Ética y formación profesional en psicología: El examen nacional como oportunidad para repensar los planes de estudio

En los últimos años se han impulsado diversas acciones legislativas orientadas a actualizar y ampliar las profesiones reconocidas en el Libro V del Código Sanitario (1968), cuerpo normativo que regula las políticas y prácticas vinculadas a la salud pública en Chile. La más reciente de estas iniciativas, presentada por el Ministerio de Salud (MINSAL, 2024), introduce una indicación sustitutiva al Proyecto de Ley que modifica el Código Sanitario, con el objetivo de regular el ejercicio de distintas profesiones que integran los equipos de salud, reconociéndolas como parte constitutiva de estos equipos.

Entre los principales avances destaca la incorporación de psicólogas y psicólogos como integrantes formales del sistema de salud, lo que constituye un hito relevante para la consolidación profesional del gremio. Este reconocimiento no solo amplía las trayectorias laborales posibles, sino que también implica nuevas responsabilidades, funciones y estándares de competencia para profesionales no médicos (MINSAL, 2024). En el caso de la psicología, se definen ámbitos específicos de actuación y criterios de desempeño en el contexto sanitario. Tal como señalan Cornejo y Lira-Mendiguren (2025), estas modificaciones generan implicancias significativas, entre ellas, la posible implementación de un Examen Único de Conocimientos para la profesión psicológica, similar al actualmente exigido en medicina. En este nuevo escenario, tal como señalan Winkler y Pasmanik (2007), la integración del quehacer psicológico en los sistemas de salud exige un posicionamiento ético que combine competencia técnica con compromiso humano, reconociendo la salud como un fenómeno relacional y no meramente biomédico.

Aunque esta indicación se orienta principalmente a las funciones del gremio en el ámbito sanitario, representa una oportunidad estratégica para fortalecer la calidad formativa de psicólogas y psicólogos, al promover mecanismos de regulación de los programas universitarios, un desafío aún pendiente para las entidades formadoras (González y Laborda, 2025). Asimismo, la instauración de un examen de certificación podría favorecer principios de equidad y justicia profesional, garantizando que todas las personas egresadas, independientemente de su procedencia institucional, demuestren un conjunto común de competencias que las habilite para ejercer en diversos campos aplicados, tales como el educativo, organizacional o comunitario.

La necesidad de un examen único también responde a una dimensión ética esencial del ejercicio profesional, dado que el quehacer de psicólogas y psicólogos se define tanto por sus competencias técnicas como por su capacidad de actuar conforme a principios éticos, deontológicos y de justicia social (EFPA, 2015; Pasmanik et al., 2012). En este sentido, la ética no constituye un conocimiento accesorio, sino el núcleo articulador del saber, el hacer y el ser profesional. El Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos de Chile (1999) establece que el deber fundamental de quienes ejercen la psicología es resguardar la dignidad de las personas, la confidencialidad, la competencia profesional y la integridad científica. Sin embargo, la aplicación efectiva de estos principios exige una formación que trascienda la enseñanza normativa, promoviendo la deliberación moral, la autoconciencia y la reflexividad crítica (Pasmanik y Winkler, 2009). En este sentido, más que una medida técnica, este proceso constituye una invitación a preguntarnos qué tipo de profesionales estamos formando y qué entendemos por competencias éticas en la práctica psicológica contemporánea.

Diversos organismos internacionales, como el Australian Psychology Accreditation Council (APAC, 2019), la British Psychological Society (BPS, 2015) y el Health and Care Professions Council (HCPC, 2016), establecen que las personas egresadas de programas de psicología deben demostrar competencias éticas observables y evaluables, integradas transversalmente a lo largo de su formación. En dichos contextos, los sistemas de certificación o registro profesional exigen acreditar, mediante evaluaciones nacionales, la comprensión y aplicación práctica de los principios éticos, asegurando la confianza pública en la profesión y la calidad de la atención psicológica. En coherencia con este planteamiento, la Universidad de Talca ha consolidado un proceso sistemático de formación orientado al desarrollo de la ética profesional y la responsabilidad social en la formación de psicólogas y psicólogos. Desde una perspectiva institucional, la responsabilidad social se entiende como el compromiso de responder ante la sociedad por las propias acciones y de contribuir al bienestar colectivo (Universidad de Talca, 2024). A través del Programa de Formación Fundamental, las y los estudiantes participan en experiencias de aprendizaje en contextos comunitarios que promueven la aplicación reflexiva de la ética profesional y el compromiso con su entorno.

Estas experiencias confirman que la formación ética se construye en la práctica situada y relacional, en el encuentro con otras personas y en la reflexión sobre las propias acciones, reafirmando la ética como una competencia transversal y esencial del quehacer psicológico (Winkler y Pasmanik, 2007).

En consecuencia, para que una certificación tenga validez sustantiva, debe ir acompañada de procesos formativos previos que garanticen oportunidades reales de reflexión ética durante la carrera. Estudios realizados en América Latina evidencian que la enseñanza de la ética en psicología continúa siendo fragmentada y discontinua. Por ejemplo, Díaz et al. (2016) demostraron que la mayoría de los estudiantes cursan solo una o dos asignaturas formales de ética, sin lograr transferir los principios aprendidos a la práctica profesional. En Colombia, Ballesteros de Valderrama et al. (2021) observaron que la evaluación ética en pregrado se basa principalmente en la memorización de códigos, sin incorporar criterios de razonamiento moral ni indicadores de desempeño. En Argentina, Sánchez Vázquez y Cardós (2025) señalaron que la formación ética depende, en gran medida, de la motivación individual de docentes y estudiantes, en ausencia de marcos institucionales consistentes.

Una tendencia emergente en la formación contemporánea de psicólogas y psicólogos es la integración de la práctica basada en evidencia con la formación ética. Según Dishon et al. (2023), enseñar psicología implica también enseñar a pensar con evidencia, esto es, desarrollar una mentalidad crítica capaz de reconocer los límites, la validez y la aplicabilidad del conocimiento científico, evitando su uso dogmático o acrítico y fomentando una responsabilidad epistémica.

En este marco, la implementación de una certificación nacional podría contribuir a fortalecer la confianza social en la psicología y a visibilizar el compromiso ético de la profesión, exigiendo marcos de referencia actualizados que integren temas contemporáneos como la inteligencia artificial, la interculturalidad, la diversidad social, cultural y sexual, así como los dilemas digitales (Pérez-Ayala, 2023). Tal como afirman Winkler et al. (2012), la psicología solo adquiere legitimidad social cuando demuestra su responsabilidad frente a las personas y comunidades a las que sirve. De este modo, una certificación ética y profesional se consolidaría como un sello público de calidad, competencia y responsabilidad social.

Sin duda, el desafío en la construcción, validación e instauración de un examen nacional de certificación es una tarea compleja que requerirá un consenso interinstitucional entre universidades, así como apertura hacia distintas áreas de la psicología que puedan representar los principales roles y funciones que hoy desempeñamos en el mundo profesional. También debiera incluir el abordaje de la dimensión ética, garantizando un estándar mínimo común en todas las personas egresadas, independientemente de la universidad formadora, reforzando de esta manera nuestro rol y la articulación de nuestras actuaciones en el marco de los derechos humanos.

Desde la mirada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, sostenemos que la formación ética constituye un eje articulador e irrenunciable del proceso formativo. La ética no puede limitarse a una asignatura ni reducirse a un conjunto de normas; debe ser enseñada de manera específica y transversal, impregnando las prácticas docentes, la convivencia universitaria y la relación con la comunidad. En nuestra visión, formar psicólogas y psicólogos éticos supone cultivar una disposición reflexiva y sensible ante los dilemas contemporáneos, así como una responsabilidad activa con el bienestar de las comunidades.

Esta convicción se alinea con lo planteado por Winkler et al. (2012), quienes señalan que lo ético se aprende en la cotidianidad de la experiencia formativa, en la interacción con otras personas y en la resolución situada de conflictos reales.

En este sentido, el proceso de implementación de un examen nacional para la carrera de Psicología puede comprenderse no únicamente como un mecanismo de regulación profesional, sino como una oportunidad colectiva para revisar, fortalecer e innovar los planes de estudio, asegurando que la ética constituya su eje vertebrador. Más allá de evaluar conocimientos técnicos, este proceso invita a las universidades a repensar la formación profesional desde una perspectiva integral, donde el juicio ético, la sensibilidad social y el compromiso público sean tan relevantes como la excelencia académica.

En definitiva, la ética constituye el corazón de la formación psicológica y el punto de encuentro entre conocimiento, responsabilidad y compromiso ético. Solo a partir de esa integración profunda podremos responder, con autenticidad y rigor, a las nuevas exigencias que hoy enfrenta la profesión, reafirmando el sentido social y humanista que da origen a la psicología como disciplina y como práctica.