparecen los mecanismos de la acción del individuo, ya sea acciones individuales o colectivas, que son acciones sociales porque son el resultado de las relaciones sociales (resistencia, lucha, organización, esperanza).

Hablar en esta segunda década del siglo XXI de la problemática de la desaparición forzada es continuar con la lucha de verdad y justicia de las desapariciones que se dieron en el marco de la guerra sucia en México o en los momentos de dictaduras en América Latina, no solo es una categoría heredada sino un ejercicio de memoria para continuar con su exigencia de justicia. Por ello cada sociedad en que han ocurrido ha generado sus propias estrategias para acceder a la justicia, ajustándose a los protocolos internacionales o acomodándose a ellos, y es una posibilidad de dignificar a quienes fueron violados en sus derechos, esto significa una interpelación entre lo jurídico y la realidad.

 

 

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