Editorial: La idoneidad epistemológica de quién explora experiencias de violaciones a los Derechos Humanos

The epistemological suitability of those who explore experiences of human rights violations

 

Camila Urrea Arias1

 

DOI: https://doi.org/10.54255/lim.vol14.num28.0

Licencia CC BY 4.0.

 

La experiencia de sufrir una violación a los derechos humanos es una cuestión irrepresentable en los esquemas cognitivos de un otro que no lo ha experimentado. Es tan desorganizado e irrazonable que pretender investigarlo es tan altruista como desafiante. Una pregunta que, al menos a mí, me ha surgido en este camino de la investigación es sobre qué es lo que busco cuando exploro este tipo de experiencias con un afán investigativo: ¿busco construir relatos alternativos a los que han construido las propias personas?, ¿Elaborar teorías para ponerlas a disposición de las disciplinas y así aprender más y mejor de los sujetos de estudio? Y la más difícil de todas: ¿cómo evito la instrumentalización del sufrimiento?

Explorar una historia marcada por la violencia de Estado me ha planteado un profundo dilema ético que trasciende los métodos de investigación y exige una reflexión constante sobre justicia epistémica. Esta debe entenderse como un principio rector que garantice el reconocimiento y la legitimidad de las voces afectadas, así como la equidad en la producción del conocimiento (Fricker, 2007). Por lo tanto, en este contexto, se vuelve imprescindible considerar la idoneidad epistemológica de quien investiga, es decir, su capacidad para posicionarse críticamente, reconocer sus privilegios y respetar la carga de sufrimiento de los testimonios que recoge.

El enfoque ético en estas investigaciones debe ser continuamente dialogado y discutido en lo colectivo, reconociendo las múltiples consecuencias para quienes participan. Así es como, de cerca, he podido conocer parte del trabajo de la psicóloga Elizabeth Lira, quien ha sido una figura clave en este campo y quien, en sus relatos, destaca la necesidad de una praxis investigativa comprometida con la verdad, la reparación y la memoria colectiva. Su trabajo en instituciones como el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) y su participación en comisiones como la Comisión Valech reflejan su compromiso con una investigación que no solo documenta hechos, sino que también contribuye a procesos de justicia y reconciliación, colaborando inclusive con el proceso de paz en Colombia y asesorando en materia de reparación a otros países de Latinoamérica y el mundo.

Por otro lado, y también en nuestro país, la investigadora Tamara Jorquera (Jorquera, 2024) ha abordado la violencia institucional desde una perspectiva etnográfica, analizando las prácticas de defensores de derechos humanos en Chile. Su investigación resalta la importancia de comprender cómo los discursos y prácticas en torno a la violencia policial se entrelazan con procesos de invisibilización, naturalización e impunidad, subrayando la necesidad de una ética investigativa que reconozca y enfrente estas dinámicas y las garantías de no repetición.

Desde mi perspectiva, ambas autoras coinciden en que la investigación sobre violaciones a los derechos humanos debe ir más allá de la recopilación de datos, implicando un compromiso ético con las víctimas y una reflexión crítica sobre el papel del investigador en la construcción de la memoria y la justicia.

Por otro lado, es necesario comprender el carácter traumático de estas experiencias, que afectan profundamente la vida individual y familiar. Keilson (1979) señalaba que cualquier experiencia consecutiva relacionada con la experiencia traumática primaria implica una reexperimentación subjetiva de lo acontecido previamente, reactivando en diferentes grados las emociones y recuerdos que evocan una memoria traumática. De tal modo, es posible pensar que eventos posteriores a los hechos que constituyeron la violación a los derechos humanos, tan importantes como la declaración —ya sea en comisiones de verdad, juicios, medios de comunicación y hasta investigaciones de diverso interés— pueden constituir momentos de reexperimentación traumática de manera casi inevitable.

De esta manera, investigar las experiencias de violaciones a los derechos humanos no es una práctica inocua en sí misma, sino una posibilidad de reivindicación frente a la propia historia y dolor. Y quienes extendemos esa invitación lo hacemos con respeto y, ante todo, convicción. ¿Pero de qué?

Las violaciones a los derechos humanos constituyen un fenómeno global que ha sido abordado por diversas disciplinas, siendo la psicología social una de las más involucradas en el análisis de sus efectos y en los procesos de reparación. Esta disciplina participa activamente en el diseño e implementación de políticas reparatorias, en conjunto con otras áreas de la salud y el trabajo social. Investigar estas temáticas plantea importantes desafíos epistemológicos y éticos, que exigen reflexionar sobre la producción del conocimiento, los métodos adecuados y la responsabilidad del investigador. Así, la ética investigativa, conforme al Código de Núremberg (1947) y la Declaración de Helsinki (1964), refiere que quienes investigan cuenten con preparación profesional idónea y comprendan las implicancias de su trabajo con seres humanos.

Particularmente, estudiar las experiencias de sobrevivientes y familiares de víctimas exige considerar los efectos subjetivos, sociales y políticos que estas vivencias conllevan, así como su rol en la formulación de políticas públicas orientadas a la reparación y la no repetición. A nivel internacional, se ha producido un volumen significativo de investigaciones sobre desaparición forzada, destacando estudios en América Latina, como en México (Linares y Álvarez, 2022; Argüello, 2022; Almanza-Avendaño et al., 2020), Perú (Cepeda, 2019; Jave et al., 2021; Rivera y Velasquez, 2021), Colombia (Mondaca et al., 2020; Romero y Cuellar, 2022), Argentina (Colombo, 2019), y otros países como Estados Unidos (Adams, 2019) y Turquía (Göral, 2021). En Chile existen estudios y publicaciones desde la psicología sobre familiares y víctimas de la represión durante la dictadura civil-militar entre 1973 y 1990 (CODEPU, 1989; Traverso, 1989; Faúndez et al., 1991; Biedermann, 1991; Lira y Castillo, 1991; Becker et al., 1994), y otros que emergen en posterior al contexto del estallido social (COES, 2019; Orellana et al., 2021), y otros más desde disciplinas como la medicina y la terapia ocupacional (Rodríguez et al., 2021; Loyola, 2023; Varas et al., 2024).

 

La persona que explora las experiencias de violaciones a los derechos humanos

Si bien el propósito base de toda investigación científica puede ser la producción de nuevos conocimientos al servicio de la humanidad, en este caso específico se hace imperativo distinguir un sentido más propositivo y restitutivo que simplemente sumar conocimiento a un cuerpo teórico y empírico específico. La investigación científica con personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos no puede constituir en sí misma un mero dispositivo de producción de material científico. ¿Y por qué no? A la luz de una respuesta epistemológicamente ética, primero debemos reconocer a “la persona” del investigador y preguntarnos: ¿es el investigador una persona epistemológicamente idónea para estudiar este fenómeno?

Si bien la investigación científica no puede ni debe estar sujeta a posturas ideológicas que hagan de la aproximación fenomenológica una cuestión relativa, es posible pensar que no cualquier investigador puede investigar con personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos y sus familiares. En este sentido, cabe reconocer que, si bien las situaciones que constituyen hechos de violaciones a los derechos humanos son indiscutiblemente graves y comprometen la condena transversal de los Estados, y al menos una buena parte de la sociedad, no siempre es así. Más bien, en el caso de personas que desafortunadamente aún no cuentan con el reconocimiento de los hechos, ni con justicia o mucho menos reparación, puede existir aún con mayor ímpetu un cuestionamiento a la veracidad de los hechos (por una parte importante de la sociedad), lo que muchos conocemos como negacionismo.

Ahora bien, ¿qué sucede si el investigador se reconoce (abiertamente o no) como parte de esa fracción de la sociedad que cuestiona la veracidad y gravedad de los hechos? ¿Qué garantía tiene la o el participante investigado de que quien le investiga legitima la experiencia, no la relativiza ni la cuestiona ideológicamente? Ambas preguntas son tanto legítimas como incómodas, pero también necesarias de responder. Por una parte, reconocer discrepancias políticas e ideológicas con el sujeto de estudio es parte del quehacer científico ético permanente, y su debida reflexión es parte de la decisión de investigar en cierto campo o no. Pero, ¿cómo puede un participante estar seguro de que quien investiga llevó a cabo dicha reflexión y elaboró sus propios cuestionamientos para no relativizar la experiencia y el padecer de quien está proporcionando los datos? Son estas inquietudes sobre la idoneidad epistemológica del investigador las que también acompañan el camino de quien construye conocimiento junto a sobrevivientes y familiares de víctimas que han sufrido violaciones a los derechos humanos.

Si bien un análisis desde esta línea ética puede parecer polémico o situarse desde la vereda opuesta del club de los investigadores rigurosamente científicos, el riesgo de cometer cualquier relativización de los hechos, o de la gravedad de los mismos, puede representar un perjuicio muy alto para las personas, ya que trabajar en estos contextos requiere habilidades, conocimientos y sensibilidades específicas que permitan al investigador actuar con respeto, empatía y ética, minimizando los riesgos de revictimización y garantizando el bienestar de los participantes.

Por ejemplo, en cuanto al tema de investigación, el investigador podría adoptar una postura neutral, evitando comprometerse políticamente con la protección y promoción de los derechos humanos. De este modo, la objetividad y la distancia emocional mantenidas cuando se trabaja con personas que han sufrido violaciones a sus derechos, y sus familiares, podrían ser percibidas por ellos mismos como una suerte de relativización de la experiencia.

A la vez, es importante reconocer que estos conceptos (violaciones a los derechos humanos) no son universales en su aplicación, aunque estén basados en principios comunes. Es decir, pueden considerarse política y socialmente de este modo, pero no necesariamente han sido reconocidos por la justicia como tales. Esto obliga a los investigadores a situar sus estudios en contextos específicos y analizar cómo los significados y las interpretaciones de las experiencias de violaciones a los derechos humanos pueden variar. Tal es el caso de Chile, donde las interpretaciones de las experiencias de violaciones a los derechos humanos se distinguen entre los casos de la dictadura civil-militar —hechos reconocidos por comisiones de verdad—, y el caso del estallido social, donde muchas experiencias han sido públicamente reconocidas como violaciones a los derechos humanos, pero que de facto no han sido reconocidas así ni por una comisión de verdad ni por la justicia.

Sobre el diseño metodológico, es importante volver a considerar que las violaciones a derechos humanos involucran aspectos subjetivos como el dolor y el trauma, lo que plantea un desafío metodológico significativo. En este campo, muchos investigadores optan por métodos cualitativos como entrevistas en profundidad, para captar las complejidades emocionales y sociales de las experiencias de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, un investigador podría combinar estos métodos con enfoques cuantitativos, buscando “objetivar” las experiencias en cifras y estadísticas, lo que eventualmente llevaría a que las y los participantes perciban su contribución como interpretada desde un lugar reduccionista, representado por un número o cifra.

Por otro lado, y lo que ha planteado un desafío mayor en mi caso, convocar a personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos, o a sus familiares, para participar en investigaciones plantea varios dilemas a la vez. En ese sentido, el diseño de la convocatoria y del estudio en sí debe minimizar el riesgo de revictimización. Así, las convocatorias abiertas pueden desmarcarse del foco sobre lo subjetivo, pareciendo pretender acaparar más bien masas de participantes.

Asimismo, la investigación en derechos humanos debe siempre considerar cómo los resultados pueden ser utilizados por las propias comunidades afectadas, organizaciones de derechos humanos o instancias judiciales, en la demanda de verdad, reparación y justicia. Esto implica pensar en el valor práctico del conocimiento generado y en su accesibilidad para quienes lo necesitan, cualquiera sea el interés. Porque el conocimiento en este campo de investigación, como en otros también, es una herramienta para el cambio social, y sitúa a las y los investigadores en una posición de responsabilidad ética mayor, que demanda un compromiso estricto con el respeto a los derechos humanos, dado el valor potencial de contribuir a procesos de justicia, reparación y garantías de no repetición.

La idoneidad epistemológica de quien explora las experiencias de violaciones a los derechos humanos es un posicionamiento crítico y consciente del lugar de enunciación, que reconoce su propia posición social, cultural, histórica y política, y cómo esta incide en su mirada y en la relación con los sujetos investigados. Es un compromiso ético con las personas y comunidades afectadas, que entiende que no basta con cumplir requisitos metodológicos, sino que también requiere una actitud de respeto profundo, cuidado epistémico y responsabilidad frente a los testimonios y memorias que se comparten.

En definitiva, la investigación en derechos humanos requiere una epistemología flexible, que integre perspectivas locales y globales de manera respetuosa y precisa, ya que la búsqueda de “verdad” frente a casos de violaciones de derechos humanos es una tarea compleja, donde se trata de reconstruir hechos que pueden estar rodeados de narrativas oficiales, propaganda o intentos de ocultamiento por parte de los perpetradores. Así, los investigadores enfrentan el reto epistemológico de construir esa “verdad” de manera que honre las experiencias de las víctimas, en un lenguaje que sea, de otro modo, también legitimado.

Así, la idoneidad epistemológica del investigador implica valorar los conocimientos situados de las víctimas y sobrevivientes, evitando imponer categorías externas que silencien o distorsionen sus relatos. Asimismo, quien investiga debe hacer una toma de conciencia sobre el poder del discurso académico y sobre el hecho de que producir conocimiento sobre otros puede reproducir formas de violencia simbólica si no se actúa con justicia epistémica. Finalmente, es la sensibilidad humana y la apertura a metodologías sensibles al daño y al trauma lo que debe guiar la elección metodológica, coherente con la naturaleza del tema: cualitativa, participativa, situada y no instrumentalizadora.

 

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1. 1 Psicóloga; Licenciada en Psicología. Diplomada en Actualización en Evaluación y Psicodiagnóstico Infanto juvenil; Magíster en Psicología clínica Infanto juvenil; Doctora (c) en Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, Chile.

   Afiliación: Académica de la Carrera de Psicología de la Universidad Central de Chile, Santiago, Chile.

   Autora para correspondencia. Lord Cochrane 417. Código postal: 8050000.

   Correo electrónico: camila.urrea@ucentral.cl. ORCID: https://orcid.org/0009-0001-2098-2895